Introducción
El modelo de acumulación adoptado en la región centroamericana previo a la crisis del petróleo y de la deuda externa se sustentaba en dos pilares clave: la diversificación productiva y la industrialización sustitutiva de importaciones (Mas 2005, 106). Ello implicaba, por un lado, la consolidación de una base industrial como premisa del nuevo modelo y, por otro, la integración de la región mediante el Mercado Común Centroamericano (MCCA).1 En el caso hondureño, la cristalización de la industrialización promovida por el Estado se expresó en la Ley de Fomento Industrial2 y el Plan Nacional de Desarrollo3 que enfatizaron el fortalecimiento del mercado interno y las pretensiones de modernización y diversificación económica.
Por ello, la política económica formulada durante el período 1957-1963 permitió la consolidación del sector industrial como mecanismo de reconversión productiva de la matriz económica. Como ejemplo, en 1968, de las 58 empresas más grandes que existían, ocho habían sido fundadas antes de 1940, 15 se crearon entre 1940 y 1959, y las restantes 35 aparecieron después de 1960 (Frassinetti, en Barahona 2005, 194).
Sin embargo, durante la segunda mitad de la década de 1970, la crisis de la deuda externa y del petróleo expresó el agotamiento del patrón acumulativo del modelo industrializador. Hubo dos detonantes de la crisis en la región Centroamericana: i) la ausencia de un crecimiento industrial equilibrado entre los miembros del MCCA y ii) la meta inconclusa de generar un crecimiento uniforme de las exportaciones extrarregionales (Thomas 1989, 256-257).
Ante este contexto, se suscitó el viraje hacia una nueva lógica de acumulación marcando el inicio de la reacción teórico-política más feroz contra la intervención del Estado y sus funciones. Es decir, se presentó el surgimiento del neoliberalismo como alternativa de desarrollo económico, social, político e ideológico que dotó de contenido la reestructuración capitalista mundial (Anderson 2003; Therborn 2003).
La reestructuración económica del capital impuesta por los Programas de Ajuste Estructural (PAE) supuso la emergencia de un sector de transables y su configuración como nuevo eje de acumulación inserto en la dinámica de la globalización de la economía mundial (Pérez Sáinz 1996, 161). La política económica del ajuste enfatizó nuevas estrategias de producción y acumulación que afectaron la dinámica del mercado laboral desarticulando, por medio de la nueva normativa jurídica, la relación capital-trabajo e inclinando la balanza en favor del capital, lo cual generó tres problemas: i) una mayor flexibilización laboral, ii) una mayor desregulación laboral y iii) el debilitamiento del actor sindical.
Por lo tanto, el interés de la presente discusión es analizar el proceso de precariedad laboral sufrido por la clase asalariada hondureña durante el modelo de acumulación neoliberal, vislumbrando los grados de intensidad del fenómeno y los factores que la determinan.
Breve contexto del mercado laboral hondureño
Honduras tiene una población de 8 859 980. Entre los que 6 936 385 conforman la Población en Edad de Trabajar (PET), 47,14% son hombres y 52,86% son mujeres. En 2017, la tasa de participación en el mercado de trabajo fue del 59%. Del total de hombres que conforman la Población Económicamente Activa (PEA), el 76% está en el mercado laboral formal, mientras que, del total de mujeres, solo el 43,8% pertenece al mismo (INE 2017).
En adición, para 2017 la tasa de desempleo fue del 6,7% de la fuerza de trabajo, mientras que el número de asalariados con subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo fue de 451 545 en otras palabras, ocupados que trabajan menos de 36 horas a la semana y desean trabajar más, y los asalariados con subocupación por insuficiencia de ingreso fueron 1 688 225, es decir, personas que trabajan más de 36 horas y recibieron ingresos inferiores a un salario mínimo (INE 2017).
En este sentido, la problemática central del mercado de trabajo no reside en la falta de empleo, sino en la falta de condiciones laborales justas y dignas que operen como un piso social mínimo para la fuerza de trabajo. Esto ubica rasgos estructurales del mercado de trabajo y su vinculación con la profundización de la pobreza y la persistencia del empleo precario como derivación del ajuste estructural que marca el inicio del modelo de acumulación vigente.
La preocupación por la temática de la precariedad laboral, como consecuencia y característica del modelo económico de Honduras, ha gozado de mayor interés con el correr de los años. En vista de ello, previo a la discusión del aparato analítico, se sintetizan algunos estudios del mercado laboral hondureño realizados recientemente.
En primer lugar, se identifica una primera lectura del nuevo modelo económico de Honduras, que analiza la precariedad laboral como consecuencia de la industria maquiladora textil concentrada en el Valle de Sula. Dentro de esta visión, Minero Rodas (2011) y Niell (2016) señalan que el impacto más profundo del ajuste estructural fue la formación de una clase asalariada industrial, femenina, rural, joven y sobreexplotada. Mediante la encuesta y la revisión documental, se evidenció que el 99% de las mujeres obreras de la industria textil labora entre nueve y 12 horas diarias, y tampoco devenga el salario mínimo estipulado en la normativa laboral de Honduras.
Por otro lado, (Koldegaard 2016) enfatiza la baja cobertura en la protección social, la insuficiencia de los planes de pensión, la debilidad financiera y la corrupción como mecanismos explicativos de la precariedad laboral en Honduras, a lo cual debe sumarse la creciente aplicación de contratos temporales, empleos de medio tiempo y el despido de trabajadores de instituciones públicas.
