Introducción
En los últimos años, la noción de precariedad ha cobrado relevancia en las ciencias sociales para caracterizar las condiciones de vida de poblaciones crecientes en el capitalismo contemporáneo tanto en el norte como en el sur global. Esta literatura ha contribuido a desarrollar un abordaje alternativo –aunque sin impugnar– a aquel que ha primado en la sociología del trabajo, donde esta categoría ha sido utilizada para referir las formas de contratación y las condiciones de empleo. A diferencia, estos estudios han propuesto un abordaje de la precariedad en sentido amplio que incorpora las condiciones y los regímenes de trabajo (las formas de empleo flexibles pero también otras tradicionalmente definidas como “informales”) en su articulación con las condiciones de vida como totalidad (Neilson y Rossiter 2008; Barchiesi 2012; Millar 2014; Das y Randeria 2015; Ferguson 2015). En particular, estudios antropológicos recientes han mostrado cómo la experiencia de la precariedad constituye la base para el desarrollo de estrategias individuales y colectivas de “ganarse la vida” desde las que las personas buscan mejorar su bienestar –material y emocional– y el de las generaciones futuras que incluyen modalidades de aprovisionamiento o cuidado comúnmente consideradas “no económicas” e involucran sistemas colectivos para sostener la vida (Narotzky y Besnier 2014). De manera complementaria, otros estudios han enfatizando el modo en que la experiencia de la precariedad entendida en estos términos se expresa en lenguajes y proyectos de organización política (Das y Randeria 2015; Ferguson 2015).
Señalando los límites de una mirada etnocéntrica y ahistórica, diversos autores han destacado que, lejos de constituir una excepción, la experiencia de la precariedad ha sido más bien la norma en el desarrollo del capitalismo que ha caracterizado las condiciones de vida de la amplia mayoría de las poblaciones en el denominado sur global (Munck 2013; Ferguson 2015). En particular, se ha señalado para conjuntos amplios de las poblaciones definidos como “pobres” o “sectores populares” lo que, lejos de constituir una discontinuidad con un pasado estable y protegido, ha sido una condición estructural que modela formas de vida, incluyendo las expectativas y visiones o proyectos de futuro (de L’Estoile 2014). En consecuencia, se ha afirmado la necesidad de situar histórica y socialmente el análisis sobre la forma en que la experiencia de la precariedad modela el desarrollo de estrategias individuales y colectivas atendiendo a los afectos, los deseos y las formas de sociabilidad (Millar 2014). En esta clave, algunos autores han enfatizando la necesidad de inscribir y entender las formas que adopta la precariedad como expresión de la mutualidad de las relaciones de clase en el capitalismo actual, parte de las lógicas de acumulación por desposesión (en los términos propuestos por David Harvey 2004) en función de trascender miradas dicotómicas entre “sur/norte global”, “formal/informal”, pero también (y diría sobre todo) “pobres/obreros” o “lumpenproletaria/proletaria” (Carbonella y Kasmir 2015).
El siguiente artículo busca contribuir a este debate poniendo en discusión una serie de reflexiones que surgen de una investigación etnográfica en curso con cooperativas de vendedores ambulantes que integran la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), una organización gremial formada recientemente en Argentina con el objetivo de representar a los trabajadores de la “economía popular”.1 La CTEP se formó en 2011 a partir de la confluencia de un heterogéneo conjunto de organizaciones sociales y políticas, algunas de las cuales tienen una prolongada trayectoria que se remonta al menos a la década de 1990, momento de apogeo de las políticas llamadas “neoliberales” en este país.2 Como lo desarrollé en otra publicación (Fernández Álvarez 2018), el proceso de formación de esta organización debe entenderse a la luz de las transformaciones sociales, económicas y políticas producidas en Argentina en las últimas décadas y su impacto en la recomposición de la clase trabajadora. En efecto, entre 2003 y 2015, la implementación de una serie de políticas de promoción del mercado interno, reactivación industrial y redistribución del ingreso produjo una importante recuperación de los indicadores sociales y laborales fuertemente deteriorados desde la década de 1970.3 Esta recuperación estuvo acompañada de una reactivación de la negociación colectiva y la acción sindical (Palomino 2011; Senén González 2011; Basualdo 2012; Abal Medina 2016) que sin embargo encontró límites en los efectos del desmantelamiento de la organización social producido desde la dictadura, la creciente precarización laboral y la extranjerización de la economía (Basualdo 2012; Abal Medina 2016). Ahora bien, un porcentaje significativo de la clase trabajadora, lejos de ser reabsorbido como parte del mercado de trabajo por medio de un empleo asalariado, pasó a engrosar las filas del denominado sector “informal” de la economía, se insertó en circuitos de tercerización accediendo a empleos precarios o bien pasó a integrar cooperativas de trabajo impulsadas desde el Estado. Estas últimas tuvieron un desarrollo significativo como política de generación de empleo e “inclusión social” definidas en oposición a los programas “asistencialistas” y “focalizados” de las décadas previas (Hintze 2007; Grassi 2012).
