Comercio justo, seguridad alimentaria y globalización: construyendo sistemas alimentarios alternativos

El sistema alimentario mundial atraviesa un momento crítico. Se enfrenta a un doble desafío tanto en términos de equidad social como de sostenibilidad ambiental. De hecho, 842 millones de personas sufren de desnutrición crónica y 2 mil millones de personas sufren de malnutrición (De Schutter 2014). Esto sucede a pesar de que la producción actual de alimentos podría proveer las necesidades de toda la población mundial y de que el 35% de los adultos tiene sobrepeso (Garnett 2013). Además, las técnicas de la agricultura industrial causan graves impactos ambientales que amenazan las bases ecológicas del sistema alimentario (Lobao y Stofferahn 2008). La agricultura es una de las principales contribuyentes al cambio climático, a la deforestación, a la degradación del suelo, al agotamiento del agua y a la pérdida de biodiversidad (Freibauer et al. 2011). Mientras que los servicios ecosistémicos necesarios para la producción de alimentos son devastados por la agricultura industrial, el sistema alimentario mundial tiene que alimentar a una población creciente que llegará a 9 mil millones de habitantes en el año 2050 (Godfray et al. 2010). Una transformación urgente es por lo tanto crucial para asegurar la sostenibilidad social y ambiental del sistema de distribución y producción alimentaria (Biel 2014). El futuro del siglo XXI dependerá de la capacidad para resolver este desafío.

Este artículo examina las políticas y prácticas de fairtrade ¹ con el fin de evaluar si este sistema de comercio alternativo puede aportar soluciones innovadoras a esta crisis. Pocas soluciones prácticas a este problema han sido propuestas hasta el momento, ya que la mayoría de ellas carece de visión o viabilidad (Godfray et al. 2010). Por otra parte, fairtrade es una propuesta única que ha sido capaz de crear un sistema alimentario alternativo mediante la imposición de estrictas normas sociales y ambientales, sin comprometer su éxito económico (Reed 2012; Raynolds 2012). Aunque fairtrade tiene varias limitaciones (Mohan 2010; Marston 2013; Naylor 2014), es útil examinar este sistema para evaluar si sus prácticas podrían marcar el camino hacia una transformación sostenible del sistema alimentario. Ha habido un debate académico creciente alrededor de fairtrade y la mayoría de la literatura consiste en estudios de caso sobre el impacto del comercio justo para los agricultores del tercer mundo (Shreck 2005; Raynolds et al. 2007; Jaffee 2007; MacDonald y Marsh ll 2010; Valkila y Nygren 2010; Linton 2012; Valiente-Riedl 2013). Sin embargo, prácticamente ninguna investigación ha examinado los vínculos entre fairtrade y la seguridad alimentaria mundial.

Este artículo primero evalúa los desafíos que enfrenta el sistema alimentario mundial y presenta la historia y visión de fairtrade. Segundo, revisa los impactos de fairtrade para los pequeños productores certificados, con el fin de analizar si podría contribuir a una transformación sostenible del sistema mundial de alimentos a nivel global. Concluye argumentando que, si bien los resultados directos de fairtrade son mixtos, este sistema tiene muchas lecciones que ofrecer en la creación de un sistema alimentario más social y ambientalmente sostenible. En el fondo, la contribución más importante de fairtrade para la seguridad alimentaria mundial no reside en su marca de certificación, sino en sus principios, una vez traducidos en políticas alimentarias nacionales e internacionales.

A lo largo de este artículo, se adoptará un análisis basado en el marco teórico de la ecología política, debido a que esta postura ontológica multidisciplinaria permite investigar el conjunto de factores ambientales, sociales, políticos y económicos que influyen en este tema.

Evaluando los desafíos del sistema alimentario mundial

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) proponían reducir la proporción global de personas desnutridas al menos en 12% a finales de 2015. Sin embargo, está claro que este objetivo no se cumplirá, ya que alrededor del 14% de la población mundial sigue sufriendo de desnutrición, mientras que alrededor del 29% todavía sufre de malnutrición (De Schutter 2014; UN 2015, 21). Una combinación de cinco factores principales puede explicar por qué el hambre y la inseguridad alimentaria siguen siendo preocupaciones importantes en un siglo en el que los seres humanos tienen la capacidad de enviar robots a explorar la superficie de otros planetas.

En primer lugar, la alta volatilidad de los precios de los alimentos ha afectado seriamente la capacidad de la ciudadanía más pobre para sostener sus necesidades nutricionales (George 2010). La especulación en el mercado financiero y la liberalización del comercio de productos alimentarios ha llevado a una situación en la que los precios de los alimentos son artificialmente altos e inestables (Carolan 2013). Los biocombustibles son también una de las principales razones para esta volatilidad y han sido responsables de hasta el 75% del reciente aumento de precios de los alimentos (Lawrence et al. 2013). Jean Ziegler, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la alimentación de 2000 a 2008, ha calificado la producción de biocombustibles incluso como un “crimen contra la humanidad” debido a que quita comida de la boca de la gente para alimentar automóviles (2011). Lo más grave es que varios estudios han demostrado que los biocombustibles, desarrollados para luchar contra el cambio climático, en realidad producen hasta un 70% más gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles (George 2010, 123).

En segundo lugar, la destrucción del medio ambiente y la degradación del suelo causada por la agricultura industrial ha reducido significativamente la fertilidad y los rendimientos agrícolas (Garnett 2013). El uso insostenible de técnicas de monocultivo a gran escala, de maquinaria pesada, fertilizantes y pesticidas químicos ha llevado a niveles severos de salinización, acidificación y erosión del suelo (Lawrence et al. 2013). Con el 24% de las tierras de cultivo mundial identificadas como degradadas, este fenómeno se ha convertido en un problema sistémico para la producción de alimentos, lo que resulta en una pérdida significativa de rendimientos (Freibauer et al. 2011, 34). La agricultura industrial también contamina y agota las fuentes de agua de las que depende, lo que debilita aún más el potencial productivo del sistema alimentario (HLPE 2015; Foley et al. 2011). Por otra parte, los grandes monocultivos industriales son una de las principales causas de deforestación y han reducido críticamente la biodiversidad del planeta (Shiva 2008). Esta pérdida de biodiversidad, incluyendo de la agrobiodiversidad, contribuye directamente a la inseguridad alimentaria, ya que limita la diversidad de nutrientes disponibles para las necesidades humanas y reduce los rendimientos agrícolas al restringir la resiliencia y adaptabilidad del sistema alimentario (FAO y PAR 2011; Lang y Barling 2012; IFAD 2014).

