Armas pequeñas y países pequeños: armas de fuego en la agenda de seguridad internacional

Una vez terminada la Guerra Fría, el mundo entero atestiguó un cambio en las formas de expresión de la violencia, lo que reflejó una disminución en el uso de la guerra como un instrumento de política internacional (Lacina y Gleditsch 2005; Banco Mundial 2011; Goldstein 2011), a la par de un incremento en los homicidios y asesinatos a nivel global. Se podría decir que la humanidad comenzó un período de violencia en tiempos de paz. Con el fin de la confrontación bipolar, América Latina y el mundo árabe vieron un aumento en sus tasas de homicidios del 80% y del 112%, respectivamente. En los países industrializados europeos y norteamericanos, este crecimiento fue del 15% (Buvinić y Morrison 2000, 59). Estos datos evidenciaron la existencia de síntomas similares a los de un Estado de guerra, por los elevados niveles violencia, en países que formalmente se encontraban en paz (Heinemann y Verner 2006, 2).

Las nuevas formas de expresión de la violencia muestran que el uso de armas de fuego es un patrón común. De hecho, según la Oficina de las Naciones Unidas para el Crimen y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), al menos el 41% de los homicidios cometidos en el mundo ocurren con armas pequeñas ¹ (UNODC 2013), siguiendo la siguiente distribución por continente: América Latina (66%); África (28%); Asia (28%); Europa (13%); y Oceanía (10%). La relación entre armas pequeñas y violencia llamó la atención de los países más afectados, generalmente los más pequeños del sistema internacional, de algunos actores de la sociedad civil internacional y de la academia. Estos actores buscaron promover la adopción de medidas globales, regionales y locales con el objetivo de regular la oferta y demanda de estos dispositivos para reducir su capacidad de daño. Con esta gestión, las armas pequeñas entraron en la agenda internacional de seguridad, lo cual se evidencia en la adopción de normas y leyes internacionales (seguritización); sin embargo, el decaimiento del interés en este tema, al menos en los últimos años (deseguritización), ha levantado sospechas respecto a si el frágil posicionamiento actual de estas armas tiene relación con la debilidad de los agentes que impulsaron su seguritización.

Este trabajo busca describir el proceso mediante el cual las armas pequeñas ingresaron en la agenda internacional y descubrir el papel que jugaron los países pequeños. Para ello, en primer lugar, brevemente se argumenta que el concepto de seguritización propuesto por la Escuela de Copenhague facilita este análisis debido a que, al resaltar la dimensión política de la seguridad, visibiliza a todos los actores que participan en la disputa de sentidos, incluso a los países pequeños y a los actores no estatales (sociedad civil y comunidad académica), los cuales han sido considerados por la teoría tradicional como extremadamente débiles para incidir en la política internacional (Waltz 1979). Además, esta perspectiva teórica, al concentrarse en la construcción de la seguridad como un proceso, muestra que las agendas pueden incluir y excluir temas alternadamente, según el contexto histórico del momento y el interés de los actores.

En segundo lugar, muestra que durante el período de Guerra Fría, por motivos geopolíticos, se inició un mercado de armas pequeñas, donde los países del norte desarrollado se ocuparon de la producción y distribución de estos instrumentos, y los países del sur representaron la demanda en la mayoría de los casos. En la tercera sección, se expone qué son las armas de fuego y se describe cómo se convirtieron en un problema de seguridad debido a su facultad para potenciar la violencia en contextos de conflictividad política y social y de delincuencia y criminalidad. En la cuarta sección, se plantea que la seguritización de estos dispositivos ha vivido un ciclo de auge y caída; se describe cómo, a inicios de la década de 1990 y de la década de 2000, los países pequeños lograron llamar la atención de la comunidad internacional sobre la importancia de tomar medidas de control; también se plantea que la voluntad de generar una red internacional de controles respecto al mercado de armas fuego ha decaído y el discurso seguritizador de las armas, en la actualidad, ha perdido su impulso inicial para presentarlas como una amenaza a los seres humanos. Dentro de esta sección, se explica cómo fue el proceso de construcción del régimen latinoamericano de control de las armas de fuego y se propone que, al ser una iniciativa temprana, se convirtió en precursora del proceso global. En quinto lugar, se plantean brevemente conclusiones respecto al rol de los países pequeños y su capacidad para incidir en la agenda internacional.

Finalmente es relevante decir que el presente texto recurre al estudio de documentos oficiales internacionales como tratados, convenciones, decisiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otros, para identificar actores, argumentos, cambios discursivos y, en general, el proceso político que posicionó a las armas pequeñas como un desafío a la seguridad. Este acercamiento se complementa con la información obtenida en entrevistas y fuentes secundarias como libros, resultados de investigaciones publicadas en artículos, entre otro tipo de análisis.