Teniendo en cuenta este contexto, el trabajo de campo que desde 2015 he realizado junto con los colectivos de trabajadores que integran la CTEP me ha permitido observar el modo en que la experiencia de precariedad dio lugar a un proceso de construcción colectiva que vincula un pasado vivo anclado en la experiencia subjetiva con un futuro que proyecta esta experiencia en términos políticos bajo la forma de organización gremial. Sostengo que este proceso de construcción colectiva pone en tensión fronteras clásicas entre trabajo formal/informal, asalariado/no salarial, movimiento obrero/movimientos sociales, en la medida en que el trabajo asalariado opera como un horizonte desde el cual se proyectan subjetividades menos como materia a transformar (dejar de ser trabajadores de la economía popular para devenir trabajadores asalariados) y más como fundamento para la producción de derechos colectivos. Para desarrollar mi argumento, en primer término, reconstruyo la conceptualización que la CTEP elabora de la economía popular como categoría reivindicativa. Señalo que la potencialidad de esta conceptualización radica en la posibilidad de unificar en tanto clase trabajadora un conjunto heterogéneo de sujetos en pos de un proceso de demanda por derechos colectivos de los que han sido históricamente despojados.
En un segundo momento analizo cómo en el caso de los trabajadores de los espacios públicos con los que he desarrollado mi investigación este proceso de construcción de demandas por derechos da lugar a la elaboración de una teoría del espacio público como producción de renta. Me interesa mostrar cómo esta conceptualización está mediada por la forma en que el Estado define la actividad que realizan los vendedores como una actividad ilegal, frente a la cual enfatizan el sentido de su actividad como un servicio público destacando el proceso de producción de valor que su actividad genera. Finalmente, analizo el modo en que esta conceptualización de la economía popular como categoría reivindicativa implica procesar colectivamente trayectorias de vida heterogéneas en las que conviven diferentes temporalidades de precariedad: a la vez como experiencia reciente y como una experiencia que se prolonga por generaciones. Para ello, me detengo específicamente en el caso de la Cooperativa Vendedores Unidos del Tren San Martín, analizando los vínculos entre corporalidad, parentesco y materialidad en la experiencia de la precariedad como condición de vida. Mi reflexión busca contribuir a las discusiones sobre esta categoría atendiendo tanto a la necesidad de situar su análisis en términos históricos y sociales como a la centralidad que en esta experiencia cobran los deseos, afectos, valores y emociones. Sostengo que prestar atención al desarrollo de procesos creativos de organización sindical desafiando un destino de fragmentación contribuye a comprender los matices que la experiencia de la precariedad cobra en contextos específicos a la luz de procesos históricos más amplios.
La economía popular como categoría reivindicativa
La CTEP se define como una herramienta gremial, entendiendo por trabajadores de la “economía popular” a quienes habiendo quedado fuera del mercado de empleo “se inventaron el trabajo para sobrevivir”. De manera sintética, para esta organización la economía popular constituye “un sector de la clase trabajadora sin derechos laborales ni patrón” que, lejos de definir “otra economía”, constituye “una expresión de una economía global de mercado con la que tiene múltiples puntos de conexión” (Pérsico y Grabois 2014). Este posicionamiento debe ser entendido en relación con la centralidad que cobró el enfoque de la economía social y solidaria en Argentina en el contexto de la puesta en marcha de una serie de políticas de promoción de trabajo asociativo impulsadas desde el Estado entre 2003 y 2015 a las que hice referencia previamente. A diferencia de este enfoque cuyo énfasis está puesto en el carácter alternativo respecto de la economía de mercado,4 desde la perspectiva de la CTEP la “economía popular” es conceptualizada como una expresión de la forma en que “el proletariado se multiplica” para garantizar el proceso de reproducción de acumulación del capital “haciendo, deshaciendo y rehaciendo a la clase trabajadora” (Carbonella y Kasmir 2015). En este sentido, esta conceptualización de la economía popular toma distancia de la forma en que esta idea fue definida en las décadas previas en América Latina, cuyo peso estuvo puesto en las estrategias de supervivencia de los sectores populares para destacar en cambio el carácter productivo –aunque subordinado– de este sector de la economía (Chena 2017).5
A diferencia, “economía popular” es para la CTEP una categoría reivindicativa que busca unificar una población heterogénea que algunos autores denominan “vidas sin salario” (Denning 2010) compuesta por aquellos que habitualmente son definidos como “informales” “precarios” “externalizos” o “de subsistencia”. Desde esta perspectiva, coloca en primer plano dos atributos de esta población sobre la base de los cuales construye sus demandas y hace política: el reconocimiento de esta población como trabajadores; y la ausencia de garantías sobre el conjunto de derechos que caracterizan el empleo “formal” o “en relación de dependencia” tales como obra social, aportes previsionales, licencias, accidentes de trabajo, asignaciones familiares, etc. que en Argentina sentaron las bases de la “ciudadanía social” (James 1990). En consecuencia, el objetivo transversal de la CTEP consiste en equiparar los derechos de este sector de la población con los del resto de la clase trabajadora y su principal consigna se sintetiza en la fórmula “somos lo que falta”. En tal sentido, podemos decir que la CTEP creó una demanda por derechos en el sentido que da a esta idea la antropóloga brasileña Lygia Sigaud (2005), es decir, en tanto demanda que no preexistía como tal a la formación de esta organización.
