Hay buenas razones para argumentar que solo el Estado es capaz de llevar a cabo la ordenación del espacio a una escala amplia, en la medida en que es el agente que tiene los recursos materiales e intelectuales para hacerlo. No obstante, la producción social del hábitat es bastante común en las ciudades latinoamericanas, aunque generalmente limitada a sectores periféricos o de poco interés para el Estado y los capitales privados. Por ello, resulta cuestionable la capacidad de las organizaciones de base y autogestionarias para producir el espacio en la ciudad construida, disputándosela al Estado y al capital privado, tanto como sus posibilidades de condicionar las transformaciones y la evolución de la estructura interna de las grandes urbes. A esto se suma el hecho de que la disputa actual por estas particulares piezas de ciudad coincide con un renovado interés desde diversas instituciones.

Al igual que otras grandes ciudades latinoamericanas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), desde la década de 1990, los gobiernos han incrementado su interés por el replanteamiento de los espacios centrales. Si bien las inversiones en renovación urbana, el fomento del consumo turístico o la creación de nuevos vecindarios artísticos sobre antiguos barrios en declive es parte de la historia contemporánea de la ciudad, estos procesos han encontrado grandes obstáculos, tanto en las vicisitudes económicas del país como en las resistencias populares. En este sentido, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) ha jugado un papel significativo. Desde su constitución a principios de la década de 1990, ha transformado edificios ruinosos y ocupados en nuevos vecindarios desarrollados de forma autogestionada, bajo régimen de propiedad colectiva, creando una red de espacios sociales y residenciales. Además, el MOI realiza una reivindicación explícita del derecho a la ciudad, con un discurso en sus documentos y entre sus militantes que se refiere claramente al trabajo de Lefebvre, sin que llegue a ser frecuente encontrarlo nombrado de manera explícita. Cortés (2015) se preguntaba por la razón de la ausencia de influencia de Lefebvre en el movimiento de pobladores de Chile señalando, además de su condición de expulsado del Partido Comunista, la existencia de un sesgo antiespacial en el movimiento. El del MOI podría ser precisamente el caso contrario: una organización con un fuerte sesgo espacial en sus discursos y sus prácticas.

El conflicto en el que interviene el MOI, a favor de las clases populares, es una lucha por los espacios centrales. Esto implica un planeamiento social de la ciudad que lo sitúa frente a los patrones dominantes (neoliberales) en materia de política urbana. ¿De qué manera una organización como el MOI puede intervenir en los órdenes y procesos espaciales desde una posición antagónica a los planteamientos políticos dominantes? Para empezar, esta lucha implica el propio espacio físico, pero también una lucha ideológica por la legitimidad de formas alternativas de ocupar el espacio. Comprobar cómo interactúan estas dimensiones es uno de los objetivos de este trabajo. Desde la perspectiva de la autogestión, el MOI ha llevado a cabo una lucha por un suelo escaso en las áreas centrales, compitiendo en la arena política con usos más rentables, a través de la canalización de apoyos económicos estatales y expropiaciones, utilizando tácticamente las protestas públicas y la ocupación de edificios. Esto ha requerido una lucha en el campo ideológico dirigida al reconocimiento de derechos habitacionales fundamentales, planteando una visión alternativa de la ciudad y de quién y por qué está legitimado para vivir en ella. Finalmente el desarrollo de las cooperativas –y su propuestas de propiedad colectiva y vida en común– enfrenta el inevitable conflicto con la tendencia generalizada (e ideológica) a la individuación del consumidor de espacio.

Este trabajo sigue una línea de investigación de creciente importancia que se centra en la espacialidad de los movimientos sociales (Nicholls et al. 2013). Algunos autores han aportado casos de comunidades autónomas con la capacidad de producir su propio territorio, desarrollando proyectos espaciales alternativos al del Estado o las multinacionales, aunque generalmente en espacios periféricos y poco urbanizados (Mançano 2011 o Agnew y Oslender 2013). Por ello, cabe preguntarse sobre la capacidad, potencial y limitaciones de los movimientos sociales contemporáneos para desarrollar proyectos espaciales autónomos en zonas urbanas consolidadas y densificadas, donde vive la mayor parte de la población de América Latina. Esto es especialmente relevante en la medida en que puede haberse exagerado la capacidad política de los movimientos en relación con su autonomía del Estado. Lo anterior podría conducir a posiciones excesivamente optimistas respecto a las posibilidades de los colectivos autogestionarios y a ignorar a un agente clave como el Estado o a reducirlo a un papel de mero antagonista, cuando su rol en las disputas políticas en torno al territorio es mucho más complejo.

Este artículo parte de un trabajo de campo financiado por el programa de becas posdoctorales internas de CONICET. El grueso de la información presentada procede de 11 entrevistas con miembros de las seis cooperativas del MOI en el centro urbano de Buenos Aires, orientadas al análisis de sus trayectorias de residencia y militantes, combinadas con un período de observación dentro de los espacios de trabajo de la organización. El trabajo de campo se complementa con el análisis de documentos producidos por la organización y por la revisión exhaustiva de fuentes secundarias referidas a las estrategias de renovación urbana en la ciudad desde la década de 1990.

