El renovado interés por las fronteras¹

Las fronteras se han resignificado. La difusión de una vasta literatura alrededor de las fronteras; la realización de conferencias y exposiciones centradas en las fronteras; la publicación de notas de prensa, reportajes y propuestas cinematográficas; la definición de políticas públicas y las recurrentes declaraciones de dirigentes políticos y funcionarios gubernamentales que subrayan la relevancia de resguardar, fortalecer el control o garantizar el papel defensivo de las fronteras dan cuenta de la mayor importancia concedida a esta noción en los últimos años.

Lejos de las predicciones que para inicios del siglo vaticinaban la desaparición de las fronteras² y anunciaban su defunción como paso indispensable para facilitar la libre movilidad de capitales, éstas no solo que se han fortalecido –y fortificado en el sentido literal del término–, sino que se han multiplicado, se han tornado más complejas y se han convertido en nociones multidimensionales (Lois 2014).

Las fronteras de la época contemporánea son parte de la tradición liberal de construcción de los Estados (Díez Torre 2016). En tanto barreras o elementos de contención, las fronteras fueron entendidas hasta mediados del siglo XX como escudos de protección de los Estados frente a eventuales conflictos y externalidades (Anderson y O’Dowd 1999). Con la apertura económica que se inició con los acuerdos de Bretton Woods³ (1944), las fronteras fortalecieron su imagen como cuerpo de contención para la construcción de los llamados “estados de bienestar”, lo que permitió evidenciar de manera más explícita la relación entre espacio y poder (Lois y Cairo 2011). Desde entonces, las fronteras dejaron de asociarse únicamente con la función de delimitación, para comenzar a entenderse como parte del complejo proceso de construcción de la nación y de sus prácticas nacionalistas (Newman y Paasi 1998; Hobsbawm 2010; Anderson [1983] 2006).

Desde los últimos años del siglo anterior e inicios del presente, el concepto de frontera se redefinió a la luz de los acontecimientos globales. En casi todos los países, los imparables flujos migratorios han servido como pretexto para recrudecer las expresiones más conservadoras de las fronteras. Muros, vallas y alambradas se levantan por doquier acompañadas por dispositivos militares y de control de alta sofisticación, en el marco de políticas de seguridad que cada vez con más fuerza se han impuesto en el mundo como consecuencia de la declaratoria de guerra contra el terror promovida desde Estados Unidos a partir de 2001 (Brown 2015; Amoore 2006). Desde esta racionalidad, las fronteras ya no son únicamente instrumentos de protección contra otros Estados, sino que se han convertido en uno de los más importantes elementos de contención del ingreso de agentes no estatales transnacionales (redes de narcotráfico, trata de personas, comercio de armas). Así las cosas, este artículo busca desentrañar cómo se expresan las manifestaciones de este proceso global de recentramiento de las fronteras en el contexto de América Latina, sus sentidos y contenidos, a partir de la óptica de la ecología política en tanto un “campo de construcción inter y transdisciplinario que reflexiona y discute las relaciones de poder en torno a la naturaleza” (Palacio 2006, 147).

 

Las fronteras en América Latina: de territorios subalternos⁴ a áreas de interés estratégico

Consideradas como regiones, las fronteras en América Latina reflejan realidades geográficas muy heterogéneas. A lo largo de las regiones fronterizas que se extienden entre dos o más países, es posible encontrar centros urbanos dinámicos y consolidados –como lo que sucede en la zona fronteriza andina entre Colombia y Ecuador o en la frontera sobre el río Paraguay que en el lado argentino contiene centros urbanos de importancia como Resistencia, Formosa y Clorinda, y a Asunción y el departamento Central en el lado paraguayo (Fantin 2010)–, así como áreas que ocupan un lugar secundario dentro de las políticas públicas en términos de cobertura de servicios básicos y presencia institucional. En estos últimos segmentos de las regiones fronterizas, generalmente ocupados por pueblos indios, la relativa baja densidad demográfica, la dispersión de los asentamientos o la complejidad de sus características físicas determinan que la presencia del Estado haya sido esporádica, parcial y siempre insuficiente, reflejando la persistencia de una serie de problemas no resueltos y la aparición de nuevas y complejas dificultades vinculadas con la trata y tráfico de personas, la fabricación y el comercio de drogas, el negocio de armas y municiones, la depredación de bosques y la minería ilegal, por citar algunos de los problemas más relevantes.⁵ De ahí que en estos segmentos de las fronteras, sobre los que se concentra este artículo, la intervención del Estado se haya concretado, por lo general, en los ámbitos de la seguridad y en el cumplimiento de procedimientos administrativos y aduaneros a cargo de instituciones precariamente instaladas. Son las áreas donde por determinadas situaciones no se ejerce con igual contundencia las orientaciones políticas, sociales y económicas como sucede en el resto del territorio. ¿Cómo explicar esta subalternidad?