La agricultura produce ahora un 30% a 35% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero (Foley et al. 2011). La agricultura no solo es uno de los principales contribuyentes al cambio climático en el mundo, también es uno de los sectores económicos que será más gravemente afectado por sus impactos. De hecho, el cambio climático debilita aún más las bases ecológicas del sistema alimentario, ya que reduce la predictibilidad de los patrones climáticos y aumenta la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos (De Schutter 2014). Desastres naturales recurrentes como sequías, inundaciones y huracanes desestabilizan los rendimientos globales causando una disminución de la productividad mundial. Los precios internacionales de alimentos serán entonces cada vez más volátiles (Lawrence et al. 2013).

En suma, este escenario ambiental dará lugar a importantes crisis alimentarias que pondrán en serio peligro el futuro de la seguridad alimentaria mundial (Garnett 2013). El Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU (IPCC, por sus siglas en inglés) ha estimado que el cambio climático llevará a un aumento en el número de personas desnutridas de 40 a 170 millones (McMichael y Scheider 2011).

En tercer lugar, el sistema alimentario mundial se caracteriza por relaciones comerciales altamente desiguales entre los países del norte global y del sur global (Carolan 2013). En particular, los subsidios agrícolas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) causan incalculables daños a los pequeños agricultores. Se ha estimado que estos subsidios (incluyendo los pagos directos en Estados Unidos y la política agrícola común de la Unión Europea) suman un total de 365 mil millones de dólares anuales, lo que representa más del doble de toda la asistencia oficial para el desarrollo entregada en 2014 (Carolan 2011, 193). Esta situación ha afectado gravemente los medios de subsistencia de los agricultores del tercer mundo que no pueden competir frente a productos altamente subsidiados del hemisferio norte. Millones de campesinos pobres incluso han tenido que abandonar sus tierras y millones más se han quedado sin recursos suficientes para sostener las necesidades nutricionales de sus familias. Por otra parte, los países en desarrollo no han podido proteger a sus agricultores con subsidios o aranceles de importación debido a que las condiciones de los “programas de ajuste estructural” y los “acuerdos de libre comercio” neoliberales les han obligado a mantener mercados “abiertos” (Millstone 2010). La contradicción entre las políticas impuestas por el occidente y las que practica son manifiestamente injustas y han afectado de manera desproporcionada a la ciudadanía más vulnerable del planeta (Ziegler 2011).

En quinto lugar, la dieta occidental, basada en el consumo excesivo de carne y productos lácteos, ha provocado una desviación de la producción de alimentos para la alimentación animal (Garnett 2013). Esta dieta es tan insostenible que el 75% de las tierras agrícolas del mundo (y el 30% de la superficie del planeta) se utilizan ahora para la alimentación animal o el pastoreo de animales (Foley et al. 2011). La carne consume así el 40% de la producción mundial de cereales y las dietas a base de carne consumen 10 veces más granos y 100 veces más agua que las dietas vegetarianas (Godfray et al. 2010, 817). La tierra y los alimentos, que podrían alimentar a la ciudadanía más vulnerable del planeta, se usan entonces para la industria de la carne, causandouna escasez artificial de productos alimenticios y un aumento de los precios alimentarios. Con la transición nutricional de las economías emergentes hacia patrones de consumo occidentales, este problema se vuelve sistémico y afecta seriamente la capacidad de las personas más pobres para alimentar a sus familias (Godfray et al. 2010).

Estos cinco factores demuestran hasta qué punto nuestro sistema alimentario se caracteriza por una distribución altamente desigual que beneficia a los sectores más ricos de la economía global, mientras que disminuye la capacidad de los sectores más pobres para sostener sus necesidades nutricionales (Millstone 2010). Resulta paradójico que nuestro sistema alimentario ahora produzca suficiente para sostener una población mundial de 12 a 14 mil millones de habitantes y que sin embargo 2 mil millones de personas sigan sufriendo de malnutrición (De Schutter 2014; UNCTAD 2013, iii).

Estos cinco factores también señalan otra importante contradicción del sistema alimentario que hará de la seguridad alimentaria un creciente problema en el futuro. En efecto, la agricultura causa impactos ambientales que amenazan seriamente los servicios ecosistémicos necesarios para la producción de alimentos. Esto está sucediendo en un momento en el que el sistema tendrá que sostener las demandas de una población mundial cada vez mayor y más exigente.

Para solventar los problemas sociales y ambientales descritos, es imprescindible una reestructuración completa del sistema alimentario actual. Se necesita mayor investigación para encontrar formas de garantizar tanto la sostenibilidad ambiental del sistema de producción de alimentos como la equidad social del sistema de distribución de los mismos. El futuro del siglo XXI depende de la capacidad para resolver este dilema. Ahora que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han propuesto terminar por completo con la malnutrición para el año 2030, la necesidad de soluciones concretas a este desafío es cada vez más latente. La siguiente sección examinará el sistema de certificación fairtrade, para descubrir si este modelo alternativo puede proporcionar soluciones innovadoras a la crisis social y ambiental.

¿Qué es el comercio justo?

El movimiento de comercio justo comenzó en la década de 1960 con unos pocos comerciantes minoristas especializados y organizaciones no gubernamentales (ONG), como las tiendas Oxfam en Reino Unido y Thousand Villages en América del Norte (Linton 2012). Estas organizaciones de comercio alternativo (OCA) emprendían prácticas de comercio justo “informalmente” mediante la compra a productores del tercer mundo a precios justos y el apoyo a su desarrollo socioeconómico (Hudson et al. 2013). El comercio justo creció rápidamente en popularidad durante el inicio del período neoliberal entre1980 y 1990, ya que los agricultores perdieron el apoyo del Estado y buscaron otras formas de estabilizar sus ingresos (Jaffee 2007). Este período neoliberal también dio lugar a un aumento en la deslocalización de empresas que se trasladaron a países del tercer mundo con laxas normas sociales y ambientales (Knapp 2010). Con la expansión de las tecnologías de transporte y comunicación, estas desigualdades mundiales se hicieron cada vez más visibles. En suma, estos factores permitieron que las personas del hemisferio norte tomaran conciencia de la pobreza y la destrucción ambiental generada por la globalización capitalista (Valiente-Riedl 2013). El comercio justo, por lo tanto, surgió como una respuesta a los nefastos efectos humanos y ecológicos del libre comercio, buscando crear una alternativa justa y sostenible a la globalización neoliberal (Hudson et al. 2013).

