El ritmo dinámico con el que se han producido las transformaciones tecnológicas, económicas, regulatorias y de los usos sociales de los medios de comunicación durante los últimos años desafía a especialistas a agudizar sus capacidades de indagación y reflexión. Un equipo de jóvenes investigadores de la Universidad del Salvador de Buenos Aires, coordinados por Santiago Marino, asumió el reto y produjo un interesante aporte al estudio de distintas aristas que componen el “sector audiovisual ampliado” (p. 16) en Argentina, entre 2009 y 2015. El original concepto que otorga el nombre al primer libro de este colectivo abarca el cine, la televisión abierta y de pago –tanto analógica como digital– y los servicios en línea. Así, extiende el alcance de la ya desactualizada noción de radiodifusión, añeja en el presente contexto de convergencia entre el audiovisual, la informática y las telecomunicaciones.

La obra está compuesta por siete capítulos precedidos por un prólogo de Guillermo Mastrini y una introducción de Marino. Como piezas de un rompecabezas, cada uno de los apartados contribuye a trazar una pintura completa de las dinámicas del sector audiovisual en Argentina. Producción, distribución, consumos y regulación de los medios comerciales y públicos. Tal es el título del proyecto de investigación que integran los autores y autoras y, además, una definición precisa de su objeto de estudio.

El capítulo inicial funciona como un paraguas que recorre y contextualiza los ejes que vertebraron las políticas de comunicación argentinas entre 2009 y 2015. Durante el primer año, se debatió y sancionó la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA); el segundo fue el último de la Presidencia de Cristina Fernández y aquel en el cual la alianza política encabezada por Mauricio Macri ganó las elecciones y asumió el Gobierno.

En primer lugar, Marino describe el derrotero de la LSCA: su sanción, aplicación y judicialización, así como los asuntos pendientes que pueden listarse a seis años de haber sido aprobada. Luego, analiza los principales rasgos del Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada, creado en 2010 bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; y finalmente se detiene en la Ley 27.078 Argentina Digital. Ésta fue aprobada en 2014, en parte, como un intento de compensar algunos puntos flojos de la LSCA en lo atinente al diseño de políticas convergentes; no obstante, las distintas medidas de política pública carecieron –según afirma el autor– de una estrategia articulada en su planificación y gestión. Como resultado de esa y otras dificultades, se vaticina un escenario en el cual los actores más concentrados tendrán la posibilidad de brindar servicios convergentes y el acceso a ellos estará mediado por la capacidad de pago. El pronóstico no parece exagerado, especialmente a la luz de las medidas promovidas desde el sector público a partir de diciembre de 2015.

En el segundo capítulo, Matías Di Santi y Ariel Riera se sirven de múltiples fuentes para analizar los planes de adecuación que los licenciatarios de servicios audiovisuales comerciales presentaron ante la autoridad de aplicación de la LSCA con el fin de ajustarse a los límites de la concentración dispuestos por la norma. El apartado se organiza en función de tres ejes: en primer término, se desarrolla la propuesta presentada por el Grupo Clarín, en noviembre de 2013, tras el arduo período de judicialización iniciado por el holding mediático más importante del país. En segundo lugar, analiza los planes de adecuación voluntaria presentados antes del 7 de diciembre de 2012 por el Grupo Uno, el Grupo Indalo y Telefónica de Argentina, tres casos con rasgos particulares que ameritan el exhaustivo desarrollo que hacen los autores. Posteriormente aborda una serie de regularidades que surgen del análisis del resto de los más de 40 planes también presentados antes del vencimiento del plazo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Además de examinar las propuestas de las empresas, el texto profundiza en el desempeño de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) ante cada una de las presentaciones. Ofrece, así, un panorama amplio de uno de los puntos más conflictivos de la LSCA. Finalmente enumera los puntos del deber y del haber que ha acumulado la implementación de la norma en este campo.

Guillermo Mastrini, Martín Becerra, Santiago Marino, Julián Gadano y Tomás Bieda desarrollan, en el capítulo tres, el proceso de implementación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) entre 2011 y 2013. Éste fue impulsado por el Estado, el cual comenzó con iniciativas destinadas a promover la migración entre los sectores desfavorecidos de la sociedad, como fue la entrega gratuita de decodificadores. El trabajo se desplegó en dos direcciones: primero, contextualizó brevemente las características históricas, técnicas y normativas de esta medida de política pública; en segundo lugar, analizó los usos y consumos de la TDT. Para este último aspecto, tomó como casos testigo Quilmes y San Fernando, dos municipios del segundo cordón del conurbano bonaerense en los cuales se llevó a cabo una serie de encuestas y entrevistas etnográficas.