Ahora, una perspectiva analítica con mayores puntos de contacto con esta discusión la brinda Llopis Hernández (2016) al estudiar la precariedad laboral en la juventud de Honduras y analizar el impacto diferencial que tiene según el sexo y la edad. Para ello, construyó un índice de precariedad a partir de las Encuestas Permanentes de Hogares y Propósitos Múltiples de Honduras (EPHPM). El estudio muestra que los hombres jóvenes presentan mayores niveles de precariedad laboral respecto a las mujeres jóvenes.
Precariedad laboral: síntoma estructural del actual modelo de acumulación
La precariedad laboral como problemática central y estructurante del mercado de trabajo constituye una manifestación de la crisis del empleo formal en América Latina (Mora Salas y Pérez Sáinz 2009; Pérez Sáinz 2014).
La precariedad laboral representa uno de los rasgos estructurales del modelo de acumulación configurado a partir de la aplicación de las políticas de ajuste estructural, cuyas consecuencias se materializan en el deterioro de las condiciones de existencia de la fuerza de trabajo asalariada y su persistente desprotección laboral.
La precariedad laboral como característica del actual modelo de acumulación guarda estrecha relación con procesos que devienen de la redefinición de la formación económico-social impuesta por las políticas del Consenso de Washington y cristalizadas en los PAE. Estos son: la sostenida política de flexibilización laboral y desregulación del mercado de trabajo; los cambios en los mecanismos de regulación laboral; la pérdida de estabilidad en el empleo y la vulnerabilidad social (De la Garza Toledo 2000; Mora Salas 2005).
A raíz de la reestructuración capitalista concretada en el ajuste del mercado de trabajo, se agudizó el debilitamiento de los derechos laborales de la fuerza de trabajo, erosionando la capacidad del Estado como interventor en la negociación laboral, precipitando la subordinación y adecuación de los trabajadores a las necesidades de reproducción del capital (Gómez Tagle 2015; Román-Sánchez y Sollova-Manenova 2015).
Asimismo la precariedad laboral enfatiza la degradación de las condiciones laborales y la intensificación de la explotación intrínseca a la relación capital-trabajo (Beroud y Bouffartigue 2013; Fernández Massi 2014). En ese sentido, la desigual configuración de la relación capital-trabajo se dimensiona en el marco de la restructuración capitalista que trajo consigo la ampliación de los márgenes de apropiación del excedente económico por parte de propietarios, en detrimento del debilitamiento sindical y la pérdida de los derechos laborales de la clase asalariada.
Esta perspectiva de la precariedad laboral circunscrita a la explotación debe complementarse con la degradación de las condiciones y el deterioro de los derechos laborales de la clase asalariada. Esto presupone la incorporación de tres dimensiones: a) económica, b) normativa y c) seguridad laboral. La económica implica la disponibilidad de empleos e ingresos adecuados; la normativa se refiere a la promoción de los derechos del trabajador; y la seguridad laboral remite a la necesidad de garantizar la protección social de la fuerza de trabajo (De Oliveira 2006; Román-Sánchez 2013).
De igual forma, la precariedad de las relaciones laborales contribuye al incremento de la inseguridad laboral, a la falta de protección social y a la reducción de los salarios al exponer a amplios sectores de trabajadores a una situación de exclusión laboral, socavando los mecanismos de integración social y debilitando el proceso de construcción de ciudadanía social y laboral en particular (Castel et al., en De Oliveira 2006). Esta última entendida como la desprotección laboral derivada del incumplimiento de los cuatro estatutos mínimos: salario mínimo, cotización al seguro social, jornada de trabajo y estabilidad en el empleo. En otras palabras, la ciudadanía laboral es el cinturón que permite la atención de las necesidades de reproducción social de la fuerza laboral.
Adicionalmente se sostiene que, frente a la intensidad de la precariedad de las relaciones laborales acaecidas en el ámbito del empleo asalariado, resulta inapropiado postular la existencia uniforme y constante del fenómeno entre ramas de actividad económica, sexos, ocupaciones, categorías ocupacionales, grupos etarios y zonas geográficas. De lo anterior se desprende la implicación de entender la precariedad laboral como continuum, puesto que está presente en mayor o menor medida en la fuerza de trabajo asalariada, a la vez que el deterioro de las condiciones laborales se manifiesta mediante diferentes grados, llegando incluso a afectar a trabajadores aparentemente asegurados (De Oliveira 2006; Román-Sánchez y Sollova-Manenova 2015).
El diferencial efecto de la precariedad laboral sobre diferentes espacios socioproductivos y económicos denota el carácter estructural y no transitorio de la precariedad laboral como eje problemático y central del mercado de trabajo y como derivación histórica del desarrollo capitalista en Honduras, posterior a la aplicación de los PAE.
En consecuencia, frente al diferencial efecto de la precariedad de las relaciones laborales, se vuelve preciso argumentar, según expresan Román-Sánchez y Sollova-Manenova (2015, 113), que:
mayores niveles de empleo precario determinan la existencia de peores condiciones laborales; es decir, menor ingreso por salario, jornadas de trabajo más amplias, sin afiliación sindical ni seguridad social. Paralelamente, la relación menor empleo precario conlleva mejores condiciones laborales, y con ello un salario más elevado, jornadas laborales de ocho horas diarias, afiliación sindical, prestaciones y seguridad social.
