Introducción

Empezando con el conflicto entre una comunidad afroecuatoriana de Esmeraldas y una empresa palmicultora, este trabajo explora formas de racismo ambiental que afectan a las poblaciones y territorios del norte de la provincia de Esmeraldas, Ecuador. Específicamente se analiza el caso de la comunidad de Wimbí, parroquia perteneciente al cantón San Lorenzo, en relación con el conflicto con la empresa palmicultora Energy & Palma. El objetivo es demostrar que la desposesión territorial vinculada con la actividad extractivista tiene que ser entendida no solamente en relación con la pérdida directa de territorio que afecta a las comunidades afroecuatorianas de Esmeraldas, sino que es necesario, conjuntamente, entender los procesos que ocurren en territorio –como lo propone Zaragocín (2018) desde la geografía crítica– y prestar atención a la degradación ambiental directamente relacionada con los proyectos extractivistas que afectan a las poblaciones que habitan dichos territorios. Sin ninguna duda, los pueblos afroecuatorianos de Esmeraldas se enfrentan con un proceso de cercamiento y su territorio está disminuyendo efectivamente en extensión ante el avance de proyectos de la agroindustria de palma, minería aurífera e industria maderera. Pero al mismo tiempo, existen efectos que afrontan las poblaciones que resisten en territorio y que, al hacerlo, experimentan sufrimiento ambiental, lo que afecta su bienestar. La conjunción del despojo territorial, la contaminación ambiental, la violencia y la acciones y omisiones del Estado apuntan a procesos de muerte lenta y a un Estado que “deja morir” a las poblaciones afrodescendientes e indígenas.

Este artículo se basa en una investigación cualitativa con elementos etnográficos que tuvo lugar entre octubre y diciembre de 2017. El trabajo incluyó entrevistas, conversaciones, visitas de campo y observaciones en Wimbí, la ciudad de Esmeraldas y Quito, con líderes y miembros de la comunidad, investigadores y académicos de la

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas (PUCE-SE), miembros de la Pastoral Social y el Vicariato de Esmeraldas, peritos y otros aliados de la lucha de las comunidades de Esmeraldas.

 

Conflictos ambientales en territorios afroecuatorianos: las luchas de David contra Goliat¹

Los procesos que afectan a comunidades del norte de la provincia de Esmeraldas ejemplifican los mecanismos en que el racismo ambiental funciona en íntima relación con la acumulación capitalista. En lugar de restringir la comprensión del racismo al nivel de las relaciones interpersonales, desplazo el énfasis hacia las dimensiones estructurales del mismo. El concepto de racismo ambiental fue acuñado en el marco de luchas por la justicia ambiental durante la década de 1980 en relación con la desigual exposición a riesgos ambientales y sus impactos, que afectaba de manera negativa a comunidades de color en Estados Unidos (Bullard 1993; White 1998). Para Chavis, el racismo ambiental consiste en:

discriminación racial en el diseño de políticas y la aplicación de regulaciones y leyes, la focalización deliberada para depósitos de desechos tóxicos en comunidades de color, la autorización oficial de la presencia de venenos que atentan contra la vida y substancias contaminantes en las comunidades de color, y la historia de excluir a la gente de color del liderazgo del movimiento ambiental (Chavis en Holifield 2001, 83).²

Esta definición apunta al papel del Estado y sus instituciones –que son partícipes ya sea de manera activa o por negligencia– en los procesos de racismo ambiental. En su análisis sobre las formas de poder que se desplegaron en las colonias, Achile Mbembe propone el concepto de necropolítica. Mbembe sostiene que en el contexto colonial “la soberanía significa la capacidad de definir quién importa y quién no, quién es desechable y quién no” (2003, 27), donde la función del racismo es regular la distribución de la muerte y hacer posibles las funciones homicidas del Estado (2003, 17). El necropoder se puede manifestar de múltiples formas, tanto por medio del terror de las muertes directas como de otras formas de dar muerte más “benevolentes” (2003, 22).

Es imprescindible también anotar los procesos históricos de desigualdad racial en su relación con el capital, puesto que los procesos de devaluación de cuerpos no blancos son una parte estructurante de la lógica capitalista. Laura Pulido (2017, 527-528) sostiene que la diferencia entre humanos es esencial para la producción de valor diferencial. Pulido demuestra que el capitalismo solo puede acumular al producir y moverse mediante relaciones de severa desigualdad entre grupos humanos. Los polos de acumulación –capitalistas con los medios de producción/trabajadores sin los medios de subsistencia, acredor/deudor, conquistadores de tierras convertidas en propiedades/los desposeídos y desplazados– requieren de la pérdida de vidas, desechabilidad y diferenciación desigual del valor humano. El racismo, por lo tanto, funciona para asegurar las desigualdades que el capitalismo requiere. En este trabajo, enmarco la noción de racismo ambiental en sus dimensiones institucionales y estructurales, relacionadas con el racismo en las instituciones del Estado y en el sistema de acumulación capitalista que dependen de la devaluación de las personas no blancas. Este marco analítico guía las discusiones que presento.

Comienzo con una visión del conflicto entre la comunidad de Wimbí y la empresa palmicultora Energy & Palma por 1200 hectáreas de territorio.³ El caso se enmarca en un contexto más amplio de afectaciones sociales y ambientales producidas por la explotación de minería aurífera, agroindustria de palma aceitera y extracción maderera. Wimbí es una parroquia rural (el nombre oficial es Parroquia 5 de Junio) en el cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas. La parroquia tiene 416 habitantes pertenecientes al pueblo afroecuatoriano. Parte de su territorio se encuentra en la Comuna Río Santiago Cayapas y es, por lo tanto, territorio comunal inalienable; otra parte se encuentra fuera de la Comuna, en territorios de posesión ancestral sin titulación en donde se encuentran los terrenos en disputa con la compañía palmicultora.

