Ensayo Visual
Cuerpos Confinados, Almas Resilientes
Confined Bodies, Resilient Souls
Corpos confinados, almas resilientes
Cuerpos Confinados, Almas Resilientes
Iconos. Revista de Ciencias Sociales, núm. 58, 2017
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
En noviembre de 2016, el 26% del padrón electoral de Estados Unidos votó por el entonces candidato a la Presidencia Donald Trump, quien dirigió una campaña electoral con base en la retórica anti-inmigrante que prometía deportar a 11 millones de indocumentados y construir un enorme muro a lo largo de la frontera sur, para lo cual obligaría al Gobierno mexicano a pagar por la construcción del mismo. Al llegar a la Casa Blanca, Trump no perdió tiempo: el 27 de enero de 2017 firmó una orden ejecutiva titulada “Mejorar la seguridad pública en el interior de Estados Unidos”. Esta orden amplía significativamente la categoría de “extranjeros removibles” (removable aliens) y señala que los no ciudadanos que han entrado a Estados Unidos cruzando la frontera sin documentos o que han entrado con visas que luego expiraron representan una “amenaza significativa” para la seguridad nacional y la seguridad pública. La orden ejecutiva de Trump y la guía adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) eliminan las prioridades establecidas por el expresidente Barack Obama 1 y ordenan a las agencias federales que empleen “todos los medios legales” contra “todos los extranjeros removibles”, incluyendo a aquellos acusados que no han sido condenados (MPI 2017).
Es importante recordar que los sentimientos anti-inmigrantes, las ansiedades raciales acerca de la presencia de cuerpos no blancos en la sociedad estadounidense, así como la criminalización de comunidades inmigrantes y de minorías a través de diversas políticas públicas no llegaron a la escena nacional estadounidense con Donald Trump. Si bien la orden ejecutiva de Trump claramente tiene como objetivo acelerar el control migratorio mediante la criminalización extrema de poblaciones y comunidades de color, no se debe olvidar que muchos de los programas sugeridos en la orden ejecutiva del 27 de enero de 2017 ya estaban en vigor de una forma u otra desde la década de 1990. En 1996, dos leyes en particular –la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes (conocida como IIRIRA) y la Ley Antiterrorismo y Efectiva de Pena de Muerte (conocida como AEDPA)– transformaron la ley de inmigración del país estableciendo un enfoque cada vez más restrictivo y punitivo que criminalizó a los inmigrantes de, al menos, dos maneras. En primer lugar, IIRIRA puso fin a la revisión judicial discrecional, permitiendo la detención y deportación tanto de residentes legales permanentes (LPR, por sus siglas en inglés) como de inmigrantes no autorizados que habían sido condenados por un delito grave; se convirtieron en obligatorios en ambos casos. En segundo lugar, las leyes de 1996 ampliaron la lista de delitos “graves” para fines de inmigración (evasión fiscal; no comparecencia ante un tribunal; falsificación y recepción de bienes robados, entre otros). Además estas leyes se aplicaron retroactivamente a crímenes cometidos antes de su promulgación (ver Morawetz 2000).
En consecuencia, desde 1996 un número creciente de inmigrantes ha sido detenido y deportado de Estados Unidos por crímenes no violentos (algunos de los cuales se cometieron décadas antes) como resultado de esta creciente criminalización de la población inmigrante indocumentada. Estas deportaciones masivas aumentaron significativamente bajo la primera administración de Obama (2009-2012), hecho que llevó a activistas de inmigración a llamar eventualmente a este presidente Deporter-in-Chief (deportador en jefe). Esto, a pesar de que la situación de deportaciones rampantes –que alcanzó su punto máximo en 2012-2013– fue resultado de la culminación de varias décadas de aplicación de un enfoque de control migratorio basado en la detención obligatoria y la deportación, en lugar de utilizar la discreción tradicional de un juez que considere las circunstancias particulares de cada caso. Entre 1997 y 2012, el Gobierno de Estados Unidos deportó más de 4,2 millones de personas, cifra que es más del doble del número total de deportaciones anteriores en la historia del país (Golash-Boza y Hondagneu-Sotelo 2013). En un estudio reciente, la autora Golash-Boza (2015) revela que el 97% de esos deportados es enviado a América Latina o al Caribe, de los cuales el 88% son hombres.
