1. Introducción. Soberanía de los recursos naturales y rendición de cuentas públicas

La paradoja de la abundancia señala que los países ricos en recursos naturales, que incluso pueden tener importantes ingresos financieros, no han logrado establecer las bases para su desarrollo y siguen siendo pobres (Schultz 2005 en Fontaine et al. 2018). En otras palabras, los países ricos en recursos naturales presentan tendencias a experimentar graves problemas económicos y sociales como consecuencia de poseer, explotar y exportar materias prima.

Sin embargo, la existencia per se de recursos no impacta para que se produzca esta condición, por ello, se debe diferenciar entre: dependencia, que es la ausencia de otras fuentes de ingreso o de divisa en un 50% o más (Ross 1999); la renta de los recursos naturales, que es el descubrimiento inesperado de recursos que incrementa el Producto Interno Bruto (PIB); y la abundancia de recursos naturales, que es la presencia en grandes cantidades de un recurso (Willebald et al. 2015).

La diferenciación anterior en la relación recursos naturales y rentas petroleras ayuda a clarificar el debate y el objeto de las propuestas para la mejor utilización de los recursos naturales (Gudynas 2012). Por ejemplo, la desigualdad en los términos de intercambio comercial por la exportación de materias prima (Prebisch 1983b) se relaciona con las agendas sociales nacionales que reivindican la soberanía de los recursos naturales, deviniendo en la formulación de políticas de orden nacionalista (Haslam y Heidrich 2016; Brukman 2013; Agnew y Oslender 2010; Fontaine et al. 2017; Velasco 2015; Aligiri 1992).

Ello sugiere que los Estados, durante el proceso de apertura a la inversión privada, han sido sometidos a una serie de presiones ejercidas por las reglas de comercio global socavando su soberanía sobre la administración de los recursos naturales estratégicos, imposibilitando la implementación de un conjunto de políticas soberanas sobre propiedad, apropiación y distribución que permitan maximizar su contribución al desarrollo (Cotarelo 2005; Prada 2008; Altomonte y Sánchez 2016; Sabatini y Sepúlveda 1997), siendo una condición sine qua non.

En una clasificación conceptual, estas propuestas podrían interpretarse como demandas por soberanía interna, ya que hacen referencia a las estructuras de autoridad dentro de los Estados y a la capacidad de estas estructuras para regular efectivamente el comportamiento de los sujetos privados y/o públicos dentro sus territorios (Krasner 2001). También la propuesta soberana puede considerarse opuesta a las reglas de libre mercado sobre la administración de los recursos naturales (Altomonte y Sánchez 2016; Brukman 2013).

En específico, las investigaciones sobre la región en las que se esbozó esta discusión son las exportaciones mineras, petroleras y agroindustriales (Bebbington et al. 2009; Von Hesse 2011; Bisang 2011) y abordan aspectos vinculados con su administración, tanto a favor de una liberalización para garantizar inversión privada (Sinnott et al. 2010), la administración de carácter estatal para garantizar políticas redistributivas (Gudynas 2009) y, por último, la conformación de alianzas público-privadas (Miguez y Garza-Gil 2010). Cabe señalar que, más allá de su abordaje, reconocen la necesidad de repensar mejoras en los procesos de administración para eludir la maldición de los recursos.¹

La distinción en la naturaleza de los intercambios político-sociales dentro de los sectores minero, agroindustrial, gas y petróleo presenta también diferentes niveles de importancia en la estructura política en la región, más allá de la sola generación de divisas. De hecho, de los tres sectores señalados, los recursos de gas y petróleo cobran notoriedad política en cuanto se asocian con la potencialidad para el desarrollo industrial de los países (Anaya 2015); entonces su control reviste también la consolidación de objetivos políticos importantes para los Estados de vocación extractiva, por lo que las políticas soberanas de petróleo y gas partirán de un componente nacionalista que busque aumentar las rentas mediante un mejor control del sector extractivo (Haslam y Heidrich 2016).

En cuanto a la administración de estos recursos en el sector hidrocarburífero, pero más específico en el de gas, son escasos los estudios en el campo de recursos extractivos con la finalidad entender su participación en la construcción política de la región (Haslam y Heidrich 2016; Brukman 2013; Agnew y Oslender 2010; Fontaine et al. 2017). En este campo, los procesos más radicales son liderados por fuertes movimientos políticos que, por medio de la movilización social, logran garantizar que la demanda sea expresada en los textos constitucionales y de ahí descender hasta la formulación de una política que garantice el control del Estado en el sector, este es el caso de Bolivia, Argentina y Venezuela (Fontaine et al. 2018) como el núcleo articulador de los demás sectores de la política y, por ende, de la gestión gubernamental (MAS-IPSP 2006-2011).