Lefebvre y el derecho a la ciudad

En las conversaciones con militantes del MOI, si bien no apareció en ningún momento el nombre de Lefebvre, su figura estuvo presente en muchas ocasiones. Las referencias al derecho a la ciudad, la autogestión del hábitat o la prioridad del valor del uso eran habituales en personas que no eran académicas ni necesariamente lectoras habituales de este tipo de ensayos. Esta situación es resultado, obviamente, de los discursos abanderados por los principales cuadros de la organización desde la década de 1980, visiblemente inspirados por la obra del francés. Por eso, puede resultar paradójico que se utilicen estos mismos trabajos para analizar la propia organización. Sin embargo, ningún otro marco parece más adecuado para evaluar las posibilidades de producción de espacio de una organización de este tipo. Son tres los contenidos de la obra de Lefebvre que parecen indispensables para realizar un planteamiento sobre la espacialidad del MOI: el lema del derecho a la ciudad, el planteamiento del urbanismo como ideología y la cuestión de la producción del espacio.

El derecho a la ciudad tiene todo que ver con la centralidad en la obra de Lefebvre. Para él, la centralidad es la esencia de la forma urbana en la medida en que ésta desde su origen es concentración de riqueza y poder (Lefebvre 1969, 19). En este sentido, el derecho a la centralidad implica el acceso a los recursos y un proceso redistributivo. En El derecho a la ciudad, ésta se identifica con su centro, y la expulsión de las clases populares del área central hacia los nuevos barrios de la periferia –por ejemplo en el París de Haussmann– es interpretada como una expulsión de la propia urbe. El derecho a la ciudad implica, para las clases populares, recuperar el centro y el mismo no puede ser un simple derecho de “visita” (Lefebvre 1969, 138). Por otro lado, la privación de las clases populares del centro implica que éste deja de ser lugar de vida urbana para pasar a ser “producto de consumo de alta calidad para los extranjeros, turistas, gentes venidas de la periferia, suburbanos. Sobrevive gracias a esta doble función: lugar de consumo y consumo de lugar. De este modo, los antiguos centros entran más concretamente en el cambio y el valor de cambio” (Lefebvre 1969, 27- 28). Esta tendencia parece haberse acelerado en las últimas décadas. En las ciudades latinoamericanas, la explotación del patrimonio histórico de cara al turismo o a la atracción de visitantes y consumidores locales juega un papel clave en la renovación de las áreas centrales (Díaz 2014). Se puede enmarcar estas tendencias más recientes dentro del denominado urbanismo neoliberal, el que se definiría por una serie de discursos y prácticas en la política urbana que se extienden especialmente a partir de la década de 1980 por todo el globo. A grandes rasgos, implicaría el tránsito de una ordenación general, redistributiva e intervencionista a una intervención por proyectos, orientada al mercado y al crecimiento económico (Harvey 2007).

Esta lucha tiene en frente al propio urbanismo como ideología al servicio del poder. Lefebvre no utiliza el término ideología de manera “positiva”, como un sistema de ideas políticas conscientemente asumido, sino como ideología “hegemónica” (Žižek 1994, 23-24) o “negativa” (Larrain 2010), como un contenido coercitivo e inconsciente, producto de las relaciones sociales alienadas propias del capitalismo, que legitima y naturaliza el orden social adoptando la forma de sentido común. De esta manera, identifica el urbanismo con una superestructura orientada a la naturalización y legitimación del capitalismo contemporáneo, facilitando la reproducción de la sociedad mediante el consumo dirigido. El urbanismo genera hábitats diferenciados según pautas de consumo, sacraliza la función moral de la propiedad privada y adapta al individuo a la jerarquía social, tanto de las empresas como de los barrios y casas (Lefebvre 1969). Dentro de esta lógica, el urbanismo neoliberal implicaría una ideología y una estrategia de clase orientada al mercado y a lo privado frente al anterior capitalismo de Estado (Lefebvre 1976, 52-53).

El consumo de espacio es un consumo de formas de vida en las que los vecindarios se tornan espacios de representación con significados precisos, en un sistema compartido por la sociedad. En este sentido, la lucha por el espacio y la producción del espacio no es por lo tanto exclusivamente un asunto del espacio físico, un conflicto en torno al orden espacial de la concentración y distribución de los recursos urbanos; implica la producción de conocimiento y significados, la construcción de representaciones ideológicas que apoyen el funcionamiento de la sociedad de acuerdo con las necesidades del capital y la producción de formas de vida particulares (Lefebvre 2013). El espacio es un producto social y es eminentemente político y estratégico, en la medida en que hay una ideología del espacio (Lefebvre 1976, 46). Esta perspectiva implica la posibilidad de un campo de lucha ideológica en torno a la existencia de proyectos espaciales enfrentados, que implican órdenes sociales igualmente antagónicos. No obstante, en la obra de Lefebvre la producción estratégica del espacio parece ser un atributo exclusivo del Estado que, en su forma realmente existente, parece conducirse para el filósofo exclusivamente por los intereses de una clase dominante capitalista (Lefebvre 2009).