En resumen, estas estructuras no son el resultado de las acciones de un presidente, sino de décadas de limitación progresiva de oportunidades: tanto de la entrada legal y la obtención de permisos legales de trabajo como de la restricción general de libertades civiles y derechos sociales de los no ciudadanos y la militarización de la frontera, ello, a pesar de que no hay efectos disuasivos documentados de que tal militarización impide una mayor migración (ver Durand y Massey 2003; De León 2015). Bajo este actual “régimen de deportación”, como lo llama De Genova y Peutz (2010), cientos de miles de trabajadores migrantes son injustamente separados de sus familias, detenidos y retornados a sus países de origen, en gran medida para satisfacer una cuota anual determinada por el Gobierno federal estadounidense.
Parte de la explicación del dramático aumento del número de detenidos tiene que ver con que los intereses financieros son endémicos de las industrias de las prisiones y el control de la inmigración. Estas industrias son un gran negocio no solo para los gobiernos locales de Estados Unidos que alquilan parte de sus instituciones carcelarias al Gobierno federal para los detenidos de inmigración, sino también para contratistas privados que se benefician de la expansión del complejo industrial de prisiones que la detención de inmigrantes requiere (Golash-Boza 2015). Cada año, estos contratistas y compañías privadas, como el GEO Group y CoreCivic (hasta 2016 llamado Corrections Corporation of America), ganan miles de millones de dólares como resultado de la militarización de la frontera y la construcción de nuevos centros de detención en nombre de la “seguridad nacional”. En el año fiscal 2016, el Gobierno estadounidense gastó $ 2.300 millones de dólares en detenciones (Detention Watch Network 2016).
Los centros de detención se encuentran por todo Estados Unidos, pero especialmente Texas, California, Arizona, Georgia y Nueva Jersey son los cinco estados con mayor número de detenidos (CIVIC 2016). A menudo, las personas son trasladadas sin previo aviso a centros de detención en otros estados donde no tienen familiares ni conocidos. Algunos contactan a organizaciones como Primeros Amigos de Nueva Jersey y Nueva York (First Friends of NJ and NY) y se inscriben en el programa de visitas de esta organización, la cual coordina asistencias a centros de detención desde 1997. Primeros Amigos empezó cuando el Servicio Jesuita para Refugiados se asoció con voluntarios de los Servicios Comunitarios de la Arquidiócesis de Newark para organizar maneras de apoyar a los solicitantes de asilo detenidos en el Centro de Detención de Elizabeth (EDC, por sus siglas en inglés), de Nueva Jersey. La organización es uno de los programas de visitas más antiguos de Estados Unidos y hoy en día apoya principalmente a detenidos en cuatro diferentes centros en el estado de Nueva Jersey: EDC; Servicio Correccional del Condado de Essex; Servicio Correccional del Condado de Hudson; y Servicio Correccional del Condado de Bergen. Sin embargo, debido a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a menudo transfiere a los detenidos a diferentes centros de detención a nivel nacional, esta organización también atiende a varones que se encuentran en la prisión del condado de Orange en Nueva York y en el Centro de Detención La Salle en Louisiana.
Con el paso de los años, Primeros Amigos se ha vuelto mucho más que un programa de visitas: defienden a los detenidos; llevan a cabo eventos para concienciar sobre el aislamiento y el trauma de la detención; y ofrecen servicios de posliberación a los detenidos que lograron salir de prisión. Este último servicio incluye aspectos como: ayudar a los exdetenidos con el papeleo de salida, encontrarles vivienda temporal, ayudarlos a reconectarse con sus familiares y a tener una cotidianidad estable y autosuficiente. Entre muchas otras cosas, los voluntarios de esta organización son en realidad “los primeros amigos” de aquellos que llegan a Estados Unidos en busca de una mejor vida, ofreciendo apoyo incondicional a aquellos que de otro modo no lo obtuvieron.