El conflicto se remonta a una adjudicación irregular de tierras de posesión ancestral (reconocidas como tales desde la Constitución de 1998) a un comunero de Wimbí, quien vendió las mismas a un inversionista de Quito. Posteriormente las tierras pasaron rápidamente a manos de la empresa Energy & Palma, que actualmente tiene el título de propiedad de las 1200 hectáreas en disputa. Los conflictos se iniciaron a poco tiempo de la adjudicación y venta ilegal de las tierras, pues los wimbiseños que habían utilizado tradicionalmente estos territorios siguieron haciéndolo. Ya en 2015, el inversionista quiteño realizó una denuncia para que se procediera al desalojo de las tierras, pero Wimbí recurrió a una acción de protección que lo impidió.

En 2016, la empresa Energy & Palma interpuso un juicio contra cuatro líderes de la Junta Parroquial de Wimbí por cargos de uso ilegal y tráfico de tierra. El conflicto escaló de nivel cuando en noviembre de ese año se produjo un intento de desalojo. Un piquete de policías armados entró a las tierras con una retroexcavadora que destruyó plantaciones y cercas de los comuneros que utilizaban las mismas. Varios miembros de la comunidad salieron a enfrentar al piquete y parar la maquinaria. Lograron detener el desalojo y se tomaron la retroexcavadora como medida de retaliación. Ante esto, la empresa demandó por robo de maquinaria a los líderes parroquiales (incluso a líderes que no se encontraban presentes el día de los acontecimientos). En agosto de 2017, la empresa y los líderes de Wimbí llegaron a un acuerdo para la devolución de la maquinaria y el retiro del juicio por robo. Sin embargo, el juicio por uso ilegal de tierra continúa y la comunidad no acepta los términos que propone la empresa, que pretende entregarles 100 hectáreas y ofrecerles trabajo en la plantación: “No vamos a volver a ser esclavos”, comentó uno de los líderes locales.

Los líderes de Wimbí presentaron medidas cautelares y de protección que fueron denegadas por las autoridades de la Unidad Judicial Multicompetente de San Lorenzo. Los líderes han sido judicializados y criminalizados como ladrones e invasores de su propio territorio y reclaman su derecho ancestral al mismo. Esta lucha comprende no solamente la acción de los pobladores de Wimbí, sino que implica a una serie de aliados, en especial la Pastoral Social de Esmeraldas y también organizaciones ambientalistas como Acción Ecológica. Desde la Pastoral se han emprendido acciones que agrupan a varias comunidades, incluida Wimbí, en procesos de protesta por las afectaciones sociales y ambientales de la minería en la zona. En 2011, comunidades de Esmeraldas con la Defensoría del Pueblo lograron interponer medidas cautelares en relación con el derecho al agua y medio ambiente sano. La Pastoral Social trabajó con la PUCE-SE en una serie de investigaciones sobre la calidad del agua en fuentes afectadas por 15 frentes mineros tanto ilegales como estatales (Rebolledo y Jiménez 2012). Estos estudios substanciaron las denuncias presentadas para obtener las medidas cautelares. A pesar de ello, las actividades mineras y de la agroindustria continúan.

 

Desterritorialización y acumulación por desposesión en Esmeraldas

El conflicto entre Wimbí y Energy & Palma tiene lugar en un contexto más amplio de pérdida de territorio ancestral en la provincia de Esmeraldas –o desterritorialización– frente a la presión de los intereses de actores externos vinculados con la extracción de madera, producción de palma y minería aurífera. En el norte de la provincia de Esmeraldas conviven poblaciones afroecuatorianas y de las nacionalidades indígenas awá, chachi y épera, pobladores ancestrales de estos territorios quienes, en mayor o menor medida, se enfrentan a la pérdida territorial. En la provincia se realizó, a mediados de la década de 1900, un proceso de adjudicación de tierras a las comunidades del norte de Esmeraldas.⁴ Además, la legalización de la tierra bajo el concepto de ancestralidad constituyó una respuesta de las poblaciones locales que avizoraban el ingreso de grandes empresas en la zona, que presionaban por las tierras de las comunas.⁵ Sin embargo, no todas las tierras fueron tituladas.

A raíz de la presión de intereses de actores externos vinculados con la extracción de madera, producción de palma y minería aurífera, las comunidades del norte de Esmeraldas han vendido o entregado miles de hectáreas. Los mecanismos han incluido ventas fraudulentas, amenazas y cooptación de líderes locales. Algunos miembros de la comunidad de Wimbí y sus aliados se refieren a cierta lógica en el ingreso de los actores externos. En un primer momento fueron colonos mestizos o montubios especialmente de Manabí, que talaban bosques y emprendían actividades ganaderas o agropastoriles. Al mismo tiempo, empresas madereras obtuvieron concesiones para explotar madera fina de los bosques de la provincia (Antón Sánchez 2015). En Wimbí, por ejemplo, la comunidad decidió hacer un intercambio con una empresa maderera, la cual construyó el único camino de acceso a cambio de la explotación de la madera de los territorios de la comunidad.⁶

Posteriormente empezaron a operar en la zona norte de Esmeraldas empresas de la agroindustria de la palma africana. La historia de la minería de oro en la zona se remonta a la época colonial con el descubrimiento de minas de oro en el río Santiago y el establecimiento de entables mineros durante el siglo XVIII (Rueda Novoa 2006, 36). Posteriormente, hacia finales del siglo XIX, operaron en la zona minas-hacienda controladas por inversionistas estadounidenses e ingleses (Rueda Novoa 2010, 276- 292). La práctica de minería artesanal también se inició en la Colonia y continúa hasta la actualidad (Guayasamín 2011). Los pobladores de Wimbí relatan que algunas familias habían comprado su libertad o sus tierras mediante el lavado de oro. Sin embargo, la minería aurífera repuntó con el alza del precio del oro y otros metales en el mercado mundial, especialmente entre 2002 y 2010 (Sacher 2015).