En un principio, las OCA basaron sus credenciales como comercializadoras de “comercio justo” sobre simples relaciones de confianza tanto con sus clientes como con sus productores (Linton 2012). En la década de 1990, las OCA vieron la necesidad de garantizar sus credenciales de “comercializadoras justas” de una manera más formal y legítima. Fairtrade International (FLO) fue entonces creada en 1997 como una ONG coordinadora para reagrupar diversas OCA del mundo entero, unidas para crear una sola marca de certificación que garantizara las credenciales de sus productos (Valiente-Riedl 2013). Así es como nació la distinguible marca de certificación fairtrade . Cualquier producto certificado con el sello fairtrade garantizaría un estricto conjunto de criterios sociales y ambientales determinados por la junta directiva de 25 ONG (Reed 2012).

El objetivo de la FLO, según lo determinado por su teoría del cambio, es crear “un mundo en el que todos los pequeños productores agrícolas y los trabajadores puedan disfrutar de medios de vida seguros y sostenibles, desarrollar su potencial y decidir sobre su futuro” (FLO 2013a, 5). La FLO pretende concretar esta visión, tanto a través de su marca de certificación fairtrade , así como por “el cambio de las políticas y prácticas del comercio internacional mediante el cabildeo y las campañas políticas” (FLO 2013a, 7).

Sobre la base de esta visión, fairtrade puede ser visto tanto como un sistema de comercio alternativo como un movimiento social (MacDonald y Marshall 2010). De hecho,la FLO politiza explícitamente las relaciones comerciales neoliberales demostrando los daños sociales y ambientales que producen (MacDonald 2014). La FLO busca así una transformación mundial que dé lugar a un “sistema de comercio global más justo y sostenible” (FLO 2013a, 8). El objetivo final de fairtrade es hacer que todo el comercio sea “justo”, poniendo fin a la necesidad de su marca de certificación (Jaffee 2011).

Desde esta visión, los principios de la FLO encuentran fuertes similitudes con las teorías de la economía social y solidaria, las cuales buscan una transformación hacia una economía basada en unidades de producción cooperativas y cadenas de comercio socialmente justas y ambientalmente sostenibles (Coraggio 2011; Guerra 2012).

Mientras que el objetivo de la FLO a largo plazo es una transformación mundial, en el corto plazo podría decirse que la FLO toma ventaja del capitalismo globalizado mediante la venta de su marca de certificación (MacDonald y Marshall 2010). De esta forma, es capaz de incrementar su poder económico y político, certificando productos de gran consumo que a veces son procesados por los mismos agronegocios que critica. Así es como fairtrade espera obtener la influencia necesaria para cambiar el capitalismo neoliberal en el largo plazo. Sin embargo, la cooperación con los gigantes de la alimentación es un enfoque riesgoso que ha sido criticado (Shreck 2005; Valkila y Nygren 2010; Jaffee y Howard 2010; Reynolds 2012; Valiente-Riedl 2013; Hudson et al. 2013). Buscando concretar esta estrategia, fairtrade tendrá que asegurarse de no perder de vista su objetivo final.

La marca de certificación fairtrade ha tenido un fuerte éxito internacional. En 2013, la venta de productos fairtrade ascendió a más de 7 mil millones de dólares (FLO 2014a). Esto representó solamente el 0,01% de las ventas totales de la industria de alimentos y bebidas en todo el mundo (Mohan 2010). Sin embargo, las ventas de fairtrade han tenido remarcables tasas de crecimiento, subiendo más del 25% anual entre 1998 y 2013 (Mohan 2010; FLO 2014a). Más de 30 mil productos certificados por fairtrade están ahora en venta en 125 países (FLO 2014a).

En total, más de 1,4 millones de agricultores y trabajadores cultivan productos fairtrade en 74 países (FLO 2014a). De estos agricultores, el 80% son agricultores de pequeña escala con terrenos de un promedio de 1,6 hectáreas, agrupados en cooperativas agrícolas con un promedio de 288 miembros (FLO 2013b). El 61% de estosproductores se encuentra en África y el Medio Oriente; el 21%, en América Latina y el Caribe; y el 18%, en Asia y Oceanía (FLO 2013b).

Con base en estas cifras, es evidente que fairtrade ha ganado un considerable alcance internacional. A pesar de representar tan solo una fracción de las ventas mundiales de productos agrícolas, fairtrade crece exponencialmente. A continuación, se explica brevemente los criterios de certificación fairtrade para tener un mejor entendimiento de la manera en la que la visión y valores de la FLO están garantizados mediante su sello de certificación.

Los criterios fairtrade

Los criterios de certificación fairtrade tienen los siguientes componentes principales:

En primer lugar, fairtrade elimina los intermediarios obligando a que los comercializadores paguen directamente a los agricultores un precio mínimo (determinado por fairtrade para cada producto). Este precio mínimo cubre los costos de producción y permite que los productores mantengan condiciones de vida dignas. Sin embargo, el precio de mercado prevalece cuando está por encima de este mínimo (FLO 2015).

En segundo lugar, además del precio mínimo (o del precio de mercado según cuál sea mayor), los comerciantes deben pagar una prima social a los agricultores que varía entre el 5% y el 15% por encima del precio del mercado. El uso de esta prima social debe ser determinado democráticamente por cada cooperativa de productores. Los productos, que también cuentan con la certificación “orgánico”, obtienen una segunda prima del 10% al 20% por encima del precio de mercado (FLO 2015).

En tercer lugar, los comerciantes deben firmar contratos a largo plazo con los productores y en cada compra deben proporcionarles un crédito de hasta el 60% del valor adquirido (FLO 2015).

En cuarto lugar, los productos de fairtrade deben respetar una serie de criterios sociales basados en las convenciones de derechos humanos de la ONU y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estos incluyen la equidad de género, la no discriminación, la prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzado, la libertad de asociación y condiciones de trabajo sanas y seguras (FLO 2015).