En esta clave puede leerse el proceso de disputa por la Ley de emergencia social, alimentaria y de las organizaciones de la economía popular6 impulsada en 2016 por la CTEP junto con otras organizaciones de base. El proceso de demanda por la ley se anunció públicamente en agosto de ese año con la realización de una “caravana de la dignidad”, una masiva movilización que recorrió 13 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y convocó más de 100 mil personas. Entre sus propuestas, la Ley contempló la creación de un Salario Social Complementario, una “asignación estatal” para trabajadores “informales” o cuyos ingresos se encuentran por debajo del salario mínimo. Considerada como un “complemento” que se suma a los ingresos derivados de la realización de su actividad, esta transferencia directa de dinero se define como un “salario” enfatizando así la condición de trabajadores de quienes integran la economía popular. La aprobación de la Ley cobró trascendencia en tanto fue aprobada, a un año de la asunción a la Presidencia de Mauricio Macri, en el marco de la implementación de una drástica política de ajuste que incluyó aumentos tarifarios, el desmantelamiento de diversas áreas del Estado, despidos masivos y la reformulación o discontinuidad de programas sociales destinados a poblaciones vulnerables con el consecuente aumento del desempleo, el incremento de la desigualdad social y el deterioro de las condiciones de vida de la población que la CTEP representa.
Esta iniciativa, y en sentido más amplio el proceso de construcción de derechos para los trabajadores de la economía popular que lleva adelante la CTEP, puede ser analizada en tanto disputa por la “participación legítima” de estas poblaciones a la distribución de la riqueza valiéndonos de la reflexión propuesta por James Ferguson (2015) para el caso de Sudáfrica. Siguiendo al autor, el proceso de demanda que lleva adelante la CTEP se sostiene en el reconocimiento de que estas poblaciones –los negros y pobres sudafricanos en el caso del sur de África, la economía popular en el caso de Argentina– son dueños legítimos de una vasta riqueza nacional producida colectivamente de la que han sido privados mediante procesos históricos de despojo.
En el caso de la CTEP, esta disputa por las formas de redistribución de la riqueza se sostiene en una idea de participación cuyo principio de legitimidad se funda en el hecho de que quienes forman parte de la economía popular son aquellas personas que se vieron obligadas a “inventarse un trabajo para sobrevivir” como consecuencia de un proceso creciente de desposesión que las ha dejado fuera del empleo asalariado como posibilidad. En este sentido, se trata de un proceso de construcción de derechos que incluye pero sobrepasa y tensiona la idea de exclusión, al señalar que esta población ha sido sistemáticamente expropiación de bienes, recursos y derechos. Tomando prestado el análisis de Alexandre Roig (2017) sobre la noción de deuda para comprender las dinámicas de la economía popular, podemos considerar que más que excluidos, los trabajadores de la economía popular resultan acreedores en una situación de deuda histórica. Como veremos a continuación, en el marco de mi investigación con vendedores ambulantes el espacio público es el recurso sobre el que gira la desposesión histórica y actualmente energiza el proceso de construcción de demandas y organización colectiva.
El espacio público como producción de renta
Teniendo en cuenta la conceptualización de la economía popular elaborada por la CTEP, resulta evidente que esta categoría engloba una diversidad amplia de actividades socioeconómicas y formatos organizativos. Incluye cooperativas formadas a partir de programas estatales y otras que se derivan de procesos inicialmente autogestionarios, como por ejemplo la recuperación de empresas por parte de sus trabajadores; la organización de recuperadores de residuos urbanos y trabajadores textiles subcontratados. Incorpora también a feriantes, cuida-choches y aquellos que se definen como “buscas” una categoría de autoadscripción para hablar de sí mismos que utilizan frecuentemente los vendedores ambulantes para señalar la capacidad de arreglárselas para “ganarse la vida”. Es teniendo en cuenta esta amplia diversidad que, en tanto sindicato e inscribiéndose como parte de la tradición gremial en Argentina en la que busca reconocerse y ser reconocida, la CTEP se organiza por ramas de actividad con el propósito de unificar problemáticas, objetivos e intereses comunes a cada sector ocupacional.
Así, al momento en que inicié mi trabajo de campo me vinculé con la rama de trabajadores de los espacios públicos que reunía cooperativas de vendedores ambulantes en la vía publica o medios de transporte, feriantes y cuida-coches. El proceso de construcción de demandas colectivas que llevan adelante estos trabajadores pone en primer plano el derecho a la utilización del espacio público como un espacio de trabajo y (re)producción de la vida. Esta perspectiva se opone a los principios que regulan su uso en los términos que los define el Estado, según el cual estas actividades son calificadas como “ilegales”. Esta cuestión resulta especialmente relevante en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde asistimos a un proceso acelerado de transformación de los centros urbanos que afecta principalmente a los vendedores ambulantes. Este proceso se sostiene en una política de ordenamiento del espacio público que se sintetiza en una idea de “limpieza” (Pacceca et al. 2017) y ha incluido en los últimos años estrategias de represión directa sobre la venta ambulante en combinación con iniciativas de privatización del espacio público como por ejemplo la instalación de “decks gastronómicos y de esparcimiento”.7 Esta politica de “limpieza” se inscribe en un escenario más amplio de transformación de los centros urbanos que la literatura denominó “gentrificación” e implica un proceso de segregación urbana y privatización del espacio público que tiene su correlato en otras grandes metrópolis no solo de America Latina sino de otras regiones del mundo.
