1. Introducción

Hace poco más de 15 años, se creó la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina (la Red) que promueve el debate sobre los desastres como problemas no resueltos de desarrollo, comprendiendo tanto la historia de los desastres (García Acosta 2005) como las claves conceptuales de la ciencia y la gestión de riesgos de desastres, con sus tipos de amenazas y dimensiones de vulnerabilidad. La Red aborda además causas de fondo de los desastres y estudia las presiones dinámicas que generan las condiciones de inseguridad (Blaikie et al. 1996), es decir, analiza los procesos de construcción social de riesgo de desastres, como también ejemplos prácticos y metodologías participativas para la construcción de capacidades para reducirlos (Maskrey 1989). En tanto Red interdisciplinaria, también ha coordinado esfuerzos para elaborar metodologías de bancos de datos sobre los impactos en desastres, por ejemplo, el Sistema DesInventar (Muñoz Aguilar et al. 2017). Otro esfuerzo desarrollado por esta instancia abarcó el análisis de los tipos de investigaciones que los científicos sociales de Latinoamérica y el Caribe hicieron en los desastres ocurridos en el continente (Lavell 2005). Chile y Brasil, dos de las principales economías en Sudamérica, han sido países con baja participación en los trabajos colaborativos de los científicos sociales de la Red, a pesar de sus extensos históricos registros de desastres. Con todo, la ocurrencia reciente de grandes catástrofes genera investigación social tanto en Brasil (Valencio 2012; Marchezini 2014 y 2015) como en Chile (González Muzzio 2013; Larenas et al. 2015).

Desde las ciencias sociales con enfoque crítico, los desastres no son vistos como fenómenos naturales, pero sí como un producto o construcción social que ocurre en un espacio y a lo largo del tiempo (Maskrey 1993; García Acosta 2005; Marchezini 2009; Gould et al. 2016). En estos enfoques, es importante analizar tanto las causas de fondo de las vulnerabilidades como las presiones dinámicas que las intensifican, creando condiciones de inseguridad que se expresan como un desastre cuando ocurre algún tipo de fenómeno natural que puede ser visualizado como una amenaza (Blaikie et al. 1996). Las causas de fondo se caracterizan por el acceso limitado al poder, las estructuras y los recursos, como también la ideología en los sistemas políticos y económicos. Por ejemplo, en cuanto a causas de fondo, la desigualdad de ingresos está relacionada con el acceso a los recursos (Blaikie et al. 1996).

Estas causas de fondo –que aumentan o se reducen, pero permanecen a largo de la historia– pueden intensificarse por las presiones dinámicas en períodos de tiempo menores (una o dos décadas). Como parte de estas presiones dinámicas están las macrofuerzas como el rápido crecimiento de la población, la deforestación, la falta o insuficiencia de instituciones, de libertad de prensa, de normas éticas de la vida pública, de inversiones locales, entre otras. Estos procesos de fuerzas generan condiciones inseguras, como por ejemplo la presencia de población residiendo en viviendas precarias ubicadas en zonas peligrosas o susceptibles a amenazas. Si las amenazas ocurren bajo estas condiciones de inseguridad y se generan daños y pérdidas que no pueden ser superadas por la propia comunidad, se considera que este resultado es un desastre (Blaikie et al. 1996).

Estas categorías analíticas sobre las causas de fondo y las presiones dinámicas que generan las condiciones inseguras permiten comprender los desastres como un proceso de construcción social cuya vulnerabilidad puede sufrir progresiones. Todavía el enfoque procesual también puede ser utilizado para analizar las condiciones de inseguridad durante la recuperación del desastre. En estos contextos de desastre, hay nuevos discursos y prácticas que inciden sobre la población y la vida. Esto influye en la dimensión biológica, política, técnica, estadística, entre diversas manifestaciones, creando mecanismos y dispositivos de poder que componen formas de biopolítica del desastre. Desde esta perspectiva, es esperable que no solo se incrementen las fuerzas del Estado durante el gobierno de la emergencia, sino también que se posibiliten nuevas formas de capitalismo del desastre (Schuller 2008) y de inseguridades, principalmente en el contexto neoliberal. Para Lawrence y Wiebe (2018), la biopolítica del desastre no solo representa una perspectiva de análisis, sino también configura un marco para examinar, develar y resistir los fallos de la racionalidad gubernamental frente al desastre. Desde este encuadre conceptual, en la comprensión del desastre concurren aspectos teóricos, éticos e históricos que, por ejemplo, configuran el modo en que se conciben las necesidades y riesgos de las personas en función al género (Ahmad 2018).