Si bien la vida cotidiana puede parecer similar a primera vista en todos los centros de detención, existen diferencias significativas entre unos y otros. Algunas instalaciones permiten contacto con el visitante, quien puede sentarse con el detenido en mesas designadas en un área común, bajo la mirada atenta de un oficial de correcciones. Otras, en cambio, tienen la configuración tradicional de prisiones estadounidenses donde el visitante está separado de la persona detenida y solo puede hablar con ella por medio de un teléfono, mirándose a través de una ventana de vidrio antibalas. Muchas instalaciones no tienen las necesidades más básicas, como aire fresco y alimentos saludables y adecuados; por ejemplo, el EDC opera dentro de un antiguo almacén en el área portuaria de la ciudad, sin ventanas ni acceso a recreación al aire libre. La mayoría de los detenidos describen sus primeros días o semanas de detención como un proceso de adaptación a una nueva situación en un contexto de gran incertidumbre. La mayoría no tiene idea de cuánto tiempo va a estar allí y tienen que confiar en la información, experiencias y consejos de otros detenidos que han permanecido en ese lugar por más tiempo. Algunas personas utilizan expresiones artísticas como manera de despejarse y de mostrar su talento en un contexto donde son vistos como delincuentes y sin humanidad plena.
A los detenidos se les permite hacer obras de arte, pero no se les proporcionan muchos recursos para hacerlo. No tienen acceso a pintura, marcadores o tijeras, por lo que a menudo tienen que improvisar y crear sus propios materiales. Muchos utilizan sábanas, fundas de almohada y hasta desechos de las meriendas que compran en el comisariato. Cuando se utilizan, por ejemplo, sábanas, corren el riesgo de recibir castigos y ser sometidos a confinamiento solitario, ya que el ICE considera que realizan contrabando, acusando a la persona detenida de deteriorar la propiedad del Estado.
Las piezas de arte que presentamos en este ensayo visual fueron recogidas de varias maneras. Algunas son regalos de detenidos que querían expresar su gratitud con Primeros Amigos por el apoyo brindado durante su tiempo de detención. Otros simplemente querían mostrar su talento dentro de un contexto donde siempre fueron vistos como delincuentes sin humanidad. Finalmente es importante mencionar que la elaboración de estas piezas ha despertado especial atención por parte de la Universidad de Rutgers (Estados Unidos), que se ha interesado en recolectar más obras de arte a través de la organización, con el propósito de visibilizar el trabajo de los detenidos que evidencia que, aunque los cuerpos son confinados, las almas son resilientes.
Agradecimientos
Las autoras agradecen a la organización Primeros Amigos y a todos los detenidos y detenidas que estuvieron en los centros de detención de Elizabeth, Hudson y Essex County, cuyas ilustraciones se incluyen en este ensayo visual.
Referencias
CIVIC (Community Initiatives for Visiting Immigrants in Confinement). 2016. Immigration Detention Map & Statistics. Acceso el 27 de marzo de 2017. http://www.endisolation.org/resources/immigration-detention/
Detention Watch Network. 2016. Immigration Detention 101. Acceso el 27 de marzo de 2017. https://www.detentionwatchnetwork.org/issues/detention-101
De Genova, Nicholas y Nathalie Peutz, eds. 2010. The Deportation Regime: Sovereignty, Space, and the Freedom of Movement. Durham, NC: Duke University Press.
De León, Jason. 2015. The Land of Open Graves: Living and Dying on the Migrant Trail 36. Oakland, California: University of California Press.
Durand, Jorge y Douglass Massey. 2003. “The Costs of Contradiction: US Border Policy 1986-2000”. Latino Studies 1 (2): 233-252.
Golash-Boza, Tanya. 2015. Deported: Immigrant Policing, Disposable Labor and Global Capitalism. Nueva York: NYU Press.
Golash-Boza, Tanya y Pierette Hondagneu-Sotelo. 2013. “Latino Immigrant Men and the Deportation Crisis: A Gendered Racial Removal Orogram”. Latino Studies 11 (3): 271-292.
Morawetz, Nancy. 2000. “Understanding the Impact of the 1996 Deportation Laws and the Limited Scope of Proposed Reforms”. In Defense of the Alien 23: 1-30.
MPI (Migration Policy Institute). 2017. Trump Executive Order and DHS Guidance on Interior Enforcement: A Brief Review. Washington DC: MPI.
Organización Primeros Amigos de Nueva Jersey y Nueva York (First Friends of NJ and NY). https://firstfriendssnjny.org/
Notas
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