Metodología
Tomando como fuentes de información secundaria las bases de microdatos de las EPHPM del Instituto Nacional de Estadística (INE 2006, 2010 y 2013), se construyó un índice de precariedad laboral para tres momentos específicos: 2006, 2010 y 2013. El índice es de carácter simple e intenta captar cuatro estatutos laborales como aproximación a la precariedad laboral. Cada estatuto laboral tiene el valor de 1 y el índice alcanza un valor máximo de 4. Posteriormente se multiplicó el índice por 2,5 con el objetivo de que asumiera valores entre 0 y 10.
Cálculo matemático
[(jornada laboral + salario mínimo + estabilidad + cotización al seguro social) * (2,5)] = 10
De esta forma, la intensidad de la precariedad laboral se operacionalizó de la siguiente forma:
• Asalariados sin precariedad laboral (0 – 2,5)
• Asalariados con precariedad baja (2,6 – 5)
• Asalariados con precariedad media (5,1 – 7,5)
• Asalariados con precariedad alta (7,6 – 10)
Cuadro 1. Honduras: dimensiones y variables del índice de precariedad laboral
*Si trabaja en el sector público y su jornada laboral excede las 40 horas semanales, se le asigna 1. Caso contrario, se le asigna 0. Si trabaja en
la industria, banca y comercio y su jornada excede las 44 horas se le asigna 1. Caso contrario, se le asigna 0. También se asignó el valor de 0
a los directivos, gerentes y administradores de empresas públicas y privadas
Fuente: Mora Salas y Pérez Sáinz 2009, 145.
Se realizaron tres regresiones logísticas binarias con la finalidad de conocer los determinantes de la precariedad laboral alta en los años correspondientes.
Para realizar los modelos de regresión logística binaria se debió seguir el siguiente procedimiento: a) dicotomizar los atributos de las variables dependientes como independientes; b) realizar la prueba estadística de asociación mediante el test de Chi cuadrado4 para determinar la asociación entre las variables de estudio y de contraste; c) estimar los coeficientes Phi5 y V de Cramer6 y conocer la intensidad y la dirección de la asociación entre las variables de estudio y las de contraste; d) estimar la regresión logística binaria incluyendo las variables independientes que mostraron cierto grado de asociación con la variable dependiente; e) realizar la prueba de hipótesis para evaluar el p-valor de las variables en la regresión logística binaria y contrastarlo con el nivel de significancia o error y determinar cuáles son las variables que explican la variable dependiente; e) construir una tabla de regresión logística para mostrar los valores estimados de los coeficientes del modelo (betas), junto con sus p-valores asociados y realizar así la prueba de hipótesis estadística (nula). Para ello, se utiliza el p-valor asociado a cada variable y el nivel de error de 0,05, es decir, si la significancia asintótica de las variables es menor que el nivel de error de 0,05, se rechaza la hipótesis nula de que los coeficientes son nulos y, por lo tanto, se aprueba la hipótesis alternativa sobre la validez y significancia estadística de los coeficientes estimados de la regresión.
Resulta necesario aclarar que las fuentes de información (encuestas de hogares), no han sido diseñadas para captar la precarización laboral y eso impone límites a la discusión. Sin embargo, tienen algunas bondades para el debate: a) su generación periódica, b) su metodología que posibilita la comparabilidad estadística entre las bases, c) la muestra que resulta representativa para todos departamentos y para cada dominio de inferencia, y d) las estimaciones obtenidas tienen un nivel de confianza conocido en cuatro dominios de inferencia: Distrito Central (Tegucigalpa), San Pedro Sula, Resto Urbano y Resto Rural.
Otro elemento a tener presente es la insuficiencia del salario mínimo como prerrogativa para mejorar las condiciones de vida de la clase asalariada en Honduras. Es decir, existen limitaciones para conocer con certeza la devaluación que ha sufrido el salario mínimo y, en este sentido, sería pertinente ajustar la técnica y la mirada sobre la precariedad laboral para precisar la correspondencia entre el monto del salario mínimo y el costo de vida, un desafío que escapa a la aproximación realizada en esta discusión.
Con una medida más aproximada del salario mínimo como piso de mercado, sería posible establecer un umbral más atinado y contrarrestar la posible subestimación de la precariedad laboral por medio del estatuto salarial.
Niveles de precariedad laboral y determinantes de la precariedad laboral alta
Una muestra de la relación desigual entre capital y trabajo luego de la reestructuración capitalista de la década de 1990 es el sostenido proceso de precarización laboral en Honduras durante el modelo de acumulación neoliberal. Como se ha manifestado, la precariedad se presenta en diversos niveles, por ello, al situar el análisis de precariedad laboral en los niveles más distantes, en los asalariados sin precariedad y con precariedad alta, se observan ciertos cambios en el comportamiento del fenómeno.
Dichos cambios no denotan mejoras en favor de la clase trabajadora, por el contrario, evidencian una persistencia de la precariedad laboral en el mercado de trabajo y la configuración de una estructura de clases en donde los propietarios del capital redefinen las formas de organización y contratación de la fuerza de trabajo asalariada con la finalidad de ampliar los márgenes y acumular el excedente económico.
La estructura económica, visualizada mediante la composición sectorial del empleo, muestra algunas tendencias y cambios: durante el período 1990-2013, el modelo de acumulación ha tendido hacia la tercerización, hecho que se constata en las trayectorias de la población ocupada en los grandes sectores de la economía.