Para ilustrar esta política, vale la pena detenernos rápidamente en los acontecimientos de enero de 2017 en el barrio de Once en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un barrio muy popular ubicado en las proximidades de la estación del tren metropolitano que circula hacia la zona oeste y constituía uno de los centros comerciales más numerosos de la ciudad donde se concentraba la mayor cantidad de vendedores ambulantes establecidos en puestos fijos.8 A comienzos de 2017, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un operativo represivo siguiendo metodología que puede definirse como de “tierra arrasada”. Durante la noche, centenares de policías acompañaron a los funcionarios del Ministerio del Ambiente y Espacio Público que tenían a cargo la tarea de destruir los puestos instalados sobre las veredas por los vendedores. En la madrugada siguiente, las calles amanecieron ocupadas por las fuerzas del orden que impedían a los vendedores reinstalarse en las calles a vender. Hubo también secuestro de mercaderías y algunas detenciones.
Estas prácticas crecientes de expulsión y represión directa conviven con una gestión de “ilegalismos tolerados” –tal como lo ha definido la antropóloga María Pita (2012)– que da lugar a una administración discrecional por parte de agentes del Estado e incluye “arreglos” con las fuerzas de seguridad o intermediarios mediante el pago de montos fijos.9 Es de hecho en oposición a esta gestión de ilegalismos y en sentido más amplio a la política de ordenamiento del espacio público que se conformaron las cooperativas de la CTEP con las que he desarrollado mi investigación. En efecto, los primeros momentos de mi trabajo de campo coincidieron con la agudización de estas políticas de ordenamiento del espacio público. En este contexto, la idea de conflicto resultaba una categoría central en la dinámica organizativa de la rama que cobraba centralidad frente a otras, un lenguaje que organizaba este espacio utilizado tanto para hacer referencia a un evento específico y localizado en distintos barrios de Buenos Aires (el conflicto de Flores, el conflicto de Caballito, el conflicto de Once) como, en sentido más amplio, para hacer referencia a la dinámica de relaciones entre los trabajadores y las fuerzas del orden “en la calle”.
Así por ejemplo, en mi primera visita a la CTEP conocí a Héctor, un “busca de toda la vida” que desde los 14 años de edad vendía en “los bondis” (colectivos), la calle y los estadios, quien prácticamente sin conocerme comenzó a hablarme de los problemas con “la cana” (la Policía) que “los perseguía como delincuentes y no los reconocía como trabajadores”. Acto seguido me relató detenidamente el “conflicto” que tenía lugar en aquel momento en la localidad de San Justo (partido de La Matanza) donde se quería desalojar a unas “100 familias que se estaban por quedar en la calle” –una expresión que en ese contexto paradójicamente quería decir “sin la calle” para trabajar– frente a lo cual habían conformado una cooperativa, que se definió más tarde en la reunión de la que ambos participamos como “una herramienta gremial para dar la pelea y adquirir derechos”. Me explicó finalmente que el “conflicto” se había desencadenado a raíz de la resistencia a “seguir pagando para trabajar”. Como pude constatarlo rápidamente, muchas veces la organización comienza a partir de ese acto de resistencia.
Esta idea de conflicto cobra pleno sentido al tomar en cuenta que, para los trabajadores y militantes que integran la CTEP, el espacio público se define como un recurso en disputa. De manera sintética, el espacio público “de las ciudades” constituye “el último eslabón en la cadena productiva, un recurso con valor económico como el agua o la tierra”.10 Resultan significativas en este punto las apelaciones que tanto en documentos como en intervenciones públicas se hace a la idea de “derecho a la ciudad” como eje que articula y sostiene este proceso de demanda, fuertemente influenciada por las reflexiones desarrolladas por David Harvey (2012), cuya circulación en espacios de militancia y activismo de sectores populares ha tenido gran influencia en las últimas décadas en América Latina.11
La noción de espacio público como espacio de disputa y producción de valor cobra pleno sentido en su asociación con la forma en que las trabajadoras y trabajadores definen su actividad como un “servicio público”. En términos directos, en tanto la actividad que realizan consiste en “la venta de productos populares a precios populares”, garantizando así el acceso al consumo masivo de bienes a los que esta población no tendría acceso por otros medios. Pero en un sentido más amplio, se trata de un servicio público en tanto asegura prácticas y formas de cuidado a vecinos, pasajeros, peatones o “el barrio”. Por ejemplo, volviendo seguras zonas de la ciudad que de otro modo estarían dominadas por “la delincuencia”; proveyendo a los pasajeros del tren una bebida o alimento cuando regresan a sus casas luego de una jornada de trabajo; manteniendo en el circuito comercial productos cuya fecha de vencimiento es demasiado próxima para que pueda ser vendida en los comercios minimizando así la cantidad de alimentos que finalizan en los rellenos sanitarios; o generando un mercado para productos locales que no tienen posibilidad de ser vendidos en los circuitos de comercialización masiva.
