Temas
Privatización, eficiencia e
integración: la “verdad” sobre
la Hidrovía Paraguay-Paraná en la Argentina de los 90
Privatization, efficiency and integration: the truth
about the Paraguay-Paraná Waterway in Argentina in the 1990’s
Dra. Gisela Ariana Rausch.
Investigadora adjunta en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET) y Universidad Nacional de Rosario (Argentina).
(gsrrsch@gmail.com)
(https://orcid.org/0000-0002-5851-3357)
Recibido: 01/10/2019 –
Revisado: 16/01/2020
Aceptado: 01/07/2020 – Publicado:
01/01/2021
Cómo citar este artículo: Ariana
Rausch, Gisela. 2021. “Privatización, eficiencia e integración: la ‘verdad’ sobre la Hidrovía Paraguay-Paraná en la Argentina
de los 90”. Íconos.
Revista de Ciencias Sociales 69:143-162. https://doi.org/10.17141/iconos.69.2021.4202
Resumen
El programa infraestructural Hidrovía Paraguay-Paraná (HPP)
puede considerarse un proyecto de gran escala, orientado, por un lado, a fijar los capitales globales en los
territorios de cinco países de América del Sur, y por otro, a intensificar la
extracción de “recursos naturales” para exportarlos a los centros de producción
global. En este artículo se examina las estrategias discursivas desplegadas en
Argentina, durante la década de los 90, por los promotores del proyecto, en su
propósito de instalar una “verdad” específica acerca del mismo. El objetivo es
evidenciar que las prácticas territoriales de los grupos de poder se
sustentaron en estrategias discursivas orientadas a instalar socialmente
determinadas “verdades”, funcionales a sus pretensiones de apropiación
territorial. La investigación adopta un enfoque transversal basado en los
aportes conceptuales de la geografía humana y la ecología política. La
construcción del objeto histórico se ha sustentado en el análisis documental.
Tres han sido las ideas principales que cimentaron los discursos en torno a la HPP: privatización y eficiencia, estas dos integraron
el discurso del “fracaso estatal”;
y la tercera es la integración regional, en su resignificación neoliberal.
Tales ideas adquirieron matices en función de la situación histórica y
productiva específica de Argentina, y crearon las condiciones favorables para
llevar adelante, con escaso cuestionamiento, la empresa extractiva.
Descriptores: discursos; grandes proyectos;
hidrovía; infraestructura; integración regional; privatización.
Abstract
The Paraguay-Paraná
Waterway program (HPP in Spanish), was a large scale infrastructure project
which intended to attract global investment to five South American countries
and intensify the extraction of “natural resources”, for export to major world
production centers. This article examines the discursive strategies deployed in
Argentina during the 1990’s, by the sponsors of the project in their efforts to
establish a specific “truth” supporting their efforts to appropriate the
territory. This research combines the approaches of disciplines such as human
geography and political ecology. The historical object of the study is based on
documentary sources and shows that the dominant discourse about the HPP was
built around three main ideas: privatization, efficiency and regional
integration. The first two revolve around the notion of “State failure” and the
third reshapes the ideology of regional integration from a neo-liberal
perspective. These guiding ideas took particular nuances in Argentina´s
specific historical and economic conditions and were able to help impose this
extractive project, without having to face any significant opposition.
Keywords: discourses; big projects; waterway; infrastructure;
regional integration; privatization.
1.
Introducción
Los grandes proyectos de
infraestructura pueden considerarse objetos complejos en los cuales convergen y
se visibilizan una multiplicidad de dinámicas
ecológico-simbólico-territoriales. La construcción y funcionamiento de estos
artefactos implica y da cuenta, a la vez, de específicos órdenes económicos,
políticos, sociales, culturales, ambientales y tecnológicos. Puede decirse que
estas grandes obras organizan discursiva y materialmente formas de saber,[i]
configurando territorialidades
específicas, es decir, produciendo determinadas apropiaciones (materiales y
simbólicas) en las cuales se definen relaciones de poder específicas
(Swyngedouw 2015).
En particular, los
grandes proyectos hídricos (GPH)[ii]provocan
drásticas transformaciones ecológicas al incorporar el agua a los circuitos productivos
bajo la forma de recurso natural (Swyngedouw
2004; Barkin 2009). Asimismo, la implementación de GPH suele determinar
procesos de reescalamiento espacial y modificaciones tanto en las
organizaciones sociales de nivel local como en las relaciones de poder entre
diferentes grupos sociales involucrados o afectados por las obras. Dado que el
agua constituye un elemento clave para la vida y el desarrollo de las
poblaciones, la construcción de estos proyectos trae como correlato intensas
luchas sociales que se manifiestan, material y simbólicamente, en el territorio
(Assies 2007; Vera Delgado y Zwarteveen 2008; Boelens, Cremers y Zwarteveen
2011; Boelens et al. 2012; Bottaro, Latta y Sola 2014; Gómez et al. 2014;
Viaene 2015; Torres Salinas 2015; Poma 2017). Puede decirse
que estos proyectos configuran paisajes
híbridos a partir de las relaciones entre los artefactos tecnológicos, el
elemento hídrico, las poblaciones, las relaciones de poder que se juegan en su
implementación y los aspectos discursivos en torno a los mismos.