El regreso a la ciudad construida en Buenos Aires

En la década de 1990 se produjeron importantes cambios en las tendencias políticas en Argentina como en el resto de la región Latinoamericana, caracterizadas a menudo por una profundización en los patrones neoliberales que habrían empezado a experimentarse en las dictaduras militares chilena y argentina. Con la administración de Carlos Menem, se entró en un período de desregularización y privatizaciones, acompañado de un gran incremento de la inversión extranjera directa. Ciccolella (1999) detectaba como una de las principales tendencias de la reestructuración urbana un proceso de recentralización, densificación y modernización del distrito central histórico, progresivamente derramado hacia el sur. Esta apreciación coincide con el análisis de trabajos posteriores que señalan cómo, durante las dos últimas décadas, las políticas urbanas han promovido un proceso de renovación urbana orientado a la extensión del centro urbano hacia el sur, compuesto por sectores degradados y populares, frente al norte burgués (Herzer 2008). Esta estrategia se concretó en inversiones sobre espacios industriales y de infraestructuras obsoletas y áreas residenciales en declive, que el Plan Urbano Ambiental de la ciudad señalaba como zonas de oportunidad. Frente a una concepción clásica de la renovación urbana, este tipo de intervenciones estuvieron caracterizadas por la gran carga ideológica del proceso de valorización del espacio. Las nuevas configuraciones propuestas no pretendían atraer a los consumidores solventes simplemente por la calidad del entorno construido, sino que empezaron a adquirir gran importancia como una sobreinversión simbólica. La construcción de estos lugares implicó una producción de significados diversos: el consumo de ostentación europeizante, el espacio patrimonial-folclórico y el barrio artístico. No obstante, tuvo como denominador común su orientación al consumidor solvente: ya fuese la burguesía tradicional, el turista extranjero, el joven académico o el emprendedor cultural.

El más emblemático de estos proyectos fue Puerto Madero. En la década de 1990, esta intervención implicó la privatización y urbanización de tierras portuarias de propiedad estatal. El resultado fue un nuevo sector vinculado con el capital transnacional y el consumo de sectores de altos ingresos: edificios de oficinas, restaurantes, hoteles de lujo, amarraderos de yates y complejos de viviendas para grupos de altos recursos. Esta operación formaba parte del proyecto de un corredor al sur de la ciudad que continuó con el Plan de Defensa Costera y Renovación de la Ribera en el barrio de La Boca a mediados de 1990. Esta última operación tuvo un fuerte impacto que implicó el reacondicionamiento de varios sectores (Vuelta de Rocha y Caminito), que fueron reorientados a la actividad turística. Se abrieron nuevos locales comerciales dirigidos hacia “sectores con capacidad de consumo y turismo” (Rodríguez et al. 2008, 74). Actualmente la zona es un espacio fuertemente tematizado en torno a la cultura popular del tango, donde las infraviviendas colectivas pintadas con colores básicos se convierten en atracción turística. Asimismo, dentro del corredor sur, jugó un papel central –ubicado entre los dos sectores descritos– la renovación del centro histórico de la ciudad, identificado con el barrio de San Telmo. El Plan Manejo del Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires se orientó a potenciar el turismo cultural en la zona y la rehabilitación del parque residencial. Las políticas de fomento de la rehabilitación se compaginaron con una importante mejora del espacio urbano, con tendencia a generar una cierta “marca San Telmo” (Rodríguez et al. 2008, 84). Actualmente San Telmo supone un lugar de visita y consumo obligado para el visitante de la ciudad, donde los conventillos y hotelillos han sido sustituidos paulatinamente por hostels para extranjeros.

Fuera del continuo de la zona sur, ubicado en la proximidad del centro comercial de la ciudad, el Abasto es otro de los proyectos de renovación urbana más relevantes iniciados en la década de 1990. Anteriormente se trataba de un espacio estigmatizado, con un paisaje urbano de casas tomadas, inquilinatos y pequeñas “villas” ubicadas en terrenos baldíos. Su nombre le fue dado por el imponente edificio art decó del mercado de abastos de la ciudad, en desuso. El mercado fue comprado por una empresa promotora que planteó un proyecto de renovación centrado en su transformación en un enorme centro comercial y en la construcción de tres torres de vivienda en urbanización cerrada. A partir de ese momento, proliferaron los operativos policiales desocupando casas tomadas, generalmente sin violencia y mediante arreglos monetarios entre la empresa y los ocupantes desalojados (Carman 2006). Actualmente se trata de un sector donde ha habido una clara penetración de residencias para clases medias, acompañada por la proliferación de salas de teatro y una notoria tematización en torno a la cultura del tango.

Finalmente, también en la misma década, los barrios de Palermo Viejo y Palermo Pacífico, en el centro-norte de la ciudad, se rebautizaron mediáticamente como Palermo “Soho” y Palermo “Hollywood”, respectivamente. Se trataba de espacios vinculados con la pequeña industria y tiendas de poca sofisticación, que actualmente concentran varios centenares de nuevos comercios repartidos en los rubros de la moda, la gastronomía y el diseño, conformando un típico barrio artístico y clúster de ocio similar a los que se pueden encontrar en otras zonas de renovación urbana de otras muchas grandes ciudades (Carbajal 2003). Aunque se trata de un tipo de transformación más espontánea que en los casos anteriores, la tematización de la zona se ha visto reforzada por la más reciente política de polos y distritos del gobierno de la ciudad. Otros de los sectores centrales donde está teniendo un fuerte impacto esta política son Parque Patricios y Barracas, donde se ha intensificado notablemente la renovación urbana y se han revalorizado los precios de la vivienda.

La lucha por el suelo

El acceso a la ciudad en Buenos Aires, como en muchas otras ciudades, tiene una especial significación para las clases populares. Dado el elevado grado de centralización, la mayor parte de los trabajos, administración y servicios públicos (por ejemplo, sanitarios) están localizados en la ciudad central de un extensa aglomeración de más de 15 millones de habitantes (Gran Buenos Aires). Esto se suma a un sistema de transporte público insuficiente y una red de carreteras colapsada que fuerza a parte de los habitantes de la periferia a realizar trayectos diarios de dos o más horas. El acceso a la concentración de recursos en el área central de la ciudad fue una constante en las entrevistas realizadas a cooperativistas:

Tenía a Paulita de 3 años. Alquilábamos. Me volví a quedar embarazada y me fui a vivir a La Boca porque en provincia es imposible, queda muy lejos de todo. El trabajo, la salud, la educación, están acá en capital... (CD, junio de 2015).

