Introducción

La experiencia con diferentes proyectos de investigación en las regiones preamazónicas de Maranhão (estado de Maranhão, Brasil) y en el sertão ¹ de Itaparica (Pernambuco, Brasil) ha propiciado observaciones importantes acerca de los territorios de pueblos y comunidades tradicionales ocupados por grandes proyectos de desarrollo económico. En medio de las crecientes acciones de expropiación de extensas áreas territoriales, comunidades enteras se ven sometidas a un constante proceso de intimidación y a la usurpación de sus territorios, considerados tradicionales, provocados por empresas y proyectos de desarrollo que, fomentados por intereses vinculados con los agronegocios, expanden su dominio sobre amplias extensiones de tierra en Brasil. Utilizan estrategias que actúan en los ámbitos judicial, ejecutivo y legislativo, debilitando los dispositivos constitucionales que aseguran derechos de pueblos indígenas, poblaciones quebradoras de coco babaçu, quilombolas,² entre otras comunidades tradicionales (Almeida 2010, 160).

Las reflexiones que componen este artículo parten, sobre todo, de análisis realizados en el ámbito del proyecto de investigación “Conflictos sociales y desarrollo en Brasil Central”, vinculado con el proyecto “Nueva cartografía social de la Amazonía”, y comprende la región del sertão brasileño conforme a criterios de clasificación geográfica y de planificación regional. En una perspectiva ampliada, equivale a la región que, para efectos de investigación científica, se denomina como Brasil central. Con el objetivo de mapear y analizar conglomerados económicos destinados principalmente al mercado internacional, el proyecto busca destacar cómo se ven afectados pueblos y comunidades tradicionales ubicados en dicha región (Proyecto Brasil Central 2016).

En el presente artículo se destacan aspectos históricos que se inician desde los frentes de expansión que dominaron a territorios más apartados, con el fin de establecer dominios económicos. En medio de ello, han habido procesos de territorialización resultantes de una emergencia étnica, con múltiples procesos identitarios que llevan a cabo pueblos y comunidades tradicionales existentes en el sertão de Itaparica, perteneciente al estado de Pernambuco. Estos pueblos y comunidades tradicionales se ven afectados constantemente por diferentes formas de violencia provocadas por la implementación de grandes proyectos de desarrollo y emprendimientos económicos que suscitan conflictos. Las acciones de apropiación de territorios no obstante están respaldadas jurídicamente por el Estado, provocan procesos de negación de derechos, limitación al uso de los recursos naturales y desmovilización política.

En este contexto hay un despliegue de visiones resultantes de los frentes de expansión: las llamadas fronteras agrícolas para la expansión del agronegocio y la implementación de grandes proyectos de desarrollo en áreas consideradas “vacías” o con baja densidad demográfica. Esta nueva coyuntura territorial trae, especialmente en el territorio de Itaparica, asenso de movimientos sociales que evidencian a pueblos y comunidades tradicionales como parte de un proceso del cual fueron totalmente excluidos. El avance voraz de estos proyectos de desarrollo posibilitó que tales pueblos y comunidades, considerados a veces inexistentes, emergieran en un proceso de recuperaciones territoriales, confrontándose de inmediato con acciones articuladas estratégicamente hacia un discurso inverso: el del conservacionismo y el desarrollo sustentable local. Se parte, por lo tanto, de la necesidad de analizar las acciones estratégicas de los grandes proyectos de desarrollo y cómo estos afectan los modos de vida considerados tradicionales.

 

Fronteras desarrollistas y frentes de expansión en contextos de ocupaciones territoriales

Otavio Velho (2013) destaca que los límites geográficos de Brasil de hoy fueron establecidos gracias a los movimientos de expansión que se dieron a partir del siglo XVI. En este sentido, el frente de expansión es tratado también por Martins (1975) y considerado el primer momento de ocupación del espacio, expresando un discurso de un vacío demográfico que conduce consecuentemente a un traslado de “población civilizada” para la ocupación de estos espacios. El carácter de “odisea” destacado en estos actos ocultó completamente los momentos de terror ejercido por estas acciones.

