La llegada de los gobiernos progresistas a varios países de América Latina desde finales del siglo XX ha traído de la mano cientos de estudios y análisis de corte económico, sociológico y político en forma de libros, artículos, conferencias, seminarios y congresos. No obstante, estos proyectos generalmente no han abordado esta temática desde una visión comparada entre países; y más aún, la cuestión rural y el agro no han constituido temas centrales de estudio y análisis. En este sentido, estamos ante una obra que justamente intenta solventar estos vacíos, proponiendo a sus lectores una perspectiva comparativa entre las distintas experiencias de los gobiernos progresistas en América Latina respecto a la cuestión agraria, tanto sus luces como sus sombras, pero sobre todo, sus claroscuros.

Así pues, en el artículo “Agronegocio, campesinos y gobiernos de izquierda en América Latina”, Leandro Vergara-Camus y Cristóbal Kay plantean la necesidad de realizar una evaluación –transcurridos varios años– sobre las políticas agrarias que los Estados de Venezuela (1998), Brasil (2003), Argentina (2003), Uruguay (2004), Bolivia (2005), Ecuador (2006), Nicaragua (2006), Paraguay (2008) y El Salvador (2009) han implementado, analizando de qué forma los movimientos sociales han respondido a las mismas. Los autores sugieren que, si bien la mayoría de partidos y coaliciones gubernamentales progresistas se habían comprometido a realizar una serie de reformas fundamentales en las políticas agrarias, la gran mayoría de ellos no ha contado con la capacidad o voluntad de modificar el modelo de desarrollo en el campo heredado del proceso globalización neoliberal (17).

En el artículo “El derecho de la mujer a la tierra, los movimientos sociales rurales y el Estado en las reformas agrarias latinoamericanas del siglo XXI”, Carmen Diana Deere aborda la separación entre los derechos legales de las mujeres a la tierra y su realidad en la práctica. Para ello, estudia las cuatro reformas agrarias impulsadas por los gobiernos progresistas en Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela. Concluyendo que, si bien todas ellas reforzaron los derechos formales de las mujeres sobre la tierra, solamente en los casos boliviano y brasileño -países en los que existen vigorosos movimientos de mujeres rurales a nivel nacional- se permitió una participación significativa y un número relativamente alto de beneficiarias. Por su parte, en el texto “Un golpe anunciado: Fernando Lugo y la promesa perdida de la reforma agraria en Paraguay”, Arturo Ezquerro-Cañete y Ramón Fogel sostienen que, pese a la promesa electoral del presidente Fernando Lugo de implementar reformas de calado, una vez en el Gobierno, éste carecía de la capacidad para dotar de recursos fiscales para la puesta en marcha de una reforma agraria. Desde su perspectiva, la burguesía terrateniente paraguaya ejerce un control oligárquico sobre el Estado, de tal forma que las posibilidades de una reforma -redistributiva- continúan siendo muy complicadas mientras no se produzcan cambios profundos, estructurales e institucionales en la sociedad y el Estado.

Thomas F. Purcell en su artículo “La economía política del capitalismo rentista y los límites de la transformación agraria en Venezuela” revela, desde la economía política del capitalismo rentista, cómo en este país sudamericano la subsunción del sector agrícola y el sistema de importación de alimentos a las lógicas de especulación y apropiación privada de bienes y recursos públicos se expresa por medio de la distorsión de los precios, la escasez de insumos y la reducción de la producción agropecuaria (148). El autor destaca, además, que mientras el Gobierno bolivariano sostiene que la hiperinflación, el desabastecimiento y el hambre son fruto de la “guerra económica” de las élites, la destrucción de las fuerzas de producción se agudiza y el capitalismo rentista venezolano se profundiza. Asimismo, en el quinto artículo de este libro titulado “La economía política del boom agro-exportador bajo los Kirchner: hegemonía y revolución pasiva en Argentina”, Pablo Lapegna señala que, entre 2003 y 2005, este país experimentó un proceso de revolución pasiva -desmovilización de los movimientos sociales y marginación de sectores más rupturistas y radicales- en el paso de una forma pluralista a una forma organicista de creación de hegemonía, que resultó del litigio entre el proyecto nacional-popular kirschnerista y las facciones dominantes del agronegocio. Mientras que, a la par, las bases estructurales agrarias argentinas se mantuvieron estables y los campesinos experimentaron las consecuencias de procesos de acumulación por desposesión. Esto significó la llegada de Mauricio Macri al Gobierno, una nueva fase en la que se abandona el proyecto neodesarrollista y nacional-popular de los Kirschner para retomar el viejo proyecto neoliberal en la política pública.

Por otra parte, el artículo “Evo Morales, el “transformismo” y la consolidación del capitalismo agrario en Bolivia”, de Jeffery R. Webber, defiende que la lucha de clases en el agro boliviano, bajo el Gobierno de Evo Morales, se puede dividir en dos etapas: una primera (2006-2009) de relativamente abierta lucha contra la élite agroindustrial de las tierras bajas -departamentos de la “media luna”- de la cual se esperaba una profunda transformación como posibilidad; y una segunda etapa en la que esta oportunidad se desvanece, produciéndose más bien a partir de 2010 la conformación de una nueva alianza agro-capital- Estado. Como resultado, se evidencia una consolidación de la burguesía agroindustrial -nacional y extranjera en el sector de la soyaincorporando de forma subordinada a campesinos ricos y explotando a asalariados con poca o ninguna tierra o excluyéndolos totalmente como parte del ejército industrial de reserva.