En quinto lugar, los productos de comercio justo deben respetar una serie de criterios ambientales basados en principios agroecológicos. Incluyen la conservación de los suelos y del agua, la preservación de la biodiversidad, la gestión integrada de residuos, la protección de áreas protegidas y de áreas con alto valor de conservación, la eficiencia energética y fuertes restricciones en el uso de agroquímicos (FLO 2015)

Para la mayoría de productos agrícolas, solo cooperativas de pequeños productores pueden ser acreditadas como productoras fairtrade y así vender sus cultivos en el mercado fairtrade . Sin embargo, para frutas, flores, té, verduras y especias, las plantaciones privadas pueden también ser acreditadas como fairtrade. Las plantaciones se incluyeron para estos productos, principalmente debido a la naturaleza de su cultivo, sin embargo, la acreditación de las plantaciones privadas ha sido criticada por el incumplimiento de algunos de los principios del comercio justo (Hudson et al. 2013). En cualquier caso, las plantaciones son una minoría de cultivos, ya que solo representan alrededor del 19% de la producción total del productos fairtrade (FLO 2013b). Por otra parte, las plantaciones tienen un conjunto adicional de criterios de certificación por encima de los mencionados anteriormente.

En primer lugar, deben conformarse sindicatos de trabajadores controlados democráticamente, con la capacidad de negociar sus salarios y mejorar sus condiciones de trabajo (FLO 2014b). En segundo lugar, estas uniones deben decidir sobre el uso de la prima social fairtrade. En tercer lugar, deben mantenerse estrictas condiciones de vida y de trabajo para garantizar el bienestar de trabajadores, trabajadoras y sus familias (incluyendo un salario mínimo digno, acceso al agua potable y saneamiento básico, condiciones de vivienda dignas, licencias por maternidad y vacaciones remuneradas) (FLO 2014b).

Evaluado los impactos de fairtrade

Con base en una revisión de la literatura académica, se examina ahora las fortalezas y debilidades de fairtrade en su capacidad de mejorar las condiciones de vida de los agricultores y sus comunidades. Al evaluar el impacto que esta certificación tiene sobre la realidad socioambiental de los productores acreditados, se puede evaluar si fairtrade puede realmente proponer soluciones viables a los grandes desafíos que el sistema alimentario enfrenta.

Fortalezas

Uno de los más importantes beneficios de fairtrade se debe a los precios más altos y estables que los agricultores reciben por sus productos gracias al precio mínimo garantizado por fairtrade y la prima social de fairtrade (Laroche y Guittard 2009). Mientras que los precios mínimos garantizados por fairtrade no son tan ventajosos cuando los precios internacionales de productos agrícolas se encuentran relati vamente altos, el precio mínimo mantiene la estabilidad de los medios de vida de los agricultores. Por lo tanto, protege a los agricultores de la volatilidad del mercado de productos agrícolas y les permite mantener una calidad de vida mínima, incluso en períodos en los que los precios llegan a niveles precariamente bajos (Linton 2012). Esta estabilidad es muy importante para los agricultores, ya que les permite ahorrar y hacer proyecciones e inversiones a largo plazo. De lo contrario, en años de bajos precios, los agricultores a menudo tienen que endeudarse, buscar trabajo a tiempo parcial fuera de sus tierras o vender un bien preciado o un animal para alimentar a sus familias. En períodos de graves crisis del mercado agrícola, el precio mínimo garantizado por fairtrade puede incluso impedir que los agricultores tengan que vender sus tierras y migrar permanentemente a zonas urbanas (Laroche y Guittard 2009).

Un segundo beneficio clave de faitrade es el uso de la prima social en proyectos de desarrollo local que responden a las necesidades y aspiraciones de cada cooperativa. De hecho, elegir, diseñar e implementar democráticamente proyectos comunitarios gracias a la prima social es por sí solo un gran beneficio por el potencial de empoderamiento que tiene para los agricultores (Nelson y Pound 2009).

La prima a menudo se usa en la construcción o la mejora de infraestructura local de salud, educación, transporte o agua corriente (CEVAL 2012). Esto conduce a mejoras en los servicios sociales tanto para los agricultores como para sus comunidades (Vagneron y Roquigny 2011). La prima también se utiliza con frecuencia para formación, capacitación y asistencia técnica a los agricultores con el fin de mejorar sus prácticas de gestión y producción agrícola. Esto conduce a una mayor calidad de productos y a mayores rendimientos, mejorando así los ingresos totales de los agricultores (MacDonald 2014). Capacitaciones para mejorar las técnicas agroecológicas y obtener una certificación orgánica también son bastante comunes y conducen a una mejora adicional en la calidad de su producción y de sus ingresos (Hudson et al. 2013).

Otro notable beneficio de la prima social es que permite que las cooperativas agrícolas proporcionen créditos de bajo interés para sus agricultores y trabajadores. Estos microcréditos son particularmente importantes para los agricultores que regularmente necesitan pequeños préstamos para mantenerse a flote entre los períodos de cosecha o para alimentar a sus familias en caso de malas cosechas (Valiente-Riedl 2013). Por consiguiente, pueden mantener su calidad de vida sin tener que solicitar un préstamo privado a tasas de usurero (Vagneron y Roquigny 2011).

Estudios también han encontrado que fairtrade conduce a mejoras en la fuerza y la capacidad de organización de las cooperativas agrícolas (Nelson y Pound 2009). Esto abre la puerta para que las organizaciones agrícolas cooperen y formen redes para alcanzar sus objetivos a largo plazo, lo que lleva a un mejor acceso a los mercados internacionales (CEVAL 2012). Fairtrade promueve entonces la entrada en los mercados extranjeros, así como en los concursos internacionales de productos y otras vías de comercialización que mejoran la capacidad de las cooperativas para competir y prosperar en los mercados internacionales (Mohan 2010).

Los agricultores certificados también gozan de un mayor sentido de comunidad y de un empoderamiento democrático. Las cooperativas manejadas de forma democrática no solo unen a los agricultores para las actividades orientadas a la producción. Son formidables vías de movilización para fines políticos y sociales, y permiten que los agricultores tengan una voz tanto a escala nacional como internacional (Valkila y Nygren 2010). Además, fairtrade fortalece su capacidad para colaborar con otras cooperativas y formar amplias alianzas regionales, nacionales e incluso internacionales, tales como la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Comercio Justo (CLAC) (MacDonald 2014).

