1. Introducción

Este artículo reflexiona sobre las características y efectos de políticas de autogestión del hábitat gestadas e implementadas durante el largo ciclo del neoliberalismo urbano en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Argentina. Para ello, aborda la experiencia de la Ley 341 y el Programa de Autogestión de la Vivienda de Ciudad de Buenos Aires, cuya génesis y desarrollo está vinculado directamente con el activismo de movimientos sociales urbanos recreado en el contexto de la recuperación democrática a finales de la década de 1980 y sus posteriores modulaciones, partiendo de problemáticas habitacionales de la población trabajadora de bajos ingresos, en barrios dotados de centralidad y afectados por procesos de renovación urbana.

Esta investigación centra el hilo conductor del análisis en la relación entre autogestión y derecho a la ciudad. La primera comprendida como lógica y práctica colectiva y organizada de producción de bienes de uso para habitar, que emerge con matices, variaciones y dificultades en la recapitulación histórica del caso analizado; el segundo, en términos de sus niveles de concreción como pleno acceso a la centralidad urbana (objetiva y simbólicamente) (Lefebvre 1969).¹ El análisis identifica marcos de oportunidad y limitaciones que se presentaron en el contexto del neoliberalismo realmente existente (Theodore et al. 2009).

Aunque el caso es relativamente conocido y existen diversas publicaciones –varias de las propias autoras que hemos estudiado longitudinalmente el caso y también desempeñando roles militantes en su implementación y defensa–, la originalidad del presente escrito radica en la incorporación de resultados de un trabajo de campo inédito desarrollado con población residente en cooperativas de la Ley 341, que permite efectuar una recapitulación y análisis del ciclo completo, desde la génesis de experiencias piloto que alumbraron su gestación, hasta la etapa del habitar los conjuntos ejecutados en el marco de esta Ley y su programa operativo, el Programa de Autogestión de la Vivienda (PAV).

En términos conceptuales, se aborda aquí la relación entre autogestión, derecho a la ciudad y neoliberalismo urbano realmente existente, asumiendo la productividad de la hipótesis de la urbanización total propuesta por Henry Lefebvre, con sus efectos y alternativas (1972) (Rodríguez 2009; De Mattos 2010). Los cambios radicales que afectaron al régimen de acumulación capitalista a partir de la Revolución Industrial, condicionaron y acotaron el despliegue de una dinámica económica, social y territorial que hizo estallar la antigua unidad de la ciudad y provocó un derrame espacial continuo del tejido urbano, que tiende a la “extinción de los residuos de vida agraria”. La entidad que hasta entonces había sido identificada como “ciudad”, va perdiendo especificidad para dar paso a la sociedad urbana (Lefebvre 1972). Bajo esta dinámica, se establecieron las condiciones requeridas para impulsar la expansión geográfica y la profundización del proceso de globalización financiarizada de la economía mundial, en un proceso en el que paulatinamente se impuso una nueva configuración capitalista a escala planetaria (Michalet 2004).

En este contexto, el acceso a la centralidad urbana y la relación con la vida cotidiana definieron tensiones significativas para el destino de la humanidad que Lefebvre identificó y denunció tempranamente, a partir de las consecuencias negativas de la exacerbación de la segregación socioespacial, la fragmentación y la funcionalización extrema que relacionó con los procesos concentradores del capital. “El derecho a la ciudad” supone un tipo de actuación sociopolítica orientada a su recuperación, comprendida como recuperación del habitar, del uso y goce cotidianos, renovando y transformando las características de la vida urbana. Para Lefebvre, esto implica una “reapropiación de las condiciones del ser humano en el tiempo, el espacio y los objetos”, trascendiendo las lógicas mercantil y burocrática, una utopía orientadora y significativa que “políticamente, no puede concebirse sin autogestión que abarque desde la producción y las empresas hasta las unidades territoriales” (Lefebvre 1972, 184).

Nuestro análisis se basa en una estrategia metodológica cuali-cuantitativa y se nutre de resultados de las tesis doctorales de las autoras –que permiten una recuperación longitudinal del proceso–, revisión de registros de cuadernos de notas (más ligados a roles prácticos y militantes como materiales autobiográficos) y, como fuentes primarias, la aplicación de una encuesta a 120 cooperativistas de la Ley 341, ejecutada entre enero y abril de 2018,² pertenecientes a nueve proyectos ubicados en diferentes localizaciones que abarcan un universo aproximado de 600 familias (cerca del 60% del total de familias involucradas en conjuntos habitados de la Ley 341 en ese momento).