La reivindicación de la centralidad es, por lo tanto, una cuestión clave. Durante la dictadura militar, las operaciones de renovación urbana asociadas con la construcción de grandes infraestructuras viarias, implicaron la eliminación de gran parte de los asentamientos marginales de la ciudad central. A esto se añadió la eliminación de las políticas de protección a los inquilinos que resultaron en la proliferación de desalojos por impago. Tras el retorno a la democracia liberal en la década de 1980, se produjo una actitud de permisividad por parte de las autoridades que resultó en la proliferación de ocupaciones de edificios abandonados y deteriorados en el área central. El fin de la dictadura posibilitó también el retorno de militantes procedentes del “exilio interior”, incluyendo académicos preocupados por acercar el trabajo de la universidad pública a los sectores populares (MOI 2012, 71).

La lucha fundacional del MOI se desarrolló en torno a la regularización de la ocupación del ex Patronato de la Infancia (PADELAI) en el barrio de San Telmo. Aquí se planteó por primera vez (dentro de la historia de la organización) la rehabilitación del edificio mediante la conformación de una cooperativa con los ocupantes, persiguiendo el doble objetivo de centralidad y arraigo para las clases populares. A pesar de la existencia de avances sustanciales, el proceso de la ex PADELAI se truncó por la sustitución del gobierno local en 1992, cerrándose el diálogo y desarrollándose una serie de estrategias para generar las condiciones de desalojo (campañas de difamación desde asociaciones de vecinos, introducción de la venta de droga, etcétera). El inmueble fue desalojado en 2003 (Rodríguez 2009). De hecho, durante toda la década de 1990 se produjo un giro disciplinario con una política de desalojos “pedagógicos o ejemplares” y, en general, una fuerte presión sobre las ocupaciones ilegales de predios dentro de la ciudad central (Carman 2006, 64-65).

En la primera mitad de la década de 1990, se habían creado varias cooperativas tomando como base estas ocupaciones ilegales. Fueron hasta 15 cooperativas, involucrando a unas 578 familias, la mayoría de las cuales se disolverían sin concluir su proceso. En palabras de Néstor Jeifetz, uno de los principales cuadros del MOI, “de cada tres o cuatro edificios con los que trabajábamos ganábamos uno” (MOI 2012, 5). Las cooperativas que se conformaron en este período y que acabarían su proceso exitosamente son Yatay, Fortaleza y Perú. Fortaleza y Perú se ubican en el entorno de San Telmo, la primera de ellas, prácticamente en los terrenos de Puerto Madero, y en ambos casos a partir de ocupaciones para las que se consiguió la regularización y posterior rehabilitación. Yatay, por su parte, se conformó con familias desalojadas de otro edificio ocupado mediante la compra de una parcela en Barracas y la construcción de nueva obra. Además, comenzó a desarrollarse un programa de vivienda transitoria con la compra de un edificio en Barracas por parte de la organización en 1995, que pasaría a ser la Casa Base del MOI. A esta instalación se sumaron dos edificios más. Este programa parte de la necesidad de alojar a personas que no pueden hacerse cargo de los costes del alquiler o que están amenazadas por un desalojo, mientras desarrollan el proceso cooperativo y de autoconstrucción. A partir de su trabajo en la organización y las cooperativas, se valora quiénes entran en las viviendas transitorias. Las viviendas transitorias son organizadas y mantenidas en forma autogestionada por las familias residentes, quienes definen unas reglas internas y una modalidad orgánica de convivencia y mantenimiento del edificio semejantes a las cooperativas. La estancia en las mismas suele oscilar entre los dos y cuatro años.

El colapso económico y político de Argentina en 2001 condujo a un fuerte desprestigio de las instituciones del Estado, así como a la emergencia de fuertes e innovadores movimientos sociales (Schuster y Pérez 2002). En este marco, en el gobierno de la CABA se desarrollaron conversaciones y mesas de trabajo integrando a los movimientos por la vivienda de la ciudad, que dieron lugar a la Ley 341. Esta es la única Ley autogestionaria de hábitat popular existente en el país, solo vigente en la CABA. El MOI, como organización, estuvo muy implicado en su redacción y, de hecho, varios entrevistados se referían a ella como “nuestra Ley”. La misma asegura créditos estatales para las cooperativas y el control de la gestión de recursos, el diseño y la organización interna por los miembros de la cooperativa. Aunque existen otras leyes que promueven la autoconstrucción, la especificidad de la 341 viene dada por el grado de autonomía que concede a las organizaciones a la hora de gestionar los créditos, legitimando la práctica de la autogestión (Zapata 2012). Por su lado, la particularidad de las cooperativas del MOI dentro de la aplicación de esta Ley es, en primer lugar, el hecho de estar incluidas dentro de una organización y de un movimiento con claros posicionamientos políticos y, en segundo lugar, la apuesta por la propiedad colectiva (de la cooperativa) y por la ayuda mutua (autoconstrucción por los propios cooperativistas).