La seguritización o la construcción de la agenda de seguridad

La Escuela de Copenhague ² hizo un importante aporte al campo de estudios de la seguridad al presentar la teoría de la seguritización. Esta propuesta planteó que la seguridad debe ser entendida como una construcción social y una disputa política, más que como un hecho objetivo. Desde esta perspectiva, el término seguritización sirve para describir el proceso social y político mediante el cual un asunto cualquiera se convierte en una amenaza existencial que requiere una acción de emergencia que involucre la alteración de las normas vigentes, generando impactos políticos sustanciales (Buzan et al. 1998, 23-26). En otras palabras, la seguritización puede ser entendida como una forma específica de práctica social, articulada a un discurso ligado con una amenaza a la propia existencia de un objeto referente (el Estado, la humanidad, una sociedad) y a una política de la emergencia factible de ser interpretada como la extrema politización de un asunto (Buzan et al. 1998).

La propuesta de la Escuela de Copenhague reconoció que la seguridad es el resultado de unas dinámicas sociales y políticas que determinan que un asunto cualquiera –como la marihuana, el comunismo, la migración, la salud, la violencia, las armas pequeñas, entre muchos otros– logre entrar en una agenda internacional (Williams 2003). Al privilegiar la naturaleza política de la seguridad, la propuesta de la seguritización vino acompañada de un planteamiento metodológicamente innovador: el estudio de la seguridad debe concentrarse en el análisis del discurso de la seguridad porque el mismo constituye el espacio de disputa política donde distintos actores compiten por la imposición del sentido hegemónico de un tema, específicamente como una amenaza a la existencia de algo o de alguien.

Una aplicación crítica de la teoría de la seguritización muestra que el lugar de las armas de fuego en la agenda internacional constituye el resultado de una disputa entre varios actores por imponer sus intereses. En esta lucha, los países pequeños junto con otros actores no estatales por un momento lograron posicionar a las armas pequeñas como un asunto humanitario, en razón de las condiciones de violencia que enfrentaban y de los medios con los que se ejercía (las armas). Esta lectura desafía a la teoría convencional que dicta que los países pequeños tienen pocas posibilidades de incidir en la política internacional porque están demasiado restringidos por factores estructurales y materiales, a expensas de las ideas sobre los órdenes sociales, las identidades y las oportunidades que existen en el sistema internacional (Gvalia et al 2013). La seguritización y la lectura de los discursos muestran que los agentes seguritizadores no han logrado fijar el sentido amenazante de las armas pequeñas, lo que se evidencia en el hecho de que el interés por estos dispositivos ha decaído a nivel global, propiciando su deseguritización.

Las armas de fuego, la Guerra Fría y la seguridad

Las armas de fuego son artefactos que cuentan con una tecnología basada en la propulsión de proyectiles a distancia, utilizando los gases generados por la combustión de la pólvora (Cabanellas 1961). ³ Varios autores sostienen que aparecieron en el siglo XIV en Europa (Cabanellas 1961, 292), mientras que otros afirman que, junto con la pólvora, las armas fueron invento de la civilización China en el siglo XIII (Diccionario enciclopédico de armas y tiro 2010). Independientemente de su origen, la Revolución Industrial impulsó el crecimiento de la producción y comercialización de estos artefactos (Dubos 1974); por su parte, la actividad bélica, especialmente de inicios del siglo XX, propició su desarrollo tecnológico obedeciendo al objetivo de mejorar el alcance táctico y la precisión en combate (Cahn et al. 1980).

Pese a su letalidad en los enfrentamientos, las armas de fuego siempre fueron tratadas como instrumentos de segundo orden o armas parias (Cooper 2011), es decir, como artefactos que no constituían una amenaza a la seguridad de los Estados; por lo tanto, en el estudio de la seguridad ocuparon un lugar secundario y subordinado a las armas convencionales y nucleares. Este tratamiento obedeció a razones tanto empíricas como teóricas: del lado práctico, se fundó sobre la idea de que las armas convencionales (tanques, aviones, submarinos de guerra, entre otros) y las nucleares tenían una capacidad de destrucción y daño superior al de las armas de fuego. Del lado teórico, se asumió que solamente el armamento bélico convencional y nuclear, principalmente desarrollado y producido por las grandes potencias, podía cambiar el equilibrio de poder en el sistema internacional y con ello afectar la estabilidad de la política internacional y la seguridad de sus principales actores.