Héctor Alimonda (2011) señala que la escasa cohesión territorial, política e identitaria de los Estados latinoamericanos explica que las fronteras y otras áreas de difícil acceso sea por su morfología o su clima; los parajes concentradores de alta biodiversidad como la cuenca amazónica; y los espacios habitados por pueblos indios, afrodescendientes o minorías culturales ocupen un lugar subordinado junto con otras hegemonías territoriales que se atribuyen la representación de un interés nacional único, una identidad compartida, un sentido del nosotros y una constitucionalidad. La afirmación de Alimonda se corresponde ciertamente con la realidad de las fronteras, áreas a las que en América Latina las sociedades nacionales históricamente han tratado con abierta indiferencia.

Para Margarita Serje, esta subalternidad sería el resultado de un doble proceso de inversión que por un lado transfiere lo negativo, los miedos, las culpas y vergüenzas de la nación a los territorios “salvajes” y las fronteras, a sus poblaciones y paisajes, y por otro lado, concibe la existencia de estas regiones y sus habitantes como objetos de codicia por los bienes naturales que encierran, es decir, como áreas cuyo único valor radica en las posibilidades que ofrezcan para satisfacer las necesidades del resto de la nación. A partir de este doble proceso de inversión, Serje concluye que

los territorios no apropiados se ven a la luz, bien de todo aquello que resulta inaceptable, bien de aquello que resulta instrumental. Siempre en función del punto de vista de los requerimientos y aspiraciones de la llamada sociedad mayor, de las ventajas que para ésta puedan representar. El continuo salto de la proyección a la reversión, es decir, la doble inversión, está detrás de la cualidad insólita y excéntrica con la que se concibe la realidad de estos lugares, así como la forma contradictoria en que el Estado y la nación se relacionan con ellos, sin llegar jamás a la menor resolución (2011, 178).

De acuerdo con Germán Palacio (2006), la excentricidad, la falta de autonomía y la asincronía son tres características que explicarían el tratamiento concedido por los Estados latinoamericanos a ciertos territorios subalternizados. La excentricidad se refiere a su abordaje como áreas inexploradas y desconocidas. La falta de autonomía alude a la incorporación, al Estado nación de las zonas fronterizas y otros territorios subalternizados a partir de dispositivos ideológicos u operaciones militares de conquista, para convertir a estos espacios en “dependencias directas de los poderes ejecutivos nacionales, en un régimen que podría denominarse de colonialismo interno” (Alimonda 2011, 35). La asincronía da cuenta que la historia de estas regiones no acompaña la periodización de las sociedades que las contienen, pues su ritmo está vinculado generalmente con una temporalidad distinta o con la prevalencia de formas de organización y producción no enteramente capitalistas.

Además de los argumentos desarrollados por Alimonda, Serje y Palacio, una suerte de explicación acerca de la inferiorización concedida a las áreas fronterizas proviene de la discusión abierta por Sandro Mezzadra, quien propone que es la propia naturalización de las fronteras la que condujo a considerarlas como zonas marginales dentro de la preocupación de los Estados. Según él señala, “la frontera en su estabilidad como condición previa de conceptos e instituciones políticas modernas […] ha sido relegada por las elaboraciones teóricas y por la representación cartográfica a los márgenes del sistema de gobierno” (2016, 22). Al fracturarse esta estabilidad (naturalidad), como producto de la proliferación y heterogeneización de las fronteras y de los debates sobre la territorialidad, la frontera, argumenta Mezzadra, pasó a “ocupar el centro del espacio político”. ¿Cómo se expresa la nueva centralidad de las fronteras en América Latina?, ¿qué elementos han entrado en juego para que los Estados de la región modificaran la histórica indiferencia hacia las regiones fronterizas?

No resulta una novedad que el olvido sobre las áreas subalternizadas se revierta cada cierto tiempo en función de coyunturas particulares. Los conflictos limítrofes, por ejemplo, se traducen en una mayor presencia militar y en un despliegue de fuerza en las áreas comprometidas, lo que, al parecer, por el momento no resulta en un escenario probable para la mayor parte de países latinoamericanos. En otras ocasiones, los Estados se sienten obligados a regresar a ver a las áreas subalternizadas debido a la presión ejercida por las poblaciones que exigen el cumplimiento de derechos postergados. Esta realidad motiva la intervención estatal mediante la construcción o puesta en funcionamiento de algún servicio con el propósito de acallar el descontento que más temprano que tarde resurgirá bajo la forma de nuevas reivindicaciones.