Atendiendo este marco analítico, en el presente artículo se analizan dos procesos de recuperación de desastres que han provocado cambios importantes en los países donde ocurrieron. El primer caso es el terremoto del 27 de febrero de 2010 en Chile, mientras que el segundo es la catástrofe de la región serrana de Río de Janeiro, Brasil, después de las inundaciones y deslizamientos que ocurrieron el 12 de enero de 2011. Se trata de experiencias neoliberales solidificadas mediante políticas tanto económicas como sociales y de seguridad. El comienzo del régimen neoliberal en Chile se vincula con los inicios de la dictadura militar de 1973 (Bravo 2012), aun cuando también se sugiere que su instauración radical se suscita con la Constitución Política de 1980 (Saavedra 2015). En el caso brasileño, existe consenso en que la instalación neoliberal se articula a partir de la década de 1990 (Massimo 2013).

Sobre esta base, se comparan dos casos de desastres en que se identifican categorías analíticas para pensar en los procesos de recuperación de largo plazo, las condiciones de inseguridad en las dimensiones de la vida social y los desafíos para los profesionales que trabajan en los desastres en un contexto biopolítico neoliberal. Estos casos demandaron respuestas técnicas y políticas, con especificidades territoriales y situacionales que atendían al tipo de desastre abordado. Cabe recordar que tanto Chile como Brasil eran gobernados por dos mujeres presidentas, cercanas a posiciones de izquierda. Sin embargo, los resultados de estos dos casos, comparables en algunas dimensiones, revelaron que independientemente del tipo de gobierno, las políticas de reconstrucción expresan decisiones con enfoque neoliberal.

2. Método

En este artículo se analizan aspectos que componen la biopolítica del desastre a partir de dos situaciones ocurridas durante el último decenio en Chile y Brasil. Los casos de estudio son abordados por medio de la revisión de bibliografía pertinente sobre los procesos de reconstrucción y recuperación, desde el enfoque de la sociología de los desastres, y complementada con información de investigación de campo que emerge en entrevistas cualitativas. En el caso chileno, tanto la información documental como resultados del análisis de datos están asociados con una investigación sobre la producción de la normalidad neoliberal después del terremoto de 2010 por medio del proyecto Fondecyt 11170939, que aborda el problema de normalización biopolítica poscatástrofe. En el caso brasileño, los resultados de investigación están asociados con un proyecto conducido tras la catástrofe de 2011 en Río de Janeiro llamado Abandonados nos desastres, cuyos informantes fueron damnificados y trabajadores sociales en los albergues temporales. En ambos proyectos se adoptaron estrategias cualitativas con pautas de entrevista y revisión documental diferentes, pero que consideraron como criterio común la identificación de discursos y prácticas gubernamentales en el escenario del desastre.

A partir de estos dos casos de estudio se pueden identificar categorías analíticas que permiten ponderar las bases para la comparación situacional de instrumentos y mecanismos biopolíticos en contextos de desastres, cuyo propósito es sostener al régimen neoliberal en el tiempo.

3. El desastre como resultado de un proceso de producción social del riesgo

Las condiciones de inseguridad cambian de acuerdo con el contexto de actuación de los sistemas políticos y económicos. Estas condiciones se refieren, por ejemplo, a los edificios e infraestructura sin protección, a su localización en zonas peligrosas, a la fragilidad de la economía local con bajos niveles de ingresos. También a la ausencia de instituciones locales, la falta de preparación, la existencia de enfermedades y las malas condiciones sanitarias, entre otras. Las políticas públicas de respuesta y recuperación del desastre pueden reducir esas condiciones de inseguridad como también generar otros tipos de fragilidad durante el proceso.

3.1. Caso chileno: el terremoto de febrero de 2010

Chile se ubica en una zona de subducción de placas tectónicas, por lo que es susceptible de experimentar terremotos destructores importantes. Esta capacidad sismogénica se refleja en un alto número de desastres, por ejemplo, los terremotos de Concepción en 1570; Santiago en 1647; Valparaíso en 1730; Concepción en 1835; Arica en 1868; Valdivia en 1960, entre otros.

El terremoto del 27 de febrero de 2010 fue un sismo destructor mayor (8,8 Mw), cuyo epicentro se ubicó mar afuera de la región del Ñuble en Chile y afectó una franja de más de 500 kilómetros de longitud en dirección norte-sur. A causa del terremoto, fallecieron 525 personas y 25 se mantienen desaparecidas hasta la fecha (2019). La destrucción material fue severa en cinco regiones del centro-sur del país, especialmente en las zonas costeras afectadas por el posterior tsunami. La existencia de normas para la construcción sismo-resistente de edificaciones e infraestructura contuvo los daños en las principales ciudades afectadas. Sin embargo, en las localidades ubicadas en zonas rurales o en ciudades intermedias, la evidencia de destrucción material resultó mayor, atendiendo tanto a la antigüedad de las construcciones como a su materialidad (por ejemplo, adobe sin estructura de soporte). De todos modos, más de 440 mil viviendas fueron dañadas tras el sismo en las regiones más pobladas del país.