Es así que a partir de la década de 1970, en plena Guerra Fría, tuvieron lugar distintas iniciativas de control de armas cuyo objetivo era limitar el desarrollo de armas nucleares y estratégicas a manos de las dos grandes potencias enfrentadas, ⁴ especialmente después del episodio conocido como la crisis de los misiles, ocurrido entre Estados Unidos y Rusia en 1962. Incluso América Latina se vio influenciada por este ánimo regulatorio y, aunque en la década de 1960 no contaba con ningún potencial nuclear significativo, suscribió el Tratado de Tlatelolco en 1967, mediante el cual se autoimpuso la restricción de desarrollar cualquier iniciativa nuclear que no tuviera fines pacíficos. ⁵

A diferencia de lo ocurrido con las armas grandes, durante el período de Guerra Fría no se produjo ninguna iniciativa global de control de las armas pequeñas, lo cual generó el espacio propicio para su proliferación. De hecho, en esta época se entendió que las armas pequeñas no representaban un desafío a la seguridad del Estado, lo cual invisibilizó su enorme potencial de daño a los seres humanos. En este contexto, se consolidó un mercado internacional de armas pequeñas (y también livianas), ⁶ alimentado por las transferencias de estos dispositivos desde las potencias en pugna, Estados Unidos y la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), hacia los países del tercer mundo con la finalidad de ganar influencia política en zonas categorizadas como estratégicas. Con estos antecedentes, es comprensible que la transferencia tanto legal como ilegal de armas de fuego a países periféricos se haya constituido en una actividad más dentro de la agenda de seguridad.

En este momento, las relaciones entre Estados Unidos y América Latina se construyeron de manera vertical, lo que es evidente en las intervenciones militares y políticas norteamericanas en casi todos los países de la región. ⁷ Esta actuación, producto de la identificación estadounidense con las bandas latinoamericanas afines a su ideología liberal capitalista, se materializó en términos de apoyo económico y/o militar en contra de los grupos de tendencia opuesta o comunista (Westad 2005). Esta situación exacerbó la conflictividad interna en algunos países, especialmente en América Central y el Caribe, al tiempo que activó un lucrativo negocio de armas de fuego en la región (Laurance y Stohl 2002; UNODC 2010) que trascendió el período de la Guerra Fría.

Con la caída del bloque soviético y con la instauración de un orden internacional unipolar, perdió sentido tanto la competencia por zonas de influencia geoestratégica en la periferia del mundo como la lucha ideológica; a fin de cuentas, el liberalismo y el capitalismo habían ganado la batalla sobre el comunismo. Por lo tanto, las intervenciones militares en los conflictos internos de los países pequeños empezaron a ser innecesarias. Sin embargo, el hecho de que la confrontación este-oeste haya terminado, no puso fin a los mercados de armas de fuego; de hecho, los países productores de armas de todo tipo sostuvieron sus capacidades instaladas y prontamente se vieron con grandes existencias (stocks) a su haber (UNODC 2010) que debían ubicar en los mercados que las demandaran.

En este sentido, el contexto internacional de Posguerra Fría, acelerada globalización, apertura y liberalización de mercados, débiles controles internacionales y reducción de las guerras entre Estados hizo que la producción de armas pequeñas se orientara hacia países con conflictos políticos internos y buscó atender la demanda de grupos dedicados al crimen organizado (ver UNODC 2010, vi; DerGhougassian 2011, 13-14), lo cual también contribuyó a activar la conflictividad intraestatal y la violencia, especialmente en Estados débiles. Esto ocurría al mismo tiempo que los controles del comercio de armas se distendían en el sistema internacional, principalmente para las denominadas armas pequeñas (DerGhougassian 2011). Con un efecto similar al del dominó, la falta de controles provocó un crecimiento de la disponibilidad de armas en el mercado mundial, ⁸ lo cual facilitó (sin ser el único factor influyente) el acceso de la sociedad civil a estos artefactos. ⁹

Así, las armas de fuego se convirtieron en un verdadero problema de seguridad para varios países pequeños; estos, junto con la sociedad civil y la comunidad académica, fueron los pioneros en llamar la atención del mundo sobre la relación entre armas y violencia, y en proponer un régimen internacional de regulación y control de las transferencias de estos artefactos. En otras palabras, estos agentes iniciaron el proceso de seguritización de las armas de fuego, utilizando un discurso que buscaba posicionarlas como una amenaza existencial para la humanidad.

Auge y caída de las armas pequeñas y livianas en la agenda internacional de seguridad

A mediados de la década de 1990, las armas pequeñas ligeras comenzaron una trayectoria hacia su seguritización gracias a la existencia de una comunidad de expertos de varios países del mundo que estaban interesados en este tema y que, por lo tanto, desarrollaron investigaciones y publicaciones para evidenciar las problemáticas asociadas con las armas de fuego (como la violencia y el tráfico ilícito, entre otras). La visibilización de las armas de fuego también se debe a los esfuerzos de ciertas organizaciones no gubernamentales internacionales interesadas en controlar su comercio legal e ilegal (DerGhougassian 2011; Krause 2007; García 2004). También fue el resultado del compromiso de algunos organismos internacionales con el microdesarme ¹⁰ propuesto por el Secretariado de las Naciones Unidas, en ese momento, a cargo de Butros Butros-Ghali. A estas iniciativas se sumó el impulso de los países africanos, independizados a lo largo del siglo XX de los poderes coloniales europeos y que se encontraban azotados por la violencia vinculada con las armas de fuego (ver Krause 2007). Esta iniciativa también estuvo apoyada por los países latinoamericanos, los cuales establecieron el primer régimen occidental de control de estos dispositivos.