La presencia de la industria de palma y la minería aurífera han afectado y desplazado a poblaciones afroesmeraldeñas, indígenas y de campesinos pobres en el cantón San Lorenzo (Hazlewood 2012). En Ecuador, Esmeraldas encabeza la producción de la palma aceitera con el 45,8% del total de hectáreas dedicadas a la palma a escala nacional.⁷ El cantón San Lorenzo, además, es el segundo cantón a nivel nacional con mayor número de hectáreas dedicadas a la palma: un total 26 641 hectáreas (FEDAPAL 2017).

El proceso de pérdida de territorio ancestral del pueblo afroesmeraldeño trajo consigo procesos de migración, conflicto social intra y extracomunitario, y pérdida de los medios de subsistencia y soberanía alimentaria (Antón Sánchez 2015). El intelectual afroecuatoriano Juan García utilizó el concepto de desterritorialización para referirse a este proceso fruto de la presión de diversos actores interesados en utilizar el territorio o sus recursos: las actividades y empresas madereras, de palma africana y de minería (García y Walsh 2009). Existen otros análisis, en especial sobre la minería, que la consideran una tecnología del despojo. En esa línea, Eduardo Restrepo (2017) analiza el caso de la minería en territorio habitado por poblaciones afrodescendientes del norte del Cauca (Colombia) y las luchas que las comunidades negras han emprendido por su derecho al territorio ancestral y a la consulta previa. En el caso de Ecuador, como señalaré, se da una lucha en nombre del territorio ancestral, aunque no se haya recurrido en Esmeraldas al derecho a la consulta previa en el caso de la minería.

Los análisis sobre la minería en Ecuador se han concentrado durante los últimos años en la Amazonía sur, donde se entregaron concesiones a empresas chinas para la minería a gran escala, acompañadas de desalojos forzados de poblaciones indígenas. Para dar cuenta de estos procesos, Sacher (2015) aboga por la pertinencia del concepto de acumulación por desposesión, en especial para la megaminería. Entre los procesos que menciona y que también se pueden observar en el caso de Esmeraldas, se encuentran: la mercantilización y privatización de las tierras; la expulsión de poblaciones campesinas; la conversión de derechos de propiedad comunal (ancestral en este caso) en propiedad privada exclusiva; la supresión del acceso a bienes comunales; la supresión de formas alternativas de producción y consumo, entre otros (Sacher 2015, 105).

Para la zona norte de Esmeraldas, investigadores de la PUCE-SE mencionaron una estrategia de “punta de lanza”: una persona hace una oferta de compra de 4000 dólares estadounidenses por una hectárea. Después de un par de ventas a ese precio, cuando más gente se anima a vender, se rebaja paulatinamente el precio hasta llegar a 1200 dólares de venta por hectárea. Aunque el caso legal de Wimbí gira en torno al tema del conflicto con la empresa palmicultora, la parroquia también ha sido afectada, como se detallará más adelante, por los efectos de la minería en la zona. Además, se enmarca en procesos de pérdida de territorio que se dieron en el año 2000 por la adjudicación y posterior venta de tierras de posesión ancestral, proceso irregular que terminó siendo reconocido por títulos avalados por las cortes y el Registro de la Propiedad. Aunque los conceptos de despojo y desposesión iluminan algunas de las dinámicas del caso mencionado, no dan cuenta suficiente de otros procesos que se en territorio que tienen como consecuencia la eliminación étnica lenta, pues el concepto de acumulación por desposesión apunta a los procesos de mercantilización y privatización de tierras relacionados con el desarrollo del capitalismo global.

 

Contexto de minería ilegal y del Estado

Previo al auge minero en la zona, se hacía evidente ya un cambio en el uso del suelo en Esmeraldas que era conocida como “la provincia verde” por sus bosques y vegetación.

Las concesiones a empresas madereras o las negociaciones entre las comunidades y dichas empresas causaron una disminución considerable del bosque, que en gran medida ha desaparecido excepto de áreas de reserva y áreas protegidas. Posteriormente esta pérdida de bosque se profundizó con la extensión del monocultivo de palma y el uso concomitante de agroquímicos. Se estima que en la región norte de la provincia de Esmeraldas, el cambio del uso del suelo ha afectado probablemente al 57% de la superficie original de bosques (Lapierre y Macías Marín 2019, 254).

La minería, sin embargo, ha conllevado impactos sociales y ambientales profundos. A partir del auge de los precios del oro, la minería tradicional con batea fue reemplazada por minería mecanizada con retroexcavadora. Los mineros que trabajan en Esmeraldas provienen de otras zonas mineras ecuatorianas como Zamora y El Oro. Trabajan tanto con estrategia de compra directa de tierra (punta de lanza), como por medio de acuerdos a los que llegan con las comunidades o personas pertenecientes a las mismas. Así también los investigadores reportaron que algunos gobiernos de las comunidades locales cobran una tasa (500 dólares estadounidenses) para permitir la explotación minera (entrevista con Eduardo Rebolledo, investigador de la PUCE-SE, 31 de octubre de 2017).