Es también usual que las áreas subalternizadas como las fronteras cobren un interés particular cuando en tales territorios se identifican posibilidades de explotación de algún recurso natural, cuando las necesidades de acumulación de capital demandan la ampliación de las superficies agrícolas, el aumento de actividades de prospección y explotación minera o energética y la realización de grandes obras de infraestructura cuya operación alimentaría al conjunto de la economía nacional. En estos casos, la maquinaria gubernamental pone en movimiento diversos mecanismos para avanzar sobre territorios aparentemente despoblados o habitados por poblaciones indígenas (Grimson 2005; Alimonda 2011), dejando a un lado el confinamiento al que han estado sometidos.

Es precisamente la ampliación de la frontera extractiva la que parecería ser en la actualidad una de las motivaciones más importantes en la revalorización de las áreas subalternizadas de América Latina a tal punto que en varios países de la región se atestigua un interés creciente por parte de los gobiernos para impulsar su incorporación a la dinámica nacional (Porto-Gonçalves 2006; Svampa 2013; Machado Aráoz 2015). Argentina ha regresado a ver a la Patagonia; Brasil ha reavivado su interés por las zonas más lejanas de su extensa Amazonía; Ecuador ha desplegado un discurso de desarrollo e inclusión de regiones hasta hace relativamente pocos años atrás ausentes de las principales preocupaciones gubernamentales; Perú y Bolivia presionan sobre áreas hasta hoy escasamente intervenidas.

Eduardo Gudynas (2007) identifica que muchos de los actuales conflictos sociales y ambientales toman lugar en las fronteras donde la instalación de actividades económicas ha hecho caso omiso de la presencia de impactos ambientales que no conocen de límites fronterizos, como sucede en la zona de Madre de Dios-Acre-Pando. También Anthony Bebbington (2007) argumenta, por ejemplo, que las áreas de explotación minera impulsadas a partir de la década de 1990 no solo no tienen antecedentes en la región, sino que la mayoría está ubicada en zonas de frontera. En el ánimo de traer a colación algunos ejemplos, vale señalar que el departamento Petén, al norte de Guatemala, colindante con la frontera mexicana, es considerado una región de expansión minera y que El Salvador tiene distritos mineros en las cercanías con Honduras. El proyecto minero Mirador, depósito de una de las más grandes reservas de cobre de Ecuador, está localizado en la Cordillera de El Cóndor que comparte este país con Perú. Cercano a este proyecto minero están los depósitos de oro del proyecto Fruta del Norte, también en territorio ecuatoriano y en los límites con Perú. En Colombia, entre los 40 proyectos mineros prioritarios, denominados “de interés nacional”, 26 están distribuidos en departamentos fronterizos: en la Guajira y César, y en Santander y Boyacá, adyacentes a Venezuela, hay minas de carbón y depósitos de oro y plata, respectivamente; y en Vaupés, frontera con Brasil, reservas de oro. Más allá de los depósitos de minerales, investigadores de la región señalan la correspondencia entre el interés estratégico por controlar el acuífero del Guaraní localizado en la Triple Frontera con el discurso de enfrentar la amenaza global y el peligro terrorista.⁶ Gran parte de estos nuevos proyectos estratégicos guardan conexión con las estrategias de articulación de infraestructura, producción y comercio de América Latina como la Iniciativa de Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) cuya ejecución a cargo del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), confirma el papel mediador de las fronteras macrorregionales y su compromiso con las influencias de la globalización (Anderson y O’Dowd 1999).

No solo la minería o el petróleo, como tampoco el diseño de puertos de embarque, aeropuertos, refinerías, poliductos, sistemas de tratamiento de aguas servidas, grandes autopistas y represas que impulsa la IIRSA presionan sobre los territorios fronterizos que mediante la compleja red de infraestructura que atraviesa por las áreas limítrofes de los Estados busca articular los “commodities” y los recursos extraídos con el mercado mundial (Ceceña, Aguilar y Motto 2007; Bonilla 2010; Ceceña 2013; Dávalos 2014) bajo la concepción, como lo señala Gudynas (2007), de que la interconexión es sinónimo de integración regional.

De la mano con la construcción de infraestructura, diversos países de América Latina e independientemente del signo político de sus gobiernos estarían empujando la consolidación y expansión de monocultivos en respuesta a la demanda de países del norte por agrocombustibles (Rincón 2008; Wilson et al. 2015) y productos de alta versatilidad para la fabricación de alimentos. Es el caso de la ocupación de áreas del biocorredor del Chocó⁷ para el cultivo de palma africana, con Colombia ocupando un puesto central en esta dinámica que se desparrama hacia Ecuador por el sur y Venezuela al norte; de un eje similar para la producción de caña de azúcar liderado por Brasil para extenderse desde dicho país al Caribe y América Central; y el de soja transgénica que, con Argentina a la cabeza, se prolonga también en Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Un análisis de la información contenida en el Environmental Justice Atlas –uno de los compendios más actualizados respecto a la conflictividad mundial ocasionada por el crecimiento económico– confirma la cada vez mayor importancia concedida a las fronteras como áreas de interés estratégico. De los 452 conflictos activos que registra el atlas en 11 países de América del Sur en 2016, un poco más de la tercera parte tiene lugar en áreas fronterizas, adyacentes a los límites de otros Estados (ver tabla 1).