En 1990, la participación de la población ocupada en los sectores de la economía fue: el sector agrícola aglutinó el 42% de la población ocupada; el sector industrial concentró el 19,7%; y el sector servicios, el 38,2%. Siguiendo la misma lógica, en 2013 la participación laboral mostró que el sector agrícola disminuyó al 36,1%; el sector industrial pasó a concentrar únicamente un 12,7% de los ocupados; y el sector servicios, 51,2% (CEPAL 2017a).
Tabla 1.Honduras: estructura económica durante 1980-20137 (precios constantes)
* Tomado a precios constantes con año base 1978.
**Tomado a precios constantes con año base 2000.
Fuente: CEPAL 2017b.
Durante el período 1980-2013, el proceso de tercerización se visualizó a partir del peso relativo de las diferentes ramas de actividad económica que evidenció una pérdida relativa aproximada del 50% de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en su aporte a la estructura económica, mientras que la rama de la intermediación financiera incrementó en 100% y la rama de la industria manufacturera mostró un leve crecimiento.
Por otro lado, según el índice construido, 2010 constituye un punto de quiebre en términos de intensidad del fenómeno de la precariedad laboral, puesto que la fuerza de trabajo asalariada y sin precariedad laboral para 2006 representaba apenas el 7,4% de los asalariados. Este contingente está compuesto por asalariados sin problemas de empleo precario en ninguna de las tres dimensiones analizadas de la precariedad laboral; económica (disponibilidad de empleos e ingresos adecuados); normativa (derechos del trabajador); y la seguridad laboral (protección social de la fuerza de trabajo).
Al contrario de 2006, en 2010 se presentó la inclusión de asalariados al empleo no precario, incremento que fue del 9,3%, permitiendo así la ampliación del contingente de fuerza de trabajo sin precariedad laboral, el cual se ubicó en 16,7%. La tendencia a la inclusión laboral por medio del empleo no precario para 2010 conecta con la mejora de ciertos estatutos laborales para los asalariados, entre ellos, el incremento al salario mínimo contenido en la dimensión económica.
Tabla 2. Honduras: niveles de precariedad laboral por año, 2006, 2010 y 2013
Elaboración propia a partir de INE 2006, 2010 y 2013.
En vista de lo anterior, en enero de 2009, durante el Gobierno progresista de Zelaya Rosales, se decretó el incremento del 65% al salario mínimo, medida de política económica que resultó polémica por dos razones: primero, la magnitud del incremento salarial y, segundo, por el intento de contener el deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora asalariada, hecho que implicó desafiar el proyecto histórico y político de la burguesía nacional y foránea al reducir los márgenes de apropiación del excedente económico generado en el mercado laboral. Además esta medida implicó un leve fortalecimiento de la capacidad del Estado en materia de regulación laboral al tratar de “incidir” y “regular” la histórica y sostenida desigualdad entre el capital y el trabajo.
Sin embargo, la medida de política económica del incremento salarial evidencia el carácter transitorio en la mejora en las condiciones laborales de la fuerza de trabajo, así como el papel relativizador del Estado en las desigualdades laborales inherentes al desarrollo capitalista en Honduras, puesto que dicha medida devino en un cuestionamiento laxo y no profundo sobre la relación de explotación configurada en el mercado laboral.
Como ejemplo, se pueden precisar dos cuestiones: primero, la reforma laboral del aumento al salario mínimo logró incidir básicamente en la dimensión económica de los estatutos laborales de la masa asalariada, es decir, aquella que se refiere a los ingresos de la clase trabajadora, sin que la medida tuviese mayores implicaciones en el resto de estatutos laborales. Además, el fortalecimiento de la capacidad de incidencia del Estado se vio cuestionado debido a que resultó problemática la supervisión para que el incremento salarial se hiciera efectivo.
Segundo, la relativa mejora en las condiciones salariales manifestó sus alcances en el decrecimiento del contingente de fuerza laboral asalariada y asegurada, cuyo nivel de asalariados sin precariedad decreció en 5,4%, al pasar del 16,7% en 2010 al 11,3% en 2013. Mientras que el comportamiento de la precariedad laboral alta fue del 54,3% en 2006; 37,9% en 2010; y posteriormente se ubicó en 49,6% para 2013.
El contexto descrito es la crónica de un esfuerzo necesario, pero no suficiente, para superar la condición de precariedad laboral de la clase de asalariada contenida en la política social ampliada impulsada durante el Gobierno progresista de Zelaya. Por ello, la administración política 2006-2009 devino en insuficiente en la contención de la necesidad de reproducción del capital y la ambición de las élites político-económicas por mantener el control del Estado.
En consecuencia, la implementación de esta medida de política del incremento salarial reactivó la ofensiva de las élites político-económicas en su lucha por sostener el bipartidismo como modelo de gobernabilidad, mediante mecanismos antidemocráticos como el Golpe de Estado de 2009. Mediante esta maniobra política, se garantizó la hegemonía del bipartidismo y las élites, utilizando también las ideas justificadoras de las diferencias sociales y de la concentración de la riqueza y del poder, sustentadas en el neoliberalismo y el neoconservadurismo (Barahona 2010).
Diferencias de género de la precariedad laboral
Al trasladar el análisis de la precariedad laboral y utilizar como eje analítico el sexo, se incursiona en la fuerza de trabajo asalariada haciendo referencia a los contingentes tanto de hombres como de mujeres insertos en el mercado de trabajo por medio de la lógica de salarización. A continuación, se ha realizado una tabla de contingencia para conocer los porcentajes de hombres y mujeres insertos por este mecanismo, y así identificar la incidencia de la problemática por sexo y según cada momento crítico.