Los GPH han sido considerados, por un lado,
como cristalizaciones materiales de relaciones específicas que la sociedad ha
entablado con aquello que considera naturaleza, y por el otro, como vehículos
materiales a través de los cuales, dichas relaciones, se construyen y
reconstruyen (Barkin 2009). Las mismas se encuentran sustentadas en
determinadas prácticas y valoraciones, tanto hegemónicas como minoritarias,[iii]
conformadas por relaciones específicas entre determinados enunciados, su
capacidad de alcanzar el estatuto de verdad
y los procesos visibles. Así, mientras las valoraciones hegemónicas comprenden
a aquellas que logran adquirir dicho estatuto, las minoritarias son aquellas
cuyas “verdades” no se
encuentran ampliamente instaladas. Y considerando que estas últimas ponen en
crisis la hegemonía de las primeras, nos apoyamos en las hipótesis formuladas
por Foucault (1996, 2009) para considerar que
quienes proceden desde la verdad suelen
llevar adelante estrategias específicas y procedimientos para asegurar la
permanencia de la misma.
En función de lo
expuesto, en este artículo se examina las estrategias discursivas desplegadas,
durante la década de los 90, por los promotores del programa Hidrovía
Paraguay-Paraná (HPP) en Argentina, en su objetivo de instalar una verdad específica acerca del
emprendimiento, configurando las condiciones de posibilidad para el despliegue
de la empresa extractiva a gran escala que se estaba gestando durante esos
años. Si bien el proyecto de la hidrovía involucraba a cinco países de América
del Sur (Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina y Uruguay), en este trabajo se
enfocan los discursos difundidos por los grupos de poder vinculados al emprendimiento
pertenecientes a la zona agroexportadora de Argentina.
Desde el inicio del
presente siglo, la provincia de Santa Fe tuvo un rol preponderante como
exportadora de porotos de soja y sus derivados, destinando amplias áreas del
centro y sur a tal producción. En especial, el puerto de la ciudad de Rosario y
el cordón industrial[iv]
han conformado un territorio mayormente destinado a la instalación de empresas
multinacionales especializadas en los agronegocios. Este enclave ha sido
considerado el polo agroexportador más grande del mundo, sobrepasando al
distrito aduanero de New Orleans, en Estados Unidos.
Asumiendo la naturaleza
plural, compleja e inacabada del objeto de estudio, esta investigación ha sido
planteada con un enfoque transversal construido principalmente a partir de los
aportes conceptuales de la geografía humana y la ecología política. El análisis
documental histórico se sustentó en publicaciones de los organismos oficiales
promotores de la HPP durante la década de los noventa y las actas del Comité
Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) durante el mismo período,
complementando con fuentes hemerográficas de entre los años 1994 y 2000.[v]
Debido a la imposibilidad
de desplegar en este trabajo toda la información que ofrecen dichas fuentes, se
realizó una selección estratégica de párrafos y documentos relevantes. Primero
se describen, en dos subapartados, las condiciones histórico-territoriales en
las cuales fue posible la megaobra: por un lado, se analiza los tres ejes
conceptuales que pueden extraerse de la operatividad del capital transnacional
en los países de América Latina: la idea de integración regional, el modelo
económico y territorial denominado neoextractivista y los proyectos de gran
escala (PGE) como organizadores de las relaciones multiescalares y
socioecológicas de territorialización (es decir, la fijación espacial) de dicho capital; y, por el otro, se ofrece
una breve sinopsis histórica y caracterización del emprendimiento. Luego se
presenta el análisis de los discursos hegemónicos que sustentaron y
construyeron una “verdad” sobre
la HPP para finalmente exponer las conclusiones.
2.
Integración
regional, neoextractivismo y proyectos de gran escala: las condiciones
generales de partida
Durante la segunda mitad
del siglo XX en América Latina, los GPH adquirieron gran significancia dentro
de la ideología desarrollista y fueron centrales en las políticas y las
prácticas territoriales orientadas al crecimiento de los países considerados “subdesarrollados” (Laurelli 1987;
Rist 1997; Escobar 2007; AIDA 2009). Puede decirse que durante el
período1960-1980 (con algunas diferencias entre los distintos países del
subcontinente), las políticas desarrollistas se encargaron de promover el
crecimiento económico y la ampliación de los sectores sociales medios,
implementando en mayor o menor grado diversas estrategias de industrialización
sustitutiva. En este contexto, la planificación regional fue la forma que tomó
el esfuerzo estatal para regular el proceso económico-territorial, y además de
tener una clara voluntad normativa; posicionaba al Estado nacional como el
agente principal de las transformaciones.
Hacia las dos últimas
décadas del siglo, esta concepción de territorio nacional-estatal comenzó a
mostrar sus grietas en un contexto internacional donde la idea de estado de
bienestar iniciaba su retroceso. Mientras el Estado disminuía su poder sobre el
territorio, limitando su capacidad regulatoria, se producía un proceso de
reescalamiento estratégico consistente en el debilitamiento o la
desarticulación parcial de “lo
nacional” (Sassen 2007). Dicho proceso fue considerado por algunos
autores como la condición de posibilidad para el ascenso de otras escalas y
unidades espaciales, como “lo
supranacional” (Brenner 1998; Sassen 2007; Herod 2011). Sassen (2015)
caracteriza la reestructuración que sufrió el capitalismo durante la década de
los 90 a partir de dos lógicas: una sistémica, concerniente a la desregulación
de las economías en muchos países; y otra que consistió en la creación de áreas
extremas para la extracción de beneficios, como las ciudades globales y los
espacios de trabajo tercerizado. Ambas lógicas fueron implementadas en
Argentina durante esa década, a partir del llamado Consenso de Washington
(1989).[vi]
Dicho acuerdo habilitó la
implementación de políticas neoliberales, en adecuación a las necesidades del
mercado mundial. Así, fue instalándose una nueva concepción de territorio
concebido ahora como regiones potencialmente
integradas al mercado internacional, que fue acompañada de una idea de Estado “facilitador” de las dinámicas
capitalistas globales, en sintonía con las medidas acordadas con el FMI.