Al igual que lo ocurrido con la prohibición de las minas antipersonales, ¹¹ la seguritización de las armas de fuego estuvo precedida por la producción de conocimiento y también por el activismo de la sociedad civil. La particularidad del caso de las armas es que su ingreso en la agenda internacional de seguridad tuvo como motor principal las investigaciones que relacionaban su uso con el incremento de la violencia en conflictos intraestatales y en la lucha contra la criminalidad (García 2004), es decir, en contextos ajenos a la guerra convencional.

En 1988 aparecieron los primeros artículos académicos que hablaron específicamente del tráfico de armas de fuego. ¹² A inicios de la década de 1990, las investigaciones sobre el tema –auspiciadas por algunas universidades canadienses y norteamericanas– comenzaron a ser más sistemáticas y a arrojar información contundente. Algunos resultados de estos estudios asociaron la proliferación de armas de fuego en países de África y de Asia con la violencia política, social, étnica, entre otras, en que vivían (García 2004); otros hicieron notar la falta de controles internacionales respecto a las transferencias lícitas e ilícitas de armas pequeñas. Lo cierto es que estos trabajos sirvieron como base para articular un discurso seguritizador que poco a poco posicionó las armas como una amenaza existencial para determinadas poblaciones del mundo, logrando influir sobre la opinión pública internacional respecto a la necesidad de control.

Para 1994, la cuestión de las armas pequeñas era un tema solo de académicos e investigadores interesados en el comercio de armas, que escribían y documentaban acerca de la importancia de realizar nuevas investigaciones y sobre las consecuencias nocivas de su proliferación. No obstante, ya para estas fechas, el Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación sobre el Desarme (UNIDIR) apoyó una serie de libros sobre la gestión de las armas y el mantenimiento de la paz en situaciones de posconflicto, como en Somalia, Zimbawe, Mozambique, la ex República Yugoslava, Camboya, Liberia, Nicaragua y El Salvador (Rana 1995).

Un año más tarde, en 1995, Mali ¹³ solicitó directamente a la Asamblea General de la ONU su contribución en la recolección de las armas pequeñas y livianas circulantes en su territorio y su cooperación en materia de control del tráfico ilícito a escala regional (ONU 1995). Con esta acción se podría sostener que la región africana impulsó la entrada de las armas de fuego dentro del sistema de las Naciones Unidas y logró abrir un espacio para tratar el tema en relación con la violencia que genera, con la seguridad humana y también como un problema con una dinámica internacional y regional que rebasa los esfuerzos internos de los Estados.

En respuesta al pedido de Mali, el Secretario General de ONU logró incluir las armas pequeñas y livianas en la agenda de la Asamblea General, específicamente en el informe Suplemento de una agenda para la paz (ONU 1995). Como resultado de esta acción, el 12 de diciembre de 1995, la Asamblea General emitió la Resolución 50/70B, pidiendo al Secretario General un informe sobre la acumulación, transferencia y tráfico ilícito de las armas pequeñas y livianas que se utilizan en los conflictos en los que participa la ONU con misiones. Este documento debía contener recomendaciones para prevenir las problemáticas relacionadas y las opiniones de los Estados miembros al respecto.

Con estos antecedentes, se realizó el informe denominado Desarme general y completo: armas pequeñas, mismo que fue presentado a la Asamblea General el 27 de agosto de 1997. Este documento resulta relevante para comprender la vinculación entre la acumulación excesiva de armas pequeñas y livianas y la violencia. En dicho informe, se estableció que el origen de esta acumulación tiene una naturaleza multicausal en la que intervienen factores internos y externos: en el plano internacional, la Guerra Fría y las transferencias de armas a regiones como África y América Latina por parte de las grandes potencias (mencionado previamente en el punto anterior); y en la dimensión interna, la predisposición cultural como un elemento que hace que la posesión de armas sea vista como un símbolo de estatus social, seguridad personal, medio de sustento, atributo viril y, en algunos casos, como símbolo de identidad étnica y cultural (ONU 1997, 16).