Tras el terremoto y posterior tsunami de 2010 en Chile, se produjeron importantes acontecimientos especialmente en el área urbana de la ciudad de Concepción. Durante las 36 horas posteriores al sismo, se registraron saqueos en zonas comerciales, bodegas y supermercados. El desarrollo de los saqueos fue mediado y amplificado por los medios de comunicación, que informaban a la población sobre grupos organizados que atentaban contra las viviendas de los afectados por el sismo, situación que finalmente no resultó efectiva. Es interesante además constatar que los saqueos se generaron durante la noche del terremoto en lugares tan alejados de la zona del epicentro del sismo, como la comuna de Quilicura (Santiago, 500 kilómetros aproximadamente). Como consecuencia de lo anterior, la zona de Concepción fue ocupada por tropas del Ejército y la Marina chilena, estableciéndose medidas de excepción que no eran observadas con intensidad desde los tiempos de la dictadura del General Augusto Pinochet (1973-1990). Dichas medidas apuntaron al control de movimiento, toque de queda, limitación del derecho a reunión, administración de víveres, entre otras.

3.2. El caso brasileño: las inundaciones y deslizamientos de enero de 2011 en la zona serrana de Río de Janeiro

La región montañosa de la provincia de Río de Janeiro tiene una precipitación media anual de 1900 milímetros, concentrada durante el verano en el hemisferio sur. Durante este período, la precipitación mensual total puede alcanzar los 300 milímetros (Guerra 1995). En las inundaciones y deslizamientos de 2011, la precipitación total del 12 de enero fue de 240 milímetros, con un máximo de 61 milímetros en una hora. Entre los días 1 y 15 de enero, las precipitaciones totalizaron 573 milímetros. Las condiciones geomorfológicas y geológicas también contribuyeron al desastre. El contacto abrupto suelo-roca, las áreas de convergencia del flujo de agua y las rocas fracturadas dieron aún más inestabilidad a las pendientes (Guerra et al. 2007). El 12 de enero de 2011, se produjeron más de 750 deslizamientos de tierra en un área de 350 kilómetros cuadrados, un promedio de al menos dos deslizamientos de tierra por kilómetro cuadrado. El principal tipo de movimientos masivos observados en el área fueron los flujos de escombros y lodo (Dourado et al. 2012).

La deficiente gobernabilidad y la falta de recursos políticos también contribuyeron a intensificar las condiciones de inseguridad que llevaron a la catástrofe. A partir de la década de 1950, la velocidad de la urbanización se aceleró y superó los intentos de aplicar los controles de planificación y desarrollo. La mayoría de las viviendas todavía carecen de un sistema de alcantarillado y esto contribuye al incremento del riesgo. Hay fugas de los sistemas de alcantarillado en las viviendas ubicadas en las colinas, lo cual es un factor que, junto con la erosión del suelo, contribuye directamente a su saturación y el aumento de la probabilidad de deslizamientos (Guerra et al. 2007). En 2011, más de mil personas fallecieron durante las repentinas inundaciones y deslizamientos de tierra, mientras que cerca de 700 personas fueron declaradas desaparecidas (Valencio 2012). Aunque algunas viviendas de ingresos altos se vieron afectadas, la mayoría de las víctimas provenían de hogares de bajos ingresos. En la ciudad de Petrópolis, por ejemplo, más del 80% de los hogares tiene ingresos anuales inferiores a 684 dólares por familia, un promedio de 1,87 dólares por día, que está por debajo de la línea de pobreza global establecida por el Banco Mundial en 2015 (1,90 dólares).

En la respuesta al desastre, los órganos de emergencia, asistenciales, de salud y las Fuerzas Armadas brasileñas llegaron al escenario de crisis en una tentativa de producir la imagen de un Estado presente, homogéneo, con recursos materiales suficientes para cumplir sus diferentes roles durante la atención de la emergencia. Los actores estatales movilizaron una cantidad significativa de suministros, botellas de agua, alimentos y medicamentos para salvaguardar de la vida biológica de los sobrevivientes, clasificándolos como damnificados cuando el desastre se tornó visible en los medios de comunicación. Además de las acciones propositivas para manejar las condiciones de inseguridad de la vida biológica, también se implementaron acciones de control y represión que restringieron la circulación de personas en las zonas afectadas mediante la creación de albergues temporales oficiales cuya administración improvisada adquirió, muchas veces, un tipo híbrido asistencial-militar (por ejemplo, una trabajadora social y un miembro del Ejército), y que involucró además una asimetría basada en género.