Este modelo
político-territorial emergente, complejo y aparentemente descentralizado
(Fernández 2018), se organizó como deriva del proceso de reconversión
industrial y de la integración de las economías regionales en la economía
mundial. Vale aclarar que, si bien bajo el modelo anterior existían flujos de
capitales transfronterizos, el sistema interestatal constituyó la forma
organizativa dominante, en la fase del capitalismo mundial integrado (CMI),[vii]
la organización de dichos flujos fue adquiriendo cada vez mayor autonomía
(Sassen 2007).
Esta dinámica de creciente
autonomía puede observarse, por ejemplo, en los numerosos conflictos
territoriales y ambientales que emergieron en los países de América Latina
desde los inicios del siglo XXI, donde las resistencias de las poblaciones
locales afectadas por diversas prácticas extractivistas, ejercidas por
capitales multinacionales (minería de gran escala, extracción de gas por fracking, deforestación para implementar
el monocultivo, entre otras), han tenido muy escaso margen de ganar la partida
frente a los Estados nacionales que han redefinido sus marcos regulatorios para
fortalecer las facultades del capital global.
En medio de dichas
transformaciones, a los países latinoamericanos se les asignó el rol de
plataforma extractiva de elementos de la naturaleza.[viii]
Este rol se vio reforzado por la posición desventajosa que tenían muchos
países del subcontinente respecto de la deuda externa,[ix]
lo cual redundó en medidas de ajuste fiscal, privatización de empresas del
Estado e ingreso masivo de capitales externos. Como ha señalado Ferrer (1988),
el desarrollo del Norte se separó del progreso del Sur, y así, mientras el
Norte –con ventajas absolutas– realizaba avances tecnológicos, las ventajas
comparativas del Sur se desplazan a los recursos naturales y la mano de obra
barata.
Este rol asignado, que
puede considerarse un segundo ciclo del modelo extractivista (Castro Herrera
2002; Gudynas 2009; Acosta 2012; Svampa y Viale 2014; Alimonda 2006), fue
impulsado por diversos programas territoriales supranacionales, compuestos en
gran medida por PGE desplegados a lo largo del subcontinente.
Con la denominación PGE
se hace referencia a objetos tecnológicos complejos, que se encuentran
conformados por elementos heterogéneos que actúan en varias dimensiones y
escalas. Según esta definición, un PGE está compuesto por aspectos de orden
técnico, político, económico, normativo, ecológico y social, entre otros. Los
PGE involucran una diversidad de actores (privados, civiles no gubernamentales
y gubernamentales) e implican diferentes escalas (local, nacional, regional,
internacional). Como ha señalado Lins Ribeiro (2007, 178), los PGE
tienen
características estructurales que les permiten ser tratados como “expresiones
extremas” del campo del desarrollo: el tamaño del capital, territorios y cantidad
de personas que controlan; su gran poder político; la magnitud de sus impactos
ambientales y sociales; las innovaciones tecnológicas que crean frecuentemente;
y la complejidad de las redes que ellos engendran.
En los PGE convergen
capitales financieros e industriales, así como también élites y técnicos
estatales y trabajadores. Además, continúa Lins Ribeiro, “los circuitos que
vinculan proyectos de las escalas nacionales a las globales han construido una
red multilocalizada a través de la cual circulan información y personas” (2007,
178-179).
La Iniciativa para la
Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA),[x]
creada en el año 2000 durante la Primera Cumbre Sudamericana, constituye un
ejemplo de esta voluntad de organizar tecnológicamente los flujos económicos y
de extracción de biodiversidad y minerales a gran escala. Sin embargo, diez
años antes de la IIRSA, cuatro países de América del Sur (Brasil, Paraguay,
Argentina y Uruguay) firmaban el Acuerdo MERCOSUR (1991), a través del cual, se
reactivaban los procesos de integración económico-territorial no concretados en
el Tratado de la Cuenca del Plata (1969).[xi]
En este marco, el proyecto HPP se constituía en la posibilidad material de tal
acuerdo.
El proyecto HPP surgió
como propuesta proveniente de los gobiernos de Brasil, Bolivia, Paraguay,
Argentina y Uruguay, a finales de la década de los 80.[xii]
Consistía en un eje acuático norte-sur en el cual se programaban una serie de
proyectos infraestructurales (gasoductos, represas, puertos, entre otros)
destinados a agilizar los flujos de mercancía hacia el Océano Atlántico.
Figura
1. Proyecto original Hidrovía Paraguay-Paraná
Fuente: Dunne et al.
(1997, 10).
El
objetivo principal del proyecto fue el de reducir los costos de transporte para
aumentar el tráfico de mercaderías, lo cual se traducía en la generación de ventajas comparativas para la
inserción del área involucrada en la economía mundial (CAF 1998). Pero
principalmente, la HPP se asoció a la generación de grandes beneficios
económicos para empresas transnacionales, y posibilitó, al mismo tiempo, el
ingreso de grupos financieros internacionales dedicados a la explotación de
territorios.
A partir
de lo expuesto, puede afirmarse que la HPP constituyó, en los años 90, una
manifestación temprana del actual orden territorial que prevalece en los países
de América Latina (y en el cual la IIRSA constituye su manifestación
territorial más relevante),[xiii]
implementado en función de una operatividad global de los capitales, y basado
en la extracción a gran escala de ciertos elementos de la naturaleza. La hidrovía implicó,
además de las obras específicas para aumentar la navegabilidad, toda una serie
de reformas (políticas, legales, económicas), negociaciones y acuerdos con
diversos organismos que operaron a diferentes escalas, empresas privadas e
instituciones gubernamentales, acciones de promoción e intercambio social y
empresarial, así como también transformaciones ecológicas y socioculturales en
las áreas afectadas.