A esto se suma que en 1996 se estableció el primer panel de la ONU sobre armas pequeñas, en el cual participó una parte importante de la comunidad académica que había investigado el tema previamente. Esto desencadenó el proceso de construcción de normas internacionales para el control de las armas de fuego y marcó el momento en el cual las mismas ingresaron efectivamente en la agenda de seguridad internacional como una amenaza existencial que requiere la adopción de medidas de emergencia para enfrentarla.

Paralelamente al interés de los investigadores de las universidades, la sociedad civil comenzó a impulsar la seguritización de las armas de fuego. Así, entre 1993 y 1994, el Premio Nobel de la Paz y expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, invitó a personalidades del mundo galardonadas con el mismo premio a desarrollar un Código Internacional de Conducta que regulara las transferencias de todo tipo de armas y que respetara los derechos humanos así como el derecho internacional humanitario. En 1995, organismos como Amnistía Internacional junto con otras organizaciones no gubernamentales de origen inglés y norteamericano (Security Information Council, Saferworld y World Development Movement) se sumaron a la propuesta de Arias (Amnistía Internacional 2015). Esta iniciativa, sin ser vinculante, fue suscrita por varios países del mundo en 1996, en San Francisco, Estados Unidos (Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano 2014a).

Este Código fue cuestionado por varios Estados (como Paquistán, Egipto, Colombia, entre otros) y por una parte de la sociedad civil, quienes se mostraron inconformes con que este compromiso contemplara únicamente sanciones morales. No obstante, para las organizaciones que lo impulsaron, el Código de Conducta contaba con la fuerza y la potencia para colocar el comercio de armas bajo el techo del derecho internacional humanitario (Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano 2014b), y con esta idea, se inició la redacción de un documento legal que cumpliera con el objetivo de ser vinculante, que desembocó en el Programa de Acción (PoA), firmado en 2001, y posteriormente en el Tratado de Comercio de Armas, suscrito en 2013, como se verá más adelante.

Mientras esto ocurría, el “Tratado de prohibición de minas antipersonales” fue suscrito en 1997. Este hito se convirtió en un referente a seguir y en una demostración de que el activismo de la sociedad internacional y de los países pequeños puede tener resultados positivos en la implementación de regulaciones, incluso para asuntos como las armas de fuego (O’Dwyer 2006). De hecho, se conformó la Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas (IANSA, por sus siglas en inglés), como sucesora natural de la campaña para prohibir las minas antipersonales (Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano 2014a; Laurance y Stohl 2002, 18), la cual articuló a la sociedad civil internacional en torno al Código de Conducta. A partir de este momento, muchas personas en el mundo se comprometieron con la reducción global del comercio de armas e impulsaron la adopción de varios de los instrumentos legales de alcance global. Adicionalmente el sistema internacional fue altamente permisivo y favorable a la constitución de un régimen sobre comercio de armas.

Así, este contexto favorable permitió que el Código de Conducta se transformara en el Programa de Acción de la ONU (PoA). Este documento es de gran relevancia dentro del proceso de seguritización de las armas pequeñas y livianas debido a que es la primera iniciativa que se alejó del acotado objetivo de controlar el mercado ilícito de armas para concentrarse prioritariamente en cómo responder de forma adecuada a los diversos impactos creados por la disponibilidad generalizada y permanente de armas de fuego en las sociedades (Rogers 2009).

Pese a las virtudes del PoA, algunas voces criticaron su carácter no vinculante y lo tacharon de ser un instrumento blando dentro del sistema internacional. No obstante, desde otra perspectiva, este tipo de regímenes puede ser idóneo cuando los temas son nuevos en la agenda internacional y cuando no existen precedentes claros para su regulación (García 2004). De hecho, se podría sostener que el PoA abrió la puerta al establecimiento de un sistema regulatorio mundial de cumplimiento obligatorio. En efecto, durante el mismo año 2001, se suscribió el primer instrumento de alcance global y legalmente vinculante, aplicado específicamente a las armas pequeñas y livianas, a las municiones y a las partes y componentes, conocido como “Protocolo de armas de fuego” (Small Arms Survey 2013). Este instrumento internacional constituye un anexo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, también conocida como la Convención de Palermo, cuya finalidad es promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional.

Una década más tarde, el 2 de abril de 2013, tuvo lugar el “Tratado de control de armas” (TCA) como resultado de un largo período de negociaciones. ¹⁴ Para este momento del proceso de seguritización de las armas de fuego, perdió la especificidad lograda a inicios de la década de 2000. Efectivamente, si se revisa la historia del TCA, se puede ver que las armas pequeñas fueron un objetivo subordinado al control y regulación de las armas convencionales (Luque, entrevista; ¹⁵ Fundación Arias para la Paz y El Progreso Humano 2014b). Adicionalmente la inclusión de las armas de fuego dentro las regulaciones encontró mucha oposición por parte del grupo de países árabes y de los países productores, siendo estos últimos los más reacios a la imposición de controles sobre las municiones (Luque, entrevista), lo cual dejó un importante y peligroso vacío en el texto del TCA.