Una de las ventajas más importantes de fairtrade es el grado en que promueve mejores prácticas de manejo ambiental (Nelson y Pound 2009). De hecho, los métodos de producción agroecológicos requeridos por fairtrade (como las restricciones en el uso de agroquímicos, las técnicas sostenibles de manejo del agua, del suelo y de residuos, así como los requisitos relativos a la biodiversidad y la protección de áreas con alto valor de conservación) han llevado a la creación de ecosistemas y de comunidades significativamente más saludables (Laroche y Guittard 2009). Por lo tanto, las granjas acreditadas por fairtrade tienen una mayor biodiversidad, una cubierta forestal más densa y cuentan con una mejor calidad de aire, agua y suelos (Nelson y Pound 2009; CEVAL 2012). Además, producen menos gases de efecto invernadero por lo que usan menos productos agroquímicos y son más resistentes a las perturbaciones naturales debido a las técnicas de policultivo y de agroforestería (Jawtusch et al. 2011). Estos impactos ambientales son aún más latentes para el 56% de los productores fairtrade , que también están certificados como productores orgánicos (FLO 2014a). Como han demostrado varios estudios, estas técnicas de agricultura ecológica tienen el potencial de revertir por completo la degradación del suelo causada por la agricultura industrial; al hacerlo, los suelos revitalizados capturan cantidades significativas de carbono, llevando a una reducción del CO 2 en la atmósfera (UNCTAD 2013). La agricultura orgánica puede así servir como un mecanismo de mitigación del cambio climático, mientras que también restaura la salud y fertilidad de los suelos (White 2014). En suma, la agricultura agroecológica promovida por fairtrade efectivamente combate muchos de los impactos ambientales que amenazan el futuro de la seguridad alimentaria mundial (Shiva 2008; Allen y Melcarek 2009).

Debilidades

La mayor dificultad para las cooperativas de productores acreditadas por fairtrade es simplemente la venta de toda su producción en el mercado fairtrade (Valkila y Nygren 2010). Mientras que las ventas de productos fairtrade han crecido exponencialmente, la producción de bienes fairtrade ha crecido aún más rápidamente (Linton 2012). Por lo tanto, la demanda por productos fairtrade no ha evolucionado en paralelo al incremento de la oferta y muchas cooperativas han terminado vendiendo tan solo entre el 10% y el 60% de sus cosechas en el mercado fairtrade (FLO 2013b, 46). Esto reduce significativamente los ingresos de sus miembros y la cantidad de prima social disponible para proyectos de desarrollo (MacDonald 2014).

Otro problema importante es el costo de acreditación para las cooperativas (Mohan 2010). Estos costos dependen del tamaño y la estructura de las cooperativas, pero pueden variar de 1800 a 20 mil dólares el primer año y de 1500 a 10 mil dólares cada año siguiente (FLOCERT 2014a). La FLO está consciente de los problemas que pueden ocasionar estos altos costos y proporciona préstamos y donaciones para ayudar a cubrir estos gastos. Sin embargo, muchas cooperativas ni siquiera están conscientes de que existe este apoyo financiero (Linton 2012). Convertirse en una cooperativa acreditada por fairtrade es claramente una inversión con costos y beneficios cuyo balance económico exacto depende de muchos factores.

Una tercera debilidad importante del sistema fairtrade es la falta general de comunicación e integración de los agricultores dentro de la FLO (CEVAL 2012). La mayoría de los agricultores tiene un conocimiento muy básico de la estructura de la FLO y de los criterios de certificación de fairtrade . Muchas veces solo los líderes de las cooperativas entienden el sistema fairtrade , mientras que el resto de los agricultores lo ven únicamente como un mecanismo para conseguir mejores precios o, en el peor de los casos, como una imposición de requisitos ambientales y sociales extranjeros (Vagneron y Roquigny 2011). Esto limita el potencial educativo y de empoderamiento de este sistema y puede llevar a diversos conflictos y frustraciones

Los requisitos burocráticos y administrativos impuestos por el comercio justo también son a menudo vistos como una carga innecesaria, especialmente para los agricultores analfabetos (Linton 2012). Cuando las inspecciones se llevan a cabo sin una suficiente comprensión de los objetivos y de los criterios de fairtrade , los agricultores pueden sentir que se trata de una imposición en vez de una cooperación beneficiosa. Esta situación se agrava por la falta general de asistencia otorgada a los agricultores en el cumplimiento de estos requisitos (Hudson et al. 2013).

Por otra parte, la FLO ha sido criticada por no incluir a las organizaciones de agricultores y simplemente imponer sus normas sin tener una adecuada representación de los productores (Laroche y Guittard 2009). Las oficinas de la FLO están en Alemania y muchas de las decisiones estratégicas se toman aún en el norte. Esto plantea una fuerte asimetría entre los agricultores y el organismo de certificación. Los primeros a menudo no se sienten incluidos de forma justa y significativa en el movimiento, sino más bien como simples proveedores de materias primas y receptores pasivos de primas sociales (MacDonald 2014).

Ante estas críticas, la FLO ha hecho cambios considerables en su estructura organizativa. Ahora la mitad de su asamblea general está constituida por representantes de las organizaciones de productores, así como cuatro de los 12 miembros de su consejo de administración. Además, quien preside hoy la FLO es Marike de Peña, una productora de plátanos fairtrade de República Dominicana (Hudson et al. 2013). La FLO también ha creado varios foros y asambleas a nivel regional e internacional para fortalecer la posición institucional de los agricultores y su capacidad de cooperar y tener una voz (Linton 2012). Por otra parte, la FLO se ha asociado con ONG locales para ayudar a las cooperativas agrícolas a cumplir con los requisitos administrativos y burocráticos de faitrade . Sin embargo, este apoyo no es ni permanente ni sistemático.

Una última crítica importante del sistema fairtrade es que puede llevar a un au - mento en las desigualdades locales. De hecho, los productores más organizados, educados y ricos tienen una ventaja evidente para llenar los formularios necesarios, adoptar los estrictos criterios socioambientales y pagar las tasas de certificación (Laroche y ar a un cierto nivel de desigualdad social y económica entre los que pueden y los que no pueden obtener la certificación (Mohan 2010).