Así, el trabajo político que llevan adelante las y los militantes de la CTEP puede ser pensando como una lucha por el reconocimiento a la participación legítima sobre “lo común” (la calle, la plaza, entre otros) y la labor que realizan los vendedores y vendedoras ambulantes como una práctica que hace efectiva la participación legítima a la distribución de ese común. Desde un punto de vista analítico, podemos decir que en su vida cotidiana las trabajadoras y trabajadores comparten (en sentido de participar a una parte) la riqueza colectiva que se genera en la ciudad. Al mismo tiempo, en su militancia cotidiana, la CTEP produce y disputa colectivamente el derecho legítimo a esa participación. Retomando la reflexión propuesta por Ferguson (2015), se trata de afirmar el derecho legítimo al acceso y la distribución de los comunes de los que se es parte.
Podemos decir entonces que, en su lucha cotidiana por el reconocimiento de su actividad como un trabajo y con ella el derecho al uso del espacio público como ámbito de reproducción de la vida, trabajadores, trabajadoras y militantes de la CTEP desarrollan al mismo tiempo una novedosa conceptualización sobre el espacio público como recurso y producción de renta. Esta conceptualización conlleva una teoría sobre la producción de valor que pone en cuestión una antigua discusión sobre aquello que llamamos “(in)formal” o “(i)legal” y sostiene el trabajo político que la CTEP –o más precisamente sus militantes y dirigentes– llevan adelante. Subraya la legitimidad que tienen “los trabajadores de la economía popular” a participar de la renta que la ciudad produce; a apropiarse colectivamente de una pequeña parte de esa renta. En síntesis, la teoría del valor que los militantes de la CTEP proponen permite mostrar en qué medida la idea de ordenamiento del espacio público que promueve el Estado oculta las relaciones sociales que producen ese espacio, incluyendo las relaciones de producción. Pone en evidencia un proceso de reificación del espacio público que busca reducirlo a una dimensión puramente “física”, como un espacio que se presenta “neutro”, que prioriza su función logística (un lugar para los peatones y el esparcimiento) invisibilizando y dejando fuera las relaciones sociales que lo producen. Se trata pues de una teoría que se puede calificar como de “(des)festichización del espacio público” que, al restituir su dimensión relacional, ilumina las relaciones de apropiación-expropiación, de producción de desigualdades y asimetrías que la idea de ordenamiento del espacio público oculta.
La experiencia de la precariedad como base para la producción de subjetividades políticas
La conceptualización de economía popular como categoría política reivindicativa implica procesar colectivamente trayectorias de vida heterogéneas en las que conviven diferentes temporalidades de precariedad: a la vez como experiencia reciente y como experiencia que se prolonga en el tiempo mediante generaciones. Para ilustrar esta cuestión, me detengo en el caso de la Cooperativa de Vendedores Unidos del Tren San Martín. Aún cuando la cooperativa se conformó recientemente,12 vendedoras y vendedores del tren han mantenido desde hace décadas un conjunto de reglas, “códigos de vida” para usar sus términos, que organizan tanto el espacio como los ritmos, dinámicas y relaciones entre ellos que preexisten a este proceso de formalización. Estos “códigos de vida” definen un lenguaje social asumido y compartido colectivamente en el que cobran centralidad las relaciones de parentesco. Son estos vínculos los que organizan desde la posibilidad de trabajar hasta la forma de utilizar el espacio y desarrollar la actividad (los productos vendidos o los trayectos realizados), así como la circulación de saberes respecto de la venta en sí misma (aprender a qué hora es mejor salir a vender, dónde comprar y guardar la mercadería, la forma de vincularse con los guardas y fuerzas de seguridad, entre otros). Así, para “entrar” a trabajar en el tren hay que ser hijo o hija de un vendedor o vendedora. La venta en el tren es de hecho una actividad que “se hereda” –incluyendo el producto que puede ser comercializado– a tal punto que un vendedor o vendedora suele transmitir la tranquilidad que siente de saber que sus hijos e hijas tienen asegurado al menos esta posibilidad para “ganarse la vida”. En mi trabajo de campo, ha sido frecuente que en el encuentro con un vendedor a quien no conocía, éste me fuera presentado como “el hijo de”, “el hermano de” o “el nieto de”, e incluso que en una reunión me fuera señalada esta cadena de filiaciones indicándome las generaciones allí presentes.
Esta centralidad de las relaciones de parentesco incluye también la forma en que la idea de familia es movilizada para hablar de los vínculos que se tejen entre las personas vendedores en el tren. “Nosotros somos una familia”, suelen enfatizar al hablar de sí mismos. Y esta afirmación tiene la intensión de remarcar las relaciones de parentesco a las que hice referencia previamente y, a la vez, “los códigos de vida” que fueron creando para hacer frente las situaciones de violencia sistemática con las fuerzas de seguridad (decomisos, persecuciones, detenciones), desarrollando prácticas de cuidado colectivas que incluyeron la conformación de la organización en sí misma. Tener una bandera propia, portar una remera o un carné de identificación con el logotipo de la cooperativa y la CTEP constituyen prácticas de cuidado que los protege frente a situaciones potenciales de violencia. Al mismo tiempo, configuran un clivaje desde el cual demandar ser reconocidos por la empresa ferroviaria como trabajadores que desarrollan un servicio y producen formas de bienestar como el acceso a una obra social mediante la Mutual Senderos13 o el reparto de cajas navideñas para los integrantes de la Cooperativa.