Entre los hallazgos de la investigación, se destacó el impacto positivo de la medida en el público, una vez sorteada la barrera del desconocimiento. La penetración de la televisión por cable, que ronda el 80% de los hogares, fue una condición inicial adversa para la difusión de la TDT. Entre quienes la consumen, la valoración es muy positiva y subrayan la calidad de los contenidos –en especial, el fútbol y la programación infantil– y la alta definición de la imagen. Los rasgos negativos se asocian, por lo general, con las dificultades técnicas en la instalación en los hogares. Llamativamente, la gratuidad emerge como un elemento de desconfianza debido a la idea arraigada de que “lo bueno hay que pagarlo” (p. 87) y a que el servicio es promovido por el Estado. En definitiva, según reconocen los autores, la implementación de esta política ha sido, durante el período estudiado, más eficiente en términos de infraestructura que en la promoción del sistema.

El cuarto capítulo analiza las transformaciones en la industria de la televisión a partir de la aparición de servicios de distribución de contenidos mediante Internet, agentes comerciales y modelos de negocio alternativos. Alejandra Páez Triviño caracteriza el sector de la denominada Televisión Over The Top (TV-OTT) en Argentina y sus niveles de correlación con los marcos regulatorios vigentes para el espacio audiovisual ampliado. El término TV-OTT alude a las plataformas que distribuyen contenidos audiovisuales vía Internet para el consumo en línea. El caso paradigmático de este tipo de prestación es Netflix, servicio pago de video bajo demanda (VOD, por su sigla en inglés) que cuenta, según datos de diciembre de 2016, ¹ con 93,8 millones de usuarios en todo el mundo.

La autora describe con solvencia y fluidez los rasgos e intereses de los distintos jugadores que integran el sector. Allí resulta fundamental distinguir los agentes nativos de Internet de los tradicionales, a los cuales los primeros aventajan por su comprensión de la dinámica del entorno digital y sus estrategias comerciales de continuo diálogo con los usuarios.

Páez Triviño destaca la importancia del Estado en el establecimiento de pautas regulatorias que promuevan la democratización de la oferta y la competencia. En efecto, la actividad de la TV-OTT se encuentra en una situación de alegalidad en Argentina: no está regulada ni prohibida. La creciente aceptación social de este fenómeno en el contexto de una alta penetración de la TV de pago y el vertiginoso desarrollo de nuevos operadores exigen un mayor compromiso por parte de los decisores políticos.

En el quinto capítulo, Cecilia Labate analiza el funcionamiento de la televisión estatal y sus perspectivas de futuro a la luz de los cambios políticos, económicos, tecnológicos y normativos que se produjeron durante los últimos años. En ese marco, el Estado es abordado en su doble rol de emisor de señales y principal agente para la elaboración de políticas públicas de comunicación.

Luego de indagar en los antecedentes de Canal 7 (Televisión Pública Argentina), la autora analiza los aspectos centrales de la creación de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA SE) mediante la LSCA; la adopción de la norma ISDBT para la TDT; la puesta en marcha de la plataforma de Televisión Digital Abierta (TDA); el lanzamiento de nuevas señales de televisión de gestión estatal; y, los planes de fomento para la producción de contenidos digitales descentralizados y federalizados. Labate ubica a Canal 7 a la vanguardia de los cambios tecnológicos, la incorporación de nuevos contenidos, la innovación estética y la renovación de infraestructura que se llevaron a cabo a partir de 2010. No obstante, subraya entre las cuentas pendientes la necesidad de avanzar en una institucionalización de los medios de propiedad estatal que garantice la transparencia y el cumplimiento de la Ley. Esa labor inconclusa es señalada como un importante desafío para la gestión de Macri iniciada en 2015.

El penúltimo capítulo, de Alejandro Linares, se plantea una necesaria actualización de las emblemáticas nociones de acceso y participación ciudadana, formuladas originalmente en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante la década de 1970. En efecto, se trata de una tarea imprescindible si se pretende abordar el escenario comunicacional dinámico abierto por el proceso de convergencia. El autor sugiere una serie de dimensiones que deberían tenerse en cuenta para elaborar índices renovados de ambos conceptos sin descuidar la importancia del contexto sociohistórico para el desarrollo de una perspectiva crítica y situada. La neutralidad de la red y la reducción de la brecha digital resultan condiciones básicas para la democratización del acceso al conocimiento y la información, mientras que la participación debe ampliar las áreas de producción, adopción de decisiones y planificación por parte de la ciudadanía. Para concluir, Linares elabora diez puntos básicos que condensan los elementos a considerar en la reelaboración de los indicadores.

Finalmente, el breve capítulo 7 ofrece una lograda síntesis de las preocupaciones que orientan el libro, sus principales hallazgos y sus conclusiones. Estas últimas a la vez generan nuevos interrogantes pues, en palabras de los autores y autoras, “las novedades sobre el mercado de medios argentino se suceden de modo constante en este país intenso” (p. 35). Ciertamente la vertiginosidad con la que se han producido los cambios en estos últimos años constituye la principal limitación y la mayor potencialidad del libro: por un lado, quita actualidad a una realidad imposible de capturar en un campo que se encuentra en permanente movimiento. Por otro lado, interpela a los autores y autoras a continuar avanzando en una sólida investigación que ya ha sembrado sus principales claves de trabajo y que, indudablemente, deberá plasmar sus futuros hallazgos en una nueva obra colectiva.

Notas