Para construir una muestra de la variedad de procesos de organización y desarrollo autogestionario, los casos fueron seleccionados con el siguiente criterio teórico: a) origen de la organización (si el grupo tiene su origen en un movimiento preexistente, organización de base o política con un objetivo más amplio que la producción de viviendas o si constituye un grupo que se formó específicamente a partir de los requisitos del programa); y b) modelo de producción ejecutado (si la cooperativa asumió de manera directa o asociada a unidades productivas autogestionarias la ejecución de su conjunto o contrató empresas para los principales rubros de la obra). De este modo, se abordó una pluralidad de modalidades dentro del programa con vistas a captar variaciones y efectos diferenciados.

En cada proyecto, a partir del acuerdo con las referencias organizativas de cada lugar, se estableció un cuoteo proporcional a la cantidad de familias residentes en el conjunto. Se encuestaron personas que fueran el principal sostén económico del hogar, con su consentimiento informado, ubicadas en diversos pisos y localizaciones de los inmuebles. Se aplicó un formulario de 143 preguntas (cerradas en su mayor parte), involucrando dimensiones sociodemográficas, educativas, laborales y módulos referidos a participación, características de y percepciones sobre las viviendas, conjuntos y barrios (servicios y equipamientos), características del proceso de ejecución de las obras y costos. En el siguiente cuadro se detallan los casos seleccionados para el estudio.

Finalmente, en las conclusiones, se verifica que la autogestión fue un factor clave en las posibilidades de habitar dignamente la centralidad urbana para los sectores populares y, a la vez, un campo permanentemente disputado, por sus implicaciones y aperturas en términos de horizonte de reorganización de las relaciones fundantes del orden social capitalista.

2. Neoliberalismo, autogestión y ciudad

Durante las últimas cuatro décadas, el despliegue del desarrollo capitalista en su fase neoliberal (Harvey 2007) ha producido una profunda transformación sobre las formas de organización del territorio y de la población, redefiniendo las fronteras y áreas en que se estructuran los nuevos centros de dinamismo del capital a escala planetaria (Brenner 2004). En la actualidad, se asiste a un nuevo proceso de “acumulación primitiva” (Federici 2010 [2004]), donde la reiniciada oleada de privatización de la tierra y otros recursos comunales, el masivo empobrecimiento, el saqueo y el fomento de la división de comunidades antes cohesionadas vuelven a formar parte de la agenda mundial, acentuando formas de dominación más abstractas y lejanas a nuestro control, que expropian los activos y los saberes populares, y que arrebatan o cancelan la capacidad productiva autónoma de grandes sectores sociales. La lógica del sistema lo conduce a crecer a costa de la depredación de la naturaleza y la explotación, la desposesión y la exclusión de grandes mayorías. “Para evitar su alzamiento y su protesta, se desarticulan los colectivos y se individualizan los problemas y las soluciones. Se debilitan los Estados y se da un papel protagónico a las ciudades, que compiten entre sí para captar los favores de los inversionistas sin patria, subsidiándolos con los dineros del pueblo” (Ortiz Flores 2003, 1).

No obstante, el Estado continúa siendo el dispositivo fundamental tras la localización y relocalización de las personas, recursos, actividades e instituciones en la ciudad; organizando activamente procesos de desposesión de familias trabajadoras de bajos ingresos e implementando una potente estrategia discursiva para reinterpretar su acción (Davidson 2008; Rousseau 2009; Herzer 2010; Díaz Orueta 2013). Mientras unas pocas grandes ciudades se consolidan como los ejes de la nueva geografía planetaria, se multiplica la “miseria” de manera inédita: incertidumbres, inestabilidad, nuevas formas de violencia e inseguridad, profundización de múltiples modalidades de segregación bajo la lógica de la exclusión, expansión excesiva de las periferias y nueva pobreza intersticial en los centros urbanos (tomas de inmuebles, costosos alquileres y subalquileres informales de piezas en tugurios, villas, entre otras).

Entre los escombros de esta geografía urbana neoliberal, han surgido procesos organizativos y de resistencia en numerosas ciudades, adoptando diversas modalidades y formatos (Newman y Wyly 2006; De la Garza 2014; Casgrain y Janoschka 2013; Delgadillo 2009; Rodríguez y Di Virgilio 2016). Entre ellas, emergió el cooperativismo autogestionario de producción del hábitat (Rodríguez 2009).

En este contexto, la autogestión caracteriza el ensayo de formas de organización asociativas basadas en relaciones sociales sin explotación donde trabajo manual e intelectual, en principio, no se encuentran escindidos como premisa organizativa porque el control y la direccionalidad del proceso de producción está en manos directas de los trabajadores asociados, tras el objetivo de satisfacer determinadas necesidades sociales. De este modo, la producción autogestionaria del hábitat pone en marcha procesos colectivos y organizados por sus productores/destinatarios directos que interactúan contradictoriamente con la institucionalidad vigente, mercantil y estatal (Rodríguez 2009).