En el artículo “Neodesarrollismo y una “vía campesina” para el desarrollo rural: proyectos divergentes en la revolución ciudadana ecuatoriana”, Patrick Clarck demuestra que los objetivos fundamentales de la política agraria durante la revolución ciudadana han sido la mejora de la productividad por medio de tecnologías agrícolas convencionales, el fomento del sector agroindustrial nacional -apoyo a los llamados negocios inclusivos, por ejemplo- para incentivar la sustitución de importaciones e incrementar la exportación de ciertos productos, como el cacao, para ingresar una cantidad mayor de dólares en la economía ecuatoriana.

Seguidamente, en el texto “El Frente Amplio y la política agraria en Uruguay”, los autores Diego Piñeiro y Joaquín Cardeillac consideran que la entrada de capital financiero a la economía uruguaya durante el Gobierno del Frente Amplio con sus nuevas formas de organizar la producción dinamizó una estructura productiva que históricamente estuvo dominada por una burguesía tradicional, siempre predispuesta al rentismo especulativo que a obtener ganancias por medio del incremento de la productividad y la introducción de innovaciones tecnológicas u organizativas. A la vez, los excedentes procedentes de las exportaciones posibilitaron al Gobierno de Pepe Mujica captar esos recursos y orientarlos hacia el desarrollo de políticas públicas para intentar solventar tanto los efectos devastadores sobre la población que dejó el período neoliberal, como otros aspectos encaminados al desarrollo del país.

Por su parte, en el artítulo “Nicaragua: de la revolución estatista a la profundización agroexportadora”, coescrito por Eduardo Baumeister y Salvador Martí i Puig, se defiende que el sandinismo del siglo XXI no ha recuperado el proyecto de reforma agraria que se impulsó en durante el período revolucionario de 1979-1990, sino que, al contario, hubo una ostensible continuidad de las políticas de corte neoliberal en el país centroamericano. En este sentido, cabe resaltar los siguientes elementos. Primero, los fuertes vínculos que se han forjado entre el sector empresarial tradicional y el Gobierno de Daniel Ortega, mediante los cuales obtienen un rédito económico y político. Segundo, las organizaciones gremiales experimentan un fuerte deterioro, y por tanto su capacidad reivindicativa y de lucha a escala nacional por parte de los campesinos y asalariados rurales. Tercero, la existencia de importantes redes de pequeños y medianos agricultores que cuentan con suficiente capacidad productiva y de presión en su entorno local para generar tejido asociativo relativo autónomo. Y cuarto, un importante proceso migratorio de trabajadores pobres rurales hacia Costa Rica (309). Así pues, se afirma que en Nicaragua ha primado la construcción de un proyecto desarrollista, el cual ha ido de la mano con el enfrentamiento a ciertos sectores descontentos y con el establecimiento de pactos tácitos con la burguesía criolla.

Los autores Sérgio Sauer y George Mészáros en su texto “La economía política de la lucha por la tierra bajo los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil” apuntan que, pese a las luchas populares por el acceso a la tierra, la política concerniente al sector agrario del PT mantuvo inalterada la concentración de la tierra. Nunca se llevó a cabo una reforma agraria digna de tal nombre, aunque se dio acceso a la tierra a cientos de miles de personas. Por lo tanto, estos autores consideran que el compromiso histórico asumido en campaña por parte del PT ha supuesto unos resultados muy discutibles, máxime cuando para formar gobierno tuvieron que establecer lazos y pactos con grupos y partidos muy cercanos a los intereses de la clase burguesa agroindustrial.

En el último artículo “La economía política agraria de los gobiernos de izquierda en América Latina: el agronegocio, el campesinado y los límites del neodesarrollismo”, los coordinadores y compiladores de este libro, Leandro Vergara-Camus y Cristóbal Kay, realizan una serie de consideraciones y conclusiones en conjunto, afirmando categóricamente que los gobiernos progresistas latinoamericanos no han modificado de forma remarcable el modelo de agricultura industrial controlada por el agronegocio que recibieron de los gobiernos pretéritos. En esta línea, apuntan que

los intereses y poder de las clases dominantes en el campo, incluso los estratos superiores del campesinado nunca han estado tan estrechamente vinculados con aquellos de los principales sectores capitalistas de la economía nacional quienes a su vez están integrados en la economía mundial. Esto contrasta claramente con los procesos de precarización, fragmentación, desmovilización e incluso represión que los campesinos y los trabajadores rurales han tenido que enfrentar bajo el neoliberalismo (386).

La cuestión agraria y los gobiernos de izquierda en América Latina. Campesinos, agronegocio y neodesarrollismo es una lectura sumamente recomendable no solo para estudiantes de economía, sociología y política agraria, sino para todo tipo de estudiosos, investigadores y lectores interesados en los gobiernos de izquierda latinoamericanos de las primeras décadas del siglo XXI, el ciclo progresista y sus implicaciones en el sector agrario. ¿Qué relación existe entre los movimientos campesinos, los partidos políticos y el Estado durante este período? ¿Cuál fue el grado de autonomía indígena y campesina que se puede conseguir y sostener en un contexto de globalización de la agricultura y la expansión del agronegocio? ¿Qué relación hay entre el legado de los patrones históricos de distribución de la tierra, la base institucional de control de la tierra y los sistemas de tenencia de la tierra de los campesinos sobre las políticas de izquierda? ¿Es posible el nacimiento de un modelo alternativo de desarrollo agrícola mediante la adopción de la soberanía alimentaria y el buen vivir como política de Estado? (40-41). Estas y otras interrogantes son las que se intenta resolver dentro de las páginas de este libro. Sin duda alguna, nos encontramos ante una obra marcadamente crítica y rigurosa −desde la economía política agraria, principalmente, pero no únicamente de inspiración marxista− que trasluce un esfuerzo investigativo e interpretativo ímprobo por parte de sus autores.

Christian Rafael Orozco Suárez
Universidad Central del Ecuador