Íconos. Revista de Ciencias Sociales
Núm 70. Mayo - agosto 2021, pp. 171-191,
ISSN (on-line) 1390-8065
DOI: 10.17141/iconos.70.2021.4650
Temas
Integración
sociourbana en la Patagonia argentina: producción material y experiencias
Socio-Urban integration in Argentinean Patagonia:
Material production and experiences
Dra. Paula Ferrari. Investigadora,
Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanidades, Centro Nacional
Patagónico (Argentina).
(mapaulaferrari@yahoo.com.ar) (https://orcid.org/0000-0002-1437-1182)
Recibido: 02/09/2020 – Revisado: 29/10/2020
Aceptado:
12/01/2021 – Publicado: 01/05/2021
Cómo citar este
artículo: Ferrari, Paula. 2021. “Integración sociourbana
en la Patagonia argentina: producción material y experiencias”. Íconos. Revista
de Ciencias Sociales 70: 171-191
https://doi.org/10.17141/iconos.70.2021.4650
Resumen
Desde 1970 la ciudad de Puerto Madryn, en la Patagonia
argentina, ha experimentado un notorio crecimiento demográfico y urbano,
caracterizado por ciertas prácticas de producción de la ciudad que fomentan
condiciones desiguales de acceso al suelo y la vivienda, y promueven la
segregación socioterritorial y sociourbana. El Barrio Nueva Chubut es producto
de estos procesos. En este artículo, se analiza la integración sociourbana de
este barrio popular, considerando la producción material y las experiencias de sus
habitantes. A partir de relatos de prácticas y sentidos territoriales, se busca
comprender cómo es vivida y experimentada la integración sociourbana del sector
desde dos categorías principales: el andamiaje material de esa integración y el
sentido de pertenencia y los lazos sociales que unen a la comunidad con la
ciudad. Se plantea un diseño exploratorio con enfoque metodológico cualitativo
que se asienta en la revisión de bibliografía, normativas y la concreción y
análisis de entrevistas en profundidad a pobladores y referentes barriales. La
integración plena y efectiva del barrio lejos está de efectivizarse. Sus
propios habitantes constituyen los principales artífices de la misma con sus
luchas y prácticas desde su espacio cotidiano; dichas prácticas permiten el
reconocimiento de derechos ciudadanos que no están garantizados, como el
derecho a un hábitat digno.
Descriptores: ciudad; desigualdades; experiencias;
integración; Puerto Madryn; segregación.
Abstract
Starting in 1970, the city of Puerto Madryn –located
in the Argentinian Patagonia- has experienced a major surge of urban and
demographic growth. This expansion has been accompanied by certain urban
development practices which have resulted in severe inequalities in the access
to land and housing. In turn, this had the effect of worsening both social
territorial and social urban segregation. The Nueva Chubut neighborhood is a
product of the above developments. This article analyzes the socio urban
integration of this low income quarter. Due account is given to the material
production and the experiences of its inhabitants. Based on stories about
practices and meanings associated with place, an attempt is made to understand
how the integration of social groups to the neighborhood is achieved. Two major
categories are employed in this exploration: the material scaffolding
supporting this integration, and the feelings of belonging associated to the
social bonds that link the local community to the rest of the city. The
research uses a qualitative exploratory design, based on bibliographical
research, the investigation of legal norms and in-depth interviews with
residents and neighborhood leaders. Results reveal that a full and effective
integration of the quarter is far from accomplished. The inhabitants
themselves, their struggles and practices in everyday life, are the main
driving force of this incorporation. These practices pave the way for the
recognition of previously neglected citizen rights, such as the right to a
decent habitat.
Keywords:
city; inequality;
experiences; integration; Puerto Madryn; segregation.
1.
Introducción
Determinados individuos y colectivos reclaman el
derecho a ocupar un lugar social y simbólico en condiciones de igualdad, en
términos del reconocimiento de las diferencias en el acceso a los bienes,
servicios y beneficios de habitar en el ámbito urbano. Con este interés, se
analizan los sentidos dados a los lugares donde la gente habita, se vincula y
se traslada cotidianamente, poniendo especial énfasis en aquellos espacios
donde la precariedad y la desigualdad en el habitar urbano son el denominador
común. Indagar los modos en que los protagonistas centrales de esta
problemática experimentan dificultades en el acceso a la tierra, la vivienda y
los servicios urbanos se deriva de un interrogante central: ¿cómo observan y
viven la ciudad quienes habitan un espacio situado fuera de lo que
habitualmente es reconocido como ciudad?
El acceso a ciertos bienes y servicios urbanos se
constituye en un problema cotidiano para muchas familias, y “su ausencia y
lucha por obtenerlos o suplirlos forman parte relevante de las distintas
narrativas de la vida en la periferia” (Segura 2015, 72). Este conjunto de
problemas, expectativas y prácticas vinculadas a lo que implica establecerse y
vivir en la periferia se convierte para muchos sujetos en sus experiencias de
acceso a la ciudad, atravesadas por desigualdades y dificultades. Se observa,
entonces, que las vivencias y representaciones urbanas se construyen desde
diversos lugares y posibilidades, arraigadas en modos diferentes de vida, que
en ocasiones asumen la diferencia entre ciudad y periferia, como espacios
distantes, separados o ajenos.
Puerto Madryn, ciudad intermedia ubicada al nordeste
de la provincia de Chubut en la Patagonia argentina (figura 1), viene
experimentando desde comienzos de 1970 un crecimiento demográfico y urbano
sostenido. En este proceso han influido políticas de asentamiento por
actividades productivas, lo cual generó un flujo migratorio significativo.