El derrotero histórico evidencia la estrecha relación que la autogestión tuvo, desde sus orígenes, con el movimiento obrero, con el desarrollo de las luchas de sentido revolucionario y con los ciclos de vida de esas luchas (de la Comuna de París a la Guerra Civil Española). En ese curso histórico, la autogestión también formó parte de los ensayos de vías socialistas en algunos Estados del siglo XX (como Yugoslavia, China y Chile). Más recientemente, la autogestión impulsada a partir del Estado también formó parte de algunas experiencias de gobiernos populares en América Latina, mientras otra vertiente significativa la aportó la insurgencia zapatista y las revueltas indígenas en Bolivia y Ecuador, que recuperan la vigencia de tradiciones ancestrales de organización comunitaria, desde cosmovisiones que disputan la hegemonía cultural occidental (Rodríguez y Ciolli 2011).³ En materia de hábitat, la Ley Nacional de Vivienda de 1968 de Uruguay –surgida en un contexto sociopolítico de gran movilización social, sindical y política–, dotó de un cauce institucional a la producción habitacional autogestionaria de mayor envergadura y continuidad a escala continental, apoyada en la emergencia y desarrollo de un movimiento social: la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM).

Las políticas que impulsan la autogestión, dentro del contexto del Estado capitalista, constituyen un campo de disputa simbólico y material que expresa una actualización explícita de la tensión del hábitat como bien de uso o como mercancía, motorizada por la lucha social como expresión de la contingencia de un tipo de dominación basada en una contradicción irresoluble dentro de los marcos del Estado capitalista. Las experiencias concretas permiten observar lo que representa dicha interacción con el Estado para las organizaciones sociales, entre la superación del orden social vigente implícito en los contenidos autogestionarios y su encuadramiento normalizador

3. “Buenos Aires ciudad” neoliberal y resistencia autogestionaria

La Ciudad de Buenos Aires, como consecuencia de cuatro décadas de políticas urbanas neoliberales, vio reforzada su condición de ciudad central de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), experimentando grandes transformaciones territoriales que aún hoy continúan en pleno desarrollo mediante procesos de renovación y recualificación urbana de la ciudad construida, que involucran, en particular, su centralidad histórica y urbana (Carrión 2005). Los gobiernos nacionales y locales jugaron un papel relevante como gestores y habilitantes de estos procesos. La intervención pública se concentró en las mismas áreas –comunas 1, 4 y 8–,⁴ donde se concentraron históricamente las tipologías del hábitat popular de la CABA (CEyS 2013). Las políticas habitacionales, de alcance acotado, se subordinaron al paradigma privatizador y desregulador del suelo urbano, dado que no se implementaron medidas o instrumentos específicos de regulación, producción, creación de bancos de inmuebles o captación de plusvalías dirigidos a tornarlo accesible o mitigar los efectos del incremento de precios (Cattenazzi y Reese 2017). La pobreza intersticial dispersa (casas tomadas, inquilinatos, hoteles-pensión) fue persistentemente invisibilizada y se priorizó la urbanización de villas, dinamizando el mercado informal allí donde la precariedad y pobreza concentradas quedan enclavadas en medio de las grandes transformaciones que impulsa el Estado⁵ (Rodríguez 2019).

Los procesos de resistencia gestados en este contexto contribuyeron a poner algunos límites, forzaron a los gobiernos locales a gestar nuevas estrategias y prácticas discursivas para disolverlas y, lo que resulta muy significativo, también lograron plantear algunos lineamientos de disputa por la apropiación de la centralidad urbana. El cooperativismo autogestionario de vivienda y hábitat ha jugado un papel significativo en este aspecto, gestando y sosteniendo un proceso de creación instituyente de normativas y políticas. La Ley 341 sancionada en 2000 dio origen al Programa de Autogestión de la Vivienda (PAV). Esta operatoria habitacional ejecutada por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad contempla el otorgamiento de créditos colectivos con tasas de interés subsidiadas (entre el 0% y el 4%) y plazos de hasta 30 años de devolución a organizaciones sociales para adquirir suelo, ejecutar obra nueva o reciclaje y contratar asistencia técnica interdisciplinaria (Zapata 2017).⁶ De este modo, pone en manos de los productores/destinatarios la conducción del proceso de ejecución habitacional, habilitando un marco institucional de interacción con el Estado para desarrollar prácticas autogestionarias. El origen de la Ley 341 y posterior implementación fue posible gracias a una confluencia de procesos que interesa señalar:

3.1 La masiva capacidad autoproductora de hábitat de los sectores populares y su necesidad de acceder a la centralidad urbana

Durante el ciclo neoliberal, en la Ciudad de Buenos Aires, la población excluida por el mercado y las políticas públicas, feminizada y empobrecida, produjo la ocupación intersticial y masiva de inmuebles en plena ciudad, buscando el acceso a las oportunidades definidas por dicha localización (vivienda, trabajo, educación, salud, recreación, entre otras) (Rodríguez 2005).