La “autopista acuática”: breve sinopsis de la Hidrovía
Paraguay-Paraná
En abril
de 1988 se reunían en Canela, Brasil, los ministros de Obras Públicas y
Transportes pertenecientes a los países miembros de la Cuenca del Plata (CP),
para informarse sobre el documento Estudio de Prefactibilidad Económica de
la Hidrovía Paraguay-Paraná (INTERNAVE 1990), elaborado por un grupo ad
hoc.[xiv]
Un año después, en una reunión llevada a cabo en Santiago de Chile, como consta
en el acta fechada 1 de septiembre, los representantes de los mismos países[xv]
manifestaban su voluntad de impulsar la HPP, solicitando el apoyo financiero y
técnico del BID (CIH 1989). Con esto, se creaba el Comité Intergubernamental
Hidrovía Paraguay-Paraná, organismo de gestión supranacional para la
implementación del proyecto, perteneciente al Tratado de la Cuenca del Plata
(CIH 1992).
El
proyecto HPP de la década de los 90 consistía en el acondicionamiento de un
corredor fluvial para la navegación de buques comerciales a lo largo de 3442 km
de los ríos Paraguay-Paraná. Comprendía un área de influencia calculada en 720
000 km2, con una población estimada de más de 40 000 000 de
habitantes (CAF 1998, 181).
Este
proyecto fue considerado por los gobiernos de los países participantes como “la
columna vertebral” de los planes de integración económica regional durante la
década de los 90 (Dunne et al. 1997, 1). Como se mencionó antes, su antecedente
fue el Tratado de la Cuenca del Plata,[xvi]
cuyo objetivo principal era sentar las bases técnicas y jurídicas para llevar
adelante un plan coordinado de navegación fluvial y explotación de recursos naturales entre los países
de la CP. Más de dos décadas después, el CIH designaba un Grupo de Trabajo I, dedicado a los
aspectos jurídicos institucionales para la “armonización y compatibilización de
legislaciones en materia de navegación y transporte fluvial vinculadas a la
hidrovía” (CIH 1990a, 1).[xvii]
La HPP
está compuesta por tres grupos de proyectos: el tramo Santa Fe-Océano
Atlántico, Santa Fe-Corumbá y Corumbá-Puerto Cáceres, el primer segmento a
cargo de Argentina y los últimos dos del CIH. Hasta 1995, año en que el
gobierno argentino adjudicó las obras de ingeniería al consorcio internacional
Hidrovía S.A.,[xviii] las tareas
de mantenimiento y dragado del canal navegable correspondían a la Dirección
Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, dependiente de la
Secretaría de Transportes de la Nación.
Durante
la década de los 90, la HPP se promocionó como un eje navegable asociado a los
objetivos del MERCOSUR. Si bien, como señalan Manero Miguel y Pastor Antolín
(2003), la hidrovía no se encontraba en el eje territorial prioritario del
acuerdo subcontinental, resultaba favorecedora para los países miembros que
tenían mayores deficiencias de accesibilidad, como Paraguay y Bolivia. En
Argentina, y en particular en la zona pampeana, la hidrovía actuaba como
potenciadora en la conformación de un territorio regional emergente destinado a
los agronegocios.
3.
Privatización, eficiencia e integración subcontinental: la
construcción discursiva de una “verdad”
acerca de la HPP en Argentina
La
implementación de la HPP ocupó amplios espacios en la prensa de la zona
agroexportadora argentina durante la década de los 90.[xix]
Entre los grupos que la promocionaban se encontraban funcionarios políticos,
grandes empresarios locales e internacionales, grandes productores de granos y
empresas agroexportadoras (así como las empresas asociadas a dicha industria),
especuladores inmobiliarios, empresas ejecutoras de obras de ingeniería
(dragado, refuncionalización de puertos, depósitos, etc.), bancos e
instituciones financieras internacionales y, por supuesto, los medios de
comunicación asociados a dichos grupos.
El
emprendimiento no estuvo exento de las estrategias discursivas más recurrentes
que asocian tecnociencia con progreso (o desarrollo). Así, por ejemplo, lo
afirmaba un artículo del diario La Capital (1996a) titulado: “Nuevo eje
de desarrollo e integración regional”, donde se exponía la relación entre el
acondicionamiento técnico de la hidrovía y el desarrollo de la región. Estos
discursos se anclaban en la situación particular por la que atravesaba el área
cerealera de la provincia de Santa Fe. El salto tecnológico a nivel mundial en
materia de navegación y puertos, orientado a la exportación, pero también a la
reorganización de la empresa agrícola (Gutman y Gatto 1990; Reboratti 2010),
habían dejado rezagada la actividad productiva, cuestión que se sumaba a la
crisis económica que atravesaba el país.[xx]En
este contexto, el puerto de Rosario aparecía como la oportunidad para reactivar
las dinámicas económicas de la región y como alternativa al puerto de Buenos
Aires:
La realidad del Mercosur y el incremento de cargas que ello implicará
permite detectar que Rosario, por su ubicación geográfica, constituye un nudo
estratégico comercial inigualable pues está en la intersección de la hidrovía
Paraguay-Paraná y Alto Paraná Tieté, hasta San Pablo, Brasil, en el sentido
norte-sur, siendo a la vez la vinculación lógica este-oeste entre Valparaíso,
Chile, y Río Grande (Oroño 1995, 3).[xxi]
La región surcada por la hidrovía en más de 4000 kilómetros de norte a sur
es la pradera más fértil del mundo, con decenas de millones de hectáreas
vírgenes, con mejor clima que la pradera EE. UU.-Canadá (no nieva en invierno)
y que puede producir sin restricciones los 40 productos agrarios básicos con
los que se alimenta el hombre (La Capital
1995).