En la selección de las prioridades, las desigualdades del poder previas al desastre siguieron reproduciéndose. Un ejemplo de ello ocurrió en Petrópolis, particularmente en el distrito de Itaipava, donde se ubicaban varias granjas de caballos. Allí fueron enviadas una gran cantidad de máquinas retroexcavadoras para hallar los cuerpos de los animales que tenían un gran valor financiero, así como sus recursos genéticos (como su semen). Era necesario encontrar los cuerpos porque sus propietarios estaban interesados en cobrar los seguros comprometidos. En las zonas urbanas, otro hecho interesante ocurrió en la ciudad de Nova Friburgo, que registró más de 400 muertos tras los eventos analizados. A fines de enero de 2011, la Prefectura estaba ocupada con militares, pero también estaban las empresas constructoras que ofrecían sus servicios. Siete meses después, investigaciones de una comisión de diputados de la provincia de Río de Janeiro identificaron casos de corrupción entre las empresas y los gobiernos locales (ALERJ 2011). Además, hubo otros aspectos de vulnerabilidad institucional. Al largo del proceso de reconstrucción y recuperación, los cambios de personal en los órganos municipales generaban nuevas condiciones de inseguridad, como el caso del secretario de Salud que se cambió 14 veces en un período de siete años (Silva 2019).

4. Biopolítica del desastre en el contexto neoliberal

A partir de estos dos casos de estudio, se pueden identificar cuatro categorías analíticas para aproximarse a: i) los procesos de recuperación de la normalidad y reconstrucción de viviendas; 2) los discursos de “salvar la vida” y las nuevas condiciones de inseguridad en las dimensiones de la vida social; 3) los actores de la biopolítica y sus desafíos profesionales en el contexto neoliberal; y 4) la estructura gubernamental y las oportunidades de respuestas locales.

4.1. Las políticas de recuperación de la normalidad y reconstrucción de viviendas

Los procesos de recuperación de la normalidad en el largo plazo están mediados por el control de los componentes económicos que dominan, por ejemplo, las decisiones sobre el qué y el cómo reconstruir tras un desastre. Debido a la impronta neoliberal en el gobierno de la emergencia, los sujetos afectados creen ser libres de elegir los mecanismos de solución de los daños padecidos. En el caso chileno, la evidencia señala que las decisiones políticas pudieron estar sustentadas en cuestiones de mercado (Mac Lean 2012), en donde la inversión pública estuvo orientada a intervenir en zonas deprimidas y deterioradas de las ciudades afectadas por el terremoto de 2010. Es el caso, por ejemplo, de la localidad costera de Dichato, ubicada a unos 40 kilómetros al norte de Concepción, la cual fue severamente afectada por el tsunami. Antes de la ocurrencia del tsunami, las principales actividades económicas locales estaban concentradas en la pesca artesanal y la recolección de algas (Martínez 2014). En el programa de reconstrucción, se privilegió el cambio en los diseños de las viviendas aledañas a la costa y la construcción de infraestructura que, bajo el discurso de la mitigación, cambiaron la fisonomía urbana de la localidad. Una situación similar ocurrió en el borde costero de Talcahuano, ciudad que representa el principal complejo portuario del Concepción metropolitano, en donde existía una zona de pesca artesanal cercana a la base de la Armada de Chile. Tras el tsunami, se ejecutaron obras de remodelación del sector, inaugurando un conjunto de restaurantes turísticos (Bentoteca de Talcahuano) que desplazaron parcialmente las actividades de pesca artesanal y de subsistencia.

En la biopolítica del contexto neoliberal, hay una variedad de discursos y prácticas que son enunciados desde la gubernamentalidad, mediando la utilización de diferentes formas del capital. En este sentido, la forma de la política social neoliberal también concurre en situaciones de emergencia. Los discursos de “salvar las vidas” como los de “ayuda a los afectados” son movilizados por diferentes actores con el objetivo de maximizar las formas de capital que permiten acceder en el campo del poder en el que estos sujetos están ubicados. Esta retórica está instalada en la población mediante sujeciones narrativas instaladas a propósito de otros desastres que quedan registrados en la memoria histórica, tal como sucede en las campañas mediadas por la televisión y otros medios. En el caso chileno, las empresas televisivas organizaron una campaña de recaudación de fondos denominada “Chile ayuda a Chile”, la cual reunió cerca de 90 millones de dólares durante los dos días de emisión ininterrumpida del programa (5 y 6 de marzo de 2010). Si bien la recaudación resultó efectiva en parte, el efecto biopolítico se produjo al instalar en la población la idea de la responsabilidad de los privados en el proceso de apoyo y reconstrucción, por sobre los deberes que corresponden al Estado en el afrontamiento de las consecuencias del terremoto.