Si bien para fines ilustrativos los conflictos han sido clasificados en función de la extracción de un recurso particular, en su mayoría éstos se manifiestan en una serie de efectos interrelacionados, lo que conduce a plantear que, aunque la acepción de ampliación de la frontera extractiva que propone la ecología política (Moore 2003) es en términos generales adecuada, es preciso subrayar que su utilización no remite únicamente a la apropiación de la naturaleza, sino que tras este proceso hay concentración de la propiedad, despojo social, desterritorialización y racialización de espacios, en una reafirmación continua de la colonialidad con la que actúan nuestras sociedades.

Fuente: Environmental Justice Atlas. Acceso el 6 de julio de 2017.
Elaboración propia.

 

Ecología política y fronteras

De acuerdo con la ecología política, cualquier análisis sobre el territorio debería incorporar variables ambientales “no desde la perspectiva de los obstáculos que para el desarrollo suponen las condiciones impuestas por el ambiente, sino desde la consideración de los humanos como componentes indisociables de la Naturaleza” (González de Molina y Martínez Alier 1993, citado en Wagner 2014, 51). Siguiendo esta reflexión, un primer elemento que merece situarse es que entre fronteras y naturaleza, en tanto construcciones sociales e históricas, existen procesos de interrelación y un conjunto de variables superpuestas; fronteras y naturaleza se moldean entre sí, provocan tensiones y cambios que configuran y reconfiguran de manera incesante las expresiones de su materialidad, así como sus mutuas expresiones simbólicas.

En efecto, la orientación de las políticas fronterizas, básica aunque no exclusivamente bajo la potestad de los Estados, y los efectos que éstas desatan, suscitan manifestaciones materiales concretas, implicaciones a nivel discursivo y simbólico dentro de los territorios fronterizos, así como consecuencias en el uso, control y apropiación de la naturaleza por parte de las poblaciones históricamente asentadas en dicho entorno o de los nuevos contingentes humanos que se movilizan a territorios fronterizos. Una mayor militarización o un más alto número de instalaciones de control, por ejemplo, suele traducirse no solo en un incremento de las restricciones sobre la libre movilidad de la población o en una masculinización de los espacios fronterizos, sino en tener consecuencias sobre la construcción social de la naturaleza al restringir la utilización del territorio por efectos de nuevas barreras físicas o imaginarias, o como consecuencia de la introducción de una nueva legislación sobre la propiedad de la tierra en áreas fronterizas. La gestión de las fronteras implica, por tanto, incidir sobre una naturaleza socialmente construida o, en otras palabras, alterar el metabolismo sociedad-naturaleza existente, como lo califica la economía ecológica (Martínez-Alier 2002 y 2011).

Al ser una relación de doble vía, es lógico suponer que también la construcción de la naturaleza incidirá sobre la configuración y gestión de las fronteras. El ordenamiento y la planificación territorial, así como los modelos de acumulación definidos para un territorio de frontera, podrían determinar que las prácticas de fronterización fortalezcan las visiones de seguridad o descansen en modalidades más flexibles, según el caso. Considerar a las fronteras como áreas económicas estratégicas, como zonas industriales o como economías de reproducción simple no son solo formas distintas de considerar el territorio, sino ordenamientos que requieren de diferentes arreglos institucionales, administrativos y legales, con implicaciones sobre las fronteras y la forma en cómo éstas se gestionan. Las decisiones sobre territorios y, en este caso, sobre territorios fronterizos, no son nunca neutrales.

¿Cuáles serán las implicaciones a partir de la opción de privilegiar en los territorios fronterizos la consolidación de un modelo extractivo y de áreas económicas estratégicas? La ampliación de las fronteras extractivas no ha sido un eje fundamental de preocupación de los estudios fronterizos y es más bien reciente el estudio de la organización territorial de las fronteras bajo la óptica de la ecología política.⁸ De ahí que, a la luz del interés demostrado por varios Estados latinoamericanos sobre áreas que, como las fronteras, han estado al margen de las prioridades políticas, parece necesario explorar las características que distinguen el acceso, control y uso de los bienes naturales localizados en áreas fronterizas de aquellas que se suscitan en cualquier otro lugar del territorio de un Estado en la perspectiva de aportar en la construcción de lo que sería una ecología política de las fronteras a partir de tres claves que se desarrollan a continuación:

 