El Gobierno ecuatoriano, durante la administración de Rafael Correa, trató de regular la actividad minera y otorgó permisos para minería en la zona. Además, por medio de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), participó directamente en la explotación minera. El impacto de la minería sobre el uso del suelo es radical al remover la capa vegetal y al generar contaminación del agua de ríos con minerales pesados. Para 2011, la zona de actividad minera incluía 5709 hectáreas de acción directa y una zona de influencia local que ascendía a 224 284 hectáreas (Lapierre y Macías Marín 2019, 258). La PUCE-SE realizó en 2012 una investigación de 15 frentes mineros y más tarde amplió la investigación a frentes mineros del ENAMI, encontrando niveles de minerales pesados muy superiores a los estándares permitidos y mayor contaminación en los frentes mineros estatales. La investigación fue contratada por el Programa de Remediación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE); sin embargo, el MAE no entregó la información a las comunidades participantes. En especial, la oficina de Sectores Estratégicos del Estado se opuso a la diseminación de los resultados del estudio. Adicionalmente la reparación ambiental programada por instituciones del Estado fue, según Lapierre y Macías Marín (2019, 256), “insignificante y deficiente”, interviniendo solamente en 60 hectáreas, o 1,2% del total del área afectada según el PRAS.

Los estudios del agua y la afectación a especies acuáticas revelaron altos niveles de contaminación con metales pesados que tienen efectos nocivos para la flora y fauna y la salud humana. Se han encontrado altos niveles de metales pesados que sobrepasan límites permitidos tanto en fuentes de agua con influencia minera directa, como en otros ríos y fuentes de agua de la zona. En un estudio realizado por la PUCE-SE entre 2015 y 2017, en 32 puntos de muestreo de la cuenca río Santiago-Cayapas, todos los ríos y esteros estudiados presentan concentraciones muy elevadas de aluminio y hierro durante los tres años del estudio (Lapierre y Macías Marín 2019, 91). La afectación también es evidente en las especies de peces de los ríos, pues ha disminuido alarmantemente la diversidad de peces y crustáceos, algunos de los cuales forman parte de la dieta local (Rebolledo y Jiménez 2012).

Actualmente San Lorenzo y Eloy Alfaro son los cantones más contaminados por la minería de oro (Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador 2018). La minería ha dejado tras sí piscinas y orificios sin cubrir. Se estima que en la provincia se han dejado 4800 piscinas abiertas con agua contaminada acumulada y que los pasivos ambientales fruto de la actividad minera representan al menos 1350 millones de dólares estadounidenses en pérdidas para el Estado.⁸

Adicionalmente existen divisiones entre las comunidades en cuanto a la actividad minera, en especial con respecto a los efectos que acarrea su ubicación. Las comunidades que se encuentran río abajo se ven más afectadas por la contaminación de los ríos que las comunidades río arriba, las cuales se posicionan a favor de las empresas mineras. Existen también casos de comunidades que hicieron tratos con mineros (facilitarles comida o gasolina, por ejemplo), quienes incumplieron su acuerdo y abandonaron la retroexcavadora en el lugar. Para recobrar las pérdidas, los propios miembros de la comunidad se ponen a minar, sin conocimientos de la manera como hacerlo, contribuyendo así a los procesos de deterioro ambiental.

Estas afectaciones se suman a otros efectos provenientes de la agroindustria de palma. Hazlewood (2012, 123) encontró que entre 1999 y 2003 se triplicaron los casos de afectación de personas por agroquímicos provenientes de la eliminación inadecuada de residuos de la industria de la palma africana. En el caso de Wimbí, como en el de otras comunidades de la zona, la ausencia o mal funcionamiento de sistemas de agua potable hacen que la población utilice el agua de ríos y esteros cercanos. En Wimbí, el agua proviene de un estero al otro lado del río, justamente en terrenos en disputa con la empresa Energy & Palma y, a pesar de que la gente conoce sobre la contaminación del río, éste sigue siendo utilizado para el lavado de ropa, transporte, pesca y otras actividades cotidianas.

 

El sufrimiento ambiental

Decesare y Auyero (2017) abordan el tema del sufrimiento ambiental y los efectos en la salud que afectan a poblaciones pobres en América Latina. Estos autores argumentan que los estudios sobre la producción y reproducción de las desigualdades sociales en América Latina no han dado atención suficiente al tema medioambiental como una faceta relevante de la marginalidad. Los autores señalan que las desigualdades sociales que aquejan a las poblaciones pobres incluyen los efectos de ambientes tóxicos (agua, aire y suelo contaminado) sobre su salud y seguridad. Las reacciones que suscita esta situación incluyen la paciencia (frente al Estado o esperando las acciones del mismo), la resignación y la protesta social. Decesare y Auyero (2017) discuten formas de sufrimiento ambiental y dan voz a las preocupaciones cotidianas sobre la salud y los efectos nocivos a largo plazo de habitar ambientes tóxicos. Estos autores sugieren también que los habitantes de ambientes tóxicos se convierten en “pacientes” del Estado, tanto porque esperan interminablemente alguna acción o promesa, como porque necesitan atención médica inmediata o a largo plazo.

Podemos analizar el caso del norte de Esmeraldas como un ejemplo de la intersección entre la reproducción de la pobreza y el sufrimiento ambiental. Con respecto a su situación de marginalidad, la región norte de Esmeraldas presenta algunas de las tasas de pobreza más altas del país. En el cantón San Lorenzo, el 84,6% de la población vive bajo el umbral de la pobreza según el Censo de Población de 2010, porcentaje muy por encima del 60% a escala nacional, y 51% a escala de la provincia de Esmeraldas (INEC 2010). Los niveles de analfabetismo de los cantones de San Lorenzo (15,3%) y Eloy Alfaro (17,2%) son los más altos de la provincia con porcentajes tres veces superiores al nacional. A nivel del cantón de San Lorenzo, solamente 23% de los hogares tiene servicios básicos (INEC 2010). Es preocupante que la mayoría de las poblaciones asentadas a las orillas de ríos contaminados no disponga de sistemas de agua potable (Lapierre y Macías Marín 2019, 268).