Según la tabla 3, los porcentajes de precariedad laboral alta, es decir, aquella que corresponde al incumplimiento total de los estatutos laborales, incide en mayor medida en los hombres que en las mujeres, tendencia que persiste en 2006, 2010 y 2013. Por el contrario, del contingente de fuerza de trabajo asalariado y sin precariedad laboral, las mujeres parecen ser quienes ocupan en mayor medida los empleos no precarios, comportamiento que prevalece durante el período analizado.
Tabla 3. Honduras: niveles de precariedad laboral por sexo y año, 2006, 2010 y 2013
Elaboración propia a partir de INE 2006, 2010 y 2013.
En vista de ello, para 2010 no se registran cambios significativos en los contingentes de hombres y mujeres con precariedad laboral alta, puesto que el porcentaje de hombres con precariedad alta pasó del 75,2% en 2006 al 77,7% en 2010, ubicándose en 74,0% para 2013. En el caso de las mujeres, el porcentaje con precariedad alta para 2006 fue del 24,8%, luego mostró un 22,3% en 2010 y finalmente se situó en 26% para 2013.
Los datos expuestos brindan una explicación general para comprender de manera más atinada el comportamiento de la precariedad laboral por sexo. Para ello, se sostiene que la precariedad laboral afecta en mayor medida a los hombres por dos razones, las cuales, están estrechamente vinculadas con la estructura económica. La primera tiene que ver con la fuerte concentración de fuerza de trabajo masculina en ramas de actividad económica donde prevalece el incumplimiento de una mayor cantidad de estatutos laborales en comparación con otras ramas de actividad económica, es decir, existen espacios socioproductivos menos regulados en función de la normativa laboral. Esto genera que el índice de precariedad evidencie una mayor profundización de la problemática en los hombres respecto a las mujeres. Entre estas ramas están la agrícola, la explotación de minas y canteras, y la construcción.
Como evidencia, según INE 2006, la distribución de la fuerza de trabajo según sexo en la agricultura fue 82,7% masculina y 17,3% femenina; en la rama de explotación de minas y canteras, la distribución fue 94,5% masculina y 5,5% femenina; y en la rama de la construcción, la concentración fue 97,9% masculina y 2,1% femenina.
Por otro lado, la concentración de la fuerza de trabajo femenina se ubica en la rama de los servicios comunales, sociales y personales, que no escapa de la dinámica de la precariedad laboral, pero su profundización es relativamente menor.
Las ramas donde la concentración de fuerza laboral femenina supera a la masculina son la de servicios comunales, sociales y personales, donde la distribución de la mano de obra fue 68,0% femenina y 32,0% masculina; la industria manufacturera presenta porcentajes de distribución de fuerza de trabajo muy parecidos: 50,6% compuesta por mujeres y 49,4% compuesta por hombres (INE 2006).
La situación expuesta no presenta matices significativos para 2010, ya que la distribución de la fuerza de trabajo asalariada por sexo y rama de actividad, según datos de las EPHPM, mostró el siguiente comportamiento: en la agricultura, el 85,8% de la masa asalariada fue masculina y el 14,2% femenina; en la rama de la explotación de minas y canteras, el 88,8% fue masculina y el 11,2% femenina; y en la construcción, el 97,7% fue masculina y el 2,3% femenina. Adicionalmente en la rama de los servicios comunales, sociales y personales, la distribución porcentual de la fuerza de trabajo evidenció una composición del 70% de mano de obra femenina y 30% masculina.
El mismo contexto reflejan las cifras del INE 2013, puesto que la distribución de la fuerza laboral en la agricultura en 2013 fue 86,8% masculina y 13,2% femenina; en la explotación de minas, el 82,5% masculina y 17,5% femenina; y en la construcción, 97,4% masculina y 2,6% femenina. A la vez que la industria manufacturera, comercio y servicios comunales, sociales y personales concentran la fuerza laboral femenina en 53%, 59% y 68,3% respectivamente.
La segunda implicación tiene relación con las ocupaciones que desarrollan tanto hombres como mujeres en el ámbito del mercado de trabajo.
Respecto a las ocupaciones desarrolladas por hombres y mujeres en el ámbito del mercado de trabajo, se puede argumentar que la fuerza laboral masculina se concentra en ocupaciones privilegiadas durante el modelo de acumulación previo y con dinámica productiva de carácter tradicional y agrícola. En cambio, las mujeres desarrollan ocupaciones distantes de los rasgos estructurales y persistentes del modelo de acumulación anterior, y parecen insertarse en ocupaciones vinculadas con las actividades productivas de los sectores secundario y terciario, y de acuerdo con la nueva tendencia del modelo actual.
Resulta idóneo precisar que la condición laboral abordaba hasta este punto no permite establecer aproximaciones sobre la condición de las mujeres en el ámbito de la reproducción ni tampoco explicaciones sobre la condición laboral de las mujeres en la economía informal. Por ello, el objetivo se situó en conjeturar sobre la dimensión asalariada del mercado laboral hondureño, donde convergen de manera más clara el Estado, los asalariados y los propietarios del capital.