Figura
1. Localización de la ciudad de Puerto Madryn, Patagonia argentina
Fuente: elaboración propia
La instalación de industrias en los años 60 y 70
produjo un crecimiento demográfico exponencial con una migración importante de
personas de diverso origen. Algunas provenían de las zonas rurales de la
provincia como consecuencia del estancamiento de la economía lanar desde los
años cincuenta. Otras eran migrantes del norte del país y de países limítrofes,
en especial de Chile y Bolivia (Kaminker 2016).
Asimismo, en los años 70, la instalación de la Planta
de Aluminio Argentino Sociedad Anónima (ALUAR SAIC) modificó sustancialmente la
ciudad a partir de una serie de obras de infraestructura, entre ellas el armado
de un puerto industrial de aguas profundas, y la construcción de viviendas y
escuelas para trabajadores y sus familias. En consecuencia, en diez años Puerto
Madryn cambió no solo su configuración poblacional, sino también su trama
urbana (Kaminker y Ortiz Camargo 2016). Por otro lado, luego de la instalación
de ALUAR, la industria pesquera comenzó a adquirir importancia económica y a
consolidarse como actividad entre fines de la década de los 70 y principios de
los 80. Ya en los años 90, el crecimiento del turismo y los servicios
constituyeron los motores económicos de la continuidad del marcado crecimiento
productivo y demográfico (Kaminker 2016).
En el crecimiento sostenido iniciado en los años 70,
en términos demográficos y urbanos, predominaron prácticas excluyentes de
acceso al suelo y a la vivienda para ciertos sectores sociales. Estas prácticas
no eran nuevas: estuvieron presentes desde los orígenes de la ciudad alrededor
de 1889. Kaminker (2016) señala que en los primeros años de su fundación fueron
la iniciativa privada y la rentabilidad de la venta de tierras los factores que
impulsaron la lenta expansión urbana. La llegada del ferrocarril, por un lado,
posibilitó un asentamiento estable en Puerto Madryn y, por otro, que las
condiciones de los contratos de concesión y las propiedades otorgadas a la
empresa sentaran las bases para el control privado del mercado de tierras
urbanas y rurales cercanas al pueblo. Como señala este autor “el hecho
paradigmático fue que la empresa que loteaba planificara la forma que tendría
la ciudad y su trama en 1906” (Kaminker 2016, 45).
Esta forma de urbanización, donde el dueño privado de
tierras rurales impone las condiciones de la expansión, se institucionalizó con
el correr de las décadas y sus principales condicionantes influyeron en la
configuración que adquirió Puerto Madryn como pueblo por aquellos años
(Kaminker 2016). Más allá de la identidad ferroviaria que forma parte del
pasado madrynense, su origen asociado a este proyecto determinó que los
intereses privados definieran el trazado de una parte considerable del pueblo.
Los dueños de la tierra –en primer término, la empresa que gestionaba el
ferrocarril, después pequeños ganaderos que devendrían en terratenientes de la
región– fueron los agentes centrales de la expansión de la ciudad. Esta
concentración de la propiedad de la tierra constituye uno de los elementos que
dejó como legado el Madryn portuario y ferroviario al actual Madryn industrial
y turístico (Kaminker 2016).
El proceso de expansión urbana acelerada de la ciudad
evidencia dos etapas diferenciadas. Una de expansión planificada, entre los
años 70 y los 90, en la cual el Estado se ha desempeñado como planificador
principal del proceso, mediante el impulso en la construcción de complejos
habitacionales y el fomento de loteos para sectores medios y altos, y en menor
medida, de loteos sociales. Otra, a partir de los 90, en la cual se
descentralizan las prácticas de distribución y expansión del suelo y la
vivienda, y aparecen múltiples actores en el impulso principalmente de loteos
privados –rubro que mayor crecimiento experimentó a partir de esos años–. Este
escenario determinó condiciones cada vez más restrictivas de acceso a la
residencia para sectores sociales de menores ingresos, consolidando en paralelo
marcados procesos de segregación socioterritorial (Kaminker y Laztra 2015).
Como puede observarse en la figura 2, actualmente la
configuración socioterritorial de la ciudad acentúa la distinción entre un
centro y sur para las clases medias y altas, y un norte y noroeste para las
clases populares, con marcados rasgos diferenciales de acceso a determinados
bienes y servicios urbanos. Los actores principales en las prácticas
excluyentes de acceso al suelo y la vivienda siguen siendo el sector privado
–inmobiliario, grupos empresarios constructores, firma San Miguel– y el Estado.
Figura 2. Configuración sociorresidencial de Puerto
Madryn
Fuente:
Kaminker (2016, 214).
El Barrio Nueva Chubut es producto de estos procesos
de exclusión y segregación sociourbana. Iniciado a partir de toma de tierras en
el año 2003, se fue configurando a partir de un conjunto de asentamientos
autodenominados por sus habitantes (ver figura 3), quienes fueron generando
diversas transformaciones en relación con la producción material del espacio, y
persistiendo desde diversas prácticas en la lucha por ese espacio producido
(Ferrari 2020).
Figura 3. Ubicación del Barrio Nueva
Chubut, Puerto Madryn
Fuente: elaboración propia sobre imagen de Google
Earth.
Las tomas iniciales se realizaron gracias a la voluntad,
persistencia y organización de un grupo de familias que fueron ocupando la
tierra, colaborando entre sí en el proceso de autoconstrucción de sus
viviendas, monitoreando y advirtiéndose sobre las probables usurpaciones por
parte de otras familias, y colaborando en el acceso a las tomas de electricidad
y agua (Ferrari 2018). La ocupación se fue organizando entre las propias
familias, que iban siguiendo el trazado de las calles aledañas al barrio
contiguo.
No obstante, el Estado ha tenido su intervención en el
proceso de producción del sector, principalmente acompañando en algunos
momentos durante las tomas iniciales, y asesorando sobre los sitios óptimos
para la instalación. El motivo central de su intervención radicó en garantizar
la factibilidad de concreción de las obras de servicios públicos que se
iniciarían en el año 2015 con el Programa de Mejoramiento de Barrios (Promeba), legitimando de esta manera la
participación del Estado como agente potenciador de informalidad urbana
(Kaminker y Velásquez 2015).