La aplicación de este marco normativo dio como resultado las cooperativas de La Fábrica y El Molino, los proyectos más ambiciosos hasta la fecha. La Fábrica se ubicó sobre un solar de 2500 m². Se trata de un proyecto de 50 viviendas de entre 60 m² y 90 m² y equipamiento comunitario, con dos salones de usos múltiples, un local comercial, una plaza y espacios verdes. El Molino es un proyecto de 100 viviendas con espacios comunitarios y centro social barrial con guardería infantil y bachillerato nocturno (donde el personal recibe sus salarios del gobierno local). La Fábrica se ubica en Barracas y tiene enfrente otra refuncionalización de una antigua fábrica, pero reciclada para lofts de lujo. Un cooperativista comentaba que esto muestra que Barracas es “un territorio en disputa”. Este carácter puede ser extensible a la ubicación de El Molino, en el límite entre Parque Patricios y Constitución, donde las nuevas obras de elevada calidad conviven hoy en día con hotelillos y viviendas en alquiler para clases populares.

La composición de los vecinos es similar en ambas cooperativas. La gran mayoría procede de estratos populares, clase obrera estable o con trabajos irregulares. Los entrevistados procedían de las viviendas de transición con un origen anterior diverso: viviendas de alquiler y ocupaciones principalmente. En el caso de El Molino, en un principio se contó con un importante contingente procedente de hotelillos subvencionados por el Estado en la zona centro (San Telmo, Boca y Barracas). Dos de las familias entrevistadas habían ingresado en la organización por no poder hacer frente a sus alquileres en el barrio de Palermo. La diversidad cultural es notoria y una parte muy importante de los cooperativistas son inmigrantes, bien de otras regiones de Argentina, fundamentalmente del norte, bien de otros países: Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Perú. Estos se mezclan con un componente de clases populares locales. En todos los casos, su ubicación inicial encontró cierta oposición. En La Fábrica, cuando compraron los terrenos, los vecinos llegaron a orquestar una protesta contra ellos: “Decían que venían los de la Villa 31”. Con el tiempo fueron limándose las asperezas. La idea de integrarse en el barrio y de aportar equipamientos colectivos es parte de la estrategia de integración.

El MOI cuenta actualmente con seis cooperativas, construidas o en proceso de construcción en la CABA (a las que se suman otros muchos proyectos en el Gran Buenos Aires y en otras ciudades argentinas). Tomando el conjunto de proyectos actualmente en desarrollo, existe una notable concentración en el área central, en concreto en el centro sur (ver figura 1). Las seis cooperativas fueron creadas antes de 2003. En 2007, el giro del gobierno de la CABA hacia posiciones conservadoras resultó en el estancamiento de estos procesos. Los tiempos del MOI han sido inevitablemente condicionados tanto por los tiempos de la política institucional como por los grandes eventos políticos.

Echeverría (1998) hacía una distinción bastante adecuada entre dos tiempos políticos, el tiempo político excepcional, con capacidad de refundar el orden social, y la política cotidiana. En este sentido, la excepcionalidad relativa a la crisis de 2001 y el período de transición desde la dictadura a la democracia parecen eventos clave en la emergencia y consolidación del MOI, mientras la incrustación de la organización en el tiempo cotidiano de la política ha sido mucho más problemática (ver Zapata 2012).

El derecho a la ciudad contra el derecho a la propiedad

El proyecto espacial del MOI se opone claramente a la política de reestructuración neoliberal de la ciudad, desarrollada desde hace varias décadas por el Estado y el capital privado. La permanencia de la población trabajadora en el centro implica enfrentarse a las tendencias a la segregación y a la organización del espacio como instrumento de acumulación. Por ello, el MOI plantea una visión alternativa de la ciudad y su organización, tanto como una forma alternativa de vivir el espacio urbano.

La reestructuración reciente de la ciudad ha sido una vía por la que se ha reforzado una ideología neoliberal del espacio. El rasgo más significativo es el planteamiento de los espacios centrales como “lugares para el consumo y consumo de lugares” (Lefebvre 1969, 67-68). Con base en esto, se establecen los usos legítimos del espacio. El capitalismo desembridado que reivindica la ideología neoliberal respondería a la única lógica del uso más rentable y de la acumulación por la acumulación como motor del desarrollo desigual del espacio (Harvey 1980). El discurso y la práctica del urbanismo en el centro urbano de Buenos Aires reflejan de diversos modos esta pauta general. En primer lugar, el capital privado cuenta con la legitimidad para organizar piezas de la ciudad con el único objetivo de su propia reproducción y ampliación (como ejemplifican los casos de Puerto Madero y Abasto). En segundo lugar, en el ámbito del consumo, el uso legítimo se establece con base en el puro poder social condensado en el dinero. Esto implica que el espacio urbano es de aquel que paga más por él, siguiendo la lógica de la propiedad individual y la libertad del consumidor (Harvey 1997, 77). Así, los lugares centrales solo son utilizados eficientemente en la medida en que son deseables para consumidores solventes, y en un contexto de valorización material y simbólica, el lugar para las clases populares pasa a ser la periferia de la ciudad. Esta ideología espacial entra dentro del concepto de ideología tal como lo utilizaba Lefebvre en sus primeras obras sobre la ciudad, un uso crítico y negativo, como contenido de la conciencia que delimita las prácticas legítimas e incluso posibles (del espacio). Aunque Larrain (2010) ve incompatible esta interpretación con el uso “positivo” del concepto, es indudable que las organizaciones populares plantean visiones alternativas a la ideología hegemónica a la hora de interpretar la ciudad.