En general, se puede afirmar que los agricultores fairtrade y los trabajadores de plantaciones fairtrade gozan de ingresos más altos y estables. Esto se debe a los efectos combinados del precio mínimo, la prima social, el mayor acceso a crédito y los contratos a largo plazo con compradores que garantizan pagos por adelantado del 60%. En conjunto, estos mecanismos actúan como prácticas contracíclicas que controlan la volatilidad de los mercados mundiales de materias primas de alimentos y proporcionan redes de seguridad social para los productores. Gracias a estos beneficios económicos, los agricultores pueden mantener algunos ahorros y hacer inversiones productivas para su granja, sus familias y sus comunidades (Linton 2012). Estudios han demostrado que los ingresos de los agricultores certificados por fairtrade son de 1% al 39% mayores que los de agricultores no acreditados (Hudson et al. 2013). Si bien esto no parece un incremento importante, se ha confirmado que los agricultores fairtrade, en general, tienen más comodidades en el hogar, menos deuda y una mejor nutrición (Jaffee 2007). Los agricultores fairtrade también se benefician al tener acceso a una mejor infraestructura de vivienda, educación, salud, saneamiento y transporte (CEVAL 2012). Por otra parte, fairtrade contribuye a la creación de una mayor capacidad de organización, una mejor calidad de cultivos, una gestión ambiental más sostenible y fortalece el orgullo cultural y la autoestima de los productores (Hudson et al. 2013). Por lo tanto, se puede afirmar que los agricultores fairtrade en general gozan de mejores condiciones de vida y de trabajo

Sin embargo, también es claro que fairtrade no es una solución mágica que por sí sola levantará a los productores del tercer mundo de la pobreza. Los agricultores acreditados por fairtrade todavía se enfrentan con fuertes dificultades; muchos simplemente sobreviven y solo son capaces de cubrir sus necesidades básicas. No obstante, teniendo en cuenta los impactos causados por la globalización neoliberal, esto ya es un logro importante. De hecho, las condiciones de vida y de comercio son tan difíciles para los pequeños agricultores del sur global que solamente tener la capacidad de vivir de sus tierras y no verse obligados a vender su propiedad es un logro significativo. Los agricultores acreditados por fairtrade no han tenido que migrar a la ciudad, sumándose a las crecientes filas de pobres urbanos, y han sido capaces de seguir alimentando a sus familias. Por otra parte, los beneficios ambientales e inmateriales de fairtrade no pueden ser subestimados. De hecho, fairtrade empodera a los productores del sur para controlar su propio futuro y construir una sociedad más verde y justa.

Cómo fairtrade podría transformar el sistema alimentario mundial

El análisis anterior muestra cómo el sistema fairtrade , a pesar de sus debilidades y limitaciones, ha aportado sólidos beneficios a los agricultores certificados. Fairtrade sienta las bases para una economía alternativa, una economía en la que el lucro, las ganancias económicas y el crecimiento se vuelven secundarios frente a las preocupaciones más fundamentales de la sostenibilidad social y ambiental. Es importante tener en cuenta que los mayores beneficios residen en los efectos combinados de las certificaciones fairtrade y orgánico, que trabajan de la mano por la creación de un sistema alimentario más ecológico y humano.

Sin embargo, existen importantes limitaciones con respecto a los beneficios y el potencial transformador de las marcas de certificación (Marston 2013; Schreck 2005; Naylor 2014). En primer lugar, son altamente dependientes de los consumidores del norte global dispuestos a pagar un precio más alto por un producto social y ambientalmente responsable. Mientras que las ventas de fairtrade crecieron de manera exponencial en sus primeros años, fairtrade se enfrenta ahora a dificultades cada vez mayores para aumentar su cuota de mercado (Hudson et al. 2013). Entre 1990 y 2007, por ejemplo, las ventas de fairtrade crecieron en un promedio del 40% cada año, pero esta cifra se redujo al 15% anual entre 2008 y 2014 (Mohan 2010, 28; FLO 2014a, 18). Resulta entonces cada vez más difícil para los agricultores fairtrade competir en el mercado fairtrade , sobre todo debido a que muchos nuevos agricultores se acreditan cada año (Valkila y Nygren 2010). Esto explica por qué los agricultores fairtrade ahora solo son capaces de vender entre 10% y 60% de su producción en el mercado fairtrade (FLO 2013b).

Los productos de fairtrade no solo tienen que competir con otros productos no certificados, también tienen que competir con una amplia gama de otras certificaciones. Actualmente hay más de 430 certificaciones de sostenibilidad social y/o ambiental en el mundo (IISD e IIED 2014). Con tantas opciones disponibles, solo una pequeña minoría de los consumidores más informados puede hacer la diferencia entre sus diferentes criterios y credenciales. Incluso varias grandes empresas del sector agroalimentario como Nestlé, Sara Lee, Kraft y Starbucks han creado nuevas certificaciones como 4C, C.A.F.E y UTZ, (Hudson et al. 2013). De hecho, estas tres certificaciones tienen leves requisitos sociales y medioambientales, sobre todo en comparación con los estrictos estándares de fairtrade , sin embargo, debido a que los consumidores rara vez conocen sus credenciales, estas nuevas certificaciones pueden ser competitivas en el “mercado ético” a expensas de fairtrade (IISD e IIED 2014). Existe entonces un exceso de certificaciones cuyos criterios socioambientales son bastante flexibles y confunden significativamente a los consumidores sobre sus estándares.

La medida en que fairtrade tiene que competir en el mercado limita seriamente su poder e impactos. Representando tan solo el 0,01% de las ventas totales de la industria de alimentos y bebidas en el mundo, fairtrade difícilmente puede producir una transformación sustancial del sistema alimentario mundial (Mohan 2010). Esto expone las limitaciones de una marca de certificación como una herramienta para producir un verdadero cambio global.

Por otra parte, fairtrade sigue enfocado en cultivos comerciales para el comercio internacional. Esto restringe su potencial como herramienta para la soberanía alimentaria a nivel local. Como Olivier De Schutter (Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación 2008-2014) ha señalado, un sistema alimentario sostenible y justo tendrá que basarse en economías alimentarias locales que permitan a los pequeños agricultores del tercer mundo alimentarse a sí mismos y a sus comunidades (2014). De hecho, con la construcción de sistemas alimentarios locales y cadenas alimentarias cortas, los agricultores pueden controlar directamente sus sistemas de producción, transformación y distribución de alimentos (Pimbert 2009). Generan así sistemas alimentarios alternativos que logran ser a la vez social, ambiental y económicamente sostenibles (Carolan 2013).

Por último, proponiendo una idea de justicia social y ambiental que puede ser alcanzada a través del “consumo ético”, fairtrade no logra criticar el sobreconsumo excesivo y la ilusión de un crecimiento económico sin fin, que son las principales causas de la entropía social y ambiental generada por el capitalismo globalizado (Biel 2006). Por lo tanto, fairtrade no presenta una crítica sustancial de las visiones hegemónicas del “desarrollo” ni de las profundas contradicciones del capitalismo (Shreck 2005).