El Promeba
y el Decreto Nacional n.º 358/2017 de Barrios Populares se constituyen en
políticas públicas que dieron lugar al inicio de un proceso tendiente a la
integración social y urbana de estos sectores caracterizados por la
informalidad, precariedad y restricciones en el acceso a muchos beneficios del
“habitar” la ciudad. Sin embargo, estas prácticas e instrumentos estatales, si
bien tienen como propósito integrar social y territorialmente la ciudad,
demuestran claras deficiencias en la concreción plena y real de garantizar el
derecho de acceso a la ciudad para todas las personas. En este sentido, el
objetivo del artículo es analizar el proceso de integración sociourbana del
Barrio Nueva Chubut abordando la producción material y las experiencias y
sentidos dados por sus habitantes. Resulta clave abordar el componente
subjetivo-intersubjetivo de quienes residen en sectores marginados social y
territorialmente, para comprender que las experiencias de vivir o sentirse parte de la ciudad no solo se basan en la
producción de materialidad, sino también en aspectos simbólicos y de garantía
de derechos.
2.
Derecho
a la ciudad y desigualdades
Las dimensiones de territorio y ciudadanía se ven
reflejadas en un derecho de gran relevancia y actualidad: el derecho a la
ciudad. Este abarca una serie de variables territoriales que se relacionan con
la integración y la segregación sociourbana, y que rebasan la unidad de la
vivienda, como son la movilidad, accesibilidad, equipamiento educativo, de
salud, recreación y espacio público. Atraviesa el debate sobre lo público
porque alude al derecho de todos y todas:
al lugar real y simbólico de la
centralidad, de la comunicación e información, de la movilidad, de la belleza
del entorno, de la calidad de vida, de la inserción en la ciudad formal, de la
autonomía en el gobierno, del conocimiento histórico, arquitectónico,
sociocultural y patrimonial (Ramírez Kuri 2014, 19).
Los
estudios sobre fenómenos de segregación y sus expresiones sociales y
territoriales adquieren relevancia en las discusiones sobre desigualdad y
ciudad. En el contexto de la ciudad latinoamericana, Bournazou (2014)
identifica la pobreza como una de las facetas de la segregación espacial,
derivada en buena medida de la desigualdad multidimensional distributiva de
bienes públicos en el territorio. Argumenta que la pobreza territorial se
expresa en el acceso deficiente y desigual de ciertos grupos sociales al
equipamiento urbano básico (educación, salud y recreación) y a la ciudad en su
conjunto, lo cual restringe el desarrollo pleno de la ciudadanía. Las formas de
inequidad territorial[i]
–en el sentido de Guisande y Pollera (2019)– se manifiestan tanto en el nivel de
la vivienda como en el del entorno inmediato, es decir, en el desigual acceso a
bienes de consumo colectivo: equipamiento, servicios y accesibilidad física.
En las ciudades medias en expansión –como es el caso
de Puerto Madryn– y en aquellas de gran tamaño se observa que el aumento de la
dimensión urbana (física y demográfica) está acompañado por una mayor
fragmentación y dispersión de su territorio. La cantidad de espacios
intersticiales vacíos aumenta y paralelamente surgen grandes reservas de suelo
en la periferia. Este proceso se traduce en un mayor incremento relativo de la
mancha urbana en comparación con el aumento demográfico. Este fenómeno no solo
acentúa las desigualdades, sino que empeora las condiciones de vida de los
sectores social y económicamente más vulnerables, que viven en su mayoría en
las zonas urbanas periféricas (Bournazou 2014).
Manuel Castells (1972, 287) define la segregación como
“la tendencia a la organización del espacio en zonas con fuerte homogeneidad
social interna y fuerte disparidad social entre ellas; esa disparidad debe ser
entendida no solo en términos de diferencia, sino también de jerarquía”. Bajo
esta perspectiva la homogeneidad social se señala como la dimensión central de
la segregación espacial.
Por su parte, Bournazou (2014) afirma que en la ciudad
actual la segregación espacial, entendida como composición social diferenciada
del territorio, forma parte de su naturaleza. Sea por las modalidades de su
expansión física o por la diversidad y heterogeneidad entre sus habitantes, el
autor sostiene que cierto tipo de segregación parece inevitable. El
agrupamiento y la separación física entre individuos de un mismo rasgo social,
independientemente del tipo de rasgo, representan en sí un fenómeno que podría
caracterizarse como algo esperado. Las diferencias y la heterogeneidad son
características de lo urbano. Sin embargo, estas prácticas en cierta medida
naturalizadas o en ocasiones consideradas constitutivas del hacer y producir
suelo y vivienda, y como tales determinantes de segregación, no deberían
obturar la responsabilidad estatal de garantizar el derecho de acceso a
condiciones igualitarias del hábitat.
Por otro lado, no todos los espacios con altas
concentraciones relativas de un grupo social particular se asocian con
situaciones problemáticas. Los problemas empiezan cuando alguno de ellos se
vuelve exclusivo o excluyente del resto de la estructura urbana, y se acompañan
con realidades críticas para sus habitantes, su entorno próximo y la ciudad en
su conjunto. Estos espacios no se distinguen del resto simplemente por sus
rasgos diferentes, sino que se caracterizan por la discriminación,
jerarquización, desigualdad y asimetría (Lefebvre 2003).