A esto se suma que, como resultado de las tensiones surgidas en las negociaciones, el TCA debilitó varios de los logros alcanzados por los acuerdos previamente suscritos. En otras palabras, este instrumento convirtió en facultades discrecionales algunas de las regulaciones que eran de carácter obligatorio en instrumentos como el PoA, especialmente en lo que respecta al registro de exportaciones (Small Arms Survey 2013), pero también en relación con marcaje, intermediación (brokering), destrucción de excedentes, manejo de reservas y seguridad, intercambio de información y transparencia (ver Laurence y Stohl 2002). En este sentido, la sociedad civil debe asumir la responsabilidad de supervisión, verificación y de responder al incumplimiento en el control de armas pequeñas y ligeras, especialmente en aquellos países con capacidades estatales débiles, asumiendo que los flujos de armas en relación norte-sur seguirán fluyendo (Sears 2012).

A lo largo del período descrito, se puede ver cómo las armas de fuego entraron en la agenda internacional gracias a un discurso que las posicionó como una amenaza existencial para los seres humanos. De hecho, dos Secretarios Generales de la ONU, en distintos momentos, aludieron a la capacidad de daño de las armas pequeñas y uno de ellos llegó a equipararlas con verdaderas armas de destrucción masiva. ¹⁶ Sin embargo, aunque los agentes seguritizadores (comunidad académica, sociedad civil internacional, organizaciones internacionales y países pequeños africanos y latinoamericanos) lograron llamar la atención sobre las armas de fuego, el discurso utilizado por estos actores no logró un consenso similar al alcanzado por la campaña para prohibir las minas antipersonales.

Algunos analistas sostienen que esto se debe a la falta de claridad respecto al enfoque central en el mensaje que rodea a las armas pequeñas. En otras palabras, el discurso seguritizador de estos dispositivos no plantea de manera explícita cuál era la acción que se debía impulsar: si reducir las víctimas de las armas o controlar las transferencias ilegales (O’Dwyer 2006; Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano 2014a) y esto hacía que la fuerza del mensaje se diluyera. Desde otros puntos de vista, las minas antipersonales eran más sencillas de seguritizar debido a que nunca estuvieron en manos de la sociedad civil porque no tenían ninguna utilidad fuera del contexto de guerra, sin embargo, las armas de fuego, desde su creación, han estado en manos de personas con distintos propósitos y utilidades, como la caza y la autoprotección por ejemplo, lo que ha hecho que algunas sociedades sean muy reticentes a la implementación de políticas de control sobre estos instrumentos, aún en el nivel internacional (Kahan y Bramant 2003). Finalmente otros discursos deseguritizadores señalan que las políticas internacionales de control de armas han servido al objetivo de reproducir las relaciones imperiales, es decir, para concentrar el poder militar en las actuales potencias y mantener al margen de este desarrollo a los países más pequeños o incluso aquellos con capacidades intermedias (Eide 1976; Stravrianakis 2011; Luque, entrevista). Esta ha sido la posición de países latinoamericanos como Venezuela, Ecuador u Honduras frente al TCA, razón por la cual no lo han suscrito todavía.

Las armas de fuego en la agenda latinoamericana

Mientras la ONU estaba apenas considerando a las armas pequeñas como una problemática, la Organización de Estados Americanos (OEA) ya en 1990 había expresado su preocupación al respecto y había abordado el problema en relación con el narcotráfico y el crimen organizado en general. Efectivamente, entre 1993 y 1996, en el marco de la OEA se conformaron tres grupos de expertos, cuyos análisis dieron como resultado un “Reglamento modelo para el control de tráfico de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones” para los Estados miembros, mismo que fue redactado por los países integrantes del denominado Grupo de Río (Rogers 2009).

Esta iniciativa desembocó en la celebración de la “Convención interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados” (CIFTA) en 1997. El objetivo de esta Convención estuvo centrado en la reducción y control del tráfico ilícito de armas. Su suscripción convirtió a occidente en la primera región del mundo en desarrollar un tratado legalmente vinculante contra el tráfico ilegal de armas de fuego (Godnick y Vásquez 2003).

Su rápida y temprana suscripción sirvió de ejemplo para la generación de instrumentos de similar naturaleza en otras regiones del mundo, entre ellos, el “Protocolo sobre el control de armas de fuego, municiones y otros materiales relacionados” en África Meridional (conocido también como SADC Firearms Protocol) que entró en vigor el 8 de noviembre de 2004. También inspiró el “Protocolo de Nairobi para la prevención, control y reducción de armas pequeñas y ligeras en la región de los Grandes Lagos y el Cuerno de África (Protocolo de Nairobi)” que entró en vigor el 5 de mayo de 2006 (Rogers 2009).