Resulta pues evidente que la noción de familia abarca y sobrepasa vínculos “biológicos” para incluir relaciones de amistad y convivencia forjadas en el tren que cobran inteligibilidad a la luz de la idea de mutualidad en los términos propuestos por M. Sahlins (2011), tal como ha sido analizado por Sian Lazar (2017) para el caso de los sindicatos estatales en Argentina. Más aún, “los fierros” –para usar los términos que mis interlocutores prefieren a la hora de hablar del tren– pueden ser pensados valiéndonos de las reflexiones de Janet Cartsen (2014), como materia o substancia del parentesco. En tanto espacio (relacional) que forja y redefine vínculos de parentesco y al hacerlo permite imaginarse más allá del presente en la medida en que el parentesco provee un reino imaginativo para pensar no solo quiénes somos sino quiénes podemos ser a futuro (Cartsen 2014, 113).
Cabe señalar que el universo del tren –a diferencia por ejemplo del de la venta en la calle– es sumamente masculino, aun cuando la principal referente de la cooperativa es una mujer. Silvia Palmieri tiene actualmente 38 años de edad y comenzó a trabajar como vendedora a los siete años. Desde hace más de 10 años milita en el Movimiento Evita, una de las organizaciones sociales impulsoras y más numerosas de la CTEP, cuando esa organización se definía como un movimiento “de desocupados”. La trayectoria de vida de Silvia, cuyo ingreso al tren como vendedora data de muy temprana edad, lejos de ser una excepción es una característica recurrente en gran parte de las vendedoras y vendedores más “viejos”. Vale mencionar que la distinción entre vendedores “jóvenes” o “nuevos” versus “viejos” define una clasificación sumamente significativa dentro de este universo social –tal como ha sido también señalado en otros estudios (Perelman 2017)–. Ahora bien, “viejos” y “jóvenes” o “nuevos” no responde necesariamente a una diferencia de edad –aunque no la excluye– sino principalmente a una distinción entre aquellos que sufrieron detenciones, tuvieron que pasar por la cárcel o enfrentar a la Policía y las fuerzas de seguridad, respecto de quienes nunca tuvieron que pasar por esa experiencia. Así, con sus 38 años, Silvia es parte de “los viejos” al igual que su marido y su hermana, todas personas que como ella experimentaron períodos de detención y tuvieron que resistir a las fuerzas de seguridad para permanecer en el tren. Esta diferenciación resulta sumamente compleja de procesar colectivamente y da por tierra con una idea de familia como sinónimo de relaciones armónicas, tal como a priori podría ser pensado. En efecto, la importancia de que los “los jóvenes” o “nuevos” “respetan los códigos” resulta una preocupación permanente en la medida en que en el respeto de estos códigos (que incluyen cuestiones como las formas de comportamiento en el tren y el modo en que debe cuidarse a los pasajeros) resultan pilares en los que se sostiene la idea de servicio y el proceso de demanda por el reconocimiento como trabajadores.
En particular, en los intercambios que mantuve durante mi trabajo de campo con vendedoras y vendedores más “viejos” o “de toda la vida” ha sido frecuente el modo en que reconstruyen su vida a partir de experiencias de vida marcadas por una infancia de privaciones materiales que los obligó a salir a trabajar desde edades muy tempranas. Sin embargo, lejos de narraciones caracterizadas por un relato patético o miserable, estas referencias combinan momentos de sufrimiento y carencia con un relato en el que el tren es descrito como un espacio lúdico y sobre todo de gran libertad. Particularmente impactante en este sentido fue para mí la forma en que describieron accidentes en el tren que dejaron marcas corporales o dieron muerte a un compañero. Narraciones incluidas como parte de un relato en el exponían la manera en que, cuando chicos, se divertían saltando de un tren a otro, hacían apuestas respecto de la capacidad para subir al tren cuando ya estaba en movimiento o jugaban a ver quién lograba subir más tarde cuando ya había arrancado. Son en efecto estas narraciones las que me invitan a pensar en el tren, o más bien “los fierros”, como materia de relaciones que definen vínculos de parentesco en los términos a los que hacía referencia antes. “Los fierros” como materia que se proyecta en los cuerpos mutilados definiendo un vínculo de continuidad corporizado en la producción de relaciones familiares que tienen presencia en las muertes de los que ya no están pero también renueva prácticas de cuidado y organización colectiva. Un vínculo que, bajo formas más “adultas” pero no menos lúdicas, he sido testigo al acompañarlos en su recorrido: saltando el andén mientras el tren está pasando, cruzando las vías a pesar de que el tren esté llegando o esperando el último momento para subirse cuando está por arrancar.