En Brasil, el gobierno de la emergencia también es una gran oportunidad para dinámicas del capitalismo del desastre, sobre todo porque los gobiernos locales reciben transferencias de renta de los gobiernos nacionales. El Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) creó un programa de emergencia para la reconstrucción de zonas damnificadas y también para financiar actividades empresariales. El Banco do Brasil extendió el plazo para los pagos de préstamos de los productores rurales en zonas damnificadas. El Ministerio de la Integración Nacional, bajo cuya dependencia está la Defensa Civil Nacional, envío 100 millones de reales (25 millones de dólares) para el gobierno de la provincia de Río de Janeiro y también a los municipios afectados para acciones de emergencia (Busch y Amorim 2011). El Gobierno brasileño también solicitó al Banco Mundial la anticipación de un préstamo por 485 millones de dólares para acciones de relocalización de residentes en zonas de riesgo, construcción de viviendas y creación de capacidades para el manejo de catástrofes (Busch y Amorim 2011). En 27 de enero de 2011, la presidenta Dilma Rousseff anunció la construcción de 6 mil viviendas por intermedio del programa Minha Casa, Minha Vida. Empresarios del sector de construcción civil también donaron 2 mil viviendas. Diversas organizaciones crearon cuentas bancarias para donaciones en efectivo (Busch y Amorim 2011). Las transferencias totales llegaron a 444 millones de reales (111 millones de dólares); siendo que las federales llegaron a 230 millones de reales (55 millones de dólares); las provinciales a 200 millones de reales (50 millones de dólares); y municipales (14 millones de reales), además de las donaciones de particulares donde no se puede encontrar información. Los diputados estatales hicieron una auditoría que identificó la inexistencia de documentos o contratos que comprobaran la utilización del 17,3% del monto total recaudado, es decir, 77 millones de reales (19,2 millones de dólares) (ALERJ 2011).

En el caso chileno, el terremoto de 2010 fue el desastre más costoso de la historia de este país, cuya estimación de daño alcanzó los 30 mil millones de dólares. Al igual que en el caso de Río de Janeiro, una serie de medidas buscaron dinamizar el mercado de la reconstrucción y los subsidios a actividades económicas consideradas relevantes para la gubernamentalidad (Contreras y Winckler 2013). En este caso existe un aspecto interesante en el caso de los seguros a las viviendas. Previo al terremoto, había un complejo entramado de seguros vinculados con el mercado de los créditos hipotecarios, el cual se puso en marcha en los días posteriores al sismo. Un aspecto crítico es que los seguros estaban asociados con los créditos hipotecarios y no con la estructura de vivienda, lo que finalmente benefició a los bancos. Posterior al terremoto, se implementó un cambio en la regulación de los seguros (Ley 20 552), generando competencia entre las compañías aseguradoras que debieron participar en licitaciones públicas de estos servicios.

4.2. ¿“Salvar la vida”? Nuevas inseguridades en la vida social

Las nuevas condiciones de inseguridad en las dimensiones de la vida social se refieren a la precariedad de la recuperación postamenaza natural, después del terremoto, de la inundación, del deslizamiento o cualquiera que sea la manifestación del desastre. Dado su carácter procesual, las manifestaciones del desastre pueden continuar después de las amenazas. Esto se relaciona con la calidad de las acciones de reconstrucción y recuperación, pues son fundamentales para definir si la situación se aplacará o se intensificará, tendrá continuidad, si habrá realmente una recuperación o si las inseguridades se intensificarán o asumirán nuevas formas.

Las implicaciones biopolíticas sobre la inseguridad emergen en el caso chileno de 2010. Un aspecto que resultó beneficioso para la población frente a futuros e inevitables terremotos fue la mejora de los estándares de construcción, imponiendo mayores exigencias a las empresas que debían someterse a regulaciones más estrictas, que se sitúan entre las más altas a nivel mundial. Asimismo, cifras oficiales a 2014 indicaron que la reconstrucción alcanzaba el umbral del 90% de logro. Sin embargo, se anotan dos cuestiones críticas sobre esta preocupación en la faz biológica de la recuperación habitacional. La primera se refiere a los efectos en una mayor segregación residencial de las viviendas construidas para afectados de bajos ingresos económicos –viviendas de interés social– (Contreras Gatica y Beltrán 2015), las cuales se ubican en sectores alejados de los centros de las ciudades, como lo observado en la localidad de Dichato, donde las soluciones habitacionales están lejos del centro. La segunda cuestión crítica que es descrita por Micheletti y Letelier (2016), quienes señalan que las soluciones de vivienda no son pertinentes a las necesidades del mundo rural, el cual fue severamente afectado por el sismo de 2010. Estas cuestiones de carácter político tornan frágil la vida social de la población afectada, especialmente la más vulnerable, en el mediano y largo plazo.