En América Latina, la CIFTA también inspiró la conformación de regímenes subregionales de control de armas. Por ejemplo, la suscripción en 1998 de la “Declaración presidencial sobre cómo combatir la fabricación y el tráfico ilícito de armas, municiones y materiales relacionados”, entre los países que forman parte del MERCOSUR. En la región andina, la CIFTA fue la antesala de la Decisión 552, adoptada en el año 2002, por la Comunidad Andina de Naciones (CAN), conocida también como el “Plan andino para la prevención, combate y erradicación del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos”. Este mecanismo resulta innovador en el llamado que hace a la sociedad civil para participar en los procesos toma de decisiones y en el seguimiento y control de las medidas adoptadas.

A diferencia de lo ocurrido en Sudamérica, en la región central del continente americano existe un mayor dinamismo e interés por lograr un mejor control de las armas de fuego, tanto de parte de los gobiernos como de las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, el Sistema de Integración Latinoamericano instauró dos mecanismos para enfrentar tráfico ilícito de armas: el “Tratado marco de seguridad democrática”, en el seno del cual tuvo lugar el “Programa centroamericano para el control de armas pequeñas y ligeras” (CASAC, por sus siglas en inglés). Formaron parte de esta iniciativa ocho Estados: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Actualmente, dentro de este Programa, se ejecuta el proyecto “Apoyo a la lucha contra la tenencia y tráfico de armas de fuego en Centroamérica y países vecinos”con fondos de la Unión Europea (CASAC 2015).

En Latinoamérica, las diferencias entre una región y otra respecto a sus formas de involucramiento y activismo para el control de armas es significativa. Así, en la región andina la sociedad civil ha tenido una débil participación en este tema, tanto en lo relacionado con la producción de investigaciones como en lo relativo a la generación de propuestas para la formulación de políticas de regulación del comercio legal y de porte y tenencia de armas; por tanto, han sido los Estados los principales protagonistas de este movimiento seguritizador, cuya forma de acción lo ha convertido en un proceso de tipo vertical, de arriba (Estado) hacia abajo (sociedad). Un ejemplo constituye el caso ecuatoriano, en el cual el Gobierno ha implementado un conjunto de medidas para contraer el mercado de armas de fuego. ¹⁷ Por su parte, en América Central y en países como Argentina y Brasil, la sociedad civil ha sido mucho más activa y se ha involucrado profundamente en el control de las armas de fuego, lo que ha dotado a las políticas de control de una base social y de un modo de operación de abajo hacia arriba.

No obstante el dinamismo de ciertas regiones, América Latina en su conjunto ha mostrado un decaimiento en el impulso seguritizador de las armas de fuego. Si bien las iniciativas regionales de control de armas fueron pioneras a nivel mundial, estas no han logrado una armonía ni con la normativa regional ni con las reglas internacionales (establecidas en el PoA, en el “Protocolo de armas de fuego” y en el TCA), en asuntos de gran importancia como el marcaje de las armas, los intermediarios comerciales, la destrucción de los excedentes, el flujo de información entre países vecinos y la transparencia en los registros. En este sentido, el papel jugado por la OEA ha sido más bien marginal.

La falta de consenso, coordinación y cooperación entre los países de la región ha motivado la acción individual de algunos Estados, los cuales han optado por endurecer o modificar sus políticas y leyes de control de armas según sus propias dinámicas y problemáticas. Es así que al menos siete países de la región han elegido esta vía desde 2007, entre ellos: Ecuador y Perú hicieron reformas en el año 2007; Paraguay en 2010; Panamá en 2011; Venezuela en 2013; Bolivia en 2013, y Chile en 2015. ¹⁸

Estas iniciativas individuales constituyen esfuerzos aislados que no necesariamente están en armonía con los países vecinos y que, en muchas ocasiones, pueden ser contradictorias y desventajosas para combatir o eliminar los problemas relacionados con las armas de fuego. Este es el caso de la región andina, dentro de la cual Colombia, Ecuador y Perú son países que, pese a estar ubicados en el mismo corredor geográfico, tienen normativas y perspectivas distintas respecto al control del mercado legal e ilegal de armas. Así, Colombia y Perú, aunque tienen una historia de conflictividad social y una economía política vinculada con actividades delictivas (como el narcotráfico) asociadas al uso de armas de fuego, cuentan con legislaciones poco restrictivas para el porte, tenencia, exportación, fabricación e importación de armas; mientras que Ecuador, ubicado en la mitad de ambos, ha impuesto importantes controles al mercado de armas de fuego, con miras a desincentivar la oferta y la demanda.