Internacionalización de los espacios fronterizos

El impulso de nuevas actividades económicas en las fronteras, el despertar de los procesos de integración económica y la puesta en marcha de ambiciosos programas de conectividad entre territorios fronterizos se justifican bajo la necesidad de consolidar el territorio de los Estados y de fortalecer la soberanía, o han sido utilizados como explicaciones para llevar el “desarrollo” a áreas que adolecen de serias deficiencias, acentuando lo que Agnew califica como el “carácter instrumental de las fronteras” (2008, 178), es decir, su papel en la protección de la propiedad privada y de los bienes que pertenecen a los Estados. Este redescubrimiento de las áreas fronterizas como territorios apetecidos por sus recursos y como espacios privilegiados para atender los requerimientos de la acumulación a escala mundial coincidió en América Latina a inicios del presente siglo con narrativas que, desde los Estados, ponían énfasis en los “patriotismos”.⁹

El enardecimiento del patriotismo y la invocación a lo nacional han sido utilizados como herramientas para la consolidación de los Estados nación en varios períodos históricos. Durante el primer decenio de los años 2000, la “novedad” en torno al uso del patriotismo radicó en que éste fue un recurso al que recurrentemente apelaron varios de los mandatarios de los denominados gobiernos “progresistas”. “Patria altiva y soberana”, “volver a tener patria” (Alianza PAIS 2015); la “patria ha vuelto” o la “patria ya es de todos” decía Rafael Correa (2007) en Ecuador de manera similar al “hemos recuperado la patria” que expresa Evo Morales (2014) en Bolivia. En Argentina Cristina Kirchner (2007) advertía que “mientras haya un pobre en la patria no habrá victoria definitiva” o levantaba como consigna hacia sus críticos “hemos reconstruido la patria”; Hugo Chávez insistía en que “después de tanta lucha ya tenemos patria” (2012) y apelaba a la integración de América Latina para ser “una sola patria o no somos, la patria es una y grande o no será patria nunca” (2011). Siguiendo a su predecesor, Nicolás Maduro juraba “construir una patria de felicidad” (2013) y presentaba a la Asamblea Nacional de Venezuela el “Plan de la Patria” que orientaría su gestión entre 2013 y 2019. Tal paradoja se enmarca en el argumento de Saskia Sassen (2001), quien discute la tensión entre la desnacionalización del espacio económico y la renacionalización del discurso político.

Más allá de las contradicciones discursivas, el privilegio de un modelo extractivo para las fronteras, como lo sucedido en cualquier otra área, acarreará profundos impactos sobre el entorno y una serie de efectos desiguales y adversos para las poblaciones locales.¹⁰ La opción de privilegiar la implantación de áreas económicas estratégicas, por ejemplo, significará un mayor protagonismo de entidades nacionales e internacionales en perjuicio de la participación de las poblaciones y gobiernos locales, una creciente presencia de inversión privada nacional o internacional, modificaciones en el marco legal para garantizar el funcionamiento de los nuevos circuitos productivos y comerciales, y el establecimiento de diversos dispositivos de seguridad y control para precautelar su operación. Para las poblaciones locales, no solo que la generación de empleo resultará insignificante a la luz de los escasos requerimientos de trabajo de algunas de estas actividades económicas o debido a la complejidad técnica que entraña su operación, sino que estará sometida a presiones para abandonar o “vender” su tierra, generalmente parte de territorios comunitarios, para permitir que florezcan y se consoliden negocios concebidos fuera del territorio. Como lo sucedido en otras geografías, los regímenes extractivos darán paso así a la concentración de la tierra; la destrucción de otras formas de propiedad, de producción, de organización y cohesión social; el inicio o ampliación de procesos de deterioro ambiental en grados de intensidad y magnitud antes desconocidos, y el consiguiente empobrecimiento de la población que habita áreas de frontera al perder el control sobre la producción y reproducción de su vida.

Como se conoce, el funcionamiento de regímenes extractivos descansa en alianzas público-privadas o, bajo distintas modalidades, operan a cargo de empresas privadas, casi siempre con alta participación de capitales internacionales. Hacia futuro, y en el marco de la IIRSA, existe un escenario propicio para ocupar extensos territorios destinados a la construcción y operación de represas, establecimiento de cultivos básicamente orientados a la exportación, explotación de minería o petróleo. Esta suerte de internacionalización de las fronteras aludiría, por tanto, no solo a la participación de empresas de propiedad de capital extranjero en zonas fronterizas, sino al hecho de que la orientación de su producción está principalmente volcada a satisfacer necesidades foráneas.

Sin discutir por el momento que estas empresas suelen funcionar como economías de enclave¹¹ que imponen reglas específicas para su operación, que se escudan en arreglos institucionales que por lo general se distancian de lo que sucede en su entorno inmediato y que por sobre los “intereses nacionales” o la “integridad territorial” privilegiarán la estabilidad de sus intereses corporativos, cabe interrogarse, como lo hace Grimson (2005), ¿qué sucede cuándo la soberanía se delega a manos privadas?