Las entrevistas a los cuadros militantes del MOI llegaron rápidamente a un punto de saturación. El discurso sobre el espacio, sobre el problema de la disputa por la centralidad y sobre las formas de vivir el espacio que el MOI representa era notablemente homogéneo, al tiempo que se evidenciaba el liderazgo intelectual de algunos cuadros políticos procedentes de la academia. De esta forma, es relativamente sencillo dar cuenta y sintetizar el discurso y la práctica contrahegemónica del MOI.

La entrada de los cooperativistas en la organización implica un proceso largo en el cual es habitual el abandono. Las denominadas “guardias” son el dispositivo de entrada al movimiento, las que funcionan actualmente de forma permanente en uno de los edificios del programa transitorio de vivienda. Estas consisten en un aprendizaje de la historia y las bases de la organización: la autogestión, la ayuda mutua y la propiedad colectiva. En este espacio se busca que la gente pueda interiorizar el discurso del MOI que interpela a los individuos como trabajadores e invita a una lucha por el suelo como bien de uso, planteando el movimiento por encima de cualquier grupo o cooperativa particular y con una perspectiva latinoamericanista.

Vos llegás y no sabés nada, te hablan de la Ley 341 (…) De los derechos de la gente, del derecho a la ciudad. Porque antes lo que se hacía con los pobres era mandarlos a la periferia, donde mientras vivías allí tenías que trabajar en otro lugar (…). Por eso, una de las resignificaciones que nosotros hacemos es la del derecho a la ciudad. Y es uno de los ejes que potenciamos dentro de lo que es la guardia (Sonia Sarapura, junio de 2015).

Los programas de vivienda transitoria son, junto con las guardias, parte fundamental de este proceso de formación que implica un tipo particular de socialización y de relación con el espacio:

Desde que llegué a Argentina estuvimos alquilando, pero hace tres años entramos por mi proceso a un programa de vivienda transitoria. Los programas de vivienda transitoria son un alivio económico tremendo (…) y teníamos nuestro espacio independiente. Si bien teníamos que compartir los espacios comunes, esto te sirve para la misma práctica que vas a tener en la cooperativa después. Todas esas cosas acompañan al proceso. En ese de Ramón Carrillo son alrededor de 13 familias. Allí ves si estás preparado para esto. Te enfrentas con el proceso todos los días de que todos los días te llamen a la puerta. Así como te alivia el alquiler también te enseña (Raquel González, junio de 2015).

En primer lugar, el MOI tiene un discurso típicamente obrerista (y de hecho forma parte, prácticamente desde su fundación, del mayor sindicato de izquierdas de Argentina, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Su planteamiento principal es que la ciudad es construida en última instancia por los trabajadores. La construcción de los edificios más caros y más lujosos de Puerto Madero o la rehabilitación de instalaciones colosales como las del Abasto son realizadas por trabajadores manuales. Al mismo tiempo, gran parte de los obreros, muchas veces inmigrantes de diferentes etnias, se ven condenados a vivir en las numerosas villas de la ciudad sin las mínimas infraestructuras de servicios y a realizar trayectos larguísimos para ir a trabajar. Las mismas clases populares que reconstruyen el centro urbano se ven privadas de él, tanto como de las posibilidades de consumo que la ideología urbanística predica. En este sentido, se reivindica el derecho a la ciudad, puesto que “para la clase obrera, rechazada de los centros hacia las periferias, desposeída de la ciudad, expropiada así de los mejores resultados de su actividad, este derecho tiene un alcance y una significación muy especial” (Lefebvre 1969, 167).

Como los cooperativistas entrevistados repetían, la idea detrás de los proyectos más ambiciosos del MOI es que la clase trabajadora pueda vivir en el centro de la ciudad, en viviendas dignas e incluso bonitas. Los dúplex de El Molino, La Fábrica o Yatay son viviendas de calidad innegable en cuanto a materiales (cerramientos de madera, techos de bovedilla), espacio por persona y estética. Una vecina comentaba cómo algunos técnicos de la administración criticaban que se utilizara el ladrillo visto para la construcción, más caro que una capa de cemento. El sentido común dicta que “las casas bonitas solo son para la gente del Barrio Norte” (el sector urbano más claramente identificable con la élite social en Buenos Aires).

Entonces el MOI la propuesta que tiene es pelear esos terrenos, esos valores, esos bienes. En este caso partiendo de la concepción de que la vivienda es un derecho, no un negocio. Autogestión, que nosotros administremos los recursos del Estado, que son nuestros recursos. Porque nosotros somos la mano de obra y es nuestra mano de obra la que cuenta. Eso es un cambio de conciencia, de cabeza. Vos decís, me paso la vida trabajando y a veces no llegás siquiera a tener un techo propio (Carolina Díaz, junio de 2015).

En segundo lugar, el discurso del MOI interpela a las clases populares como latinoamericanas. La identidad latinoamericana resulta tan importante como la de clase, en un contexto en el que una parte importante de los integrantes del Movimiento son inmigrantes de países colindantes. Por ejemplo, en las sesiones de las guardias y en las entrevistas personales, una idea recurrente para explicar la propiedad colectiva, antes que anclarla en el discurso clásico del movimiento comunista occidental, era referir la propiedad colectiva de los pueblos originarios de América. Además, la organización prima su integración dentro de redes y federaciones latinoamericanas, como la Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular (SELVIP) a la que pertenece desde 1992.