El proceso de segregación en las ciudades incluye
también a la población de mayores recursos económicos, que elige autosegregarse
con el cierre de calles y seguridad privada, lo que genera un autoencierro que
segmenta a ese grupo de población. Para los pobres urbanos, la segregación está
determinada por condiciones de desventaja que enfrentan en un entorno que
retroalimenta la desigualdad y, por tanto, la dificultad de salir de ella
(Vázquez Padilla 2014). La segregación trasgrede lo territorial, manifestándose
en el plano de la salud, la educación, la cultura, la asistencia social, la
comunicación y recreación, movilidad social, entre otros; todas manifestaciones
de la privación de derechos sociales y humanos. En contextos de exclusión
física, entendida como la inaccesibilidad a la interconexión física de un área
con el resto de la ciudad, a través de equipamiento, infraestructura vial, de
comunicaciones y transporte urbano, suelen reproducirse contextos de exclusión
social, como se da con la función medular que tiene el equipamiento comunitario
o los espacios públicos (las áreas verdes y de esparcimiento) para la
acumulación de capital social de una comunidad.
En el ámbito argentino el Decreto Nacional n.º
358/2017, que crea el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de
Integración Sociourbana (Renabap)
se presenta como una política pública que incorpora una concepción integral
sobre la pobreza urbana y que postula procesos de integración sociourbana como
herramienta para atender la problemática habitacional de familias de barrios
populares. El objetivo del decreto es avanzar hacia la integración urbana de
los barrios populares, al concebirla como condición necesaria para superar la
segregación e incluir a las personas, garantizando sus derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales consagrados en la Constitución Nacional.
Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hacemos referencia
al término integración sociourbana? Una de las principales vías para promover
la integración territorial se da mediante la posibilidad de dotar a los
territorios segregados de conectividad y equipamiento, sin embargo, algunos
autores y autoras (Guevara et al. 2018; Grabois 2018) señalan que integrar
desde el plano social y urbano implica respetar la diversidad social, cultural,
los modos de construir ciudad considerando costumbres, idiosincrasias e
historias. A su vez, plantean que existe un andamiaje material de la
integración urbana y un componente subjetivo/intersubjetivo/simbólico de la misma,
vinculado al sentido de pertenencia y la existencia de lazos sociales que
integran a esa comunidad (barrio popular o asentamiento informal) con el resto
de la ciudad. La dimensión simbólica, que históricamente ha quedado relegada
desde las políticas públicas, comienza a incorporarse a través de aquellas
políticas de mejoramiento integral, que consideran los procesos históricos de
formación de los barrios y la participación popular como elementos
constitutivos de la política (Guevara et al. 2018).
Desde un enfoque de derechos, la integración urbana es
entendida como el progresivo cumplimiento de todos los derechos económicos,
sociales y culturales de una comunidad determinada. En este sentido, políticas
públicas que busquen promover la integración urbana deberían promover un
cumplimiento efectivo de estos derechos en las comunidades a ser impactadas. El
acceso a un hábitat digno y la equidad socioespacial es una cuestión política
vinculada a la justicia social y los derechos humanos. Gisande y Pollera (2019,
24) advierten que “integrar no es unificar”, más bien desde las políticas de
producción de hábitat debe fomentarse la integración de las diferentes
realidades del territorio, potenciando las oportunidades y construyendo las
capacidades necesarias para la inclusión.
En cuanto a las experiencias de acceso al hábitat
urbano, los estudios remarcan la existencia de un conjunto de problemas,
expectativas y prácticas vinculadas a lo que implica establecerse y vivir en la
periferia. A su vez, los procesos de ocupación de la tierra urbana suelen
ocurrir en temporalidades, espacialidades y condiciones materiales diversas, y,
por lo tanto, esto se plasma en una cuestión central en el abordaje de las
experiencias del habitar la periferia: por lo general se da una “experiencia
común” que no necesariamente se traduce en una “experiencia compartida” (Segura
2015, 70).
En tal sentido, vale la pena distinguir la experiencia
común de la experiencia compartida. La primera alude a las expectativas
similares en el momento de arribo a un lugar, la elección del sitio donde
asentarse y la construcción de la vivienda, así como a los problemas similares
relacionados con el acceso a los servicios, la infraestructura o el trasporte
que, una vez asentados, deben enfrentar. La segunda, en cambio, se refiere a
aquella en la que existen puntos de articulación entre los residentes que
llegaron en distintos momentos y en condiciones socioeconómicas desiguales.
Muchas veces, en un mismo espacio de la periferia urbana las ocupaciones de tierras
acontecen en distintas situaciones históricas, económicas y políticas; no
siempre existen puntos de articulación entre los habitantes que llegan en
contextos sociales y personales diferentes, de ahí que se identifiquen
experiencias a veces comunes y
no siempre compartidas por los
sujetos.
Las experiencias de los sujetos se refieren a los espacios de representación en
términos de Lefebvre (1974), esos espacios propios de los actores que habitan y
viven la ciudad, en oposición a las representaciones
del espacio, aquellas producidas por los arquitectos, ingenieros y
urbanistas. Estos modos diferenciados de representar la ciudad “constituyen
indicios que hacen posible comprender formas distintas de ver, vivir y
significarla” (Segura 2015, 75).
3.
Abordaje
metodológico
Se parte de un diseño exploratorio cuyo enfoque
metodológico cualitativo se asienta en la revisión de bibliografía, leyes,
normativas y el análisis de entrevistas en profundidad. Sobre estas últimas, se
debe puntualizar que a fin de comprender el proceso de integración sociourbana
del sector y, paralelamente, cómo es vivido y experimentado por parte de los
propios habitantes, se diseñaron y concretaron diversas entrevistas en
profundidad con pobladores, referentes del sector y actores estatales. Dichas
entrevistas estuvieron orientadas a indagar dos categorías principales: por un
lado, el andamiaje material de la integración y, por el otro, las experiencias
y sentidos que la comunidad le asigna a dicho proceso, siguiendo la propuesta
teórica de Guevara et al. (2018).