Si la soberanía territorial tradicionalmente ha sido entendida como una competencia exclusiva de los Estados o, más aún, ha sido concebida como uno de los preceptos fundacionales del Estado moderno, esta primera clave daría cuenta de la tensión que el ejercicio de la soberanía se delegue tácitamente o se “comparta” con empresas privadas. Operaciones económicas de esta naturaleza no solo exhiben contradicciones con un discurso oficial cuya retórica es la defensa irrestricta de la soberanía, sino que suponen el riesgo cierto de privatizar e internacionalizar áreas geográficas que, al menos en la teoría, han sido históricamente de alta sensibilidad en el proceso de construcción de los Estados latinoamericanos. Gudynas denomina a este proceso como una “desterritorialización” del Estado nación, “que no significa perder secciones del territorio, que pasan a quedar en manos de otro Estado, sino que describe una reducción y debilitamiento para regular y controlar el propio territorio. […] Son zonas de un Estado ausente” (2007, 2), lo que coloca en tensión el discurso sobre el cual se ha levantado la trinidad Estado-nación-territorio y su importancia para la gestión de las fronteras y las áreas adyacentes. Bajo estas condiciones se erosionan o pierden los supuestos de integralidad territorial o manejo soberano de las fronteras, ideas tradicionales sobre las que se construyó la noción de Estado nación. Como dice Sassen, la gran perdedora de la globalización será la soberanía, pues “la globalización económica amplía la economía –pero no la soberanía– del Estado nación más allá de sus fronteras” (2001, 32).

Siguiendo a Wendy Brown (2015), la internacionalización de los espacios fronterizos, acompañada de una participación creciente de sectores privados y paraestatales, sería la evidencia de una tendencia que agudiza el declive de la soberanía política de los Estados. Si como dice Brown en relación con los muros, “[en] la medida en que el Estado externaliza la seguridad de ese modo, disminuye su estatus de protector de la seguridad” (2015, 129), en relación con la explotación de bienes naturales por parte de enclaves privados, podría señalarse que en la medida en que el Estado externaliza de ese modo la creación de empleo y la consecución del desarrollo, disminuye su estatus como garante y proveedor de derechos y lesiona, concomitantemente, su soberanía política. Mientras las barreras y los muros se presentan como un elemento que contribuye a crear la ilusión de que su construcción atenuará un complejo conjunto de problemas, los proyectos extractivos localizados en áreas de frontera tienden igualmente a generar la ilusión de que los problemas existentes se revertirán gracias a su puesta en marcha; dos ilusiones que la realidad parece desmentir.

 

Seguridad y fronteras

En ausencia de conflictos limítrofes en América Latina, la tendencia a la militarización de las fronteras ha transitado por una compleja construcción discursiva levantada alrededor de las poblaciones que habitan territorios fronterizos. La ocurrencia de actividades económicas ilegales, lo que conlleva con frecuencia a criminalizar a las poblaciones asentadas en estos contextos y a sentenciar la realidad fronteriza como insegura y violenta; el ingreso de migrantes y de población refugiada que requieren de la protección del Estado, y la concepción generalizada de que en los territorios fronterizos sus habitantes están al margen de los frutos del progreso son tres tipologías que han conducido a representar a quienes viven en los territorios fronterizos como conglomerados sociales distintos a los del resto del país y enfrentando una condición de “vulnerabilidad” social.

La vulnerabilidad pasa entonces a ser una condición que se naturaliza, evitando reconocer que lo político es con frecuencia el factor determinante de dicha vulnerabilidad. Ni las fronteras ni las formas de vida distantes del capital producen por sí solas poblaciones vulnerables; el surgimiento de la vulnerabilidad es el resultado de un contexto social, económico y político que incide sobre la realidad y la transforma. No obstante, la vulnerabilidad “construida” y el pretexto de proteger a las poblaciones han sido utilizados como argumentos para justificar mayores controles y medidas de seguridad, endureciendo prácticas de fronterización inherentemente conflictivas (Newman y Paasi 1998) y convirtiendo a las fronteras en espacios de creciente vigilancia o en áreas abiertamente militarizadas.