En esta configuración social y urbana, se gestaron las primeras cooperativas autogestionarias de vivienda de la ciudad orientadas a su regularización dominial y rehabilitación edilicia, impulsadas por el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) (una organización social constituida en este contexto sociopolítico “tolerante”, que expresaba en su propia composición una confluencia de necesidades de la población ocupante con militancia que aportaba conocimiento profesional especializado e intención de desarrollar una práctica política). Entre 1991 y 1998, unas 500 familias organizadas en estas cooperativas MOI impulsaron procesos de regularización dominial ante el Gobierno nacional, el Legislativo de la ciudad y compras de inmuebles en el mercado. Unas 200 familias, con aciertos y errores, concretaron ese objetivo –cooperativas Perú, La Unión, Yatay, Fortaleza, Nueva Vida I y II, y Consorcio Eleodoro Lobos– en los céntricos barrios de San Telmo, San Cristóbal, Barracas y Caballito. Los militantes del MOI llegaban a esos edificios ocupados mediante contactos que establecían algunas familias. Impulsaban tres ejes de trabajo: organización interna, gestión con el Estado y desarrollo de contenidos específicos del proyecto. El proceso se sustentaba en reuniones asamblearias sistemáticas y una intensa interacción cotidiana entre familias y militantes. Entre 1997 y 1999, también se ejecutó el primer reciclaje por autogestión en la Ciudad de Buenos Aires, en San Telmo, límite con el barrio Puerto Madero (uno de los más suntuosos de la ciudad). Se trataba de una antigua fábrica de hidrófugos, que Cooperativa La Unión transformó en un conjunto de 20 viviendas cáscara, con financiamiento de un programa nacional piloto (Programa 17) a un costo un 50% inferior a los programas locales por licitación empresarial del período. La superficie de las viviendas osciló entre los 50 y 100 metros cuadrados (Pucci 1998; Dirección Nacional de Políticas Habitacionales 2001). Ese aprendizaje “caso a caso” permitió acumular experiencia para transitar a una práctica orientada a la generalización.

3.2 La dimensión regional latinoamericana

La Ley 341 fue alimentada por la propuesta del sistema de usuarios de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM) y la participación e interacción con la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular (SELVIHP), formada en 1991 e integrada por organizaciones y movimientos de diversos países que comparten la perspectiva autogestionaria de producción del hábitat. Esta red alimentó de manera sostenida las agendas de impulso y sostén de estas experiencias de políticas en distintos países de América Latina⁷ mediante su escuela, seminarios, encuentros, apoyo a procesos de gestión y pasantías educativas, incluyendo a la Ciudad de Buenos Aires (Rodríguez 2009; Delgadillo 2014; Loza 2013). Esa dimensión regional latinoamericana y multicultural se expresa también cotidianamente en la composición de las cooperativas que cuentan con una fuerte presencia de diversas nacionalidades latinoamericanas (Perú, Chile, Bolivia, Uruguay, entre otras).

3.3 La producción de conocimiento público en el impulso de las políticas autogestionarias del hábitat

La producción pública de conocimiento y su interacción con los procesos de aprendizaje que atraviesan las prácticas autogestionarias de producción del hábitat ha tenido un fuerte impulso mediante distintos aportes y modalidades de la universidad pública, la cual ha sido una matriz productora de estos procesos. Por ejemplo, varios de los proyectos realizados en el marco de la Ley 341 son expresión de la escuela “arquitectura-ciudad”,⁸ fundamental en sus planteos de la interacción entre conjuntos y entorno vecinal-barrial, y muy particularmente, de la resolución de la espacialidad y sus transiciones. Estas impresiones en la arquitectura autogestionaria definen características distintivas de una forma de habitar centrada en la vida cotidiana de las/ os habitantes y su participación. A su vez, la Investigación-Acción Participativa y la Educación Popular han acompañado la conformación de los Equipos Profesionales Interdisciplinarios (EPIs) y los procesos de adquisición de capacidades diversas en la materialización del hábitat.