Los raptos, capturas, torturas, confrontaciones y embates en torno a “la conquista del territorio” no son contados por la historia oficial. Esto ocurrió porque, para el imaginario del poder y por el sentido común, alimentado por una visión de Estado nacional, la formación de fronteras internas se dio a partir de la acción heroica que domina un territorio salvaje, un territorio deshabitado con posibilidad para edificar una “civilización” en el espacio conquistado (Martins 1975).

En este punto hay un esfuerzo por destacar que la cuestión de la posesión de la tierra fue siempre lo que despertó la mayor codicia entre quienes dominaban las fronteras geográficas, obedeciendo no solamente a procesos de ocupación territorial, sino a ciclos coloniales de economía hasta su agotamiento, sea por el uso excesivo del suelo o por la extracción de recursos minerales, colocando tales tierras en un ciclo económico con características marginales. El carácter marginal al que me refiero se expresa en las impresiones que las diferentes regiones presentan ante intereses económicos configurados, en muchos casos, como vacíos demográficos o áreas económicamente decadentes. Esta es, por lo tanto, una expresión del capital que no integra igualitariamente a todos los involucrados en el proceso de evidenciar las regiones al margen del capital (Mesquita 2015). Es lo que ocurre cuando entran en escena los frentes pioneros. Para Martins (1975), el frente pionero expresa la noción de que en la frontera se crea lo nuevo, una nueva sociabilidad que conduce a la modernización y formulaciones de nuevas concepciones de vida y cambio social.

Para Martins (1975), hay una distinción bien establecida entre esas dos fuentes que, en cierta medida, expresa la forma como se buscó conformar el territorio nacional. Para él, el frente pionero tiene relación directa con la presencia del capital en la producción, y por otro lado, el frente de expansión remite a una concepción de ocupación del espacio sin la previa mediación del capital.

Con todo, en el presente, los proyectos de desarrollo económico, los programas de aceleración del crecimiento y otros planos de acción desarrollados por el Estado refuerzan un discurso de ampliación de áreas para la promoción de un desarrollo económico nacional. Ejemplo de esto son las nuevas fronteras agrícolas. El Gobierno, con todo su aparato estratégico, invierte en servicios de inteligencia, en la agroindustria y en proyectos de infraestructura que son materializados en carreteras, vías férreas y puertos que favorecen la distribución del producto final.

Esto es fácilmente perceptible cuando se piensa en el plano de desarrollo agropecuario del MATOPIBA (acrónimo creado con las letras iniciales de los estados de Maranhão, Tocatins, Piauí y Bahía), en colaboración con el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) y el Ministerio de Agricultura Pecuaria y Abastecimiento (MAPA), caracterizado como una expansión de la frontera agrícola basada en tecnologías modernas de alta productividad. Mas allá de eso, constituye parte de un plan de acción que agrega, junto al Grupo de Inteligencia Territorial y Estratégica (GITE), un sistema de inteligencia territorial estratégica exclusivo para el MATOPIBA con la finalidad de comprender y describir la región de actuación del plan. El sistema reúne acervos de datos numéricos, iconográficos y cartográficos integrados en sistemas de informaciones geográficas en bancos de datos espaciales.

Pensando en este abordaje, cabe reflexionar que la presencia del capital en la región históricamente estuvo asociada con la ocupación y control del mercado. Dicha presencia vino acompañada de expropiaciones comandadas por grupos de inversión que, en frentes diferentes, desorganizaron y desarticularon a las comunidades tradicionales establecidas por siglos en su tierra, con territorios que eran su espacio de reproducción social. Así, lo que antes era un espacio de reproducción social, hoy sería un espacio de reproducción del capital para grandes empresas instaladas en esas mismas regiones (Mesquita 2015).