La ausencia del Estado en la zona se refleja igualmente en la limitada infraestructura y cobertura de servicios de salud a pesar de los impactos nocivos de las actividades de deforestación, agroindustria de palma y minería de oro. Se estima que se encuentra en riesgo la vida y la salud del 93% de la población de los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, aproximadamente 94 mil personas (Lapierre y Macías Marín 2019, 268). Las piscinas abandonadas y huecos por la extracción de oro aumentan el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores, en una zona como el norte de Esmeraldas donde esta situación es de por sí de cuidado. La contaminación del agua también causa a corto pazo enfermedades dermatológicas, infecciones y problemas vaginales, enfermedades del estómago y otras que fueron reportadas por habitantes de Wimbí. Los metales pesados en las fuentes del agua podrían de igual forma producir problemas de salud a largo plazo como Alzheimer (entrevista con Eduardo Rebolledo, investigador de la PUCE-SE, 31 de octubre 2017).

Siendo necesaria y bienvenida una aproximación a la reproducción de la pobreza y la vulnerabilidad desde la perspectiva del sufrimiento ambiental, los estudios de Decesare y Auyero (2017) sobre el sufrimiento ambiental y marginalidad no abordan directamente el tema de la relación entre ambientes tóxicos y las geografías racializadas. Considerando la discusión anterior, para el caso de Wimbí y el norte de Esmeraldas, considero pertinente que el proceso de la pérdida directa del territorio –preocupación central de los análisis basados en el despojo o la desposesión– sea complementado con un análisis de los procesos en territorio, como lo propone Zaragocín (2018). Estos procesos someten a la población local a formas cotidianas de sufrimiento ambiental devenidas de la toxicidad del agua y el suelo, la pérdida de bosque y el cambio en el uso del suelo. Aunque Decesare y Auyero señalan acertadamente que los análisis sobre el sufrimiento ambiental son clave para comprender la reproducción de la pobreza en América Latina, no han prestado suficiente atención a la intersección entre pobreza y raza.

 

Geografías racializadas y muerte lenta en Esmeraldas

Los efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud generados por las actividades extractivas en Esmeraldas pueden entenderse no solamente como desposesión, sino como formas de eliminación étnica lenta en territorio (Zaragocín 2018) o muerte lenta. Las formas de muerte lenta se refieren a los efectos nocivos que tienen a corto y largo plazo las acciones cotidianas en ambientes tóxicos o afectados por amenazas ambientales de las que los habitantes tienen poco control (como la contaminación de los ríos). Dichas acciones incluyen una serie de actividades cotidianas como habitar, vivir, jugar, tomar agua, pescar, comer, lavar la ropa, bañarse en el río y otras actividades realizadas en el día a día en estos ambientes tóxicos.

Estos procesos de eliminación étnica van acompañados por otras manifestaciones del racismo ambiental. Un técnico de la Pastoral comentó una frase de un afrodescendiente que se había quedado grabada en su memoria: “Al parecer nos quieren eliminar, porque solo en las poblaciones afro y las poblaciones indígenas es donde se ve tanto atropello a nuestros derechos” (entrevista a aliado de la Pastoral Social 1, octubre de 2017). Claramente en América Latina los beneficios del desarrollo se encuentran distribuidos desigualmente. En efecto, como ha argumentado Radcliffe (2015), la heterogeneidad social es coproducida por medio de la heterogeneidad espacial resultando en paisajes desiguales de riqueza y pobreza. En Esmeraldas, y en especial en el norte de la provincia, el atropello de derechos al que se refiere el técnico también se refleja en la falta de infraestructura y de dotación de servicios básicos que aqueja a las comunidades negras, indígenas o de mestizos pobres. Este es el caso de Wimbí, comunidad que no posee agua potable (a pesar de la contaminación del río), tiene un solo camino lastrado de acceso, limitado servicio de transporte y no cuenta con educación secundaria ni con un centro de salud en la comunidad.

La negligencia o insensibilidad de las instituciones del Estado (MAE, Ministerio de Salud Pública –MSP–) ante la situación de las comunidades del norte de Esmeraldas es patente. El PRAS no entregó los resultados de los análisis del agua en frentes mineros a comunidades que estaban interesadas en conocerlos. Es más, la PUCE-SE propuso un análisis toxicológico de las poblaciones afectadas por los frentes mineros, pero el PRAS decidió no realizar dicho estudio. Entre las razones que la PUCE-SE trajo a colación para realizarlo, se encontraba la necesidad de determinar las futuras necesidades de salud que deberán afrontar las instituciones estatales para las poblaciones de Esmeraldas. Parecería ser que las vidas de las personas afroecuatorianas e indígenas de Esmeraldas no tuvieran el valor necesario para que estas instituciones estatales respondan con la urgencia que la situación amerita. Como lo manifestaba la Federación de Comunidades Chachi de Esmeraldas:

Después de ocho años de contaminación sistemática, la casi totalidad de las comunidades no contamos con sistemas de agua segura; y seguimos consumiendo y utilizando, el agua de los ríos contaminados. La magnitud de la problemática y el tiempo transcurrido desde el inicio de la emergencia ambiental, confirman la invisibilización, exclusión y discriminación de las comunidades afrodescendientes e indígenas del Norte de Esmeraldas. Como se observa, el Estado ha privilegiado en el Norte de Esmeraldas, la profundización de las actividades mineras, antes que la protección al derecho al agua y la vida (FECCHE 2017, resaltado en original).