En la catástrofe de la región serrana de Río de Janeiro, si bien en la fase de emergencia hubo una gran preocupación por “salvar la vida”, lo mismo no ocurrió después de la emergencia, es decir, en la fase del desastre donde las dimensiones de la vida social no se restringen más a la necesidad biológica que los albergues temporales y los campamentos ofrecían. Cinco años después de las inundaciones y deslizamientos, un gran número de las personas afectadas en 2011 aún esperaban la reconstrucción de sus viviendas, además de tener que valerse por sí mismas porque tienen bajos ingresos y acceso limitado al crédito formal. Otros han sido relocalizados, pero enfrentan problemas en las viviendas construidas porque no cuentan con infraestructura social como escuelas, hospitales, transporte público, entre otros (Portella y Oliveira 2017). Muchas personas afectadas regresaron a las áreas expuestas a deslizamientos porque están ubicadas cerca de oportunidades de empleo y servicios públicos. La disponibilidad de oportunidades económicas es, por lo tanto, un factor importante para producir condiciones seguras o inseguras.

4.3. Los actores de la biopolítica del desastre

Un aspecto clave está relacionado con los profesionales que actúan en estos desastres, cuyo contexto está enmarcado por el neoliberalismo biopolítico. Por una parte, se genera un mercado de soluciones tecnológicas y de ingeniería para que el Estado responda ante la opinión pública. Así surgen las oportunidades para mapeo de zonas de riesgo, creación de sistemas de alerta con sirenas, sensores y otras tecnologías de monitoreo, así como la provisión de imágenes satelitales. Otro punto en estas dinámicas del capitalismo es la oportunidad de mercado científico que se crea con la búsqueda de expertos para compartir sus diagnósticos y soluciones con los medios de prensa. Tanto en Río de Janeiro como en la zona de afectación en Chile, se experimentó una gran convergencia de especialistas en el escenario de desastre para hacer sus investigaciones en zonas afectadas y con los sobrevivientes, llegando algunos incluso a convertirse en protagonistas habituales de programas de televisión. Otro ejemplo son las instituciones que desean ayudar en almacenar donaciones y enviarlas a los damnificados, mejorando su capital simbólico. Esto ocurrió en el desastre de la zona serrana de Río, donde había actores de la Rede Globo en algunas comunidades, haciendo voluntariado en barrios en donde había propiedades de altos ingresos. En Chile, se observó una intensa actividad en terreno de los programas de farándula televisiva en la zona afectada por el desastre.

Los principios de competitividad de la economía capitalista también se incrustan en los órganos estatales y alteran los mecanismos de poder que afectan las decisiones de los equipos profesionales. En este ejercicio laboral, tanto la protección civil como los efectivos militar-policiales tienden a comprender el desastre como un evento aislado y la vida como algo estrictamente biológico. Por su parte, los equipos de salud y los servicios sociales consideran no solo las dimensiones biológicas de la vida, sino también los contextos y condicionantes que influenciarán la vida social de los damnificados en el proceso de recuperación. Esta relación se complejiza cuando las diferentes organizaciones que representan al Estado –en tanto unidad– entran en conflicto con sus representaciones sociales y buscan imponer la visión que políticamente es concomitante con los intereses del poder político-económico. Por ello, en el gobierno de la emergencia, se puede observar que el criterio técnico-científico profesional es sometido al criterio biopolítico. La militarización de las zonas afectadas por el terremoto de 2010 obedeció a una lógica de seguridad que no necesariamente correspondió a los marcos técnicos de los profesionales que actuaron en la emergencia, imponiendo, por ejemplo, un severo toque de queda que buscó proteger el comercio y zonas residenciales potencialmente en peligro de saqueos o actos de vandalismo. Esta disposición de la autoridad militar afectó parcialmente los movimientos de equipos profesionales durante la etapa inicial de la emergencia, aun cuando los medios de comunicación ayudaron a legitimar el uso de tropas militares (López y Santana 2011).

En el caso de la región serrana de Río de Janeiro, algunos técnicos reportaron que sufrieron presiones políticas para no clasificar algunas zonas de altos ingresos como una zona de riesgo. Los equipos de salud también sufrieron dificultades para participar de la planificación de respuestas coordinadas por la Protección Civil. En la biopolítica del desastre, hay un mercado de oportunidades para los diferentes profesionales que “salvan vidas”. Este proceso no es armónico.