Cuando se mira con atención hacia la instalación de grandes emprendimientos, durante ese proceso hay un discurso de “tierras ilimitadas”, pero también un discurso de “espacios vacíos”, como ocurrió con los quilombolas en la ciudad de Alcântara, provincia del Maranhão, cuando ocurrió la implementación de la base de cohetes. Para la instalación de la misma en la ciudad de Alcântara y la expansión del Centro de Lanzamiento de Alcântara desde la década de 1980 hubo despojo de tierras (Serejo Lopes 2012). Durante el proceso, se soslayó totalmente la presencia de innumerables comunidades remanentes de quilombos, reforzando la idea de “espacio vacío” que hoy, a pesar de las conquistas adquiridas jurídicamente, aún luchan por el reconocimiento de sus derechos, sobre todo, luego del avance ilegal de las negociaciones en 2017 para la cesión de la base espacial de Alcântara a Estados Unidos, abriendo precedentes para posibles nuevas emigraciones forzadas de comunidades quilombolas.

Esta situación ocurrida en Alcântara (MA) parece más actual por tratarse de comunidades tradicionales que ya habían conseguido derechos y que ahora se ven ante la inminente pérdida de esos mismos derechos. Hago esta referencia para llegar a los también clasificados como “espacios vacíos”, marcados por aspectos fisiológicos que atribuyen carácter de decadencia a las regiones reconocidas como sertão. El sertão de Pernambuco, especialmente la región de Itaparica, es un ejemplo de eso. La instalación de parques híbridos en Tacaratu, líneas de transmisión en Petrolandia e hidroeléctricas en el río São Francisco han provocado, a lo largo de los años, situaciones de conflicto con los grupos indígenas y quilombolas existentes en esta región. Siendo, por lo tanto, impedimento para quienes, en una situación de emergencia étnica, aún buscan reconocimiento de sus territorios ancestrales.

Aún así, en medio de los embates producidos por los grandes emprendimientos económicos y proyectos de desarrollo, hay un proceso inverso en curso. Un proceso de organización política que moviliza pueblos y comunidades tradicionales en regiones de interés económico, pudiendo asumir una perspectiva explícita con organizaciones formales de articulaciones, asociaciones, marchas (se destaca la Marcha de las Aguas en defensa del río São Francisco) o comités, pero que pueden asumir también un carácter menos formal. Scott (2000) aborda el tema de la política adoptada por grupos subalternos, de la cual destaca que existe una “infrapolítica” capaz de lidiar con la política formal. Se trata de una política de resistencia que se presenta en las redes informales de la familia, vecinos y amigos, en lugar de asumir una organización formal como entidades establecidas políticamente. Ignorarlo sería pasar por alto que los grupos presentan una vida activa en la política, independiente de la forma en que actúan.

Son estrategias de resistencia que emergen simultáneamente a los procesos de reconocimiento identitario y que marcan una trayectoria que sigue el mismo curso de la historia en defensa de los territorios que son tradicionalmente usurpados por los “dominadores civilizados”, que cargan consigo el discurso oficial en beneficio del Estado nacional como mecanismo agroestratégico de acciones que no priorizan las necesidades de las comunidades tradicionales locales. Por el contrario, la inclinación económica presente en las transacciones capitalistas se da en en el marco del contexto global y regional bajo el interés de lo que es rentable y no para lo que es socialmente necesario.

 

Grandes proyectos de desarrollo y conflictos socioambientales en el sertão de Itaparica

El sertão de Itaparica compone una de las 12 regiones de desarrollo establecidas por el estado de Pernambuco, con condiciones favorables para la instalación de emprendimientos dotados de infraestructura necesaria para su expansión. Localizado en la mesorregión de São Francisco, presenta siete municipios en su composición, a saber: Itacuruba; Floresta; Petrolandia; Jatobá; Tacaratu; Carnaubeira da Penha y Belém de São Francisco (IBGE 2010). El sertão de Itaparica presenta, conforme a la investigación realizada, múltiples procesos de construcción de identidad y distintas territorialidades con historias que se entrecruzan, con lo cual esos pueblos y comunidades tradicionales son reconocidos como quilombolas e indígenas.