Paradójicamente, pese a lograr poner en agenda la problemática y emprender una política de orden soberano, estos países presentan un déficit de rendición de cuentas, tal como se expresa en el informe Natural Resource Governance Institute (NRGI 2017), datos que permiten señalar la existencia de una correlación entre política nacionalista en el sector hidrocarburífero (gas) y déficit de rendición política públicas. Por otra parte, otros gobiernos no optan por objetivos de política soberana radicales, sino por una alianza público-privada controlada desde la regulación impositiva. Perú, México, Brasil y Trinidad y Tobago presentan un cuadro más estable de rendición de cuentas según el informe de NRGI (2017), lo que permite señalar una correlación entre no adopción de objetivos soberanos y no déficit de rendición de cuentas públicas.

La evidencia de esta correlación en el sector de hidrocarburos (gas) en la región presenta siete casos, tomando en consideración la capacidad primario-exportadora en el sector de gas, así como la importancia de esta vocación en su PIB y la obtención de divisas (ver Banco Mundial 2017). Para poder agrupar estos casos, se usa una tipología simple con base en la presencia y ausencia del desencadenante (D) (adopción/no adopción de los objetivos de soberanía sobre los recursos naturales) y el resultado (R) (déficit/no déficit de responsabilidad pública) (Fontaine et al. 2018).

La combinación de la causa (adopción de objetivos de soberanía) y consecuencia (déficit de rendición de cuentas) define tres casos típicos: Argentina, Bolivia y Venezuela. La combinación de no causa (no adopción de objetivos de soberanía) con el resultado (no déficit de rendición de cuentas) define tres casos desviados: Trinidad y Tobago, Brasil y México. La combinación de causa (adopción de objetivos de soberanía) con el resultado de la política (no déficit de rendición de cuentas) no define un caso irrelevante y, por último, la combinación de no causa y efecto define un caso individualmente irrelevante: Perú. Esto implica una combinación de elementos que se pueden expresar en la siguiente tabla:

Tabla 1. Selección de casos en función a “causa y efecto”

	Adopción de objetivos de soberanía sobre los recursos naturales	No adopción de objetivos soberanía sobre los recursos naturales
Déficit de rendición de cuentas	Argentina, Bolivia y Venezuela	Perú
No déficit de rendición de cuentas	Ninguno	Brasil, México y Trinidad y Tobago

Elaboración propia con base en Fontaine et al. 2018.

La selección de casos es un paso importante para pretender probar la validez de la correlación entre causa y efecto; esto se hará desde el establecimiento de un mecanismo causal teórico. Los casos que cumplen la condición son Argentina, Bolivia y Venezuela; de los tres, se selecciona Bolivia dadas las particularidades del régimen político, ya que el liderazgo de Evo Morales presenta un cuadro mucho más estable de régimen de Gobierno de 12 años, por lo que la comprobación de la hipótesis mediante el diseño de la política y el uso no formalizado del rastreo de procesos en este país permitirá confirmar o no la relación presente.

 

2. Discusión teórica

2.1. Soberanía y regímenes democráticos

En los países de la región de vocación primario-exportadora, la búsqueda de garantizar los objetivos de soberanía nacional sobre los recursos naturales se ha vuelto fundamental en la consolidación de los procesos políticos. Esto explica la inclusión de artículos específicos sobre la participación mínima del Estado en la propiedad de las empresas o en los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales, bajo la necesidad de regular el pago de regalías por la extracción de estos recursos (Schuldt 2005), asumiendo un carácter radical para una reapropiación social de la naturaleza (Brukman 2013).

Pero ¿qué implicancias tiene este proceso para un determinado modelo democrático? ¿Por qué las demandas por soberanía obstaculizarían la responsabilidad pública? Partiendo de Bolivia como un caso típico, este artículo sostiene que la soberanía de los recursos naturales muestra condiciones suficientes que obstaculizan la rendición de cuentas públicas, es decir, la capacidad de “responsabilidad” sobre las acciones u omisiones de los administradores de la renta extractiva y la “aplicación” de sanciones (Schedler 2004) a los funcionarios públicos electos y designados al interior de los Estados dependientes de la exportación de materias prima.

La hipótesis que relaciona la política extractiva con el proceso democrático implica que el titular o ejecutivo se fortalece mediante la captación de rentas, lo que termina afectando la “responsabilidad social”, ya que la política se implementa mediante comando y control (Pierre y Peters 2000); también afecta a la “rendición horizontal de cuentas” (O’Donnell 2004), ya que el ejecutivo se vigoriza en desmedro del poder legislativo y judicial; y por último, afecta a la “transparencia” en cuanto el Gobierno controla la información y los grupos sociales por medio de agencias especializadas (Fontaine et al. 2018).