Diferencias territoriales de la precariedad laboral
El proceso de precarización laboral manifiesta también diferencias a escala geográfica entre las zonas urbana y rural. La resultante de dicho proceso otorga una realidad matizada entre las zonas geográficas mediante diversos niveles y grados de intensidad sobre la configuración de nuevas dinámicas de la precariedad laboral.
La diferencia más notable en términos porcentuales se presenta en el nivel de los asalariados con empleo no precario, luego los diferenciales porcentuales entre los niveles de precariedad baja y media decrecen; este comportamiento persiste hasta alcanzar márgenes diferenciales relativamente menores, cuando las comparaciones se realizan a partir del nivel de precariedad alta.
Tabla 4.Honduras: niveles de precariedad laboral por zona geográfica y año
Elaboración propia a partir de INE 2006, 2010 y 2013.
En ese sentido, el nivel de los asalariados con empleo no precario tiene una fuerte concentración en la zona urbana, es decir, donde se concentran las ramas de actividad vinculadas con los sectores secundario y terciario de la economía prevalecen mejores condiciones laborales. Del total de asalariados con empleo no precario, el 84% se concentró en la zona urbana para 2006; el 83% en 2010; y el 84% en 2013.
Ahora, en el nivel de precariedad laboral alta se muestran diferencias porcentuales menores entre las zonas geográficas, sin embargo, la concentración de la condición de empleo precario alto es mayor en la zona rural que en la zona urbana, esto para todos los momentos analizados. La diferencia más significativa se presentó en 2010, cuando la precariedad laboral alta se concentró en un 71% en la zona rural, frente a un 29% de la zona urbana. Dicha diferencia logra relativizarse en 2013 pero sin alcanzar el 4% de diferencia porcentual existente entre ambas zonas para 2006.
En adición, los mapas de las imágenes 1, 2 y 3 evidencian de forma sintética la media de la precariedad laboral de los departamentos de Honduras, sin incluir los departamentos de Islas de la Bahía y Gracias a Dios, ya que las EPHPM no incluyen estos departamentos dentro de su marco muestral. Este promedio fue realizado a partir del índice de precariedad construido y explicitado en el apartado metodológico.
La imagen 1 brinda una visión aproximativa sobre el fenómeno de la precariedad alta y su concentración en la zona occidental del país para 2006. Esta región se caracteriza por ser rural, indígena y con una economía predominantemente agrícola, específicamente volcada hacia la producción del café y hortalizas en manos del pequeño campesinado agrícola.
Imagen 1.Honduras: niveles de precariedad laboral en 2006
Elaboración propia a partir de INE 2006.
Evidencia de ello son los datos del Banco Mundial (2015) que enfatizan la importancia del sector cafetalero en la generación de empleo, donde uno de cada 10 trabajadores a escala nacional está empleado en el sector cafetalero y, además, el 90% de la producción cafetalera del país se destina a la exportación.
Los cuatro departamentos con un promedio de precariedad alta (7,5 – 10, según los valores del índice) concentraron, según el Instituto Hondureño del Café (2007), el 31,1% de los productores dedicados al cultivo del café a escala nacional; Lempira tuvo el 11,5%; Copán el 9%; Ocotepeque el 6,25%; e Intibucá el 4,25%. También, en conjunto, estos cuatro departamentos cultivaron el 41,19% de la producción cafetalera nacional en 2006, distribuyéndose de la siguiente forma: Copán 15,44%, Lempira 11,79%, Ocotepeque 10,09% e Intibucá 4,85 %.
Este contexto permite cuestionar la dinámica cafetalera, especialmente aquella que sitúa al rubro como la actividad socialmente democrática por la convergencia entre productores, soslayando una aproximación sobre las condiciones estructurales del desarrollo capitalista hondureño que ubique al rubro en su vinculación con el comercio internacional y, por lo tanto, como una actividad fundamentalmente capitalista y de extracción de plusvalía que necesita, como expresa Niell (2016), condiciones pauperizadas y subdesarrolladas para reproducirse sobre la base de exportaciones que generan condiciones precarias en términos laborales, pero requeridas para su funcionamiento.
Para determinar los factores explicativos de la precariedad laboral alta se utilizó tres modelos de regresión logística binaria para cada momento crítico. Para el caso, la variable dependiente fue únicamente el nivel más alto de la precariedad laboral.
Antes de presentar los resultados de los cálculos, es conveniente señalar que los tres modelos estimados resultaron altamente significativos (P = 0,00); de igual forma, el porcentaje de aciertos entre los valores observados y los esperados tanto para la categoría “precariedad alta” como “sin precariedad alta” fue del 82,6% para la estimación de 2006; 75,1% para la de 2010; y 75,1% para el modelo de 2013; y que el R cuadrado de Nagelkerke.8 fue para 2006, 2010 y 2013 de 0,83, 0,77 y 0,81 respectivamente.
En 2006, correspondiente a la coyuntura de la solidez económica y situado en la dimensión de la estructura económica y del mercado laboral, existieron dos ocupaciones que parecieron ser factores explicativos y cuya relación fue negativa respecto a la condición de precariedad laboral alta. Es decir, constituyeron ocupaciones donde la precariedad laboral alta parecía tener poca o ninguna incidencia. Estas ocupaciones fueron: empleados de oficina y operadores de carga y almacenaje, ambas mostraron coeficientes negativos (–0,28 y –0,09). Sin embargo, de estas dos ocupaciones, los asalariados que pertenecen a la categoría empleados de oficina tienen una mayor probabilidad de no poseer precariedad alta (Exp (B) = 1,32).9
Tabla 5.Regresión logística:10 determinantes
de la precariedad laboral alta)
Elaboración propia a partir de INE 2006, 2010 y 2013.