3.4 El contexto macropolítico como marco estructural de oportunidades y restricciones

Las características del contexto macropolítico tuvieron efectos sustanciales en la dinámica del hábitat popular de la ciudad. Durante la década de 1980, la “tolerancia” hacia las ocupaciones de edificios fue parte del clima de recuperación democrática (Relli 2018; Rodríguez 2005). La década de 1990 marcó una progresiva instalación de la participación social como dimensión significativa de la institucionalidad democrática y a la vez una respuesta a la crisis de representación, producto de las políticas neoliberales. En la Ciudad de Buenos Aires, esto se expresó en la sanción de su Constitución local en 1996, que tuvo una amplia incidencia de organizaciones y movimientos sociales. La promoción de la autogestión adquirió rango constitucional por medio del artículo 31 referido al hábitat.⁹ La Ley 341, junto con otras leyes,¹⁰ fue continuidad de ese proceso participativo, formulada por una mesa multiactoral que funcionó a lo largo de 1999 motorizada por el MOI, la Mutual de Desalojados de La Boca, delegados de ExAU3 y la Comisión de Vivienda de la Legislatura. Esta normativa, sancionada en diciembre de 2000, sintetizó el tránsito cooperativo desplegado previamente por el MOI con el balance de las herramientas de gestión local –créditos individuales– producidas en repuesta a la movilización de población en riesgo de desalojo ante el proceso de renovación urbana iniciado en La Boca, a mediados de la década de 1990.

La crisis de 2001¹¹ potenció la emergencia de organizaciones autogestionarias (empresas recuperadas, cooperativas de trabajo y de vivienda, bachilleratos populares, entre otras) que interactuaron con el Estado para obtener transformaciones institucionales y diversos recursos para su desarrollo. En este contexto, la Ley 341 y su programa operativo –el PAV– fue apropiada por un amplio espectro de organizaciones, movimientos, partidos políticos y cientos de familias ocupantes e inquilinas, constituyéndose un escenario multiforme y diverso de 534 cooperativas (unas 12 000 familias) que se inscribieron al Programa para acceder a la vivienda. En términos generales, la autogestión pugnaba por diferenciarse de la política habitacional masiva de contención social. Sin embargo, a lo largo del período neodesarrollista (2003-2015), las políticas estatales orientaron sus esfuerzos a la reactivación de la economía priorizando el protagonismo de actores tradicionales del capitalismo (Féliz 2015; Arqueros Mejica 2018) y específicamente del sector productivo de la construcción pública. En paralelo, se masificó un formato particular de políticas sociales bajo la forma cooperativa, pero desde una lógica que tendió a tornarlas una extensión informalizante del trabajo estatal municipal (Ciolli 2016).

No obstante, a nivel local, la institucionalidad de la Ley 341 siguió funcionando con una escala progresivamente acotada (Zapata 2013). Hasta 2007 se constituyó un banco de 118 inmuebles localizados en barrios de renovación urbana –La Boca, San Telmo, Barracas, Parque Patricios y Mataderos– y se inició el 49% de las obras que conforman el universo finalizado o en construcción a diciembre de 2017. Entre 2001 y 2003, la Ley funcionó con una reglamentación construida en conjunto por el IVC y las organizaciones que participaron de su diseño. Pero en 2004, con el cambio de autoridades del organismo, se reformuló la reglamentación y se retornó a la dinámica del Ejecutivo que decide a puertas cerradas, la implementación se fue burocratizando y complejizando, la Comisión de Control y Seguimiento fue perdiendo injerencia, se fue banalizando y finalmente fue sustituida por reuniones informativas, diluyendo las particularidades participativas del PAV (Zapata 2016).

A partir de 2008, asumió un gobierno explícitamente neoliberal que transformó CABA en “Buenos Aires Ciudad”, cabecera de playa de una fuerza política que arribó a la Presidencia nacional en 2015. Empezó el congelamiento de la Ley 341 con la suspensión de la compra de suelo y la reducción progresiva del presupuesto, centrado en unas pocas obras. Las condiciones desmercantilizadas de los préstamos, la participación decisoria y la desmercantilización del acceso al suelo urbano de localización central, contenidos asentados en el artículo 31 de la Constitución de la CABA, tensionaron abiertamente el sentido de las políticas actuales. Aún en estas condiciones, hasta enero de 2018 se construyeron casi 1050 viviendas en 35 conjuntos habitacionales, 22 obras se encontraban paralizadas por diversos problemas organizativos internos o financieros (Tejido Urbano 2017), nueve proyectos estaban en condiciones de iniciar obras y 26 en diversas etapas de gestión (613 unidades). En las obras finalizadas, el tiempo promedio de construcción a partir del “inicio de obra” fue de cuatro años y medio (nueve años la más lenta). El tamaño promedio de los conjuntos fue de 18 viviendas, insertos en la trama urbana y localizados en el 70% de los casos en Comuna 4 (resto 1, 8, 9 y 15) (Zapata 2017; Tejido Urbano 2017).

Mapa 1. Cooperativas autogestionarias del hábitat con obras finalizadas. CABA, 2017

Elaboración propia.