2.2. Un mecanismo causal de déficit de responsabilidad pública

La elaboración de un mecanismo causal que refleje esta correlación se sustenta en función de la variante prueba de teoría del seguimiento de procesos (Beach y Brun Pedersen 2011). Por lo tanto, la teorización expresa una hipótesis que guarda un sentido lógico entre la causa (adopción de objetivos de soberanía) y el efecto (déficit de rendición de cuentas públicas). Para entender ello, el énfasis en la diversificación de instituciones formales e informales que regulan las relaciones entre el Estado, la sociedad y el mercado (Fontaine et al. 2017) y su incapacidad para ser medios institucionales para eludir la maldición de los recursos pone de manifiesto el rol de las instituciones en este proceso, ya que, en teoría, pueden ayudar o limitar a los gobiernos a controlar los factores exógenos que afectan dramáticamente a las instituciones existentes (Fontaine et al. 2018). Para comprender este papel, se tiene el siguiente mecanismo causal teórico:

MC = D: A: B: C: R donde;
D = la adopción de nuevos objetivos de política (establecimiento de la agenda)
A= adopción de nuevos medios de política (formulación)
B= adaptación de reglas existentes (cambio institucional durante la implementación)
C= interacción política (gestión de conflictos durante la implementación)
R= un resultado de política para un problema

Esta estructura de mecanismo causal refleja los aspectos asociados con el cambio de la política en un entorno institucional, sin discriminar entre cambios de primer, segundo o tercer orden (Hall 1993). Puede decirse que es un modelo aplicado en un ciclo normal en cuanto integra diversos procesos de la política (Fontaine et al. 2018), por lo que la expresión de esa política se refleja en las diversas entidades desde los supuestos hipotéticos que serían:

La puesta en agenda de la adopción de objetivos de soberanía de los recursos naturales supone que el Gobierno asegure el desarrollo por medio del control estatal sobre el sector hidrocarburífero (D) mediante la formulación de una nueva política basada en el nacionalismo extractivo que termina cambiando el sector sectorial de la política (A). Para ello, el Gobierno asegura la nueva política mediante el cambio institucional, con incidencia en el cambio de la configuración intersectorial, fortaleciendo el papel del Estado en la política (B). Para ello, el Gobierno limita el control social y la participación en la política de hidrocarburos a partir de cambios en el estilo de implementación (C), en consecuencia, la nueva política dificulta la responsabilidad pública al cambiar la transparencia y autonomía de las agencias de control (R).

Tabla 2. Desarrollo del mecanismo casual

¿Por qué la adopción del objetivo de soberanía nacional desemboca en un déficit de rendición de cuentas públicas?
Teorización	D (Detonante)	A (Adopción de nuevas reglas)	B (Adaptación de reglas existentes)	C (Interacción política)	R (Resultado)
	Puesta en agenda	Formulación de la política	Coordinación interinstitucional	Interacciones políticas	Resultado de la política
Hipótesis	Gobierno apunta a asegurar el desarrollo por medio de la recuperación soberana de los hidrocarburos	Gobierno formula una nueva política hidrocarburífera basada en el nacionalismo extractivo	Gobierno asegura nueva política por cambio institucional	Gobierno limita el control social y la participación en la política de hidrocarburos	Nueva política dificulta la responsabilidad pública
Operacionalización	Declaraciones explícitas del titular con carácter público de los hidrocarburos	Cambio en la política sectorial	Cambio en la coordinación intersectorial	Cambios en el estilo de implementación	Cambio en la transparencia y autonomía de las agencias de control
Fuentes	Haslam y Heidrich (2016)	Philip (1982)	Pierre y Peters (2000)	Howlet (2014)	Peruzzotti (2006)

Elaboración con base en Fontaine et al. 2017.

Las hipótesis establecidas en cada identidad se interpretan a partir de su operacionalización en una serie de atributos, para la conformación de un conjunto de tests empíricos que otorgan el valor probatorio a los hallazgos en la investigación. La elaboración de estos tests pasa por la utilización del marco analítico del diseño de política, que otorga a los instrumentos el carácter explicativo de las hipótesis señaladas y que son clasificados a partir de la matriz NATO (Nodalidad, Autoridad, Tesoro y Organización), lo que permite confirmar la hipótesis como verdadera en el caso de encontrar los instrumentos.

Los criterios con los que se definen los atributos en gran medida incluyen los conceptos causales para permitir describir entidades y clarificar el proceso en el cual los conceptos causales abstractos se traducen en medidas reales en el caso de déficit de rendición de cuentas. Para ello, se asume que la relación entre demanda y construcción del objetivo de soberanía sobre los recursos naturales debe dejar huellas empíricas en caso de ser verdadera.