Un aspecto importante durante los procesos de atención de la emergencia es que los equipos sanitarios y de servicios sociales están sometidos a estresores significativos, los cuales se contextualizan en una gubernamentalidad neoliberal que imprime estrategias de recuperación del orden posdesastre. En los casos analizados en Chile y en Brasil, en el marco de la biopolítica neoliberal, los equipos profesionales están expuestos a tensiones relativas a: i) la obligación de la alerta permanente frente al potencial desastre, que implica la revisión de planes de actuación estandarizados por normas técnicas obligatorias; ii) la necesidad ética y responsabilidad administrativa de ayudar a las comunidades a recuperar su capacidad económica; iii) la premura de los equipos profesionales de completar formularios y fichas con datos estadísticos para la toma de decisiones por parte del poder político y/o económico; iv) el apoyo a las labores de recuperación del orden cuando, a juicio del gobierno de la emergencia, se ha debilitado o perdido; y v) lidiar con las propias consecuencias que el desastre ha desencadenado en ellos, sus familias y comunidades. En particular, este último aspecto ofrece una perspectiva diferenciada para hombres y mujeres que son parte de los profesionales y técnicos de salud, por cuanto la división de roles de género siguió marcada en la cultura de hospitales y centros de salud que atendieron los desastres estudiados. Esto también incidió en que los liderazgos de mujeres estén principalmente volcados hacia la actividad familiar y comunitaria, mientras que los hombres se destacaron en acciones externas como la seguridad.

4.4. La estructura gubernamental y las oportunidades de respuestas locales

Si por un lado los procesos de recuperación de largo plazo, las condiciones de inseguridad en las dimensiones de la vida social y los desafíos de los profesionales en Chile y en Brasil presentan puntos semejantes, existen diferencias como, por ejemplo, en la dimensión política de la estructura gubernamental y las oportunidades de respuestas locales. En Chile, la estructura unitaria del Estado favorece una alta centralización de las respuestas frente a los desastres, con menor margen de decisión en los niveles locales. Esto puede llevar a situaciones lamentables como los errores cometidos por la autoridad respecto a la alarma de tsunami en las horas posteriores de su ocurrencia. Esto no solo afectó a las localidades costeras ubicadas en la zona de ruptura del terremoto, sino también a poblaciones chilenas en el océano Pacífico. Particularmente, en el Archipiélago Juan Fernández (650 kilómetros frente a la costa chilena), en la madrugada del 27 de febrero de 2010 murieron 12 personas y seis se registraron desaparecidas, pues no recibieron aviso previo sobre la amenaza (Winckler et al. 2010).

La estructura de gobierno nacional, provincial y municipal puede presentar más oportunidades para respuestas diferenciadas entre estas escalas de poder. En este sentido, hay espacio para respuestas locales, incluyendo de resistencia política. Un ejemplo, en el caso chileno, fue el movimiento social Red-Construyamos que se articuló tras el terremoto de 2010 en la zona de Gran Concepción (Jaramillo 2013). Este colectivo buscó incrementar la participación de quienes fueron afectados por el sismo en las soluciones propuestas desde el nivel central. Es interesante consignar que, durante su funcionamiento, Red-Construyamos logró convocar a profesionales, técnicos y líderes de actividades relevantes de la región del Biobío en Chile en torno al debate sobre los procesos de reconstrucción posterremoto. Es importante además consignar la actuación organizaciones comunitarias lideradas por mujeres en Nonguén (Concepción), que aplicaron los aprendizajes locales generados en desastres anteriores que afectaron el territorio (inundaciones en 2006) y que constituyeron memoria activa en el caso 2010.

En Brasil, en la ciudad de Teresópolis, los damnificados crearon una asociación llamada Associação das vítimas da tragédia de Teresópolis (AVIT). En el proceso de recuperación hubo muchos encuentros para hablar sobre las acciones de reconstrucción de viviendas y de la falta de transparencia y rendición de cuentas. Estas reuniones fueron apoyadas por el Movimento nacional de afetados em desastres socioambientais (MONADES) y otros movimientos sociales nacionales como el Fórum mudanças climáticas e justiça social, compuesto por varias organizaciones como la Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (Poletto 2015). La asociación AVIT también tenía abogados voluntarios que ayudaron a preparar 400 acciones judiciales para la reparación de daños y la asistencia social de las familias damnificadas (Vargas 2013). AVIT cerró sus actividades en febrero de 2018, pero aún existen familias desplazadas (Oliveira 2018). En la continuidad de la catástrofe, otros movimientos sociales no formales también fueron creados con el liderazgo de mujeres que trabajaron para obtener donaciones, administrar los albergues temporales y crear grupos de asistencia psicológica durante el proceso de reconstrucción en las ciudades de Petrópolis y Teresópolis (Younes-Ibrahim 2012).