Además de la ausencia del Estado, Wimbí y otras comunidades de los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro se encuentran en la zona fronteriza, donde actúan grupos irregulares (narcotraficantes, facciones de la guerrilla colombiana, paramilitares) dedicados a tráfico y contrabando. Según varios reportes (Hazlewood 2012; Ponce 2018; Roa 2012) y en el trabajo de campo (septiembre y octubre de 2017), las empresas también utilizan a sicarios para amedrentar a las poblaciones locales. En Wimbí, por ejemplo, el comunero que vendió las tierras en conflicto intentó retomarlas al verse cuestionado por la comunidad. Al poco tiempo, fue asesinado. Se especula que su muerte podría estar relacionada con quienes querían apropiarse de las tierras.

El contexto de inseguridad en la frontera se ha agudizado a partir de la implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia y la consecuente reorganización de las relaciones de poder vinculadas con el narcotráfico y otras actividades ilícitas, que se ha traducido en episodios de violencia y desplazamiento en la frontera (FECCHE 2017). A partir de marzo de 2018 y el secuestro y posterior asesinato de tres periodistas ecuatorianos, el conflicto pasó a incluir una confrontación directa entre el Ejército ecuatoriano y grupos irregulares (narcotraficantes y disidentes de las FARC) con una escalada de violencia e incremento de la inseguridad y el desplazamiento de comunidades. En un sistematización realizada por la Defensoría del Pueblo y el Colectivo de Geografía Crítica (2018), la provincia de Esmeraldas ocupa junto con la provincia de El Oro el primer lugar en el país en la vulneración de derechos humanos y de la naturaleza.

La mayoría de personas que entrevisté en Wimbí no se refiere explícitamente al conflicto ambiental como una forma de racismo, aunque hubo entrevistados que manifestaron que: “Esto nos pasa porque somos negros”, o que “al parecer nos quieren eliminar”, o “la empresa dice hemos vencido a gente de más calaña; [cómo] no vamos a vencer a estos negritos” (testimonios recogidos durante el trabajo de campo, septiembre y octubre de 2017). Aunque existe para algunos de ellos esta dimensión racial, la mayoría más bien hacía alusión a la abrumadora diferencia de poder entre las empresas y las comunidades locales (por ejemplo, en relación con que las empresas pueden comprar o influir en las decisiones de las autoridades locales y en el sistema de justicia).

La racialización de las poblaciones afroesmeraldeñas se produce mediante discursos que se refieren al supuesto contraste entre las poblaciones locales y los actores externos con respeto a hacer producir a la naturaleza. Caracterizando el discurso racista, señalaba un entrevistado: “Que los negros y los indios no son productivos por su raza” o que “no saben hacer producir la tierra” (entrevista a académico aliado a la lucha de Wimbí, Esmeraldas, octubre de 2017). En contraste, tanto los colonos de la provincia de Manabí (mestizos o montubios) como los inversionistas de las empresas son vistos como quienes “trabajan la tierra, generan riqueza y trabajo” (testimonios de personas aliadas a la lucha Wimbí, trabajo de campo, octubre de 2017). Así, territorios de la región del norte de Esmeraldas fueron consideraros tierras baldías durante la reforma agraria de las décadas de 1960 y 1970, y fueron entregados a colonos de otras zonas de Ecuador, quienes se consideraban a sí mismos como representantes del progreso y la modernidad. Al mismo tiempo, se estereotipaba a las poblaciones afroesmeraldeñas e indígenas como perezosas e ineptas para aprovechar la riqueza de los recursos.⁹ Estos discursos continúan y refuerzan las jerarquías etnorraciales que devalúan las vidas, cuerpos y experiencias de afroecuatorianos e indígenas.

Como zona de frontera, de anterior colonización y de continuas concesiones a empresas, Zaragocín (2018) propone la utilización del concepto de la eliminación étnica lenta –o muerte lenta– para entender procesos que afectan a las poblaciones épera del norte de Esmeraldas. Según Zaragocín, el concepto permite iluminar aspectos no abordados por los enfoques de la desposesión territorial de pueblos indígenas o afrodescendientes producidos por el extractivismo. De igual forma, considero que dicho concepto ayuda a visibilizar aspectos poco desarrollados por los análisis del sufrimiento ambiental que afectan a comunidades pobres. En específico, la lógica de eliminación apunta a cómo la muerte colectiva de poblaciones racializadas tiene lugar en el sitio, en contextos de acaparamiento sostenido del territorio, desaparición del bosque y biodiversidad, degradación ambiental, inseguridad y abandono del Estado.

Junto con la racialización de la geografía de Esmeraldas como habitada por gente que supuestamente no sabe producir la tierra, la muerte lenta que se evidencia en el norte de la provincia es una manifestación de un régimen racializado de desechabilidad. Dicho régimen se hace patente en América Latina en los efectos del terrorismo de Estado (con desapariciones u homicidios de dirigentes) o del proyecto económico extractivista, que convierten en desechables las vidas de poblaciones afrodescendientes e indígenas (Hooker 2017). De hecho, una tendencia preocupante en la región durante la última década ha sido la utilización de los órganos de violencia del Estado y de la función represiva de la ley en contra de defensores de los derechos de los pueblos y la naturaleza.¹⁰

En Esmeraldas, se dan procesos similares a los que Mbembe analizó en relación con la ocupación colonial: “La producción de fronteras y jerarquías, zonas y enclaves; la subversión de los arreglos de propiedad existentes; la clasificación de las personas según diferentes categorías; la extracción de recursos; y, finalmente, la fabricación de un gran reservorio de imaginarios culturales” (2003, 26). Históricamente la región ha sido marginalizada, creando un vínculo entre ser negro (o indígena para otras poblaciones de la provincia) y ser vulnerable. La ampliación de fronteras extractivas ha utilizado imaginarios culturales sobre la falta de productividad y dejadez de los negros para justificar su arremetida.