 

3. Método

3.1. Instrumentos de política como observaciones empíricas

Para el diseño de políticas como método, los instrumentos de política son observaciones empíricas (Fontaine 2015a) que además de evidenciar la diversidad de instrumentos y la complejidad de sus posibles combinaciones, identifican las posibles fuentes de información (Howlett en Fontaine 2015a, 161) y los medios formulados en relación con los objetivos que dicen perseguir (Howlett 2014).

Desde el diseño de política, se puede ver los trasfondos de la selección de un conjunto de instrumentos, revelando de manera bastante explícita la relación entre el gobernado y el gobernante, donde cada instrumento constituye una forma condensada de conocimiento sobre el control social y las formas en las que es ejercido por los gobiernos, estructurando la política pública según su propia lógica (Lascoumes y Le Galès 2007).

Esta capacidad que poseen los instrumentos los convierte en instituciones en cuanto su elección es una relación incrustada en un marco más amplio de modos de gobernanza dentro un régimen de políticas (Howlett 2014). Los ajustes se vinculan por el tipo de decisiones tomadas sobre los objetivos de la política y la definición de los medios apropiados para alcanzarlos al más alto nivel, donde se establecen los objetivos de política general y las preferencias de implementación (Howlett en Fontaine 2015a, 161).

En la investigación, se organizan en la taxonomía NATO. Nodalidad/información son los datos e información para y por los gobiernos, que pueden estar disponibles o no para otros actores. Autoridad es la forma legal de un gobierno para demandar, prohibir, garantizar o adjudicar derechos. Tesoro se refiere a la posesión de los recursos fiscales de un gobierno, los recursos utilizados y contemplados para poner en marcha la política. Organización alude a la posesión de un determinado número de personal y de instituciones formales con las que cuenta un gobierno para la jerarquía y el organigrama.

La combinación de esos instrumentos es una condición necesaria (si no suficiente) para que una política sea efectiva, independientemente de sus insumos y productos (Fontaine et al. 2018). Como tal, es empíricamente observable y permite extraer conclusiones sólidas sobre el proceso que lleva de los objetivos de las políticas a los resultados de las políticas (Fontaine et al. 2018).

Cuando los eventos observables que interceden entre causas hipotéticas y efectos observados tienen este carácter, constituyen “evidencia diagnóstica” (Bennet y Checkel 2015). Una estrategia conservadora es tratar los instrumentos de política como “pruebas de aro” (Van Evera 1997 en Fontaine 2015a), que son fundamentales para la discusión ya que pueden eliminar hipótesis alternativas.

También proporcionan un criterio necesario, pero no suficiente, para aceptar la explicación (Bennet y Checkel 2015). Esto significa que, dada la verdadera hipótesis, existe una alta probabilidad de encontrar evidencia de ello en un instrumento de política particular, aunque también es posible encontrar evidencia en un instrumento particular dada la hipótesis alternativa (Fontaine et al. 2018).

3.2. Observaciones empíricas

Para confirmar la existencia del mecanismo causal, se esperó encontrar rastros de cada hipótesis correspondiente en la combinación de instrumentos de política utilizada por el Gobierno de Evo Morales (diciembre de 2006 a diciembre de 2018). Esto implicó efectuar un total de 20 test empíricos en cinco entidades que componen el mecanismo, presentadas de la siguiente forma:

En la adopción de objetivos (puesta en agenda), la hipótesis de que el Gobierno apunta a asegurar el desarrollo mediante la recuperación soberana de los hidrocarburos (HD) debería dejar huellas empíricas en la declaración explícita del programa del gobierno (HD1); en la declaración explícita del Gobierno en la regulación constitutiva (HD2); en la declaración explícita del Gobierno en el modelo de desarrollo (HD3); y en la declaración explícita del Gobierno en el diseño del aparato estatal (HD4).

En la adopción de nuevos medios de política (formulación), la hipótesis de que el Gobierno formula una nueva política hidrocarburífera basada en el nacionalismo extractivo (HA) debería dejar huellas empíricas en el cambio en la planificación del área de políticas (HA1); en el cambio en la regulación del área de política (HA2); en el cambio en la asignación presupuestaria del área de política (HA3); y en el cambio en la administración del área de políticas (HA4).

En la adaptación a las reglas existentes (cambio institucional), la hipótesis de que el Gobierno asegura la nueva política por cambio institucional (HB) debería dejar huellas en el cambio en la coordinación intersectorial en la planificación (HB1); en el cambio en la coordinación intersectorial en la regulación (HB2); en el cambio en la coordinación intersectorial en la asignación presupuestaria (HB3); y en el cambio en la coordinación intersectorial en la administración (HB4).