Estas limitaciones demuestran la dificultad de lograr una transformación sustancial del sistema de alimentación mundial a través de una certificación voluntaria. Para cambios significativos que solucionen con eficacia los cinco temas principales discutidos en la primera sección de este ensayo, se necesitan acciones internacionales a gran escala. Es en el diseño de estas soluciones globales que el sistema fairtrade puede aportar importantes innovaciones. De hecho, los principios y criterios que rigen la certificación fairtrade podrían aplicarse a todo el comercio nacional e internacional, creando así un sistema alimentario radicalmente sostenible. La siguiente sección examina cómo políticas públicas e internacionales basadas en los principios del comercio justo podrían tener un impacto positivo sobre las cinco principales problemáticas expuestas anteriormente

En primer lugar, la alta volatilidad del mercado alimentario mundial podría ser controlada si un sistema de fijación de precios justos, siguiendo el modelo de la propuesta por fairtrade , rigiera todo el comercio internacional de productos agrícolas. Controles bien diseñados en los precios globales de compra y venta de alimentos podrían reducir significativamente los márgenes de la especulación financiera. Los precios podrían así permanecer al alcance de todos y garantizar un nivel de vida digno para los productores. Adicionalmente, estos controles sobre los precios agrícolas podrían disminuir significativamente el impacto negativo de los subsidios agrícolas de la OCDE. En efecto, evitarían que los subsidios tuvieran un efecto perverso sobre los precios mundiales de alimentos y, por lo tanto, sobre la capacidad de los agricultores del hemisferio sur para competir en los mercados nacionales e internacionales. La Asamblea General de la ONU podría emitir una resolución que otorgue a la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) la capacidad de establecer estos controles sobre los precios mundiales de alimentos, posicionando así a la FAO como el organismo internacional que controle los mercados internacionales de alimentos y mantenga la sostenibilidad del sistema alimentario mundial.

En segundo lugar, la destrucción ambiental causada por la agricultura industrial se podría detener e incluso revertir si las técnicas de producción agroecológicas, basadas en los principios de las certificaciones fairtrade y orgánico, se utilizaran de forma universal. Gracias a estas prácticas, se reduciría considerablemente la contaminación y el agotamiento del agua, la degradación de los suelos y la destrucción de la biodiversidad (Allen y Melcarek 2009). Es más, el cambio climático podría ser sustancialmente mitigado debido al fuerte potencial de captura de carbono de la agricultura orgánica. Estudios han demostrado que la agricultura orgánica puede capturar más de 3500 kilogramos equivalentes de CO 2 por hectárea, por año (Aguilera et al. 2013). Cuando se extrapolan estos datos a escala global, esto significa que la agricultura orgánica tiene el potencial para capturar más del 35% de las emisiones mundiales anuales de gases de efecto invernadero (basado en las emisiones de 2010) (Aguilera et al. 2013). Además, las técnicas de producción orgánicas aumentan la capacidad de retención del agua de los suelos, lo que les permite ser más resistentes a sequías e inundaciones, fenómenos cada vez más frecuentes debido al cambio climático (Shiva 2008). Los principios de la agricultura orgánica y fairtrade son entonces excelentes estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático y pueden mejorar en gran medida la resistencia y sostenibilidad de nuestro sistema alimentario

Por otra parte, la deforestación causada por la extensión de las fronteras agrícolas en el mundo entero también podría detenerse con fuertes prohibiciones a la tala en zonas protegidas o en zonas con alto valor de conservación, inspiradas en las restricciones presentes en la certificación fairtrade . Por medio de futuras reuniones de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se podrían adoptar resoluciones que promuevan el uso universal de la agricultura agroecológica como una estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático. Teniendo en cuenta el objetivo establecido por la COP21 en París de limitar el aumento de temperatura a 1,5 grados centígrados, es claro que soluciones innovadoras son urgentemente necesarias. Mientras que en la Conferencia de París poco se discutió sobre agroecología, la inminente amenaza que supone el cambio climático, la importante contribución de la agricultura industrial al cambio climático y el innegable potencial de secuestro de carbono de la agricultura orgánica, se debería abrir la puerta hacia un acuerdo de este tipo.

En tercer lugar, las desigualdades en las relaciones comerciales del sistema agrícola mundial causarían menos daños a los agricultores más vulnerables del planeta si existieran criterios sociales universales, inspirados en los principios de fairtrade, que garantizaran condiciones dignas de vida en el mundo entero (incluyendo normas internacionales sobre equidad de género, no discriminación, trabajo infantil, trabajo forzado, salud y seguridad laboral, libertad de asociación, salario mínimo digno, acceso al agua potable y saneamiento, condiciones de vivienda dignas, licencias de maternidad y vacaciones remuneradas). Si estas normas fueran aplicadas y cumplidas universalmente, las condiciones de vida mejorarían significativamente alrededor del mundo. En la urgencia de cumplir con las ambiciosas metas fijadas por los ODS, la ONU podría proponer resoluciones que fijaran e implementaran este tipo de normas universales de trabajo, garantizando así el derecho de todas las personas a un trabajo seguro y digno.

En cuarto lugar, la concentración monopolista del sistema alimentario podría reducirse notablemente con políticas basadas en los criterios de certificación fairtrade. De hecho, los principios de comercio justo promueven estructuras económicas cooperativas y estimulan relaciones comerciales justas y equitativas. Estos principios no capitalistas empoderan a los agricultores en lugar de a las grandes corporaciones agroalimentarias. Sin embargo, el grado en que los monopolios agroalimentarios pueden ser desmantelados con base en los criterios fairtrade queda limitado debido a que estos principios se aplican sobre todo en la producción de alimentos. Otras regulaciones basadas en principios similares por lo tanto tienen que ser desarrolladas y aplicadas a los sectores de transformación y distribución de alimentos. En la ambición de construir una economía social y solidaria, gobiernos progresistas deberían apoyar el papel del sector cooperativo de la economía y promover cadenas de comercio justo, como ya ha sucedido en cierta medida en Ecuador, Venezuela, Argentina y Brasil (ver Coraggio 2011 y Guerra 2012). Si al menos las agencias de desarrollo multilaterales –como la ONU, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)– y las agencias de desarrollo bilateral –como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); el Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID); la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD); la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ); la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), entre otras– privilegiasen la adquisición y cooperación con cooperativas de productores locales, hubiese ya incalculables beneficios en la construcción de un sistema alimentario más justo y sostenible; es decir, un sistema alimentario basado en la soberanía alimentaria, que empodera a la economía social y solidaria en vez de a las grandes corporaciones de la agroindustria.