Esta experiencia de la precariedad que se prolonga por medio de generaciones forjadas en los fierros “que se lleva en las venas”, como una tarde lo transmitió la hija mayor de Silvia que hoy trabaja vendiendo golosinas en el tren en referencia a su madre, incluye también una historia personal y colectiva de disputa de larga data por seguir siendo “buscas”. En efecto, esta reconstrucción de trayectorias marcadas por condiciones de vida precaria también incluye referencias recurrentes a situaciones de violencia sistemática a las que cuando chicos o muy jóvenes tuvieron que hacer frente para poder trabajar. En estos casos, suele enfatizarse situaciones de persecución y detenciones durante la década de 1980 cuando las fuerzas de seguridad “armaban” causas que los mantenían privados de la libertad durante varios días que se repetían de manera sistemática y periódica –y llegaban a extenderse en ocasiones por semanas e incluso meses–. Estos relatos incluyen referencias a compañeros desaparecidos durante la dictadura militar en el caso de los trabajadores de mayor edad que hoy tienen entre 60 y 70 años de edad. La década de 1990 y el proceso de privatización de los ferrocarriles es un período que suele relatarse como un momento particularmente difícil. Muchos incluso señalan que fue durante la privatización el momento en que se hizo más difícil resistir para “no desaparecer del tren”. En estos casos, la persecución a “los buscas” no pasaba por el armado de causas sino por el hostigamiento del personal incorporado por las nuevas empresas ferroviarias y los intentos por parte de la compañía de armar cooperativas de vendedores que en efecto eran formas de contratación “tercerizada” que se los buscaba sumar como empleados de manera encubierta.
Se trata, en síntesis, de experiencias de vida precarizadas en las que es posible reconstruir una profundidad temporal que se remonta al menos a dos o tres generaciones atrás. En términos analíticos, se puede hablar de una producción de subjetividades forjadas en esa historia que es la propia y la de sus padres, abuelos, entre otros, en la que “los fierros” y lo que ese espacio como substancia (a la vez material y relacional) los produce como personas, menos como individuos y más como “parte de”. En este sentido, la posibilidad de mantenerse como vendedores, de seguir siendo, constituye el punto de partida de este proceso de organización en un contexto donde esta actividad ha devenido objeto creciente de formas represivas. Esto implica un proceso de lucha por el derecho al trabajo que trae consigo una disputa por el uso del espacio público sobre la base del que las y los militantes de la CTEP han elaborado una teoría del mismo como producción de renta. Sobre esta base, llevan adelante un proceso de construcción colectiva que integra formas de vida de larga data sin negarlas al tiempo que proyecta hacia futuro formas de bienestar y derechos históricamente negados.
Reflexiones abiertas
A diferencia de la amplia mayoría de las trayectorias de quienes forman parte de la Cooperativa Vendedores Unidos del Tren San Martín marcadas por una experiencia de la precariedad que se prolonga por generaciones, un componente significativo entre quienes integran la CTEP está representado por trayectorias donde la precariedad es una experiencia reciente en el tiempo. Esta experiencia incorporada en la vida de mujeres como Gabriela Olguín, presidenta de la Cooperativa El Adoquín y referente de los trabajadores del espacio público, quien en sus intervenciones públicas o en reuniones con otros trabajadores suele enfatizar que, como una gran parte de quienes integran la CTEP, ella forma parte de una generación que, a diferencia de sus padres o abuelos, no conoció el trabajo asalariado; que “quedaron afuera del sistema generacionalmente”. Se trata en este caso de experiencias de vida precarizadas que contrastan con un pasado de garantías y derechos asegurados por el trabajo formal al que accedieron sus padres o abuelos. Fuera del sistema quiere decir para ella –como se ocupa de aclararlo sistemáticamente– desplazados del mercado de trabajo formal pero insertos en dinámicas de explotación de mayor vulnerabilidad y falta de derechos.
Tomando en cuenta las palabras de Gabriela, se puede decir que la CTEP cobra forma, hace política y crea espacios de disputa desde y para la “economía popular” en esta dinámica que cuestiona la idea de exclusión para poner en el centro la experiencia de la precariedad en el sentido amplio del término (como condición de trabajo y vida). Esta experiencia vincula un pasado vivo con un futuro que la proyecta en términos políticos bajo la forma de organización gremial. Se trata de un proceso de construcción colectiva en el cual el trabajo asalariado opera como un horizonte desde el cual se proyectan subjetividades políticas menos como materia a transformar (dejar de ser trabajadores de la economía popular para devenir trabajadores asalariados) y más como fundamento para la producción y lucha de derechos colectivos. Esto requiere, tal como lo ha señalado Verónica Gago y Sandro Mezzadra (2015), ampliar la idea de explotación para hacer lugar a las formas en que ésta se expresa en modalidades de reproducción de la vida que incorporan la forma en que el trabajo se multiplica bajo modalidades definidas como “informales” o “ilegales”. Esta perspectiva implica considerar otras formas de explotación que se ejercen en paralelo a los procesos de acumulación por disposición y afectan a una población que se encuentra desplazada del trabajo industrial asalariado de manera creciente. Esto supone señalar el modo en que el capitalismo avanza de manera progresiva por medio de dinámicas de desposesión que sobrepasan la esfera de la producción. En particular, siguiendo a los autores, el proceso creciente de financiarización de la economía implica una penetración intensiva de las finanzas en la vida social o en las formas de consumo y empleo. Siguiendo esta propuesta, podemos decir que, al afirmar que los trabajadores de la economía popular son aquellos que el capitalismo deja afuera para reintegrarlos en mayores condiciones de vulnerabilidad y falta de derechos, la conceptualización elaborada por la CTEP sobre economía popular enfatiza que el trabajo cotidiano de este sector de la clase trabajadora contribuye a incrementar las formas de acumulación del capital bajo modalidades de trabajo sin patrón. De este modo, hace visible el proceso de apropiación/expropiación, de explotación y extracción del capital que nociones como trabajo informal, exclusión o desocupación invisibilizan.