En medio
de la crisis económica y de tales discursos, la hidrovía adquiría funciones salvíficas, que venían asociadas a
tres ideas claves: privatización, eficiencia e integración regional. A partir
de estas ideas, puede decirse, se tramó estratégicamente una “verdad” sobre el emprendimiento en
Argentina.
Una de
las estrategias discursivas centrales fue promocionar el proyecto como una
iniciativa del sector privado que antagonizaba con la “ineficiencia” atribuida
a la gestión estatal de la época precedente. Dentro de este discurso
–sustentado en la razón neoliberal–, privatización y debilitamiento nacional se
equiparaban con eficiencia. De este modo, aparecía la idea del “fracaso estatal” que ha justificado
los procesos de privatización. Estos procesos, según Bakker (2010), fueron
acompañados por un discurso que asociaba gestión estatal a ineficiencia y gasto
desmesurado. Por el contrario –sigue la autora– la gestión privada fue asociada
a mayor eficiencia, experticia y capacidad de financiación. En efecto, la
implementación de la HPP en Argentina tuvo lugar en pleno proceso de reforma
del Estado y en acuerdo con las medidas prescriptas por el FMI en el Consenso
de Washington.
Acorde a ese discurso, en el diario La Capital, en un
artículo titulado “Las hidrovías como factor de desarrollo geoeconómico del
Mercosur”, se expresaba apropósito de la HPP:
Con la disolución, a partir de esta década, de sistemas
administrativos de empresas centralizadas por el Estado que por propia
naturaleza resultaron ineficientes, muchos países, entre ellos Argentina,
optaron por un modelo neoliberal, básicamente de servicios privatizados y de
flexibilización de normas para la circulación de capitales en un mundo
globalizado (La Capital 1998a).
Para el
caso de las infraestructuras, y en particular de la HPP, puede considerarse un
proceso análogo al que describe Bakker, a partir de su concesión y gestión en
manos de empresas privadas (el mencionado consorcio Hidrovía S.A.). Sin
embargo, debe destacarse que la actuación estatal fue clave para facilitar la
acción de las primeras. Durante la década de los 90 fueron numerosos los
decretos del Poder Ejecutivo Nacional orientados a facilitar el accionar de los
agentes privados. Esta situación se vio reforzada, más tarde, por la no
creación de un organismo de control de la concesión, que velara por los
intereses públicos.[xxii]
De ese modo, se libraban los procesos territoriales-económicos de las reglas
del mercado en medio de un régimen de explotación de carácter monopolista
(Manero Miguel y Pastor Antolín 2003), donde la eficiencia y la competencia
pasarían a ser los valores orientadores.
La idea
de eficiencia se asocia a la disminución de los costos para la maximización del
capital; mientras que la competencia establece una redistribución territorial
del capital a partir de las nuevas zonas de extracción que se van creando o
visibilizando (las llamadas ventajas
comparativas). Puede decirse entonces que la implementación de políticas
neoliberales durante la década de los 90 en Argentina, proceso en el cual se
promovió la hidrovía, implicó que la rentabilidad se considere el parámetro
para hacer viables las economías regionales y su condición de posibilidad fue
un corrimiento por parte del
Estado en las funciones que tradicionalmente detentaba como autoridad
competente y exclusiva sobre el territorio nacional. Se pasó así de una idea de
“territorio nacional” a la de “integración regional” (figura 2).
Figura 2. La idea de integración en los titulares de la prensa
Fuente: Rosario/12,
29 de diciembre de 1996.
La idea
de integración regional utilizada en este contexto, se asociaba a una visión
mercantilista y privatista de la organización del territorio. Las empresas
usuarias de la HPP pertenecen al sector de grandes actores del mercado
internacional, y los esfuerzos de integración se han orientado mayormente en la
compatibilización de marcos legales y tasas aduaneras entre los países involucrados,
para hacer competente la actividad comercial de los mismos. En efecto, en una
reunión llevada a cabo en la ciudad de Rosario en 1994, con motivo de la
implementación del emprendimiento, y en la que participaban representantes de
las ciudades puerto comprendidas en el ámbito de la misma, un especialista
catalán destacaba los supuestos beneficios derivados del nuevo rol del Estado
(como facilitador), del
desmantelamiento de la organización institucional centralizada y de la nueva
organización territorial (integrada) en plena gestación:
Ahora cuando la Administración General de puertos ha
desaparecido en Argentina, es el momento en que los rosarinos deberán demostrar
si hubo postergación política o incapacidad propia […] cuando los organismos
centralizados desaparecen se liberan las leyes de la oferta y la demanda y allí
se ve qué puertos tienen verdadera capacidad y potencial. La descentralización
es un proceso irreversible en América Latina (El Litoral 1994, 5).
Un
enunciado central puede extraerse del párrafo anterior: el proceso de
privatización coloca en evidencia la capacidad y el potencial de los actantes
(en este caso los puertos) privados y, por lo tanto, la competencia entre estos
rige las dinámicas. En el mismo artículo, a cargo de Joan Alemany Llovera, se
enfatizaba el aspecto económico de la Hidrovía y la necesidad de eliminar los
“elementos” que elevaban los costos. Siguiendo esta misma lógica, podríamos
considerar entre dichos elementos, tanto las regulaciones impositivas
nacionales como las “barreras” físicas (calado natural del río, morfología
hídrica):
[…] el transporte fluvial es el más económico que existe […]
la HPP le otorga mayores ventajas a este vínculo, porque supone la eliminación
de aquellos elementos que más elevan los costos de la navegación de carga […],
y si eso se logra, podrán considerar al transporte por esta zona casi gratuito
(El Litoral 1994, 5).