La guía de entrevista se diseñó en
función de un primer conjunto de interrogantes generales sobre los motivos por
los cuales la persona llegó a vivir al lugar y los modos y el sitio donde
construyó su vivienda. El segundo grupo de interrogantes estuvo orientado a
indagar percepciones/opiniones de vecinos y vecinas sobre aspectos específicos
de la integración sociourbana. Este grupo de preguntas incluyó, por una parte,
variables relacionadas con el andamiaje material de la integración:
infraestructura de servicios (agua, electricidad, gas, salud, educación) y
tenencia de la tierra y la vivienda (procesos de regularización y seguridad en
la tenencia). Por otra, se incluyeron variables vinculadas a la producción
simbólica de esa integración, atravesada por el sentido de pertenencia y
existencia o no de lazos sociales que integran a la comunidad (barrio popular)
con el resto de la ciudad. Entre estas últimas se consultó lo siguiente: la
movilidad y comunicación (medios de traslado hacia otros lugares de la ciudad,
distancias y costos, accesibilidad al transporte y comunicación), el entorno
físico inmediato a la vivienda (parques, plazas, espacios de encuentro y
sociabilidad) y la participación ciudadana-comunitaria en procesos de decisión.
Se realizaron en total ocho
entrevistas en profundidad –durante los meses de octubre y noviembre de 2019–
seleccionadas mediante la técnica bola
de nieve, es decir, que a partir de las entrevistas iniciales y del
aporte de redes personales se fue ampliando progresivamente el grupo de
personas entrevistadas. Dos de las entrevistas se efectuaron a referentes del
sector –y habitantes del barrio–, personas encargadas de canalizar demandas de
los vecinos y vecinas de las manzanas circundantes. Estas entrevistas fueron
clave, dada la información con la que cuentan los referentes, quienes están en
contacto permanente con los vecinos, así como con diversas instituciones y
organizaciones para la gestión de soluciones a las demandas cotidianas. Las
otras entrevistas fueron realizadas a personas que habitan en el barrio.
El empleo de esta herramienta tuvo como finalidad
acceder a la perspectiva de los actores, o sea, conocer como interpretan sus
experiencias en relación con la integración sociourbana. Las entrevistas son
utilizadas en investigaciones que no persiguen la generalización estadística de
los resultados (Marradi et al. 2007), como es el caso del presente trabajo. Si
bien se confeccionaron en torno a las variables mencionadas anteriormente, se
contemplaron aportes e inquietudes que iban surgiendo en cada encuentro de
entrevista.
4. El andamiaje material de
la integración sociourbana
En
el mes de mayo del año 2015 se dio a conocer públicamente el lanzamiento del PROMEBA en los asentamientos informales
del sector noroeste de Puerto Madryn. En su etapa inicial, el programa
contempló la realización de diversas obras para mejorar las condiciones
habitacionales del sector. Entre estas estaba el acceso al servicio de agua
potable para cada lote, y la construcción de veredas, cordones cuneta y parques
(figuras 4 y 5). A comienzos del año 2021, las obras continúan con la
instalación de electricidad en cada lote y el alumbrado público.
Como
parte del programa también se contemplaba la regularización de la tenencia de
la tierra. Tal regularización se realizaría mediante la mensura de los terrenos
y la firma de acuerdos, entre la Dirección de Tierras Municipal y los vecinos
asentados, para el pago en cuotas del valor social de la tierra. Además, se
incluía la concesión de títulos de propiedad, una vez cumplimentado el pago de
los terrenos.
Figura 4. Promeba:
Cordones cuneta
Fuente: registro personal, 10 de
septiembre de 2019.
Figura 5. Promeba:
Parque de juegos
.
Fuente: registro personal, 10 de septiembre de 2019.
Sobre este aspecto, en los relatos de las personas
entrevistadas, se observa una primera cuestión: el programa no llegó a
beneficiar a todas las manzanas que conforman el Barrio Nueva Chubut. En
algunos casos por resistencias de algunas familias a recibir cualquier ayuda
por parte del Estado (por ejemplo, el sector autodenominado por sus pobladores
como Nahuel Pan). En otros, porque el Municipio decidió no concretar las obras
por problema de solape de jurisdicciones con otras organizaciones civiles
encargadas de gestionar los servicios básicos. Este último caso se presenta con
la manzana 966, también llamada ex
Mocara, en alusión a la organización civil Movimiento de Cascos
Amarillos; esta organización dejó de cumplir con sus compromisos de trabajo
territorial en dicha manzana por ausencia de fondos, lo cual redundó en la
imposibilidad de concretar las obras de servicios básicos. La manzana tampoco
fue beneficiada con las obras del Promeba;
así lo atestigua el relato de uno de los entrevistados: “Acá el PROMEBA vino
para todos los sectores que nos rodean, pero a nosotros no, somos una ‘isla’
parece” (entrevista a C. R., referente Barrio Nueva Chubut).[ii]
No obstante, esta situación particular, la mayoría de
las personas entrevistadas reconoce los beneficios que el programa llevó al
barrio. Algunas expresiones de ello son: “aunque a nosotros no nos haya tocado,
el beneficio está” (entrevista a V. D., vecina de Barrio Nueva Chubut); “todas
las obras que se hicieron fueron sumamente positivas para el barrio, trajeron
beneficios a las familias” (entrevista a I. M., referente sector Nueva Madryn).
Es importante aclarar que
las obras de gas no están contempladas por el programa y lo que implica para
quienes residen en la zona. Los modos de calefacción de las familias son
extremadamente precarios, no todas las personas pueden acceder a la compra de
gas por tubos y la mayoría se calefacciona utilizando artefactos eléctricos.