En efecto, la creciente militarización de las fronteras no solo está presente en las regiones fronterizas que comparten Ecuador y Venezuela con Colombia donde los temores al desbordamiento del conflicto colombiano podrían haber explicado una mayor presencia militar; sucede también en la frontera amazónica que comparten Perú, Colombia y Brasil o en la llamada Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil que en el imaginario social ha pasado a considerarse como una zona “caliente” asociada con el peligro terrorista y donde la población islámica ha pasado a ser sujeto de vigilancia de Estados Unidos como posible fuente de financiamiento (Giménez 2011). Esta caracterización sustentó la decisión de los gobiernos de Argentina y Brasil para desplazar un alto número de militares a dicha área en el marco de los operativos Escudo Norte y Operación Ágata, que respectivamente mantienen tales Estados.¹² La militarización toma igualmente lugar en zonas aparentemente menos conflictivas. García Pinzón señala, por ejemplo, que Chile adoptó desde 2011 el Plan Frontera Norte (PFN) que, de acuerdo con su opinión, “representa de manera concreta la implementación de acciones por parte del Estado chileno con base en [la] nueva agenda de seguridad” (2015, 141).

Varios estudios han demostrado que los procesos de militarización, lejos de resolver problemas sociales, pueden –por el contrario– contribuir a erosionar los derechos humanos, colectivos y territoriales en áreas fronterizas, propiciando una tensión entre el discurso de las fronteras como contenedor político de una constitucionalidad y de la población fronteriza como portadora de unos derechos restringidos. De ahí el calificativo otorgado por el periodista investigador Todd Miller (2013) a la frontera entre México y Estados Unidos como “áreas sin ciudadanía” o “zonas libres de constitucionalidad”, un calificativo que, dada la prevalencia de políticas de control en las fronteras, podría fácilmente extenderse a otros límites internacionales. La tendencia a la militarización de los espacios fronterizos podría exacerbarse a la luz de los conflictos actuales y los nuevos que podrían surgir en el futuro en rechazo a la imposición de actividades extractivas, así como frente a la importancia concedida por los Estados para proteger los proyectos estratégicos, ampliando los dispositivos de seguridad existentes o echando mano de frecuentes declaratorias de excepción que, según lo anotan varios estudiosos de la problemática fronteriza, han tendido a normalizarse (Brown 2015; Agamben 2010 [2001]). Estas declaratorias son parte “de una nueva forma de estado, […] el cual, contrariamente a las viejas formas de estado de sitio o de estado de emergencia, restringe derechos democráticos bajo la premisa de salvaguardarlos o incluso expandirlos” (Santos 2014, 32-33). En este orden de ideas es posible concluir que las estrategias de seguridad en regiones fronterizas descansan, en gran parte, en un modelo de crecimiento económico y desarrollo que, parafraseando a Mbembe (2008), otorga preeminencia a las cosas sobre las personas. De ahí que, aunque la retórica oficial en varios países latinoamericanos diga mantener una política distante de aquella generada en los países centrales, la realidad parecería empujar a que el tratamiento fronterizo no pueda escapar del marco de políticas hegemónicas que a escala global han tornado a las fronteras en espacios cada vez más fortificados, controlados y de saturados de dispositivos de seguridad (Brown 2015).

 

La colonialidad en las fronteras

Por la trayectoria histórica de América Latina y el proceso de constitución de los Estados nación, las áreas fronterizas constituyen el espacio de vida de un mosaico de culturas. Junto con asentamientos poblados más o menos consolidados y ciudades en expansión, hay una importante porción de las fronteras donde viven pueblos indios y comunidades que han incorporado un manejo colectivo de sus territorios, en ocasiones dentro de espacios reconocidos legalmente por los Estados, y cuya realidad se ha construido en función del intercambio y el contacto permanente con los pueblos de Estados vecinos que comparten no solo un origen histórico común sino que, en la mayoría de las veces, fueron separados por fronteras impuestas al margen de su presencia. La escasa articulación de estos pueblos con el mercado y en general con la dinámica nacional ha posibilitado el mantenimiento de formas de vida orientadas de manera sustantiva a actividades de supervivencia, lo que explica su presencia en entornos poco intervenidos y ricos en biodiversidad. Por estas mismas razones, otras porciones de las regiones fronterizas han sido declaradas áreas naturales protegidas, sujetas a diversas modalidades de conservación y de protección.

El impulso de modelos concebidos al margen de estas poblaciones está forzando el despojo de su organicidad y formas de cohesión, y empujando a su desterritorialización, lo que podría constituir, sin exageración, la antesala de su extinción. Lamentablemente los desplazamientos de familias generados por la expansión de la frontera extractiva han sido sistemáticamente ignorados. Tales desplazamientos no son parte de las estadísticas oficiales ni representan un problema tipificado por las legislaciones nacionales, como lo ha demostrado la investigación de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH 2008) y el estudio de Roa Ovalle (2012) para las provincias ecuatorianas de Sucumbíos y Esmeraldas, respectivamente.