En esta clave, la CTEP pone en curso un proceso de experimentación política que, haciendo suyo un principio de multiplicidad de la clase trabajadora, en el sentido señalado por Carbonella y Kasmir (2015), se afirma en el carácter necesariamente heterogéneo de la economía popular asumiendo el desafío de hacer con la diversidad que la compone afirmando como tal la urgencia de una representación gremial.
Notas
1 Este trabajo de investigación se desarrolla en el marco del proyecto “Prácticas políticas colectivas, modos de gobierno y vida cotidiana: etnografía de la producción de bienes, servicios y cuidados en sectores subalternos” (PICT-2015-0659), bajo mi dirección. Este proyecto busca contribuir al estudio de las formas en que los denominados “sectores populares” desarrollan prácticas creativas para atender a la producción y reproducción de la vida desde experiencias variadas de precariedad, analizando el modo a partir del cual se producen derechos colectivos, se crean formas de “hacer juntos(as)” y se define lo común.
2 Entre las organizaciones que participaron del acto por su fundación a mediados del año 2011 y siguen formando parte de la CTEP se encontraban el Movimiento Evita y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Posteriormente se sumaron otras organizaciones como el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Dignidad, el Frente Popular Darío Santillán, la Organización Social los Pibes y Política, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y más recientemente Seamos Libres, Patria Grande o La Garganta Poderosa, entre otras.
3 La dictadura militar (1973-1983) produjo una drástica modificación de la estructura social argentina cuya explicación no puede ser leída únicamente en términos económicos en sentido estricto, sino que es preciso ponderar los efectos de poder sobre las clases trabajadoras (Villarreal 1985; Basualdo 2001; Schorr 2004). Esta modificación implicó un proceso de desindustrialización de la economía que redundó en una transferencia de recursos al sector financiero con el consecuente deterioro del nivel de ingreso y las condiciones de vida de la clase obrera. El proceso de privatización desarrollado en la década de 1990 profundizó esta tendencia cuyas consecuencias más dramáticas fueron el deterioro de las condiciones de vida y empleo de los sectores subalternos, una significativa profundización de las desigualdades sociales y el incremento de los niveles de pobreza (Basualdo 2001; Azpiazu 2003, Azpiazu et al. 2000; Schorr 2004).
4 La noción de economía social y solidaria dio lugar a diferentes perspectivas entre las que es posible distinguir el europeo y latinoamericano. Para una reconstrucción de estos enfoques, ver Forni y Dzembroski 2010; Coraggio et al. 2009.
5 La noción de economía popular cobró fuerza durante la década de 1980 en América Latina en el marco de las críticas a la idea de informalidad para enfatizar los límites de una definición cuyo énfasis estaba puesto en las formas jurídicas o burocráticas (Cortado 2014).
6 Ley 27 345 que fue publicada en el boletín oficial el 23 de diciembre de 2016. Ver: https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/11514825/null
7 Los “decks gastronómicos” tiene el objetivo explícito de “impulsar a los comerciantes” y cuentan con una inversión de 12 millones de pesos a cargo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ver: http://bapc.buenosaires.gob.ar/2016/06/24/decks-gastronomicos/
8 Según datos de la Cámara Argentina de la Empresa, había un total de 2 mil puestos fijos. Ver: http://www.ele-ve.com.ar/Segun-la-CAME-la-venta-ilegal-en-Once-movilizo-3-700-millones-en-2016.html
9 Es necesario tener en cuenta que, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el año 2011 la venta ambulante estaba permitida “para la mera subsistencia”. En ese año, la legislatura porteña introdujo modificaciones al código de contravenciones que regula el uso del espacio público en la localidad por el que se prohibió la actividad salvo en el caso de la venta de artesanías. Estas modificaciones tuvieron lugar en el marco una serie de conflictos en otra zona comercial de la ciudad, la calle Florida, donde inicialmente desarrollaban su actividad gran parte de los vendedores y vendedoras que se ubicaron posteriormente en Once y fue la punta de lanza de la política de ordenamiento a la que me refiero (Pita 2012).
10 Documento elaborado para el Primer Encuentro Nacional de la Rama de Trabajadores de los Espacios Públicos, en octubre de 2015.
11 Al respecto, hay que tomar en cuenta la vinculación que las y los militantes de la CTEP han establecido con dirigentes, técnicos y académicos en espacios de activismo transnacional en los que se busca deslocalizar estos procesos mostrando su inserción en dinámicas de transformación del capitalismo a escala global.
12 La Cooperativa de Vendedores Unidos del Tren San Martín se conformó formalmente en agosto de 2014 y en septiembre de 2017 el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) le otorgó la personería jurídica como tal.
13 La Mutual Senderos es una de las principales apuestas en el proceso de construcción política de la CTEP, en tanto sindicado en su lucha por equiparar derechos de los trabajadores de la economía popular con aquellos que se encuentran bajo relación de dependencia ha sido la formación de una obra social propia. Actualmente cuenta con 42 063 afiliados y centros de atención propios en todo el país que ofrecen una prestación integral de salud y convenios con otros centros de mayor complejidad.