5. Discusión y conclusiones

A partir de los casos del terremoto-tsunami del centro-sur de Chile (2010) y las inundaciones de Río de Janeiro (2011), se puede afirmar que los desastres no empiezan ni terminan con las amenazas naturales, sino que extienden sus consecuencias en función de la impronta de la biopolítica neoliberal. Para ambos casos, la biopolítica opera como un encuadre que posibilita que la vida sea objeto de intervenciones calculadas (Grove 2014). La investigación sobre la exposición a las amenazas del medio natural no se agota en el debate científico sobre los procesos que configuran los desastres en Sudamérica. Esto se expresa en la necesidad de profundizar en elementos históricos, culturales y políticos que sirven a la comprensión de los procesos de reintegración del orden y la normalidad. En los casos estudiados, el contexto histórico del neoliberalismo sostiene la reproducción de la riqueza y el consiguiente aumento de la desigualdad, subsumiendo otras consideraciones ético-sociales, por ejemplo, los derechos de las personas afectadas por la emergencia (que incluye a los equipos profesionales). Tanto en Chile como en Brasil, la consolidación neoliberal persistió tras los desastres estudiados, sin observarse quiebre en la trayectoria. Siguiendo a Contreras Gatica y Beltrán (2015), en el marco neoliberal, los procesos de reconstrucción son cortoplacistas y centrados en la provisión de viviendas. Más aún, desde la lectura biopolítica, lo que podría estar en juego es una forma premeditada de acrecentar el poder del mercado en la definición de la vida de la población cuando la estrategia gubernamental consiste en transferir fondos a capitales de la industria de la construcción.

Frente a procesos de recuperación emergen singularidades que radican en cierto desconocimiento de las trayectorias sobre la reconstrucción y/o reparación, expresadas en los discursos del período poscatástrofe tanto en las personas afectadas, los actores locales de los territorios (dirigentes y líderes de las comunidades) y las instituciones intervinientes. Esta problemática es importante en dos sentidos: a) limita las posibilidades de reflexión crítica y analítica de los dispositivos de intervención social vinculados con la reconstrucción/reparación, con miras a su mejora frente a los nuevos eventos catastróficos que ocurrirán tanto en Brasil como en Chile; y b) desde una perspectiva postestructural, es relevante comprender la forma en que emergen estos discursos en situación de reconstrucción/reparación, por cuanto atienden “al desafío de aprender a nombrar, y en este sentido, elucidar lo que se nombra cuando se habla de reconstrucción nacional” (Yáñez 2011, 104). Por ello, el discurso de “salvar vidas” es parte de una argumentación que busca legitimar la acción de organismos, instituciones e industrias asociadas con la seguridad. Concordando con Kindervater (2018), en los casos de Brasil y Chile existiría vínculo entre la narrativa, la amenaza y la agencia política neoliberal.

Ponce de León (2018), en referencia a la geografía crítica de Nick Heynen, señala que la investigación urbana debe considerar los marcos políticos en los que las ciudades son construidas; en este mismo tenor, en el neoliberalismo también sería preocupante el encuadre de políticas de recuperación y reconstrucción posdesastre de las áreas urbanas. En la biopolítica del desastre, las cuestiones sobre el cálculo de decisiones políticas son relevantes no solo para definir el uso de medios y tecnologías (Collier y Lakoff 2014), sino también para orientar que el control direccional de la recuperación ocurra en los márgenes del proyecto neoliberal. En los casos analizados, la economización de la recuperación se expresa de modo evidente en tres de las categorías analizadas (recuperación de la normalidad y reconstrucción de viviendas, nuevas condiciones de inseguridad y actuaciones profesionales), perspectiva que se ajusta, por ejemplo, a la caracterización que Brown (2017) realiza del neoliberalismo biopolítico.

En este sentido, los indicios recogidos en el estudio de los casos de 2010 y 2011 dan cuenta de un trazado biopolítico entre las acciones de gobierno de emergencia y cuestiones de administración de la vida, en las que aspectos de género son relevantes tanto para el análisis como para la práctica observada en Chile y en Brasil. En ambos casos, el control reproductivo, sanitario y de las emociones (bajo el rótulo de “salud mental”) configuran formas disciplinarias que distinguen mecanismos aplicados sobre las mujeres afectadas por los desastres.

Finalmente, la contribución de este análisis comparativo entre Chile y Brasil consiste en observar los desastres como procesos sociales e históricos, asunto que es relevante para la sociología de los desastres. En este marco biopolítico, es plausible atender la crítica al neoliberalismo y la economía de mercado, donde la vinculación con la naturaleza se da mediante la apropiación privada y la mercantilización (Sabbatella 2010). Se trata, desde nuestra perspectiva, de una etapa distinta que sobreviene en lo excepcional que, en palabras de Espinosa (2013, 12), implica una nueva visión del orden social “que se convierte en paradójica norma de la historia e incluso de la misma naturaleza (cambio climático, catástrofes diversas), cuya consecuencia biopolítica es el sobresalto continuo y su instrumentalización amenazante”.

Apoyos

Este artículo es resultado del proyecto de investigación y colaboración internacional Fondecyt 11170939, denominado “Normalización biopolítica de la ciudad poscatástrofe: tres décadas de grandes terremotos durante el régimen neoliberal en Chile (1985-2010-2015)”, el cual está financiado por la Comisión Nacional Científica y Tecnológica de Chile.