En la interacción política, la hipótesis de que el Gobierno cambia el estilo de implementación (HC) debe dejar huellas en la influencia en el estilo de implementación y las evaluaciones por parte del titular (HC1); en la influencia en el estilo de implementación en el proceso legislativo (HC2); en la influencia en el estilo de implementación en la ejecución presupuestaria (HC3); y en la influencia en el estilo de implementación en la participación de la comunidad (HC4).

Tabla 3. Sistematización de test empíricos y fuentes de información

		T (Puesta en agenda)	A (Formulación de la política)	B (Coordinación interinstitucional)	C (Interacción política)
Mix de instrumentos	N	Declaración explícita en el Programa del Gobierno	Cambio en la planificación del área de políticas	Cambio en la coordinación intersectorial en la planificación	Sistema
	A	Declaración explícita del Gobierno en la regulación constitutiva	Cambio en la regulación del área de política	Cambio en la coordinación intersectorial en la regulación	Influencia en el estilo de implementación en el proceso legislativo
	T	Declaración explícita del Gobierno en el modelo de desarrollo	Cambio en la asignación presupuestaria del área de política	Cambio en la coordinación intersectorial en la asignación presupuestaria	Influencia en el estilo de implementación en la ejecución presupuestaria
	O	Declaraciones explícitas del Gobierno en el diseño del aparato estatal	Cambio en la administración del área de políticas	Cambio en la coordinación intersectorial en la administración	Influencia en el estilo de implementación en la participación de la comunidad

Elaboración del autor con base en Fontaine et al. 2017.

En los resultados de política (mix de instrumentos), la hipótesis de que la política de hidrocarburos causa un déficit de rendición de cuentas social (HR) debe dejar huellas en el cambio en el balance y autonomía de las agencias de control (HR1); en el cambio en el control social de la política (HR2); en el cambio en el acceso de información (HR3); y en el cambio en el régimen de sanciones por prácticas ilegales.

 

4. Evidencia recolectada

Considerando el conjunto de test empíricos expresados anteriormente, se analizaron los instrumentos empleados en la política pública boliviana de hidrocarburos entre 2006 y 2018, en función de la matriz NATO para probar las hipótesis señaladas.

4.1. La recuperación soberana de los hidrocarburos (detonante)

Desde 1990, el Gobierno boliviano, a la cabeza de Jaime Paz Zamora, inició una serie de tratativas con organismos internacionales para desestatizar la empresa boliviana de hidrocarburos Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como parte de las reformas neoliberales de segunda generación (Anaya 2015); la presión social impidió consolidar este proceso que esperó que el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en 1994, mediante la promulgación de la Ley de Hidrocarburos 1689, cediera el control de la producción a empresas privadas, y además, redujera las cargas fiscales y separara la empresa estatal en función de la cadena productiva.

El bajo desempeño de tales reformas convirtió a la política pública de hidrocarburos, a la recuperación del control de la producción y a la reconstitución de la estatal petrolera en una agenda social aglutinadora que terminó generando anomalías que el sistema no pudo subsanar (Hall 1993). Las condiciones para el cambio de paradigma de políticas estaban dadas y las movilizaciones de 2000 (la Guerra del Agua) y 2003 (la Guerra del Gas) no hicieron más que confirmar esta situación.

La victoria electoral de Evo Morales en diciembre de 2005 consolidó este proceso, condicionado por la obligatoriedad de cumplir “la agenda de octubre”, que también se conoce como la agenda del gas (Anaya 2015). Este es el punto de inicio del mecanismo, en cuanto condicionó al Gobierno electo a traducir las demandas en objetivos y lineamientos de política pública en torno a la recuperación soberana de los hidrocarburos.

a. Nodalidad

El condicionamiento de la agenda se tradujo en la declaración explícita del Programa de Gobierno de Evo Morales, tal como se detalla en el Plan de Gobierno MAS-IPSP 2006-2011, donde señala la recuperación soberana de los hidrocarburos como una piedra fundamental para el sustento de las demás políticas, que puede traducirse como un objetivo de política en cuanto estructura e incide en la línea que asume el Gobierno.

b. Autoridad

Consistente con las declaraciones en el Programa de Gobierno, la recuperación soberana de los recursos naturales es expresada por el nuevo Gobierno en la regulación constitutiva, primero con la implementación de la Ley 3058 que, si bien fue promulgada por Carlos Mesa tras los hechos de octubre de 2003, su implementación fue en 2006 durante la primera administración de Evo Morales.

c. Tesoro

El conjunto de declaraciones se sustenta en una intencionalidad a favor de un cambio en la orientación del modelo de desarrollo, donde el Gobierno asume un nuevo modelo centrado en el Estado, declarando un incremento del presupuesto tanto para YPFB como para las autoridades institucionales que regulan el sector. Estas declaraciones son explícitas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2011, el Decreto Supremo 29272 del sector de hidrocarburos, el Decreto Supremo 1322 que autoriza el incremento de presupuesto para YPFB y la Ley Financial 2007 aprobada por el artículo 147 de la Constitución Política del Estado anterior donde se otorga los recursos a empresas e instituciones del sector.

d. Organización

Para que estos cambios sean operativos dentro el sistema político institucional del Estado, debe existir una transformación acorde a las exigencias del nuevo rol del Estado en el sector, con mayor incidencia hacia el fortalecimiento de la empresa nacional de hidrocarburos YPFB, como se observa en la Ley 3058, el Decreto Supremo 28701 “Héroes del Chaco” y los intentos y estrategias para llevar a cabo esta nueva organización por parte del Gobierno (Memorias YPFB 2006).