Como se puede ver, en América Latina el proceso de seguritización de las armas pequeñas y livianas es distinto al ocurrido en la escala global. En algunas subregiones, el interés por regular las armas ha estado determinado por el Estado más que por la sociedad civil. Finalmente, si bien a finales de la década de 1990 y a inicios de 2000 estas regiones influyeron y fueron influidas positivamente por el contexto internacional favorable que permitió la seguritización de las armas en la agenda internacional, en la actualidad el alcance de este proceso ha perdido impulso.

Conclusiones

El período de la Posguerra Fría desde sus inicios estuvo caracterizado por una acelerada globalización, por la apertura y liberalización de los mercados de capitales, bienes y servicios, por la vigencia de débiles controles y restricciones para limitar la proliferación de armas de todo tipo, por el crecimiento de la conflictividad política, étnica, religiosa, socioambiental, por cambios en las formas de expresión de la violencia y por el aumento de las actividades delictivas y criminales. Este contexto internacional configuró un ambiente en el cual las armas de fuego constituyeron un instrumento funcional para el ejercicio de la violencia y para la disrupción del orden y la legalidad.

Estas circunstancias adversas afectaron de manera desmesurada a los países pequeños, especialmente a aquellos de institucionalidad estatal débil y de pocos mecanismos para garantizar condiciones de seguridad a toda su ciudadanía. No obstante, estas mismas condiciones negativas impulsaron una actitud proactiva que permitió la entrada de las armas pequeñas en la agenda internacional y –más importante aún– la adopción de medidas para controlar su comercio lícito e ilícito. Por lo tanto, es posible sostener que estos actores cumplieron efectivamente con el papel de agente seguritizador que, según la Escuela de Copenhague, se le atribuye a quien enuncia el discurso que articula una amenaza a unas medidas de emergencia logrando posicionar un tema dentro de la agenda de seguridad. En el plano teórico, el caso de las armas pequeñas (también el caso de la prohibición de las minas antipersonales) muestra que estos actores –tradicionalmente considerados marginales por la teoría convencional– tienen capacidad de influir en las prioridades del sistema internacional.

Ahora bien, el caso de las armas pequeñas muestra que la seguritización, como todo proceso político, no es una construcción definitiva y, por lo tanto, demanda la acción política constante de los actores interesados para mantener el posicionamiento de estos dispositivos como una amenaza a la integridad y a la seguridad humanas. Las dificultades para sostener la seguritización de las armas pequeñas en el tiempo probablemente sean el resultado de la falta de comprensión, por parte de los agentes, de la seguridad como un proceso político, de la ausencia de capital económico y/o político para sostener un activismo prolongado respecto a un tema y para lograr consensos con otros pares o con aliados estratégicos como organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y comunidades epistémicas.

A nivel latinoamericano, es importante mencionar que la región mantiene elevados niveles de violencia y problemas de comercio de armas tanto legal como ilegal, que han sido insuficientemente explorados y regulados. De hecho, en esta parte del mundo habita apenas un cuarto de la población mundial, sin embargo, ocurre el 66% de todos los homicidios cometidos sobre la faz de la tierra, de los cuales el 80% se comete con armas de fuego (UNODC 2013) y la mayoría de países que la conforman tienen niveles de violencia que corresponden a los de una pandemia. En otras palabras, en este continente con escaza historia y tradición de confrontaciones bélicas, la violencia cotidiana en tiempos de paz es similar al Estado de guerra.

Pese a estas circunstancias, el nivel de profundidad en la seguritización de las armas por subregión es muy dispar. En algunas zonas, como en los países andinos, se evidencia una casi inexistente comunidad de expertos en tráfico lícito e ilícito de armas o en políticas de control, y una sociedad civil poco articulada y organizada en torno a la defensa de los derechos humanos vulnerados por la violencia y por la dinámica que rodea el comercio de armas. Esto ha fomentado el protagonismo del Estado como el principal agente seguritizador, al menos dentro de su circunscripción territorial, lo cual se evidencia en las reformas legales emprendidas en cinco países andinos, de los siete que emprendieron reformas (Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela). En otras regiones como Centroamérica, Brasil y Argentina, las organizaciones sociales han tenido un papel más relevante en lo que respecta al control de armas.

Estas diferencias entre regiones también encuentran su expresión en materia de política exterior. En efecto, la suscripción del TCA no encontró una región latinoamericana con una posición común frente al control de los flujos transnacionales de armas grandes y pequeñas, más bien, evidenció la existencia de posiciones contrapuestas. Esta situación sugiere que, probablemente, uno de los límites más importantes que encuentren los países pequeños para posicionar y mantener sus temas en la agenda internacional constituye la incapacidad para lograr acuerdos de largo plazo entre actores similares –en capacidades y en problemáticas– como lo insinúa el caso de las armas pequeñas.

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Notas