Nota: Los asteriscos indican que para ese año dicha variable no mostró un riesgo multivariado significativo. En otras palabras, la variable no
resultó ser un factor determinante de la precariedad laboral alta.
En la dimensión sociodemográfica, tener credenciales educativas como la primaria completa hasta el posgrado incompleto, así como trabajar en San Pedro Sula, Tegucigalpa o en las ciudades medianas, reduce la probabilidad de que se reproduzca la precariedad laboral alta en la clase asalariada. En otras palabras, los asalariados que no concluyeron el nivel educativo de primaria y también aquellos que finalizaron un posgrado presentan una mayor probabilidad de sufrir la precariedad laboral alta.
En la estructura económica y sectorial del empleo, existen ocupaciones que explican la reproducción de la precariedad laboral alta. Ubicadas desde la que muestra mayor riesgo a la que tiene menor incidencia, son: agricultores, trabajadores de la industria gráfica, comerciantes, trabajadores de la industria textil y directores y gerentes.
Por otro lado, entre los factores explicativos de la precariedad alta de la dimensión sociodemográfica se destacan de mayor a menor probabilidad: trabajar en las ciudades pequeñas, tener primaria incompleta y ser hombre.
En 2010, año posterior al Golpe de Estado y catalogado analíticamente como el cierre del progresismo y de la política social ampliada, es posible dibujar el perfil de los asalariados con precariedad laboral alta, destacando variables de la estructura económica y laboral y de la dimensión sociodemográfica que guardan una relación negativa y fuerte respecto al nivel más alto de la precariedad.
En la estructura económica y laboral, ubicadas de mayor a menor probabilidad están las siguientes variables: las ramas de explotación de minas e industria; en las ocupaciones están: los directores y gerentes, profesionales y técnicos, empleados de oficina, conductores, operadores de carga y almacenaje, trabajadores de la industria textil, albañilería y mecánica, y comerciantes.
Por otro lado, destacan variables sociodemográficas que guardan una relación negativa con el nivel de precariedad alta. Estas, ubicadas de mayor a menor riesgo multivariado son: grado universitario completo, grado universitario incompleto y ciclo común completo, trabajar en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en ciudades medianas y pequeñas.
En la dimensión de la estructura económica y del mercado laboral, entre las variables que reproducen la condición de precariedad laboral alta, ordenadas de mayor a menor riesgo multivariado: la rama de transporte, construcción, comercio, servicios comunales, electricidad y agricultura. Adicionalmente las ocupaciones laborales que reproducen la precariedad laboral, ordenadas de mayor a menor riesgo multivariado, son: los agricultores y los trabajadores de la industria textil, albañilería y mecánica.
Mientras que, dentro de las variables sociodemográficas que reproducen la condición de precariedad laboral alta, destacan, de mayor a menor riesgo multivariado: poseer primaria incompleta, primaria completa y ser hombre.
Ahora, según el mapa de la imagen 2, en 2010 se presentó una relativa mejora en la condición de precariedad laboral respecto a 2006. En otras palabras, en 2010 no se registraron departamentos con niveles de incidencia alta en términos
Imagen 2.Honduras: niveles de precariedad laboral en 2010
Elaboración propia a partir de las EPHPM 2010.
de precariedad laboral, más bien, pareció atenuarse un poco la condición en los departamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira e Intibucá, los cuales presentaban la existencia de precariedad laboral alta en 2006 y para 2010 pasaron de ser departamentos con precariedad laboral alta a engrosar la lista de los departamentos con precariedad media.
El promedio de precariedad laboral en departamentos como Francisco Morazán, Cortés y Valle, caracterizados por tener precariedad laboral media en 2006, mejoró, puesto que pasaron a ser departamentos con precariedad laboral baja.
Por otro lado, se evidencia la persistencia de departamentos donde el índice de la precariedad laboral arrojó una condición media de la problemática laboral (5,0 – 7,5); entre estos departamentos se encuentran: Santa Bárbara, Comayagua, La Paz, Choluteca, El Paraíso, Olancho, Colón y Atlántida.
El índice de precariedad laboral permite advertir la existencia de mejoras relativas en 2010 comparado a 2006; esto parecería conectar con apreciaciones vertidas anteriormente, en las cuales se señala el carácter relativizador del incremento salarial durante la administración de Zelaya que, circunscrito a la dimensión económica de la precariedad laboral, logró articular mecanismos de ciudadanía laboral.
Tercero, respecto a la coyuntura de la consolidación del modelo de acumulación neoliberal (2013), se procederá a aclarar los factores socioeconómicos, laborales y sociodemográficos que limitan la reproducción de la precariedad laboral alta.
Estos factores indican ramas de actividad económica, ocupaciones, ciudades y credenciales educativas que sostienen una relación negativa con el nivel de precariedad laboral alta durante la consolidación del modelo de acumulación neoliberal. Dentro de las ramas, ubicadas de mayor a menor riesgo multivariado: la industria, la explotación de minas, la electricidad, la financiera, la agricultura, el comercio y el transporte.
En adición, de los atributos sociodemográficos, se destacan: grado universitario completo, diversificado completo, grado universitario incompleto, ciclo común completo, trabajar en San Pedro Sula, en Tegucigalpa o en las ciudades medianas.