Entidad A. La adopción de nuevos medios de política (formulación)

Las declaraciones anteriores expresadas tanto en las formas de comunicación, la regulación constitutiva, la asignación de recursos y la nueva organización del Estado con la finalidad de incrementar su participación en la cadena productiva hidrocarburífera son consistentes con que el Gobierno de Evo Morales formulara una nueva política petrolera basada en el nacionalismo extractivo y un nuevo rol en la cadena productiva (Fontaine et al. 2018).

a. Nodalidad

Una primera señal de esta nueva política se encuentra en el cambio en la planificación en el área de la política de hidrocarburos, en relación con una mayor participación del Estado desde el Ministerio de Hidrocarburos e YPFB, que en este nuevo contexto se encarga de planificar las políticas. El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2011, el Decreto Supremo 28701 “Héroes del Chaco” y la Constitución Política del Estado clarifican el nuevo contexto y los cambios en la planificación.

b. Autoridad

Para que los cambios en la planificación puedan ser efectivos, deben tener una clara relación con los objetivos en función al diseño (Howlett 2014), por lo que el nuevo diseño influenciará en el cambio en la regulación del área de política. En el caso de estudio, se observa este proceso con el cambio del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) como una forma de regulación del mercado, hacia la figura institucional de las autoridades como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), como se detalla en Decreto Supremo 0071, con la finalidad de controlar los cambios de contratos a las empresas petroleras tras los Decretos 2870, 29894 y 29033 que buscan poder regular efectivamente los nuevos sectores de participación del Estado.

c. Tesoro

Los cambios en la planificación y regulación del área de la política deben ser sustentados con el cambio de la asignación presupuestaria, en cuanto la nueva política necesita recursos económicos para garantizar un mayor control del Estado a las actividades encomendadas; las evidencias que detallan esto son el aumento del presupuesto de YPFB mediante transferencias del Tesoro General de la Nación (TGN) a YPFB en cumplimiento con lo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2011, el Plan de Inversiones de YPFB 2011-2015, el Decreto Supremo 1322 y la Ley Financial 2007 aprobada por el artículo 147 de la Constitución Política del Estado anterior y la Agenda Patriótica 2020-2025; así como el incremento del presupuesto para el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, entre 2006 al 2018, detallado en las leyes financiales del período señalado.

d. Organización

Los anteriores instrumentos denotan el cambio en la administración del área de políticas que se denominará la nueva arquitectura plurinacional, en función a un nuevo modelo de gestión respaldado por el Decreto Supremo 28324, la Ley 3058 y el Decreto Supremo 29894, con nuevas formas jerárquicas organizacionales para poder intervenir en el sector (ANH 2011-2015)./p>

Entidad B. Coordinación interinstitucional

Los procesos anteriores, al cambiar muchos aspectos del sector de política, inciden en el cambio institucional, lo que hace que se consideren –tomando el orden de los tres cambios propuestos por Hall (1993)– como cambios de tercer orden, ya que perciben un nuevo objetivo que altera el sistema institucional sobre el que se mueven todas las políticas. Por lo tanto, la irrupción de la política en el entorno institucional lleva a que el Gobierno la asegure mediante un cambio en las formas institucionales con la finalidad de asegurar gobernabilidad mediante un modelo de desarrollo efectivo que reduzca la pobreza.

a. Nodalidad

La traducción del proceso anterior puede verse en el cambio en la coordinación intersectorial en la planificación, ya que el Estado comenzará a restar importancia a una alianza público-privada más equitativa, o al establecimiento de cuasi mercados para atacar la pobreza, por lo que reclamará una mayor participación fiscal. Anaya (2015) señala que este punto del Impuesto Directo de a los Hidrocarburos (IDH) es importante porque las disputas políticas en torno a la nacionalización fueron resueltas desde la política fiscal. El instrumento con mayor grado de evidencia por tal razón es el IDH, que fija un impuesto hasta el 50% a la producción de hidrocarburos (Ley de Hidrocarburos 3058) que adquiere una importancia para la planificación de las políticas y por lo tanto su irrupción implica un cambio. Las referencias de ello están en el la Constitución Política del Estado, el Plan de Inversiones YPFB 2011-2016 y el Plan Nacional de Desarrollo.

b. Autoridad

Para que el Estado pueda obtener el IDH, debe realizarse un cambio en la coordinación intersectorial en la regulación. En primera instancia, implicará un cambio en los contratos de operaciones petroleras entre el Estado boliviano y las empresas transnacionales. En una segunda instancia, abrirá un espacio de negociación que terminará con una relajación de los términos finales del mismo que son instrumentos que relajan los alcances de la nacionalización planteada inicialmente (Velasco 2015).