3.5 La autogestión como horizonte de construcción de organizaciones políticamente orientadas

La Ley 341 y sus hitos significativos no se comprenden sin la acción de un entramado de movimientos sociales y políticos y sus liderazgos. Expresa la reinvención de pensamientos y prácticas de tradiciones de izquierda revolucionaria de las décadas de 1960-1970, que fueron recreadas en el contexto democrático, confluyeron territorialmente en la centralidad urbana y resignificaron el horizonte autogestionario mediante organizaciones como el MOI, el Movimiento Territorial de Liberación (MTL) y la Organización Social y Política Los Pibes (OSYPLP). También se reconoce el papel clave de sectores de la Iglesia vinculados con el Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo que, en las décadas anteriores, se había involucrado en la lucha de organizaciones villeras por la radicación,¹² aportes de la Mesa de Delegados de la ExAU3, gran ocupación territorial de la zona norte de la ciudad. Y búsquedas por articular construcciones reivindicativas y perspectivas políticas más generales (como la participación en centrales sindicales como la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTAA) desde los inicios de la década de 1990 por MOI y MTL, y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) por parte de Los Pibes).

Imagen 1. Cooperativa La Fábrica, Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), 2018

Fotografía realizada por Camila Moro.

En el mismo sentido, en otros territorios del país es significativa la experiencia autogestionaria de la Tupac Amaru, en la provincia de Jujuy (al norte del país), donde la producción de barrios se articuló con una estrategia de acumulación de poder territorial e institucional que los medios sistémicos llegaron a denominar “estado paralelo”. Encabezada por una dirigente mujer, indígena, de origen pobre, que no casualmente es la primera presa política del actual de Gobierno nacional: Milagros Sala. En diciembre de 2015, todos los movimientos sociales autogestionarios de hábitat de la ciudad –entre ellos, MTL, MOI, OSYPLP– se movilizaron exigiendo su liberación y en esa interacción también gestaron la iniciativa del Colectivo de Organizaciones del Hábitat Popular, que impulsa una normativa nacional de producción autogestionaria del hábitat como perspectiva de resistencia y organización.¹³

3.6 La autogestión habitada. Características de la producción material del hábitat autogestionario

Con base en una encuesta en cooperativas habitadas, citada anteriormente, las nueve obras involucradas en el análisis cuantitativo ejecutaron 37 269 metros cuadrados de obra en 599 viviendas, con un promedio de 71 metros cuadrados de superficie por unidad habitacional (muy por arriba de los 45-50 metros cuadrados promedio establecidos para la vivienda social). El mayor tamaño de las viviendas cooperativas se explica en gran parte por tratarse de población activa que fue parte de la gestación de los proyectos (incluso, en algunos casos, con altos niveles de participación en procesos de diseño participativo). El control social directo de la producción redundó en una priorización del uso de las viviendas por sobre la posibilidad de maximización de ganancia.¹⁴ En cuanto a las formas de producción, casi el 51% fueron producidas por contratos con cooperativas de trabajo, 31% mediante ejecución directa (es decir, el presidente y/o el consejo de la cooperativa realizó de manera directa la coordinación de contrataciones de los diversos rubros) y un 17,5% eligió firmar contrato con pequeñas empresas constructoras familiares o contratistas. Casi la mitad de los cooperativistas encuestados (el 46%) señaló que en sus organizaciones incorporaron actividades de ayuda mutua en los planes de obra o jornadas solidarias con el fin de abaratar costos y maximizar la utilización del crédito recibido por el PAV en una mejora de las calidades de los materiales constructivos, y en el 63% de los casos, además, aportaron fondos propios complementarios a los del PAV durante las obras para sostener baches del financiamiento o mejorar la calidad de las terminaciones.

Gráfico 1. Actores intervinientes en la producción de las viviendas. CABA, 2018

Elaboración propia.

El diseño participativo de conjuntos y viviendas –con diferentes modalidades e intensidades– es un aspecto distintivo de esta operatoria: el 70% recuerda haber participado de dichas instancias. Asimismo, el 90% de los encuestados participó de acciones públicas para garantizar la continuidad de sus obras o en reclamo por presupuesto para la Ley 341.

En cuanto a las percepciones que tienen los cooperativistas sobre sus nuevas viviendas, el 90% resaltó que le agrada mucho su vivienda. Valoran la buena ventilación (93%) y la iluminación natural (96%), cuestiones que surgieron de importancia para una población que proviene de inquilinatos u hoteles pensión atravesados por la precariedad habitacional. Las mejoras en su calidad de vida se visualizaron en que el 100% cuenta con agua de red, equipamientos de baño completos e instalaciones para el gas de red. También el 76% declaró tener acceso a internet en su domicilio y el 87,5% cable o Direct TV. El 90% de los casos cuenta con recolección diaria de basura y los complejos de mayor escala diseñaron sistemas internos de recolección.