Imagen 3. Honduras niveles de precariedad laboral en 2013
Elaboración propia a partir de INE 2013.
Por otro lado, entre las variables de la estructura económica y laboral que devienen en factores explicativos de la precariedad alta y ubicadas de mayor a menor riesgo multivariado, están: las ramas de actividad económica de la construcción, servicios comunales, sociales y personales; también las ocupaciones de agricultor, trabajador de la industria gráfica, trabajador de la industria textil, albañilería y mecánica, comerciantes, operador de carga y almacenaje, conductores e incluso directores y gerentes. De estas variables, la ocupación de la agricultura y de la industria gráfica son las que presentan una mayor incidencia en la condición de precariedad laboral alta, puesto que poseen un riesgo multivariado de 12,70 y 10,71.
Ahora, de las variables de la dimensión sociodemográfica que permiten completar el perfil de los asalariados con precariedad laboral alta están: tener primaria incompleta, primeria completa, ciclo común incompleto y posgrado incompleto; laborar en ciudades pequeñas y ser hombre. De estas variables, la que posee un mayor riesgo multivariado es tener primaria incompleta, es decir, la probabilidad de ser un asalariado con precariedad alta es mayor en aquellos que no completaron su primaria.
Finalmente es importante destacar que el modelo de acumulación neoliberal trajo consigo consecuencias en el ámbito del mercado de trabajo como: a) mayor flexibilización laboral, b) desregulación del mercado de trabajo y c) profundización de la precariedad laboral.
La flexibilización se refleja en las nuevas formas de contratación y subordinación de la fuerza de trabajo a las exigencias del capital como la Ley de Empleo por Hora.11 La desregulación se evidencia en la pérdida de capacidad del Estado para asumir el papel mínimo de regulador y relativizador de la tensión en la relación capital trabajo. Mientras que la precariedad laboral ha mostrado ser una consecuencia y un rasgo característico del nuevo esquema de acumulación, al punto que su incidencia es heterogénea, puesto que afecta en grados de intensidad distintos tanto a hombres como a mujeres, a la vez que afecta diversas ramas de actividad económica así como ocupaciones. Esto último parecería indicar que la precariedad laboral brinda una imagen sobre la desigual relación entre el capital y el trabajo persistente en el modelo de acumulación vigente de Honduras.
Notas
1Según (Torres-Rivas 1980, 231) hubo tres intentos de restablecer la Unión Centroamérica durante un siglo (aproximadamente 1870- 1970). El fracaso de dichos intentos se podría sinterizar en dos: a) la búsqueda única y excesiva de la restitución por medio del plano jurídico político en la vieja Federación Centroamericana y b) el defectuoso funcionamiento de los sistemas económicos de los países centroamericanos.
2El objetivo principal de esta normativa consistió en fomentar la industria nacional estimulando el establecimiento de nuevas empresas y la modernización, perfeccionamiento y desarrollo de las empresas ya existentes, con el fin de satisfacer la demanda interna de diversas mercancías y aumentar el volumen de exportaciones. Esta Ley fue emitida el 6 de mayo de 1958 durante el Gobierno liberal de Ramón Villeda Morales.
3Se consolidó como la estrategia de desarrollo impulsada por el Gobierno militar reformista de Oswaldo López Arellano en 1972. Tenía como objetivos asegurar a la población ingresos adecuados para la satisfacción de necesidades vitales; disminuir en forma sostenida el desempleo y subempleo; mejorar la calidad de vida de la población del campo; lograr una distribución más equitativa del ingreso y de los medios de producción, y transformar la estructura productiva. Esto, en el marco de la modernización industrial priorizada por aquel momento histórico durante el modelo de acumulación de industrialización por sustitución de importaciones.
4 Es un test o prueba estadística que permite medir la asociación entre dos variables categóricas, ya sean dicotómicas o politómicas. Por medio de esta prueba, se puede determinar la asociación entre la variable de estudio, es decir, la precariedad laboral alta y las variables de contraste, referidas a los atributos sociodemográficos y de la estructura económica.
5El coeficiente de Phi permite conocer si existe una relación lineal entre dos variables nominales dicotómicas y resulta útil para determinar si la relación entre las variables es estadísticamente significativa.
6El coeficiente V de Cramer posibilita precisar la fuerza de asociación entre dos o más variables. Siendo 0 el valor nulo de asociación y 1 el valor máximo de asociación.
7Expresada en porcentajes.
8Es un estimador que indica la parte de la varianza de la variable dependiente explicada por el modelo. Entre más alto sea su valor, el modelo presenta un nivel de ajuste mayor según las variables seleccionadas, es decir, que las variables independientes explican la variable dependiente.
9Es el riesgo multivariado de que la ocupación tenga incidencia de la precariedad alta, es decir, que la ocupación se constituya como determinante de la precariedad alta. El riesgo multivariado también se denomina OR.
10Los resultados de los modelos de regresión logística estimados para cada año evidenciaron una significancia de 0,00 en todos los casos.
11Esta norma entró en vigencia el primer año de la administración de Juan Orlando Hernández en 2014. Fue impulsada en el marco del nuevo rediseño del Estado de Honduras de carácter corporativo extractivista, en donde se otorga mayor poder a los propietarios del capital, puesto que permite contratar mano de obra con jornadas de trabajo y salarios insuficientes para la subsistencia y reproducción social de la fuerza de trabajo.
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