La inclusión de la cuestión de las poblaciones indígenas en la regulación se observará dentro la consulta previa y será otro elemento sobre el que la regulación intersectorial cambiará, pasando a ser un elemento importante y a su vez conflictivo, dado que la ficha de consulta previa será un requisito para la autorización del inicio de operaciones hidrocarburíferas (Ley 3058; Constitución Política del Estado; Decreto Supremo 29033; Decreto Supremo 2298) y el punto de atraso para los tiempos de asignación de concesiones, considerado como una traba para las empresas transnacionales, dada la negativa de las comunidades por ser atravesadas en sus territorios (Paz 2012) y por ser, para las comunidades, una vulneración al derecho de la consulta previa.

c. Tesoro

Los cambios se verán consolidados en la coordinación intersectorial, dentro la asignación presupuestaria, en el IDH como política fiscal. YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos en este nuevo contexto serán las instituciones encargadas de asegurar y ello se expresa en el Plan Nacional de Desarrollo, pero también en las leyes financiales desde 2006 a la fecha donde se muestra la clara dependencia del presupuesto hacia el IDH.

d. Organización

El cambio en la coordinación intersectorial en la administración será producto de una nueva estructura del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, de acuerdo con la Ley 466 y el Decreto Supremo 29894 que marca la organización del Estado Plurinacional.

Entidad C. Interacción política

Estos cambios institucionales se reflejan en la selección de medios para implementar la política que, al que negociar el proceso de nacionalización (Velasco 2015) y tener que lidiar con una nueva regulación fiscal y social a raíz de la irrupción de los sectores indígenas, determinará la manera en que el Gobierno se relaciona con los actores privados hacia una forma de comando y control (Pierre y Peters 2000), por lo que el Gobierno limitará el control social y la participación en la política de hidrocarburos.

a. Nodalidad

En lo que a instrumentos de información se refiere, este proceso será claro en la influencia en el estilo de implementación y las evaluaciones por parte del titular, proceso consecuente con el fortalecimiento del Estado y fortalecimiento de YPFB como estatal petrolera, tal como se detalla en las competencias en el Decreto Supremo 28324, la Ley 970, los roles de YPFB y la Ley 3740 que asocia las evaluaciones a un mayor control estatal.

b. Autoridad

En este punto, el caso presenta una influencia en el estilo de implementación en el proceso legislativo, lo que confirmará la tesis de Philip (1982) sobre que el nacionalismo petrolero fortalece al ejecutivo en desmedro de los otros poderes, ya que el titular se favorece de las rentas generando gobernabilidad, pero también establece una lógica clientelar en cuanto logra cooptar organizaciones y movimientos políticos desde la redistribución (Anaya 2015).

En el caso boliviano, el interinato en la presidencia de YPFB, si bien el poder legislativo debería observar y controlar esto, como establece la Constitución Política del Estado y los Estatutos de la empresa (artículo 23, Estatutos YPFB), en los hechos no sucede y el poder legislativo permite este cuadro irregular.

c. Tesoro

Se observa una influencia en el estilo de implementación en la ejecución presupuestaria, tanto con los incentivos a las empresas petroleras desde la Ley 767 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, con la que el Estado retiene el 12% del IDH a favor de un marco fiscal más favorable para las transnacionales. El Decreto Supremo 1202 del 18 de abril de 2012 también permite que las empresas realicen inversiones beneficiadas con notas de crédito fiscal.

d. Organización

En los instrumentos de organización, el nuevo papel de las comunidades indígenas desde los Territorios Indígenas Comunitarios de Origen (TICOS) en la regulación se constituye en un punto de conflicto entre el Gobierno y las comunidades. Esto denotará una influencia en el estilo de implementación en la participación de la comunidad que se ve reflejado en el proceso de consulta en el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y en el Decreto Supremo 2298 que no respetó los derechos de las poblaciones indígenas, ya que, amparadas constitucionalmente, las comunidades harán valer su derecho a consulta y el Gobierno, presionado por el cumplimiento de plazos de concesiones petroleras, tendrá que reformular los alcances constitucionales.

Resultado

La nueva política dificulta la responsabilidad pública porque afecta los mecanismos institucionales que permiten el cumplimiento efectivo de los preceptos en torno a este concepto.