Al vaciar las fronteras de poblaciones, de historicidad y de procesos vivos de construcción de espacios compartidos más allá de las líneas limítrofes definidas por los Estados, se desaprovecharán las posibilidades de aprender procesos de convivencia transnacionales históricamente cimentados sobre la paz y la complementariedad social, cultural y productiva, para replicar un modelo de gestión de las fronteras concebido por sectores ligados con intereses militares, armamentistas e industriales encaminados a amurallar las fronteras nacionales. La colonialidad del poder se acentúa, así, en los márgenes del Estado y vuelve a marcar su arrogancia desconociendo que el germen de alternativas frente a problemas mundiales complejos probablemente pueda surgir y recrearse desde y con lo local.

Bajo estas coordenadas, no resulta sorprendente que, a lo largo de toda América Latina, diversos procesos liderados por pueblos indios reivindiquen autonomía geográfica, interpelen las fronteras actualmente existentes o reclamen la construcción de otras territorialidades (Escobar 2011 y 2014; García y Walsh 2010; García 2012; Cairo y Lois 2014). Solo en el caso de la frontera entre Ecuador y Colombia, los pueblos negros del Pacífico, así como los pueblos Pasto, Awá y A’i Kofán, exigen un reconocimiento como sociedades transfronterizas, el ejercicio de su autonomía y la defensa de sus territorios. Estas reivindicaciones coinciden con el recrudecimiento de la violencia y de la presión extractiva en Colombia, así como de la expansión de la frontera extractiva en Ecuador mediante de la instalación de palma africana, el ingreso de la minería y el incremento de la tasa de destrucción de bosques, procesos que afectan su vida y amenazan con fragmentar sus territorios. El llamamiento a la identidad deviene, sin dejar de considerar que existe una historia y memorias compartidas, en un

deseo de protección frente a las amenazas de desaparición –el instinto de sobrevivencia y de preservación–. Se trata, entonces, de imaginar y propiciar otro lugar donde poder aislarse para estar protegido. Estar protegido requiere una redistribución de lo sensible y de los afectos, de la percepción y de la palabra (Mbembe 2016, 78).

Son luchas no solo de resistencia, sino de reexistencia en los términos concebidos por Porto-Gonçalves: “Resistencia […] significa reaccionar a una acción anterior y de este modo, es siempre una acción refleja, […] reexistencia, es decir, una forma de existir, una determinada matriz de racionalidad que actúa en las circunstancias, inclusive que reacciona, a partir de un locus, un lugar propio, tanto geográfico como epistémico” (2006, 165, traducción propia). La reexistencia apela a la voluntad de vivir.

 

Reflexión final

Este artículo ha buscado demostrar que la incorporación de aquellos segmentos de las regiones fronterizas hasta ahora olvidados para priorizar la puesta en marcha de modelos extractivos conlleva a redituar los rasgos de la matriz colonial con repercusiones en diversos ámbitos. En lo social y cultural se aprecia un aumento de la conflictividad social y deterioro de la calidad de vida de las poblaciones asentadas históricamente en dichas áreas, con impactos especialmente severos sobre los pueblos indios cuya continuidad cultural podría estar seriamente amenazada. En lo político, una creciente militarización de las fronteras, con consecuencias sobre la criminalización de las actividades cotidianas de la población y el incremento de los niveles de control de individuos y cuerpos, el aumento de restricciones sobre la movilidad humana y la imposición de un modelo de desarrollo promovido a espaldas de sus habitantes. En lo económico, la formación de enclaves de extracción de recursos, cuyos beneficios no se quedan en el área ni generan posibilidades de trabajo para la población local y que implican la desterritorialización de comunidades y pueblos históricamente asentados en aquellas regiones fronterizas. En lo ambiental, una creciente cosificación de la naturaleza, entendida únicamente como un recurso productivo más, desprendido de toda valoración simbólica y vital que contiene el territorio desde el punto de vista de pueblos indios y comunidades campesinas.

El examen de los territorios fronterizos desde la ecología política pone en evidencia que el entorno socioterritorial está sometido a dos procesos de fronterización. Por un lado, la ampliación de la frontera extractiva, en los términos acuñados por Moore (2003), y la consiguiente “carga ambiental desproporcionada” que se vierte sobre poblaciones carentes de poder y cuyas formas de vida se consideran arcaicas o son tratadas con desprecio por parte del discurso dominante, y por otro lado, las presiones y tensiones de políticas centradas en las nociones de seguridad y militarización aplicadas sobre los espacios fronterizos. Un doble proceso de fronterización que genera como consecuencia la vigencia de un estado de permanente vulneración de los derechos y que amenaza con fracturar profundamente la continuidad cultural de los pueblos históricamente asentados en dichas áreas.

Seguramente son las fronteras una de las nociones que con mayor nitidez confronta el andamiaje sobre el que se ha levantado la trinidad Estado-nación-territorio y son también las fronteras las que plantean el desafío para pensar conceptos más abarcadores que el de ciudadanía así como la urgencia para repensar nuevas organizaciones socioterritoriales.