Las
consideraciones de Llovera pueden contemplarse dentro del mismo discurso que
las expresadas por el subsecretario de Transporte de Argentina en una reunión
del CIH en 1990:
Por otra parte, destacó [el subsecretario] la importancia de
disminuir los costos en el transporte fluvial para facilitar el comercio
exterior de la región, y en ese sentido, señaló que deberán tomarse decisiones
orientadas a eliminar las reglamentaciones y disposiciones burocráticas, así
como las barreras físicas, a través de la ejecución de obras (CIH 1990b, 1).
Hacia
finales de la década, en una publicación de la Corporación Andina de Fomento,[xxiii]
puede observarse la incorporación de la idea de desarrollo sostenible asociada
al proyecto:
Al crearse la infraestructura para asegurar condiciones
adecuadas al tránsito de embarcaciones utilitarias, se favorecerán el
transporte, el comercio y las comunicaciones en general. De aquí, como
corolario, resulta que el desarrollo económico y social va a penetrar en el
corazón del subcontinente, lo que permitirá el aprovechamiento racional y
sostenible de vastos recursos naturales, de incalculable valor para nuestros
países y la humanidad (CAF 1998, 46).
Sin
embargo, esta idea no fue difundida por quienes promovían la HPP en Argentina,
sino por parte de los organismos internacionales. Su incorporación en el
discurso puede comprenderse en tres claves:
A nivel
internacional, el desarrollo
sostenible fue una idea promovida por la Comisión de las Naciones Unidas
en el Informe Brundtland (1987) y posteriormente en la Conferencia de Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992). A partir
de las declaraciones en dichos eventos, puede decirse que se instaló un
particular paradigma del progreso y del crecimiento infinito “bajo un nuevo rostro conceptual, el
desarrollo sostenible” (Svampa y Viale 2014,47). Así, el desarrollo sostenible compatibilizaba
mercado y naturaleza en un
círculo virtuoso en el que
convergían los procesos de privatización (ante los Estados “ineficientes”), la
extracción de recursos a gran escala (principalmente en países económicamente
periféricos), el desarrollo de alta tecnología para que la extracción sea
amigable (en los países de economías centrales) y un nuevo horizonte para el
crecimiento económico infinito. En este contexto, la promesa de eficiencia
asociada a la gestión privada pasa a vincularse también a la idea de
sostenibilidad con la finalidad de legitimar la apropiación privada de la naturaleza.
En
segundo lugar, debe tenerse en cuenta que entre las décadas de los 80 y los 90,
los distintos ambientalismos[xxiv]
tuvieron una visibilidad relevante a nivel mundial, principalmente a partir de
la emergencia de las ONG[xxv]
y de la disponibilidad de financiación para el activismo ambiental que, por ese
entonces, se encontraba en auge.
En
tercer lugar, puede comprenderse a la luz de las presiones que las ONG de la
región (nucleadas en la Coalición Ríos Vivos)[xxvi]
ejercieron en el proceso de implementación de la HPP[xxvii]
a partir de 1994. De ahí que las asociaciones entre infraestructura y
sostenibilidad comenzaron a aparecer con mayor frecuencia en los documentos
oficiales de los últimos años de la década:
Hace seis años, la institución que presido puso en marcha un
Plan de Acción para la Participación de la CAF en Proyectos de Infraestructura
Física e Integración Fronteriza, ambicioso programa cuya principal finalidad es
la de contribuir – mediante una
acción mancomunada– al desarrollo sostenible de nuestros pueblos, a través de
la redimensión de un sector que no solo permite ampliar el espacio económico
regional y aprovechar mejor los recursos y ventajas comparativas, sino que
genera los componentes para una inserción competitiva en la economía mundial
(CAF 1998, 7).
[…] en cuanto aquí se encuentran: 1) la tercera parte de las
reservas mundiales de bosques latifoliados; 2) ingentes potenciales piscícolas,
agrícolas y pecuarios que, bien manejados, podrán contribuir a resolver los
actuales y tan difíciles problemas de alimentación; 3) gigantescos yacimientos
de minerales útiles; 4) casi la mitad del volumen de las aguas de los ríos de
todo el mundo, un cuarto de la escorrentía fluvial y un difícilmente
inigualable potencial hidroeléctrico; 5) la más alta biodiversidad del mundo
[…]. Así, por la integración fluvial, se crearán condiciones idóneas para el
establecimiento de nuevos modelos de vida, acordes con las aspiraciones de
nuestros pueblos (CAF 1998, 46).
Como se
evidencia con estos dos párrafos, el discurso de la CAF no era monolítico. En
el primer extracto aparece la idea de fusión virtuosa entre crecimiento
económico, eficiencia y conservación ambiental, es decir, el ambientalismo de mercado (Bakker 2010, 5).
Mientras que, en el segundo extracto, puede observarse la visión “doradista”[xxviii]
sobre el territorio (Svampa y Viale 2014). Esta visión asociaría a
América Latina con abundancia en naturaleza,
considerando a esta última disponible en cantidades ingentes y utilizables sin
límites (Acosta 2009).