En todo el estado de Pernambuco hay, de acuerdo con la Comisión de Articulación Estadual de las Comunidades Quilombolas de Pernambuco (CONAQ, comisión estadual) por lo menos 120 comunidades quilombolas, de éstas, 46 están en el sertão. Este es el mismo sertão que agrega territorialmente la mayor parte de Pernambuco y que compone 12 regiones de desarrollo establecidas por el Estado para la implementación de grandes proyectos de desarrollo con infraestructura correspondiente. En el sertão de Itaparica hay por lo menos nueve comunidades quilombolas: Poço dos Cavalos; Negros de Gilú e Ingazeira (Itacuruba); Tiririca dos Crioulos/Quilombo Indígena; São Gonçalo (Carnaubeira da Penha); Negros do Pajeú; Filhos do Pajeú; Raízes do Pajeú (Floresta); Borda do Lago; Petrolândia (Fundação Palmares 2018). Esas comunidades, con tiempos y territorialidades distintas, se ven atravesadas por conflictos que son permeados por grandes emprendimientos y que impiden el “buen vivir” de personas que cargan una historia ancestral en sus territorios.

Son emprendimientos que rompen con procesos de relaciones sociales y culturales existentes entre indígenas y quilombolas y que confunden las historias de esas comunidades con la propia historia de la formación de los municipios. Los quilombolas de Itacuruba, por ejemplo, y en especial el quilombo de Poço dos Cavalos –que sufrió un proceso de desarraigo compulsivo al mismo tiempo que se construía una represa para la instalación de la planta hidroeléctrica São Luis Gonzaga (antes conocida como planta hidroeléctrica Itaparica) localizada en la ciudad de Petrolandia (Pernambuco)– pierden, además de su territorio, sus referencias sociales cuando sus islas son completamente inundadas por la implementación de la represa de Itaparica. De esas islas resultaba la fuerte relación de los quilombolas con los indígenas de la región: los Tuxá de Rodelas (Bahía), los Pankararu de Brejo dos Padres, Petrolandia, Pernambuco, y con los Pankará de la Sierra de Arapuá, Carnaubeira da Penha, Pernambuco, con los cuales mantienen relaciones sociales, religiosas y de parentesco (Centro Luiz Freire 2008, 54).

La historia de esas comunidades quilombolas se confunde también con la historia de los pueblos indígenas pertenecientes al sertão de Itaparica. Eso explica los fuertes lazos de parentesco y alianzas construidas en medio de los diferentes conflictos existentes. Hay, de acuerdo con la investigación realizada en la región, 10 grupos indígenas: Pankará da Serra do Arapuá; Atikum; Carnaubeira da Penha; Pankará, Serrote dos Campos; Itacuruba; Pankararu; Petrolândia; Jatobá; Tacaratu; Pacaiuká y los pueblos que están en proceso de emergencia son los Tuxá Campos y Pajeu de Itacuruba, Itacuruba.

Los Tuxá Campos y Pajeu de Itacuruba y los Pankará son parte de un proceso que se configura con diferentes actores desde el período de inserción de los misioneros en sus territorios, hasta la coyuntura actual con actuación de fronteras agrícolas y grandes emprendimientos económicos. Eso ha posibilitado el surgimiento de nuevos movimientos sociales que luchan en defensa de los derechos territoriales, como el caso de los Tuxá Campos y de los Pajeu, de Itacuruba.

El reconocimiento jurídico territorial es la reivindicación central y prioritaria de los pueblos indígenas en el nordeste. Esto se debe al hecho de que los frentes de expansión en los sertões del nordeste tuvieron lugar de manera más amplia y, por esta razón, muchos grupos indígenas del nordeste no disponen hoy de tierras a las cuales considerar “suyas”, haciendo del conflicto por el acceso a la tierra un proceso evidente de movilización (Pacheco de Oliveira 1998). A los pueblos indígenas en el nordeste se los clasificó como “indios campesinos” incorporados a la sociedad regional. A los negros, por su parte, no se les dio la posibilidad de acceso a la tierra y su dignidad fue robada por un proceso desolador de esclavitud.