En cuanto a los servicios
educativos y de salud, las instituciones que abastecen las demandas de vecinos
y vecinas son las de los barrios aledaños, muchas veces desbordadas en la
atención que se va incrementando con la llegada de familias al sector. Desde los
propios discursos de los entrevistados, estos servicios se constituyen en una
carencia o son insuficientes: “la
sala de atención de la salud no alcanza, se necesita ampliar. Igual que las
escuelas” (entrevista a J. M., vecino del sector Nueva Madryn).
Con respecto a la
tenencia de la tierra y la vivienda, la experiencia de la mayoría de las
familias da cuenta de los beneficios del proceso de regularización,
principalmente en el sentido de seguridad de la tenencia. Si bien la tenencia
de la propiedad se trata de un instrumento precario –en palabras de los
entrevistados se habla de “la precaria” en alusión a la firma del acuerdo con
la Dirección Municipal de Tierras en el marco del PROMEBA–, para la mayoría
significa tranquilidad a no ser desalojados, a que otra familia no les usurpe
la vivienda, a la posibilidad de reclamar por los servicios y a la realización
de cualquier tipo de trámite. A su vez, el Barrio Nueva Chubut fue relevado en
su totalidad por el Renabap, y
gran parte de las familias residentes cuentan con el Certificado de Vivienda
Familiar.[iii]
Sin embargo, en algunos
relatos aparecen los desalojos y las usurpaciones ocasionales que ocurren en el
barrio. Un buen número de entrevistados señala que los primeros se deben a
irregularidades de las propias familias, principalmente por no contar con la
permanencia mínima de cinco años de residencia en la ciudad. Así se manifiesta
en algunas expresiones: “el desalojo está, no como antes que venía la máquina y
te llevaba la casa por delante, pero está” (entrevista
a C.R., referente de la manzana 966, Barrio Nueva Chubut, 23
de septiembre de 2019).
Aun cuando sienten que la tenencia precaria de la vivienda representa una
condición de seguridad, los desalojos eventuales desmoronan ese sentido
provisorio y refuerzan la necesidad de avanzar en la titularización definitiva
y la tenencia segura por parte de las familias.
Uno de los profesionales encargados de la ejecución y
monitorio de los proyectos del PROMEBA en el sector destaca que la posibilidad
de acceder a la titularidad de la tierra es un logro alcanzado por el programa
(entrevista a G.G., arquitecto y representante del PROMEBA en el Instituto
Provincial de la Vivienda). Si bien la regularización de la tierra se considera
un acontecimiento de importancia por los actores involucrados (ocupantes y
responsables municipales), este hecho no resulta suficiente para revertir la
situación de exclusión social en la que se encuentran muchas familias. Las
intervenciones realizadas en el marco del PROMEBA no han revertido la
informalidad urbana ni las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.
5. Experiencias y sentidos
de la integración
El carácter simbólico de la integración sociourbana
alude a los significados que los sujetos le dan al estar y sentirse integrados a la ciudad donde habitan. El mismo
tiene que ver con el sentido de pertenencia y los lazos sociales que integran a
esa comunidad (barrio popular) con el resto de la ciudad. Esta dimensión
simbólica ha estado históricamente relegada desde las políticas públicas
(Guevara et al. 2018) y comienza a ser incluida en aquellas que tienen como eje
el mejoramiento integral de los barrios precarios. Muestra de lo anterior es el
Decreto Nacional n.º 358/2017, que entre sus fundamentos señala a la
integración urbana como un “proceso indispensable para la superación de
situaciones de segregación, que propende por la inclusión de las personas y la
ampliación de sus niveles de ciudadanía, respetando las idiosincrasias y
garantizando una urbanidad plena de derechos” (Decreto Nacional n.º 358/ 2017,
1).
Con relación a la dimensión simbólica se indagaron los
significados dados a la movilidad como un aspecto constitutivo de la
integración sociourbana.[iv]
Para ello, se consideraron los medios de traslado hacia otros lugares de la
ciudad, las distancias recorridas, los costos, así como la accesibilidad al
transporte público.
El Barrio Nueva Chubut se ubica a
cuatro kilómetros hacia el sudoeste del centro de la ciudad. A su vez, al estar
alejado de los recorridos principales del transporte público de pasajeros, lo
posiciona en una situación desigual en relación con otros barrios de la ciudad
en cuanto a las posibilidades de circulación y conexión. Ante esta situación,
en el mes de octubre de 2019, los referentes de cada sector del barrio
efectuaron contactos y reuniones con la empresa encargada del transporte
público de pasajeros en la ciudad (la empresa Ceferino) para comunicarle la
necesidad de ampliar el recorrido del transporte y habilitar paradas dentro del
barrio. Estas acciones fueron fructíferas, dado que desde ese momento la
empresa realiza un recorrido interno, ampliando el beneficio de acceso próximo
al transporte público. Así lo demuestran algunos relatos:
(…)
conseguimos que el colectivo haga el recorrido por adentro del barrio y no
tengamos que ir hasta la parada más cerca que nos queda a 15 cuadras
(entrevista a E.R., vecina de la manzana 966, Barrio Nueva Chubut, 23 de
septiembre de 2019).
(…) los
chicos a veces salen tarde de la escuela y no puede ser que se tengan que venir
caminando a oscuras, ahora se toman el colectivo y se bajan acá nomas
(entrevista a C.R., referente de la manzana 966, Barrio Nueva Chubut, 23 de septiembre de 2019).
(…)
beneficia a los chicos para ir a la escuela, también a los que vivimos y queremos
ir al centro (entrevista a V. D., vecina de la manzana 966, Barrio Nueva
Chubut, 23 de septiembre de 2019).
En
cuanto a los costos del boleto, varias personas entrevistadas manifestaron la
necesidad de que no haya más aumento del precio. Algunas familias son
beneficiadas con la Tarjeta Estudiantil Gratuita (TEG) para hijos e hijas que
asisten a estudiar, a quienes se les emite una tarjeta con pasajes para el
traslado por este motivo. No obstante, muchos expresaron que la carga de
pasajes no cubre la totalidad de los traslados necesarios durante el mes.