Por otra
parte, Svampa y Viale (2014) consideran que el modelo de desarrollo
implementado en gran parte de los países al iniciar el siglo XXI tiene sustento
en un paradigma extractivista vinculado a la idea de oportunidades económicas o
ventajas comparativas, que se encuentra asociado a un imaginario social
proveniente de ese mito. Esta visión era difundida por la prensa rosarina:
La soja paraguaya, boliviana y brasileña es el tesoro más
preciado a conquistar y la consolidación de una ruta confiable y económica para
su transporte a las fábricas aceiteras locales es el requisito indispensable
para atraerla (La Capital 1995).
Las ventajas comparativas con otros continentes es que
dispone de ingentes recursos naturales, el mayor de ellos, las cuencas
hidrográficas […]. Con el área disponible para agricultura y ganadería en torno
a los 600 millones de hectáreas se puede producir la tercera parte de los
alimentos que necesita la humanidad (La
Capital 1998b).
En los
párrafos anteriores pueden identificarse tres cuestiones claves del
megaproyecto. En primer lugar, se observa su concepción en términos netamente
económicos, representada en el “tesoro”
(la soja) que era necesario atraer; así, por ejemplo, se hacía referencia a la
hidrovía como la “autopista acuática” (Surano 1995), o se presentaban titulares
al estilo de “Negocios que llegan en barcazas” (La Capital 1996b). En segundo lugar, sobresale su finalidad
extractivista, concentrada en la explotación de recursos naturales a gran
escala. En tercer lugar, se advierte la escala supranacional que implicaba el
emprendimiento, como infraestructura de fijación de capitales al territorio de
América del Sur.
4.
Conclusiones
La
intención general con este trabajo ha sido colocar en evidencia que las
prácticas territoriales que llevan adelante los grupos de poder se encuentran
sostenidas por estrategias discursivas (enunciados, ideas y narrativas)
orientadas a instalar socialmente determinadas “verdades”, funcionales a sus objetivos de apropiación
territorial. En particular, como ha dado cuenta Lins Ribeiro (1994), el mundo
de los PGE es especialmente complejo y se configura en tramas multinivel de
actores (instituciones varias, funcionarios públicos, empresas), escalas
espaciales, capitales financieros, prácticas territoriales, discursos, y
elementos de la naturaleza
considerados recursos, que son específicos en cada territorio en el cual se
despliegan. Por lo tanto, los modos en que se van configurando los discursos en
cada región o país que atraviesan, van adquiriendo matices al
territorializarse. Con base en el caso estudiado, puede decirse, de modo
general, que la reestructuración político-territorial que significó la
implementación de políticas neoliberales en Argentina, junto con la crisis
económica que atravesaba, vino acompañada de un conjunto de enunciados e ideas
que legitimaban tanto como creaban las condiciones para el despliegue de
determinadas prácticas en el territorio, y también modos específicos de gestión
y relación territorio-autoridad.
En
primer lugar, los discursos en torno a la idea de “fracaso estatal” crearon un marco de posibilidad para la
ejecución de múltiples acciones orientadas a transferir autoridad desde las
esferas estatales al sector privado y, en especial, al capital transnacional.
Si bien la HPP en Argentina se gestionó, desde 1995, bajo la forma de
concesión, el hecho de no conformarse un órgano de control estaba dando cuenta
de un Estado nacional que se desentendía de sus funciones de velar por el bien
público, dejando la hidrovía en manos de sus usuarios y empresas promotoras.
En
segundo lugar, la idea de integración regional, que parecía venir a saldar una
deuda histórica del desarrollismo (la de conformar un mercado suramericano
endógeno y soberano), fue resignificada bajo el neoliberalismo en el marco de
la hidrovía: se convirtió en una idea funcional a la apropiación, por parte de
los capitales transnacionales, tanto de los ríos Paraguay y Paraná como de los
territorios de explotación asociados a la vía navegable. Para el caso del área
agroexportadora argentina, la idea de integración, asociada al desarrollo
regional y a la explotación sojera, constituyó un atractivo, para los
funcionarios políticos y los empresarios multinacionales, regionales y locales
participantes en la cadena de valor, ávidos de ingresar capitales a sus esferas
de acción.
Puede
decirse que este conjunto de ideas y enunciados, que conformó una “verdad” acerca de la hidrovía,
también instalaba determinados modos de ver,
de hacer y de decir en el territorio. En efecto, como pudo observarse,
junto con la implementación de las políticas neoliberales en Argentina
irrumpieron –en los discursos de los grupos de poder– ideas nuevas acerca del
territorio, el Estado y las infraestructuras, que fueron dejando en segundo
plano las ideas de nación y soberanía
nacional, que habían constituido gran parte de los discursos de las
décadas precedentes. En particular, el proceso de reescalamiento
territorial se tradujo –entre otras cuestiones– en el despliegue de
infraestructuras específicas acorde a los nuevos requerimientos del mercado
internacional. Este proceso se acompañó de una idea (implícita pero de efectos
visibles) de territorio fragmentado y descentralizado, que se incorporaba al
mercado internacional a través de sus regiones o clústeres productivos; junto con la idea de la desaparición de
las fronteras nacionales. Esta última se materializaba, por un lado, en
diferentes acuerdos internacionales, cuyo ejemplo más prominente de esos años
fue el MERCOSUR; y por el otro, en obras específicas, como es la HPP.
Además,
la idea de integración regional –como pudo observarse en los documentos
analizados– se asoció a la idea de privatización que, a su vez, se encontraba
justificada por la idea de eficiencia, asignada a la gestión privada. Este
conjunto de ideas que conformaron el enunciado de “fracaso estatal”, puede decirse que estaba justificando la
privatización de los recursos (naturales, económicos), junto con una idea
específica del desarrollo sostenible que asociaba gestión privada a
sostenibilidad y desarrollo de las poblaciones. Dentro de este esquema, puede
afirmarse que la HPP constituyó la infraestructura que hizo posible, por una
parte, la fijación de los capitales globales al territorio de los países
involucrados y, por otra, la apropiación de los recursos naturales por parte de
dichos capitales.