En el escenario actual, el sertão de Itaparica agrega, más allá de los grupos indígenas y quilombolas, una secuencia de grandes proyectos de desarrollo, con gran potencial económico y que coloca a la región como una de las áreas de desarrollo con mayor visibilidad en el estado de Pernambuco. El municipio de Itacuruba se encuentra dentro de esa región de desarrollo con un diversificado conjunto de grandes proyectos, que presentan relación directa con otros municipios del sertão de Itaparica. Aun así, lo que no se evidencia cuando se discute sobre el proceso de ocupación de esos grandes espacios para implementar grandes proyectos es la existencia de pueblos y comunidades tradicionales que cargan una historia secular y tradicional con el territorio en cuestión.

El avance se da, sobre todo, en espacios pertenecientes a pueblos y comunidades tradicionales y promoviendo una secuencia de acciones violentas contra sus prácticas de vida en sus territorios de derecho, ocurriendo lo que Martins (1975) hace un esfuerzo por observar, destacando que la lucha por la tierra –que tiene lugar en paralelo a las constantes invasiones de territorios indígenas– provocó un proceso violento de desencuentros, resultando en indígenas huidos de la persecución de los conquistadores (bandeirantes), indios transferidos de aldeas recién extintas o simplemente vagando por las calles sin dirección cierta, y negros tratados negligentemente, sin derecho a tierra, ganando clasificaciones como “salvajes y facinerosos, causantes de pánico en el sertão” (Almeida 2008 y 2010).

La comprensión acerca de ese abordaje territorial está articulada con formas de pertenencia que los quilombolas e indígenas del sertão de Itaparica atribuyen a su territorio, respaldadas en principios y valores diferentes de aquellos que estructuran el derecho a la propiedad privada, asegurada, sobre todo, en la Constitución federal de 1988. La manera de vivir de pueblos y comunidades tradicionales no puede ser comparada con la noción capitalista de apropiación y ocupación territorial en tanto propiedad privada. El contexto en el cual esos grupos perciben sus territorios implica más que una mera cuestión de tierra. Su territorio tiene una dimensión simbólica y cultural, agregando a eso una identidad territorial como mecanismo de control simbólico, con carácter político de ordenamiento espacial.

Los relatos de violencia de mayor expresividad provocados por la implementación de grandes proyectos en el sertão de Itaparica se han dado, sobre todo, en el municipio de Itacuruba. Las comunidades quilombolas, Poços dos Cavalos, Ingazeira, Negros do Gilu y los grupos indígenas Pankará, Tuxá Campos y Pajeú de Itacuruba han sufrido, a lo largo de los años, acciones truculentas y marcadamente violentas por la ocupación de sus territorios. Son acciones intermediadas por la implementación de grandes proyectos de desarrollo que se instalan en Itacuruba desde la década de 1980. La planta hidroeléctrica Luiz Gonzaga, perteneciente a la Compañía Hidroeléctrica de San Francisco (EletroBrás-CHESF) instalada en la década de 1980, ya presentaba los primeros pasos para la creación de la represa en el lugar de la antigua catarata de Itaparica en 1974 (Bomfim 1999).

Durante el proceso, fueron desarraigadas cerca de 10 500 familias –45 mil personas– de las zonas urbana y rural de los municipios de Petrolândia, Floresta, Itacuruba, Belém de São Francisco en el sertão de Itaparica (Pernambuco), y los de Gloria, Rodelas y Chorrochó en Bahía (Bomfim 1999). Tres ciudades desaparecieron completamente con las inundaciones, una de ellas fue la ciudad de Itacuruba. Las erradicaciones compulsivas ocurrieron en medio de medidas compensatorias que giraban en torno a acuerdos con la Compañía Hidroeléctrica de São Francisco-CHESF.

Tales acuerdos, reconocidos como “Acuerdo de 1986”, ofrecieron el reasentamiento de esas familias garantizándoles tierra para irrigación, buenas condiciones de vivienda, asistencia técnica y 2,5 salarios mínimos hasta el inicio de la producción, en la llamada “Cláusula de manutención temporal” (Verba de manutenção temporária –VMT–, por sus siglas en portugués) (Vieira Figueiredo y Figueiredo 2016). Sin embargo, estas promesas no fueron cumplidas para las familias afectadas por la construcción de la represa. En Itacuruba, hoy rebautizada como Nueva Itacuruba, las dificultades se perciben desde la entrada a la ciudad. La sede del municipio se encuentra a 12 kilómetros de distancia de la carretera principal, la BR-316. Arrinconados, con cerca de 4 mil habitantes (IBGE 2010), Itacuruba se encuentra en un contexto de olvido en cuanto a los derechos que se les debió asegurar.