A estas manifestaciones del racismo, se suman en el caso de Wimbí aquellas que amplifican la marginalidad y pobreza mediante el sufrimiento ambiental: ante la gravedad de la situación producida por los efectos nocivos de contaminación ambiental, la respuesta del Estado ha sido “dejar morir” o exponer a la muerte lenta a poblaciones “desechables”. Así, no se ha dado cumplimiento a las medidas cautelares establecidas en 2011 para una moratoria minera. Según pobladores chachi de otras zonas del norte de Esmeraldas, esto “habla de la discriminación que existe hacia nuestras comunidades y territorios. También es evidente la impunidad de las empresas mineras en relación con sus responsabilidades con los daños ocasionados, al punto de ser algunos beneficiados y protegidos por el Estado” (FECCHE 2017).

 

Las luchas antirracistas por el territorio ancestral, los derechos de la naturaleza y el agua

Como parte de los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, la Constitución de la República del Ecuador (2008) reconoce en su artículo 57 el derecho a mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales (art. 57.5); a no ser desplazados de sus tierras ancestrales (art. 57.11); y a la consulta previa, libre e informada (art. 57.7). El artículo 58 reconoce claramente al pueblo afroecuatoriano los mismos derechos colectivos establecidos en el artículo 57. La lucha antirracista en Wimbí y en otras comunidades del norte de Esmeraldas se da a partir de la reivindicación del territorio ancestral. En Ecuador, como en otras partes de América Latina, se producen, junto con los discursos sobre multiculturalismo e inclusión, fuertes luchas racializadas por la tierra y los recursos. En el norte de Esmeraldas, como en la zona del Pacífico colombiano, afrodescendientes que han ocupado históricamente territorios ricos en madera, oro, tierras con potencial para el cultivo y biodiversidad son desplazados de manera violenta por intereses nacionales y transnacionales (Escobar 2003).

En el caso de Wimbí, la empresa Energy & Palma intentó un desalojo de las 1200 hectáreas. En esta zona no se encuentra el asentamiento como tal, pero sí los sembríos de algunas familias de la comunidad de Wimbí. En 2016, la presencia del piquete policial y las máquinas retroexcavadoras tomaron por sorpresa a los residentes de la comunidad. Ante la acción violenta del desalojo, los wimbiseños reaccionaron también con violencia. Muchos salieron con machetes a enfrentar a la Policía y lograron repeler el desalojo y tomar una de las retroexcavadoras que había destruido los cultivos. Fue el despliegue de una acción de hecho ante la arremetida de la empresa sobre el territorio. Las familias que ocupan las tierras han vuelto a sembrar y en agosto de 2016 con el apoyo de la ONG Acción Ecológica, realizaron una “plantatón” (maratón de plantación) de matas de cacao en los terrenos cuyos cultivos habían sido destruidos durante el desalojo. Fue una acción a la vez simbólica y concreta de posesión del territorio. La estrategia de la comunidad ha sido permanecer en el territorio en disputa y fortalecer su posesión efectiva frente a racionalidades de acumulación (palmicultora o minera) que racializan a la gente y geografía del norte de Esmeraldas como inadecuadas, y legitiman a quienes acaparan la tierra para proyectos de supuesto desarrollo y modernidad. Según aliados de la lucha de Wimbí, “ellos han vivido ahí siempre. No se imaginan que les puedan quitar”. “Ellos están conscientes de que sus tierras les pertenecen, de que el derecho les asiste” (entrevista con aliado de la Pastoral Social 1, octubre de 2017).

Los pobladores de Wimbí, en el conflicto por tierras con la empresa palmicultora, así como los pobladores del norte de Esmeraldas en sus luchas contra la minería, apelan a los derechos colectivos de las comunidades afroecuatorianas como grupo étnico (como pueblos y nacionalidades en el lenguaje de la Constitución ecuatoriana). Aunque la comunidad no tenía título de propiedad de los terrenos en disputa, la posesión de los mismos ha sido por presencia histórica y por uso, como terrenos de cultivo y cacería.

Debido a la criminalización de cuatro líderes de la Junta Parroquial por uso ilegal de tierras, necesariamente la lucha en Wimbí también se ha dado en el terreno de las acciones jurídicas. Mediante esta estrategia, se consiguieron medidas de protección. Sin embargo, la abogada que estuvo encargada del caso, no realizó dos procesos de apelación a tiempo. Algunos wimbiseños sospechan que la actuación de la abogada pudo haber estado comprometida por la presión de la empresa.

A finales de 2017, y con apoyo de la Pastoral Social de Esmeraldas, Wimbí organizó una nueva estrategia jurídica. El objetivo era ambicioso: la revocación de la orden de desalojo y lograr la nulidad de los títulos de propiedad que tiene la empresa, fruto en primer término de una adjudicación irregular. Como uno de los pasos para sustanciar el argumento legal, se está trabajando en los elementos necesarios que probarían la ancestralidad de los pobladores afroecuatorianos en los terrenos en disputa. Por un lado, se ha contactado a un perito antropólogo para que documente la presencia histórica en el territorio y la concepción que del mismo tienen los habitantes de Wimbí. Por otro, el Vicariato de Esmeraldas se encuentra recopilando documentos de sacramentos que respaldan la presencia de población en la zona al menos desde principios de 1800.