Por último, los principios del comercio justo tienen un potencial transformador menor con respecto al quinto problema importante del sistema alimentario: las dietas modernas insostenibles. Este problema está profundamente enraizado en factores socioculturales que son difíciles de cambiar. No obstante, los principios de fairtrade pueden ser aplicados a la producción de carne y productos lácteos, como el sistema de certificación orgánico ya lo ha hecho. Si se aplicaran dichas normas a nivel mundial, el precio relativo de la carne y los productos lácteos incrementaría. Los precios reflejarían entonces los impactos sociales y ambientales de su producción, lo que se traduciría en mayores costos que desalentarían el consumo excesivo de carnes. Con el aumento de la población mundial y la continua reducción de la cantidad de tierras disponibles, la carne se convertirá en un recurso escaso de cualquier forma. Sin embargo, ahora que la población mundial alcanza niveles críticos generando una creciente presión sobre la seguridad alimentaria, la ONU, en colaboración con la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), podría muy posiblemente proponer fuentes alternativas de proteínas, incluyendo insectos e infinitas variedades de leguminosas. Por otra parte, con las futuras crisis alimentarias no será impensable que la Asamblea General de la ONU adopte resoluciones que estimulen a que los países miembros promuevan alternativas a la carne.

En conjunto, estas propuestas construirían esencialmente un sistema global de protección social, asegurando los medios de vida de la ciudadanía más vulnerable de este planeta. Los efectos positivos de este tipo de políticas se legitiman aún más por el último informe de la FAO, IFAD y el WFP, que establece claramente cómo la protección social “directamente contribuye a la reducción de la pobreza, el hambre y la malnutrición mediante la promoción de la seguridad de ingresos y del acceso a una mejor nutrición, salud y educación” (2015, 3). Se recomienda entonces sólidas políticas de protección social como una de las herramientas más eficaces para reducir el hambre y la desnutrición.

Por otra parte, el uso universal de las técnicas de producción agroecológicas y orgánicas reconciliaría la contradicción fundamental entre la necesidad de alimentar una creciente y más exigente población mundial, mientras se mantiene la salud de los servicios ecosistémicos necesarios para sostener nuestro sistema alimentario.

Las propuestas discutidas anteriormente también podrían ser implementadas a nivel nacional por gobiernos progresistas que busquen crear una soberanía alimentaria y empoderar a su ciudadanía más vulnerable. Los impactos positivos generados por tales medidas en cualquier país o región podrían potencialmente crear un efecto dominó conduciendo a otros países a adoptar políticas similares. En el largo plazo, esto podría fomentar acuerdos regionales e internacionales basados en estas propuestas.

Por otra parte, cabe preguntarse si el actual sistema internacional está políticamente listo para implementar el tipo de políticas discutidas anteriormente. Si bien los ODS se proponen acabar con la malnutrición en todas sus formas para el año 2030, las políticas globales necesarias para lograr este objetivo podrían ser difíciles de aprobar. Con el predominio de la ideología neoliberal y los nuevos acuerdos comerciales como la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) y el Acuerdo Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP), el sistema capitalista global parece estar dirigiéndose en la dirección opuesta. La humanidad tiende a aprender de situaciones de crisis y es muy posible que desastres económicos, catástrofes ecológicas y tragedias humanas su - cedan antes de que se tomen medidas adecuadas a nivel mundial.

Frente a este desafío, la FLO no debe perder de vista su objetivo principal y debe seguir presionando un cambio transformador a nivel mundial. La mayor fuerza organizacional y mejor visibilidad política que la certificación fairtrade aporta a los agricultores del sur global podría ayudar a la realización de las políticas mencionadas. Al capacitar a los agricultores del sur global y fortalecer sus uniones, ellos podrían luchar colectivamente para lograr sus aspiraciones y así fomentar un sistema alimentario más verde y justo.

Conclusión

Fairtrade construye una alternativa a un sistema que está despojando a los agricultores y destruyendo el ambiente natural del que todos y todas dependemos. Una revisión de los impactos de este mercado alternativo demuestra que fairtrade ha logrado importantes avances en la lucha contra muchos de los grandes retos a los que se enfrenta nuestro sistema alimentario, especialmente cuando se combina con los beneficios de la agricultura orgánica. Sin embargo, también se han examinado las limitaciones de un sello de certificación de productos bajo un mercado capitalista.

De hecho, el futuro de la seguridad alimentaria mundial es un reto importante que requerirá soluciones innovadoras y la coordinación de esfuerzos en el mundo entero. Muchos de estos desafíos se encuentran más allá del impacto y alcance de un sistema de certificación.

Por lo tanto, la principal contribución de fairtrade a la seguridad alimentaria mundial no es aportada por los impactos directos de la marca de certificación. Más bien, son los principios y criterios desarrollados por fairtrade los que podrían conducir a la clase de transformaciones necesarias para resolver los grandes desafíos que amenazan el futuro de la seguridad alimentaria. Ante la severa crisis social y ambiental que nuestro sistema alimentario enfrenta, los principios de comercio justo ayudan a imaginar una estructura económica alternativa que podría alimentar al mundo sin destruir la tierra. Estos principios podrían abrir el camino hacia un nuevo sistema alimentario mundial, en el cual la economía y el lucro no impongan sus reglas en detrimento del ser humano y la naturaleza. La necesidad de esta transformación global se ha vuelto cada vez más latente ahora que los ODM con respecto a la alimentación no serán alcanzados y que los nuevos ODS han propuesto una meta aún más alta de terminar por completo con la malnutrición para el año 2030.

Para futuras investigaciones, el presente análisis del sector alimentario podría llevarse a cabo en los demás sectores económicos. El siglo XXI ha traído desafíos profundos y sin precedentes. Si se quiere sobrevivir a la actual crisis social y ambiental, una nueva forma de pensar y una nueva economía son urgentemente necesarias. El reino del lucro y el crecimiento económico –que caracteriza el capitalismo neoliberal– ha sido la causa principal de la presente entropía social y ambiental. Frente a este sistema, las certificaciones de cada sector productivo podrían inspirar la creación de una economía social, solidaria y sostenible en la que el lucro y el crecimiento económico se subordinen a aspiraciones humanas y ecológicas.

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Notas