La forma de producir y consumir el espacio resulta otra clave que necesita un sustento ideológico. El planteamiento de las cooperativas por ayuda mutua y autogestión implica que los cooperativistas contribuyan con su trabajo a la construcción, bajo la dirección una cooperativa de obreros profesionales, y todos los aspectos de la gestión recaen sobre la asamblea y sus representantes elegidos. En palabras de Lefebvre, “el derecho a la obra (a la actividad participante) y el derecho a la apropiación (muy diferente del derecho a la propiedad) están imbricados en el derecho a la ciudad” (1969, 159). No obstante, la concepción de autogestión en el MOI no es la de una gestión de recursos totalmente independientes del Estado u otros agentes. La idea que repiten los cooperativistas en relación con este planteamiento es que los recursos del Estado son del pueblo trabajador. Obteniendo estos recursos, los trabajadores recuperan lo que es suyo. Esta lucha es un elemento movilizador constante, que requiere reuniones, peleas y protestas públicas cuando los fondos no llegan. Como indica el típico panfleto de presentación de la organización: la autogestión “es el ejercicio pleno de nuestra propia capacidad para gestionar los recursos y administrarlos en beneficio de los intereses del conjunto. Es ser parte de la discusión y de la toma de decisiones respecto al destino que se da a los fondos públicos”.

Los cooperativistas no saben cuál va a ser su casa hasta el momento de la adjudicación, que es cuando la obra ha finalizado. De esa manera, se busca que todos se esfuercen en la obra colectiva y no solo en su vivienda particular. Además, el sistema de ayuda mutua permite abaratar costos y los cooperativistas dan mucho valor a su potencialidad a la hora de fortalecer vínculos y estrechar lazos sociales. No obstante, estos tienden a debilitarse. Conforme la obra va avanzando, el trabajo de los cooperativistas como peones se reduce frente al de los obreros especializados. Cuando pasan a la vivienda definitiva el grupo parece dividirse entre aquellos que asumen un compromiso militante con el cooperativismo y la organización (una minoría) y aquellos que “se encierran en su casa”. En varias cooperativas se han generado divisiones importantes. Algunas iniciativas han quedado paralizadas y otras han tomado un rumbo incierto, desvinculándose de la organización.

Las entrevistas evidenciaron la existencia de conflictos y divisiones internas relevantes en la organización. Los elementos que participan de estas rupturas son diver sos, aunque el núcleo del problema parece encontrarse en la cuestión de la propiedad colectiva.

Con un tema que tuvo específico La Fábrica, con un tema interno que repercutió mucho, estuvimos todos ahí. Porque había gente que quería sacar la cooperativa del MOI. Había algunos asociados que creyeron que el proyecto era de ellos y que iban a hacer lo que querían. Vieron el negocio, no veían su casa. Vieron la posibilidad de, el día de mañana, vender las casas. Nosotros somos propiedad colectiva, el préstamo viene a nombre de la cooperativa, es de todos y no es de nadie. Eso es una pelea que se hace día a día (Lola Fuentes, junio de 2015).

Las viviendas se encuentran en lugares estratégicos y son de elevada calidad, por lo que tienden a incrementar sus valores. La venta de una de ellas, si fuera posible, sin duda permitiría adquirir otra en la periferia a la que se sumarían cuantiosos ahorros. Según cooperativistas “militantes” y cuadros del MOI se suele argumentar la autonomía de la cooperativa frente al Movimiento como un instrumento de despolitización y desmantelamiento de las bases ideológicas del cooperativismo. En el lado contrario, se realizan acusaciones de politización y manipulación para un fin estratégico.

En un acto de ingreso en la cooperativa Latinoamérica de una nueva hornada de cooperativistas, dirigido por varios cuadros de la organización, Néstor Jeifetz insistía en que “el colectivo central es el Movimiento, no ninguna cooperativa”. Los logros de la organización han venido por el colectivo y por la capacidad de movilización constante para poder reclamar los pagos de las distintas administraciones, para conseguir suelo para construir, para poder poner en marcha redes de ayuda mutua ante eventuales inconvenientes, etcétera. Ya ha pasado que “el movimiento crea cooperativas y cuando estas consiguen sus objetivos (la vivienda) se van a la mierda”. “La privatización del suelo estatal. Esa es la lucha” que compromete a toda la organización. Otra lucha, que se entrevé en estas palabras, es la lucha por hacer hegemónicos dentro de la propia organización planteamientos solidarios y universalistas frente a la pauta generalizada de la propiedad individual.

El trabajo de campo ha reflejado tanto la existencia de un discurso contrahegemónico, esperable en una organización militante, como las fracturas que el mismo genera al interior de las cooperativas. La interpretación que aquí realizamos es que esta fractura interna es expresión de un conflicto ideológico por las formas legítimas de usar el espacio. En este último punto se encuentra el núcleo ideológico de la disputa por la centralidad: propiedad colectiva, solidaridad y valor de uso frente a la racionalidad puramente económica, individualismo, fragmentación y valor de cambio (ver cuadro 1).