Apoyos
Este
artículo forma parte de una investigación más amplia, enmarcada en el proyecto
CIC CONICET (2019-2024), Argentina: “Proyectos de Gran Escala, paisajes
hidrosociales y políticas de territorio: la Hidrovía Paraguay-Paraná y el
puente Rosario-Victoria en la conformación de territorios periféricos de
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Notas
[i] Es decir, prácticas discursivas y no discursivas.
[ii] Se refiere tanto a los proyectos hidráulicos como a los de
navegación.
[iii] Alude a los grupos sociales muchas veces invisibilizados o
no reconocidos desde los espacios hegemónicos.
[iv] El cordón industrial incluye localidades del departamento San
Lorenzo hacia el norte de Rosario y Villa Gobernador Gálvez hacia el sur de la
ciudad.
[v] Se revisaron periódicos de amplia difusión (local o
nacional) representativos de los grupos de poder o con una posición
acomodaticia respecto de los mismos: el eje principal lo definió el diario
rosarino La Capital, complementando con el diario santafesino El
Litoral y Clarín (Buenos Aires). Se contrastó con Página/12,
en su sección Rosario/12. Este último, si bien no es representativo de
los grupos de poder, se utilizó para contrastar hechos puntuales.
[vi] El Consenso de Washington fue un acuerdo que realizó el
gobierno nacional argentino (y otros de América Latina en igual situación de
crisis económica) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y consistió en un
paquete de medidas de ajuste fiscal para estabilizar la macroeconomía y abrir
la economía nacional a la inversión extranjera.
[vii] Se utiliza la acepción de Guattari y Rolnik (2013, 10),
reemplazando el uso del término globalización, con el objetivo de destacar el
sentido fundamentalmente económico, y más precisamente neoliberal y
capitalista, del fenómeno mundial.
[viii] En reemplazo de recursos naturales, término que expresa una
visión utilitarista de la naturaleza.
[ix] En Argentina, la abultada deuda externa fue determinante de
las numerosas medidas políticas y económicas en el marco del Consenso de
Washington.
[x] Impulsada por la Corporación Andina de Fomento (CAF), el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo para el Desarrollo de la
Cuenca del Plata (FONPLATA).
[xi] La creación de un mercado común de desarrollo industrial
endógeno entre los países de la Región data de la época cepalina de los años
50. Esta iniciativa fue confrontada en la década de 1960 por la iniciativa
norteamericana de la Alianza para el Progreso (Laredo 1994).
[xii] Acta de Ministros de Obras Públicas y Transporte, 1988.
[xiii] Al crearse la IIRSA, en el año 2000, la HPP pasó a formar
parte de uno de sus 10 Ejes de Integración y Desarrollo [EID] (IIRSA et al.
2007).
[xiv] Acta del 25 de noviembre de 1988, Canela (Brasil):1.
[xv] Bolivia, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y un
representante del Banco Interamericano de Desarrollo.
[xvi] Firmado en 1969 en Brasilia por los gobiernos de Argentina, Bolivia,
Brasil, Paraguay y Uruguay.
[xvii] Para tal compatibilización se encargó al Instituto para la
Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) el estudio: Facilidades normativas para la navegación (CIH
1990a, 2).
[xviii] Este consorcio estaba presidido por la empresa belga Jan De
Nul (Decreto 253/1995).
[xix] Especialmente entre 1994, momento en que finalizaron los
estudios de factibilidad técnica y de impacto ambiental, y 1998. En este último
año, el proyecto se vio envuelto en numerosas controversias por obras que
debían realizarse en la zona de Pantanal, lo cual resultó en la decisión del
gobierno brasileño de retirarse del proyecto (La Capital 1998b). Para ampliar: Arach (2003).
[xx] Para ampliar sobre la situación de Argentina durante los
años 90: Rapoport (2000); Ferrer (2004).
[xxi] El autor de la nota era representante del Consejo Asesor
Económico y Social de la Municipalidad.
[xxii] Este era un requerimiento del BID en los Términos de
Referencia para la implementación de la hidrovía.
[xxiii] Organismo que participó en la financiación del proyecto HPP
a partir de un “Convenio de Préstamo No Reembolsable”, firmado en 2002 por el
mismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la CIH
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 2002).
[xxiv] Asumimos la condición heterogénea y diversa de los
movimientos ambientalistas, tanto en sus posiciones ideológicas como en sus
modalidades de organización y estrategias de actuación.
[xxv] Dachary y Arnaiz Burne (2014, 240-241) destacan la estrecha
relación entre el surgimiento de las ONG y el establecimiento del
neoliberalismo como ideología política, es decir, frente al “adelgazamiento del
Estado”, las ONG cobraron fuerza, alentadas mayormente por financiación de
grandes corporaciones.
[xxvi] Esta coalición estaba conformada por unas 300 ONG
ecologistas, movimientos sociales e indigenistas de Argentina, Brasil, Bolivia,
Paraguay, Uruguay, así como también de Norteamérica y Europa.
[xxvii] Dichas presiones resultaron, por un lado, en el abandono del
proyecto por parte de Brasil, y en la apertura de una mesa de diálogo entre el
CIH y las ONG (CIH 1995, 1).
[xxviii] También denominada “la
maldición de la abundancia” (Coronil 2002) o “la maldición de los recursos” (Schuldt y Acosta 2009).