Reconociendo a la movilidad como una
práctica urbana central para leer la desigualdad social y urbana (Segura 2015),
en los relatos analizados se observa la existencia de distancias y barreras en
las experiencias de circulación. Las primeras se refieren a la lejanía de la
vivienda en relación con otros ámbitos urbanos (escuela, centro de salud,
espacios de ocio). Las segundas se relacionan con las dificultades para salir
del barrio, bien por inaccesibilidad a los medios de traslado, bien por no
poder cubrir los gastos de desplazamiento. El barrio no es un ámbito autónomo
ni autosuficiente, por lo que sus residentes deben salir para obtener un
conjunto de bienes y servicios fundamentales para la reproducción de la vida.
Esto supone un gran esfuerzo en términos económicos, temporales y corporales
por la escasez de dinero, las grandes distancias y la mala calidad de los
medios de transporte.
Por otro lado, analizar la
conectividad del barrio en relación con la ciudad implicó considerar también la
accesibilidad a la comunicación. La mayoría de las familias del barrio consumen
televisión por cable, al igual que telefonía móvil e internet, aunque muchos
han señalado las deficiencias de conexión como una situación recurrente. A su
vez, la mayoría accede a la conectividad porque paga para eso: “tenemos acceso
a internet desde nuestras viviendas porque cada uno paga, vos pagas y tenés”
(entrevista a C. R., referente de la manzana 966, Barrio Nueva Chubut, 23 de
septiembre de 2019).
En cuanto a los medios para
comunicarse, la mayoría de los entrevistados manifestó contar con los mismos (dispositivos,
redes sociales, antenas): “Las redes de comunicación las tenemos” (entrevista a I. M., referente sector
Nueva Madryn, Barrio Nueva Chubut, 27 de noviembre de 2019); “las personas
están comunicadas por las redes sociales, también por los grupos de WhatsApp
que tenemos entre los vecinos y vecinas” (entrevista a L. B., vecina de Alta
Tensión, Barrio Nueva Chubut, 25 de octubre de 2019). Asimismo, una de las
referentes señaló que la comunicación no solo existe y es fluida entre vecinos
y vecinas, sino también con distintas organizaciones y asociaciones de la
ciudad, referentes de otros barrios y actores políticos e institucionales, con
quienes interactúa para gestionar diversas problemáticas del barrio.
Con relación al entorno físico
inmediato a la vivienda, como variable de la integración simbólica, se analizó
en los discursos de los entrevistados el rol que desempeñan los espacios de
encuentro y sociabilidad. La mayoría remarcó que los pocos espacios de
encuentro y esparcimiento que existen en el barrio han sido producto de las
obras del Promeba. Estos son la
plazoleta de juegos de la calle El Maitén, el espacio público “La Bombonerita” y
la plaza sobre la calle Perú, estos últimos todavía en construcción. A
propósito, una entrevistada señala: “está la plazoleta de juegos que se
inauguró este año, ese es el único espacio de encuentro que hay, para los
chicos más que nada, para los adultos no hay ningún espacio” (entrevista a V. D., vecina de la manzana
966, Barrio Nueva Chubut, 23 de septiembre de 2019).
Asimismo, varias personas
entrevistadas señalaron la necesidad de que exista una junta vecinal en el
barrio, para la canalización de demandas y la concreción de reuniones que
suelen hacerse en las viviendas particulares de los actuales referentes;
también para la organización de actividades y talleres. La necesidad de un
espacio de sociabilidad y encuentro es recurrente en los discursos de los
entrevistados: “esos espacios son muy importantes que estén en el barrio”
(entrevista a J. M., vecino del sector Nueva Madryn, Barrio Nueva Chubut, 28 de
noviembre de 2019); “tendría que haber una unión vecinal donde podamos
reunirnos” (entrevista a N. M., vecina del sector Nueva Madryn, Bario Nueva
Chubut, 29 de noviembre de 2019).
Por otro lado, en los relatos aparece
la necesidad de cuidar los espacios de esparcimiento y de promover entre
vecinos y vecinas un uso responsable de los mismos. Esto llevó a que en el mes
de octubre de 2019 dos referentes elaboraran una nota y juntaran firmas de las
familias del barrio, solicitando al intendente de la ciudad la gestión de
juegos recreativos para la plaza en construcción ubicada en la calle Perú
(manzana 965). La misma contará con cancha de fútbol, playón para la práctica
de básquet y juegos recreativos. En la nota se señala la importancia de
disponer de espacios seguros, equipados, de contención, integración y
esparcimiento para niños y niñas del barrio. Otra de las acciones realizadas
por referentes y familias fue solicitarle a la Cooperativa de Servicios
Públicos de la ciudad (Servicoop) que se encargue del alumbrado público de la
plaza en construcción, señalando en el pedido que el proyecto no contempla en
su ejecución y presupuesto estas labores de alumbrado.
Otra de las variables analizadas en
relación con la dimensión simbólica de la integración sociourbana se refiere a
la participación ciudadana en procesos de decisión. En las entrevistas se
indagó el nivel de participación de vecinos y vecinas en cuestiones inherentes
al barrio. Los referentes con los que se mantuvieron conversaciones son los
actores que establecen mayor contacto con las familias de su sector. Ambos han
manifestado que la participación está motivada por la demanda de una necesidad
específica, en su momento lo fue la tenencia de la tierra, los reclamos por el
agua y la electricidad, pero una vez que esas necesidades se satisfacen, la
participación merma. Así lo relata una de las referentes: “los vecinos
participan cuando necesitan algo, lo consiguen y dejan de participar”
(entrevista a I. M., referente sector Nueva Madryn, Barrio Nueva Chubut, 27 de
noviembre de 2019). A su vez, esta
participación da cuenta de la búsqueda de soluciones a necesidades del ámbito
privado, y no tanto de una participación de tipo comunitaria.