Tampoco se cumplieron los acuerdos cuando fueron implantadas las líneas de transmisión en tierras indígenas. Entre el pueblo indígena de Pankararu localizado en el sertão de Itaparica, hay un proceso de tensión provocado por la Hidroeléctrica de São Francisco en torno a alianzas de intereses paralelos a su instalación. La tensión se da, sobre todo, porque existe un acuerdo entre los Pankararu, la Compañía Energética de Pernambuco (CELPE) y la compañía Hidroeléctrica de São Francisco (CHESF) que garantiza a la población indígena la no obligatoriedad de pago de energía utilizada por ellos por un período de 40 años. El acuerdo se dio porque las líneas de transmisión cruzan, en parte, su territorio. Pero lo que ocurre en la práctica son casos de negligencia en cuanto al abastecimiento de energía para las diversas aldeas de la tierra indígena.

El sertão de Itaparica es, en ese escenario de privaciones y de violación de derechos, un complejo étnico que agrega comunidades quilombolas e indígenas viviendo en condiciones de conflictos inminentes junto con los emprendimientos instalados en sus territorios. La construcción de la planta hidroeléctrica afectó fuertemente los modos de vida, relaciones sociales y culturales de esas comunidades, pero la problemática no se acaba en ese proceso. Otros grandes emprendimientos económicos ocasionan una serie de daños sociales y ambientales, limitando el acceso y uso de los recursos naturales a los pueblos y comunidades tradicionales de Itaparica. Durante la investigación realizada en la región, fueron identificadas grandes extensiones de tierra para la extracción mineral de hierro, mármol y caliza. El Departamento Nacional de Producción Minera (DNPM) entrega datos que aseguran la veracidad de las informaciones, aún así, el grupo indígena Tuxá Campos alega que tales extracciones, legitimadas por aparatos jurídicos, son realizadas en partes de territorios que están siendo reivindicados por ellos. La minería llega a esos territorios sin muchos alardes, pero las dimensiones que dichas extracciones o catalogación de áreas de investigación para extracción presentes en Itacuruba corrobora una amplia red de información acerca de las riquezas de los suelos del sertão de Itaparica y que no presenta cualquier divulgación formal.

Hay, en este sentido, una ascensión de otro emprendimiento que limita el acceso y hace inviable el uso del río São Francisco por comunidades tradicionales que viven en sus riveras, por la producción de tilapia hecha en tanque-red³ en las represas del río São Francisco. Esto se inició en la región de Xingó, Bajo São Francisco, expandiéndose hacia otras regiones en torno al río. El cultivo acuícola obtuvo índices considerables de producción. Uno de los factores que apalancaron esa producción fue el permiso de uso de las aguas, abastecido por la Unión por medio de la Instrucción Normativa Interministerial 6 del 31 de mayo de 2004 (EMBRAPA 2009, 9). En Itacuruba, los tanque-red son parte del paisaje que acompaña el río, estableciendo con el discurso de beneficio financiero el favorecimiento de políticas públicas en torno a una región con población de baja renta. Pero lo que ocurre son problemas ambientales y polución del río por desechos vertidos al río por grandes empresas que administran la producción de tilapia en la región.

Como si no fuera suficiente, la ciudad de Itacuruba aún vive con el fantasma inminente de la posible instalación de una planta nuclear. Oficialmente, lo que se ofrece por parte del Estado brasileño es la construcción de más plantas por medio del Plan Nacional de Energía (PNE 2030). Itacuruba, por reunir condiciones de un suelo estable y oferta abundante de agua, por presentar proximidad con las líneas de transmisión de la CHESF y por localizarse entre los mayores consumidores de energía del Nordeste, como Recife, Salvador y Fortaleza, es considerada la ciudad propicia para la instalación de una planta nuclear.