Comentarios finales

La lucha por el derecho a la ciudad es una lucha por los usos del suelo tanto como una lucha ideológica. Actualmente el urbanismo neoliberal supone una ideología que reproduce la lógica y establece las condiciones para la expansión y reproducción del capitalismo de libre mercado. Desafiar esta lógica y esta ideología es un atributo indispensable de cualquier movimiento antagonista. En lo que se refiere a la discusión académica, el urbanismo como ideología fue uno de los descubrimientos del trabajo de Lefebvre que ha permanecido tristemente poco explorado. Este déficit parece el resultado lógico del abandono del concepto por el propio filósofo en sus investigaciones posteriores sobre la ciudad. En cualquier caso, incluso si un concepto negativo de ideología es problemático, sigue contando con un potencial crítico enorme para los estudios urbanos y sobre movimientos sociales y su abandono y sustitución por otros conceptos (habitus, representaciones, discursos y un largo etcétera) podría ser una puerta abierta a la despolitización. Por esta razón, seguimos creyendo que la ideología es un concepto indispensable para el urbanismo crítico.

Por otro lado, hay problemas que no están resueltos en el empleo negativo del término. ¿En qué medida la aproximación del MOI a la ciudad no es también una ideología, incluso si, como resulta obvio, no es la hegemónica? ¿Tendría esta ideología efectos similares de naturalización y encubrimiento de contradicciones? Como respuesta provisional podemos señalar que, además del hecho de no controlar los aparatos ideológicos del Estado, la aproximación del MOI persigue objetivos opuestos. El urbanismo como ideología es un mecanismo de reproducción social, mientras que el discurso antagonista y las prácticas del MOI pretenden ser una amenaza para el statu quo, y permanecen por ello en un nivel utópico y no-ideológico. La creación de sentido común, sentido del espacio si se quiere, parece hasta cierto punto ajeno a las posibilidades de una organización de base como el MOI. Por eso, tiene sentido hablar de ideología en términos negativos. La ideología hegemónica no se puede poner al mismo nivel que cualquier intento de construir un discurso contrahegemónico. Para empezar, porque existe un patrón ideológico que está enraizado en el sistema simbólico de la propia sociedad capitalista. En este sentido, una comunidad tiene la misma capacidad de plantear un reto ideológico que de competir en la ordenación física del espacio con el capital. Su viabilidad depende de coyunturas específicas y de una compleja negociación con el Estado.

Incluso si la capacidad de una sola organización está limitada, el trabajo muestra cómo la lucha de las clases populares en conjunto ha sido determinante para la actual configuración interna de la CABA. Esto es especialmente cierto en los momentos políticos excepcionales, en la transición de la dictadura a la democracia liberal y en la crisis y protestas de 2001. Estos son tiempos donde la reconfiguración de los órdenes socioespaciales parece factible. Si, como suele interpretarse, la ideología neoliberal irrumpe como práctica política en Argentina con la dictadura militar y continúa hasta el momento presente, estos tiempos de excepcionalidad política han permitido un cierto cambio de rumbo respecto de las ideas hegemónicas hacia otras alternativas. Si el centro urbano de la CABA es todavía un espacio socialmente diverso y gobernado no solo por la lógica de la acumulación, es el resultado de esos tiempos políticos excepcionales. Más allá de esto, los límites de la acción autónoma de las organizaciones de base parecen obvios y mucho más en la política cotidiana, cuando los acuerdos alcanzados en los momentos críticos tienen que ser gestionados y el equilibrio de fuerzas se desnivela a favor de los intereses del capital. En este sentido, parece claro que la autogestión del espacio por las organizaciones populares es mucho menos viable en áreas urbanas de elevada densidad que en las áreas urbanas periféricas y poco urbanizadas. En los espacios urbanos, la capacidad de movimientos sociales para crear su propia territorialidad está inevitablemente sobredeterminada por la articulación previa del espacio por el Estado, el acceso a los recursos gestionados por éste y los tiempos de la política electoral. En el caso del MOI, parte las limitaciones proceden del rechazo a ser cooptados por las grandes instituciones políticas, específicamente el kirchnerismo, aunque su lucha en la ciudad ha tenido como principal adversario a la derecha no peronista. Parece que solo los tiempos políticos excepcionales pueden garantizar apoyo estatal a las organizaciones de base eludiendo los típicos procesos de cooptación.

Por otro lado, las acciones del MOI, más allá de sus conexiones con otras organizaciones, encuentran serios límites en la escala de sus proyectos. Incluso si los trabajos del MOI se desarrollan en una escala intermedia entre la vivienda y el barrio, el resultado es básicamente una red de proyectos localizados. ¿Son estos proyectos microutopías desconectadas del espacio social que las rodea o pueden interactuar efectivamente con él? ¿Y qué hay de la escala de ciudad o incluso regional, con una periferia llena de asentamientos precarios donde la gente está condenada a viajar diariamente durante horas al centro de la ciudad? La acción en escalas superiores es inevitable para ganar el derecho a la ciudad. En este sentido, el objetivo es la nacionalización y un apoyo amplio del gobierno a la Ley 341. Pero incluso si el problema de la vivienda y el hábitat son esenciales, el derecho a la ciudad en Buenos Aires está inevitablemente unido a otros problemas como el de las infraestructuras de transporte, las dinámicas de centralización y descentralización, la distribución de las oportunidades de trabajo y servicios, entre otros. Hoy en día, el Estado es el único agente con la capacidad para intervenir sobre estos problemas, lo que no resuelve la pregunta sobre qué tipo de Estado debería ser éste.

Referencias

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Entrevista a Carolina Díaz, Cooperativa El Molino, Ciudad de Buenos Aires, junio de 2015.

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Entrevista a Raquel González, Cooperativa El Molino, Ciudad de Buenos Aires, junio de 2015

Entrevista a Lola Fuentes, Cooperativa El Molino, Ciudad de Buenos Aires, junio de 2015.