Para visibilizar el tema, pobladores de Wimbí junto con la Pastoral Social viajaron a Quito en noviembre de 2016 para realizar un plantón y pedir una audiencia al expresidente Rafael Correa. Su petición fue derivada hacia la Subsecretaría de Ambiente. Expusieron su caso, pero no encontraron una buena recepción para sus demandas. Sin embargo, la estrategia también aspiraba visibilizar la problemática del norte de Esmeraldas. La Pastoral logró que el programa de televisión nacional de investigación periodística Visión 360 realizara un reportaje sobre la afectación minera.¹¹ También apareció un reportaje detallado sobre el conflicto en Wimbí en la revista digital de periodismo investigativo Plan V.¹²

Wimbí es un caso concreto, pero se enmarca en una lucha mayor en el norte de Esmeraldas. Wimbí es una de las 89 comunidades que formaron un frente por el agua y lograron, junto con la Defensoría del Pueblo, que se dictaran medidas cautelares en 2011 y se pidiera una moratoria de las actividades mineras. Además de los derechos colectivos, la Pastoral Social apela a una reparación integral a las comunidades que incluye el derecho a un medio ambiente sano y el derecho al agua. La encíclica Laudato si de 2015 ha dado un mayor impulso al trabajo del Vicariato de Esmeraldas que realiza campañas de visibilización de la contaminación del agua (con folletos y trípticos informativos) e información sobre los derechos ambientales. El frente por el agua considera que el Estado es el responsable en gran medida por la degradación ambiental: “El Estado ordenó a esas personas hacer minería, entonces deben reparar el daño ambiental. Queremos reparaciones integrales” (entrevista a miembro de la comunidad 1, septiembre de 2017).

Las comunidades y la Pastoral han interpuesto una demanda en la Corte Constitucional por el incumplimiento de las medidas cautelares de 2011. La demanda lleva más de un año en la Corte sin tener respuesta. Aquí el Estado se muestra indolente y los habitantes del norte de Esmeraldas, de ciudadanos pasan a ser “pacientes” del Estado, como sugieren Decesare y Auyero (2017). El Estado sí ha actuado, pero más bien para acallar e invisibilizar el daño ambiental causado por la minería en Esmeraldas: “En el Gobierno anterior tuvimos una dictadura ambiental. Sectores Estratégicos maquilló que todo [la minería] era un gran negocio, que todo se hacía bien” (entrevista a Eduardo Rebolledo, octubre de 2017). Sectores Estratégicos no permitió, por ejemplo, que salieran a la luz algunos de los informes sobre minería realizados por la PUCE-SE.

Al momento (marzo de 2019) Wimbí y la Pastoral continúan planeando la nueva estrategia jurídica. Los pobladores de Wimbí no se han resignado¹³ y más bien el apoyo de la Pastoral les ha dado esperanzas y un nuevo impulso en su lucha. Esta lucha apela, por un lado, a la pertenencia al pueblo afroecuatoriano y al reconocimiento de los derechos al territorio que se derivan de este sujeto jurídico y, por otro, a los derechos de la naturaleza y de los pueblos a un medio ambiente sano y a agua limpia.¹⁴ Los discursos se articulan frente a la falta de un Estado garante de derechos.

 

Conclusiones

La temática de los territorios en resistencia frente a los despojos y la segregación social del espacio debe incluir discusiones sobre los procesos de racialización íntimamente relacionados con la acumulación capitalista. Procesos de racismo ambiental afectan a las poblaciones afrodescendientes, indígenas y de color más oscuro dentro del marco del mestizaje latinoamericano. En este artículo abogo por incorporar esta visión, pues muchas de las resistencias en territorios implican a poblaciones racializadas, indígenas, afrodescendientes o de campesinos pobres. Es más, urge en el actual contexto nombrar el racismo de manera explícita pues la violencia directa desde el Estado u otros actores contra defensores de la naturaleza apunta de manera desproporcionada a activistas y miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes.

Por medio de un análisis que incluye un enfoque desde el racismo ambiental, he demostrado en este trabajo cómo en el norte de Esmeraldas los procesos de desposesión y segregación social que afectan a los territorios y poblaciones afroecuatorianas, y a la comunidad de Wimbí en específico, se fundamentan en la devaluación de las personas afrodescendientes y en los efectos nocivos que la degradación ambiental tiene en sus cuerpos, su salud y bienestar general. Sin la devaluación de estas poblaciones y sus cuerpos sería difícil justificar la inacción estatal frente al sufrimiento ambiental que se vive en la zona. El racismo funciona aquí para asegurar la desigualdad existente entre afroecuatorianos y blanco-mestizos requerida para el desarrollo de la agroindustria y la industria minera, pues implica la pérdida de vidas y desechabilidad de quienes tienen menor valor en las jerarquías etnorraciales del país.

 

Agradecimientos

El estudio en Wimbí fue parte de cinco casos de investigación sobre luchas antirracistas en Ecuador que realicé como investigadora posdoctoral en el marco del proyecto Latin American Anti-Racism in a “Post-Racial” Age (LAPORA), financiado por Economic and Social Research Council del Reino Unido (ESRC), con la beca ES/N012747/1 y dirigido por Mónica Moreno Figueroa (Universidad de Cambridge) y Peter Wade (Universidad de Manchester). Este artículo se ha beneficiado del intercambio intelectual con colegas del equipo LAPORA y de la asistencia de investigación de Luis Briceño. Agradezco también los comentarios y observaciones de los dos evaluadores anónimos que me sirvieron para afinar ideas centrales del texto.