Imagen 2. Cooperativa EMETELE, Movimiento de Liberación Territorial (MLT). CABA, 2018

Fotografía realizada por Camila Moro.

El 76% de los encuestados considera muy buena la localización de su cooperativa en relación con el resto de la ciudad. Tal como se pudo ver en el mapa 1, gran parte de las cooperativas se ve beneficiada por el capital locacional (Abramo 2002) que ofrece la centralidad. El 40% tiene a un minuto algún medio de transporte público. El 80% cuenta con escuelas, instituciones de salud, supermercados y cajeros bancarios a menos de cinco cuadras. Todos registraron a su alrededor (a menos de 10 cuadras) espacios de esparcimiento, centros culturales y museos. Estas características de la trama urbana de inserción garantizan condiciones de integración y acceso al derecho a la ciudad para los cooperativistas destinatarios.

Cuadro 4. Características de empleo de los encuestados cooperativistas. CABA, 2018

Elaboración propia.

El 67% de los encuestados se integró a las cooperativas entre 2003 y 2006, contando con una experiencia organizativa sostenida entre 15 y 12 años. La población cooperativista involucra trabajadores empobrecidos: solo el 7% encuestado percibía un ingreso familiar por encima de la línea de pobreza. El 44% son empleados, el 46% cuentapropistas y un 6% cooperativistas. Los tipos de trabajo más frecuentes son empleada doméstica, enfermera, acompañante terapéutico, albañil, mantenimiento, maestranza, seguridad y vendedores ambulantes. La mayoría trabaja en el sector privado (81,5%) y muy pocos en el sector público (el 14% a escala nacional y el 2% municipal). Un 53% sufre situaciones de informalidad o precarización (sin obra social ni jubilaciones).

La operatoria ha generado gastos soportables, con un costo promedio que no supera el 22% de los ingresos familiares, incluyendo la cuota del crédito, fondo mantenimiento y los servicios. Casi la mitad señala que la participación en la cooperativa les abrió puertas o les generó facilidades en lo laboral a partir del acceso a una red de contactos (40%), sirvió de inspiración para aprender un oficio laboral (40%) o lo habilitó para conseguir trabajo en una cooperativa de trabajo (23%).

4. Conclusiones: tensiones y desafíos

El artículo reflexiona sobre los efectos de políticas de autogestión del hábitat gestadas e implementadas en el contexto del neoliberalismo urbano en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. La experiencia de ejecución de la Ley 341 y el Programa de Autogestión de la Vivienda (PAV) mostró el potencial de la autogestión para producir hábitat popular adecuado y bello sin necesidad de la lógica de la ganancia. A partir del activismo de movimientos sociales urbanos, recreado en el contexto de la recuperación democrática a finales de la década de 1980 y sus posteriores modulaciones, con eje en su población trabajadora de bajos ingresos con problemáticas habitacionales, se logró impulsar normativa y programas, captar suelo y ejecutar conjuntos habitacionales localizados en barrios dotados de las oportunidades que ofrece la centralidad. La pertenencia a redes y organizaciones de base se configuró como un activo insustituible para el acceso al hábitat y a la ciudad, pero también para palear los procesos de empobrecimiento y precarización ligados con las medidas de ajuste estructural propio de la ciudad neoliberal, y concomitantemente, abrir oportunidades para afrontar distintas necesidades bajo esquemas poco asistenciales.

El desarrollo de una producción autogestionaria orientada por la satisfacción de la necesidad y sin existencia de lucro (o con su mínima expresión y muy controlada) se tradujo en que el total de la inversión administrada de manera directa por las cooperativas de vivienda en el marco de la Ley 341 se orientó a elecciones de localización que aseguran mayores oportunidades para la integración y mejorar la calidad habitacional: más superficie en las viviendas, mejores materiales, más terminaciones, existencia de espacios comunes y acceso al “derecho a la belleza” para la clase trabajadora. Esto se maximiza entre quienes profundizaron las características de los modelos de producción autogestionarios para la construcción de sus viviendas, pues se enfrentaron al desafío de conformar un modelo económico-productivo alternativo al establecido, el cual habilitó ensayar renovadas relaciones sociales de producción, sistemas productivos horizontales –sin patrón–, encadenados cooperativos y desarrollar capacidades para administrar con eficiencia recursos del Estado.