Rendición de cuentas horizontal

En lo que se refiere a la rendición de cuentas horizontal, entendida como la existencia de pesos y contrapesos entre los distintos órganos del Estado (O’Donnell 1993), el fortalecimiento del Estado como consecuencia de la mayor recaudación fiscal cambió el balance y autonomía de las agencias de control. El proceso puede reflejarse en los instrumentos que desconocen los resultados del referéndum nacional de febrero de 2016, donde el presidente Morales, imposibilitado para una nueva reelección, desconoció los resultados con la Sentencia SCP 0084/2017 argumentando que el artículo de la Constitución es una violación a los derechos humanos del presidente, estipulados en el Convenio de San José de Costa Rica.

Rendición de cuentas social

La irrupción del tema indígena y la relación entre el respeto de sus territorios y los objetivos de desarrollo entraron en una etapa de no retorno con la intención del Gobierno de atravesar el TIPNIS que terminó con la Ley 222 o Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas del TIPNIS de 10 de febrero de 2012. Los criterios que guiaban esta consulta eran de información y respeto de usos y costumbres, empero, según denuncias de diferentes ONG, esta no fue ni libre ni informada (CEDIB 2016). Los alcances de este proceso en las comunidades indígenas generaron un debate sobre si existen garantías para una rendición de cuentas social en torno a la relación del Estado con las comunidades indígenas dentro sus territorios.

Transparencia

Los procesos de nacionalización y la Ley 3058 establecieron la transparencia como uno de sus pilares más importantes. Si bien se encuentran presentes en la regulación, en realidad no se cumplen, por ejemplo, la Ley 3740 de Desarrollo Sostenible del Sector Hidrocarburos, en su artículo 6, establece que YPFB deberá publicar semestralmente, en su página web, información relativa a producción, precios, ingresos brutos y costos recuperables, entre otras variables, por campo y tipo de hidrocarburo (gas natural, líquidos, etc.) pero, si se revisa los portales web, la información no está presente.

Sanción

La hipótesis en torno a los mecanismos de sanción señaló que debería presentarse un cambio en el régimen de sanciones por prácticas ilegales, sin embargo, Bolivia como estrategia de limpiar la imagen del Gobierno ante los hechos de corrupción, aprobó leyes mucho más drásticas para combatir la corrupción, así que no se encuentra huellas empíricas para solventar este punto de cambio en el régimen de sanciones por prácticas ilegales.

 

5. Conclusiones

Revisados los alcances de la política, es claro que el análisis de política pública es un campo relativamente nuevo con bastante potencialidad, ya que permite entender lo que está en juego políticamente en un momento dado; la utilización metodológica del rastreo de procesos identifica las condicionantes que llevaron a la formulación y la implementación de la política. El análisis de este proceso desde los instrumentos es un buen proceder analítico al reconocer los efectos de la selección en la articulación del Gobierno con la sociedad civil, el mercado y el modelo democrático.

Para el análisis de la política hidrocarburífera boliviana, no se puede seguir pensando en los Estados como se lo hacía en el siglo XX, donde los procesos nacionalizadores impactaron en una nueva dinámica donde los intercambios; la necesidad de coordinación y negociación suponen el establecimiento de la forma gobierno que mide su éxito en función de la capacidad de consenso y generación de recursos.

La conclusión de que la nueva política dificulta la responsabilidad pública al cambiar la transparencia y autonomía de las agencias de control ha sido confirmada revisando los elementos que entran en juego en el proceso, la aplicación de las pruebas empíricas y la relación entre el Gobierno y los demás actores. En lo que se refiere al nacionalismo de recursos de la política boliviana, se ha establecido como un elemento ideológico articulador ya que, si algo se demuestra, es que los distintos grupos coinciden y se articulan en torno a la política de hidrocarburos, por lo que su revisión es fundamental para entender la política democrática del país.

Esta unidad, sin embargo, no ha permitido diseñar una política más acorde a la realidad boliviana, ya que el Gobierno no ha podido recaudar los suficientes recursos en exploración, pese a la promulgación de la Ley 767 para las inversiones y la relajación de los términos de contratos con las empresas petroleras ni tampoco ha podido lidiar exitosamente con las comunidades y naciones indígenas en los procesos de consulta previa, que llevan a que adquiera la implementación un carácter más jerárquico.

Al denotar este proceso desde el marco analítico del diseño de la política, se quiere subrayar la importancia del análisis de los instrumentos para develar las formas ocultas de poder que existen en la promulgación de estas leyes y cómo afectan la rendición de cuentas horizontal, el cambio en el balance y la autonomía de las agencias de control bajo el argumento del ejecutivo como garante del crecimiento y desarrollo de Bolivia.