La posibilidad de la instalación de una planta provoca entre las comunidades de la región problemas que remiten a la rememoración de conflictos y tensiones ocurridos desde la década de 1980, que no obstante posibilitó el fortalecimiento de movimientos sociales que agregan fuerza a otras articulaciones contra los impactos provocados por emprendimientos instalados en la región. El Foro Social en Defensa del Río São Francisco, Movimiento de Afectados por Minerales (MAM) y la Marcha de las Aguas efectuada en 2012 en contra de la planta nuclear refuerzan organizaciones sociales que desestructuran acciones estratégicas promovidas por las grandes empresas que buscan desmovilizar los movimientos sociales para garantizar la expansión de los grandes emprendimientos económicos.

Ocurre por lo tanto lo que Bourdieu (2014) destaca: que el Estado ejerce el monopolio de la violencia física y simbólica legítima. Hay una política reconocida como legítima cuando nadie cuestiona la posibilidad de hacerlo de otra manera (Bourdieu 2014, 39), por esta razón, todas las enmiendas, instrucciones y leyes establecidas no son cuestionadas, sino totalmente justificadas para el crecimiento y desarrollo económico del territorio nacional. Se refuerza así el discurso de poder legitimador que viene del Estado y que promueve acciones demoledoras, aunque no sean explícitamente violentas como aquellas del exterminio total o parcial de un pueblo, que tuvieron lugar durante el período de los frentes de expansión y fronteras pioneras del siglo XVI. Son acciones hostiles, invasivas y sobre todo criminales.

La reivindicación de un territorio, otrora usurpado, continúa siendo en el sertão de Itaparica; como en tantas otras regiones donde existen pueblos y comunidades tradicionales, el aspecto central de contestación de formas organizativas que ganan fuerza a partir de articulaciones con movimientos sociales que las apoyan. El desenlace sigue distante de un final cordial.

 

Consideraciones finales

Las discusiones que se efectúan en torno a este artículo convergen en la comprensión de los aspectos económicos y las dinámicas del capital en áreas consideradas de desarrollo en Brasil. La comprensión de este actual desarrollo está acompañada por la actuación de bancos y de grandes empresas que, en un juego de intereses económicos, se articulan con intereses políticos que resultan en dos productos presentes en el mundo capitalizado: concentración de la riqueza y aumento de la desigualdad (Mesquita 2015).

Pensar las relaciones de poder en una dinámica del capital implica conocer aspectos centrales de una historia y economía en los circuitos del capital mundializado, como espacio de disputa hegemónica y rupturas no consolidadas. El discurso oficial de modernización reproduce una especie de hibridación de la extrema modernización capitalista con la tradición del patrimonialismo y del colonialismo. Este mecanismo de poder promueve la diferenciación socioespacial que es reflejo de una fuerza de mercado y del Estado, y que puede fácilmente ser percibido en el tiempo y en el espacio cuando pensamos en grandes extensiones de tierra usadas para la ampliación del agronegocio y en los grandes conflictos que se dan en forma paralela a esas acciones.

Estos grandes emprendimientos que están vinculados con una estrategia de crecimiento regional a priori no aseguran cambios significativos para la región, tampoco para la población local. Los megaproyectos continúan acarreando problemas ambientales, sociales, económicos, en continuidad con lo ocurrido desde el período de la colonización, traducidos en usurpación de territorios de pueblos y comunidades tradicionales.

El discurso del “espacio vacío” con el que se ha caracterizado a los sertões y otras áreas de Brasil estará siempre presente para justificar el avance entre tierras pertenecientes a grupos que agregan valor diferenciado al territorio. Estos, a su vez, crean mecanismos de lucha colectiva, reforzando lazos de solidaridad, reconociéndose como pueblos indígenas y quilombolas. Los grandes proyectos estarán siempre a la orden del día, creando redes de corporaciones que comienzan localmente, pero que tienen una dimensión articulada con lo global. Ante estas condiciones, la resistencia de los pueblos y comunidades tradicionales pasa por procesos que se configuran en mecanismos de cooperación entre grupos distintos que aunan una lucha común que permite en esos espacios un fortalecimiento desde la explotación en contextos de opresión.