Pero el derrotero tampoco estuvo exento de las tensiones propias de la relación organización social-Estado. Pues sin conciencia política con orientación universalista (que no emerge de manera espontánea y natural de cada proyecto cooperativo, sino solo bajo determinadas condiciones de producción de la politicidad y reelaboración colectiva de la experiencia vivida)–, este mecanismo relacional también generó actitudes de “gestionismo” de los recursos estatales, reproducción de prácticas delegativas antes desarrolladas por la estatidad y –en contextos de desarticulación estatal– tercerización de responsabilidades públicas en las organizaciones de base.

El desarrollo de la producción autogestionaria del hábitat debe ser interpretado en su relación de relevancia con el contexto macro y, a partir de allí, comprender que el desafío central y estratégico es la construcción política de la organización autogestionaria. Como instrumentos dinamizadores de estas organizaciones autogestionarias, se configura la construcción y desarrollo de un conjunto interactuante de capacidades que maduran en el proceso colectivo, básicamente: “Capacidades organizativas, capacidades propositivas, capacidades de gestión, capacidades de producción y, permanente, insoslayable y cotidianamente, capacidades de lucha (Jeifetz 2018). En el sector habitacional, ha quedado demostrado –a pequeña escala, pero demostrado al fin– que la organización autogestionaria motoriza acciones que implican la lucha por conquistar la concreción del derecho a la ciudad, la lucha por construir territorios democráticos y la lucha por concebir, construir y conquistar un hábitat más humano.

 

Notas

1 No se desconocen y en otras publicaciones hemos trabajado el derrotero del concepto y sus apropiaciones y usos posteriores, pero aquí nos interesa retomar elementos filosóficos y políticos planteados tempranamente por Lefebvre.

2 En el marco del Proyecto “Alternative models of housing development programs in Buenos Aires, Argentina”, financiado por la Universidad Johns Hopkins (dirigido por Valeria Procupez y María Carla Rodríguez) con el Área de Estudios Urbanos del IIGG y Asociación Civil MOI, acordado con el Colectivo de Organizaciones por el Hábitat Popular.

3 En Cuba, fue motivo de intensas controversias y solo en las últimas décadas fue caracterizado como herramienta coherente con su organización socioeconómica. En Venezuela, el Gobierno de Hugo Chávez lo definió como una de las formas para garantizar la democratización económica planteada en la Constitución Bolivariana.

4 Barrios en las comunas: 1 (Retiro, San Nicolás, Monserrat, Constitución, San Telmo y Puerto Madero); 4 (Barracas, Nueva Pompeya, La Boca y Parque Patricios); y 8 (Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo)

5 Cerca de medio millón de personas habitan en villas, ocupaciones de edificios y hoteles pensión. Para su caracterización, ver: CEyS (2013).

6 No tiene restricciones por nivel de ingresos familiar y reconoce como hogar al listado de personas convivientes declaradas por cada socio/a titular, incluyendo unifamiliares.

7 Existen marcos de políticas de producción autogestionaria en Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Venezuela, Panamá, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

8 La escuela arquitectura-ciudad formada en la Universidad de La Plata en la década de 1960, con su mayor referencia en el arquitecto Marcos Winograd, quien cursó varios seminarios con Henry Lefebvre, propuso una renovación de la definición del campo y sus relaciones. El Equipo Profesional Interdisciplinario (EPI) del MOI recreó esa perspectiva, en la cual también se formó el EPI Dolmen, otro actor significativo (Rodríguez 2009).

9 Con base en la definición clásica de Yujnovsky (1984), entendemos al hábitat como todos los bienes y servicios habitacionales que definen un medio que permita una integración individual, familiar y colectiva plena a la ciudad.

10 La Ley 324/99 que estimuló la intervención estatal en el conflicto producido por la no construcción de la Autopista 3 y la Ley 148/99 que impulsa el marco normativo necesario para la urbanización de las villas de la ciudad son leyes del período.

11 Esta crisis se expresó en el estallido social, político y económico de diciembre de 2001, la movilización social de la población y la renuncia del entonces presidente de la nación, Fernando De La Rúa.

12 Así, hacia finales de la década de 1980, el Padre Pichi vinculó al MOI con la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM). Fue otro cura, el Padre Lapadula, quien promovió la conformación de la Asamblea de Desalojados de La Boca, que resistió desplazamientos en la década de 1990 y confluyó en el impulso de la sanción de la Ley 341.

13 En 2009, esta perspectiva había sido planteada en el contexto de una Constituyente Social que tuviera lugar en el barrio Alto Comedero, provincia de Jujuy, sede de la Tupac Amaru, impulsando la construcción de un movimiento social, político y cultural de liberación, pero por aquel entonces esta perspectiva no prosperó.

14 En una vivienda social, el Estado maximiza ganancia mediante la reducción al mínimo de los tamaños de las viviendas para maximizar la cantidad de unidades habitacionales a ofrecer como solución habitacional, esto a costa de incrementar el hacinamiento y reducir calidades constructivas.