A propósito de tal situación, una de
las referentes señala que existen diversas actividades por las cuales seguir
trabajando en beneficio del barrio, pero la mayoría no participa cuando se
trata de cuestiones colectivas. Esto se relaciona con lo que plantean Torres y
Ruiz-Tagle (2019) en referencia a la problemática de la informalidad urbana en
la ciudad de Lima, donde la extensión masiva de la titularidad de la propiedad por
parte del Estado instauró la lógica de la propiedad privada por sobre el bien
común. Las prácticas de participación ciudadana del Barrio Nueva Chubut aportan
atisbos de esta metamorfosis de una lucha colectiva por la vivienda y la
urbanización en una lucha individual por la propiedad privada y por la
concreción del patrimonio personal por encima de la urbanidad colectiva de los
asentamientos. La consolidación de la integración sociourbana, tanto en sus
aspectos materiales como simbólicos, necesita de la organización social
comunitaria, de demandas del plano colectivo y de luchas conjuntas,
interpelando al Estado como actor garante de los derechos sociales.
6.
Integración
sociourbana: ¿contraproceso de la segregación?
La integración material sociourbana como proceso
pretende superar las situaciones de segregación y propender a la inclusión de
personas y la ampliación de derechos. Integrar no solo implica generar las
condiciones físico-materiales para un acceso igualitario a la ciudad, sino
incorporar la dimensión jurídica, la participación ciudadana y el
fortalecimiento comunitario. En este sentido, la integración sociourbana
constituye un contraproceso de la segregación, con el propósito de producir ciudad generando mejores
oportunidades para sus habitantes y mayores niveles de cohesión social que las
ciudades segregadas (Godoy 2019).
Ahora bien, estos planteamientos tienen coherencia y
lógica desde las reflexiones teóricas diversas que vienen produciéndose en
torno a las problemáticas de la ciudad contemporánea, y que han encontrado su
correlato en la producción de normativa y legislación. Ramírez Kuri (2014)
destaca la emergencia de un nuevo paradigma cualitativo, multidimensional y
participativo que abre la posibilidad de pensar una nueva generación de políticas
y programas de vivienda que respondan más adecuadamente a la realidad de la
pobreza urbana.
En esta línea, se reconoce el potencial del Decreto
n.º 358/17 que crea el Renabap,
como política pública impulsada desde Estado Nacional, atendiendo la problemática
habitacional de vecinos y vecinas de los barrios populares argentinos.
Asimismo, como destacan Guevara et al. (2018) el mencionado decreto no solo da
cuenta de un instrumento que emerge desde este nuevo paradigma, sino que se
fundamenta en el enfoque de los derechos humanos, “obligando al Estado a asumir
estas obligaciones, pero también afirmando a los habitantes de los barrios
populares como sujetos activos para exigir y garantizar sus derechos” (Guevara
et al. 2018, 470).
La implementación de la política pública urbana en
Argentina actualmente despliega diferentes programas que intervienen sobre la
informalidad urbana, como el Plan Mejor Hogar y los programas Acciones para la
Mejora y Desarrollo de la Infraestructura Municipal, Techo Digno, Promoción de
la Vivienda Social, Regulariza Tu Casa, Mejoramiento Habitacional e
Infraestructura Básica (PROMHIB) y el citado PROMEBA. Dichos programas actúan,
por un lado, sobre las condiciones físicas de las viviendas y la
infraestructura de servicios básicos, y, por el otro, financian los distintos
mecanismos de regularización de la tenencia. Los mismos generan intervenciones
territoriales que mejoran la calidad de vida de los habitantes de los barrios,
pero desde una lógica focalizada y poco flexible, no modificando las
condiciones estructurales que generan la informalidad (Kaminker, Ferrari y
Velásquez 2019).
El Decreto Nacional n.º 358/2017, que crea el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Sociourbana, plantea una concepción integral del enfoque de la integración sociourbana; y este –como política pública principal en relación con la problemática– ha sido la base para el diseño y orientación de programas y proyectos de intervenciones en barrios populares del país (mediante la Secretaría Nacional de Integración Socio Urbana, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat). No obstante, en el caso específico de Puerto Madryn, el PROMEBA ha orientado su intervención en el andamiaje material de la integración sociourbana del sector. Asimismo, los servicios e infraestructura fueron beneficiando a las familias en diferentes etapas. Los sectores de borde o periféricos, donde se observa un tejido residencial más abierto y precario, con ciertos vacíos urbanos que interrumpen la trama y la presencia de nuevos asentamientos en expansión, han sido los últimos en ser beneficiados y en algunos casos aún no cuentan con estos beneficios. En este sentido, el tiempo de residencia de las familias en el sector se traduce no solo en grados diferenciales de cohesión social de los grupos, sino también en desiguales condiciones materiales de las viviendas y del entorno. Otro de los correlatos negativos del PROMEBA se evidencia en la acentuación de la heterogeneidad al interior del barrio en estudio, dado que los beneficios no llegaron de manera igualitaria en todo el sector, marcando diferenciaciones en cuanto a equipamiento e infraestructura en un espacio que anteriormente se presentaba como homogéneo con relación al déficit.
A su vez, otros
indicadores que permiten observar que la integración material sociourbana aún
no está garantizada en forma plena en el barrio, se manifiesta en las
dificultades y -en ocasiones imposibilidades- de acceso a la salud, la
educación, la calefacción segura y servicios de transporte. Si bien la
problemática de accesibilidad a estos servicios es reconocida por la normativa
de referencia (Decreto n.º 358/2017), los programas –como es el caso del
PROMEBA– han orientado sus líneas de acción en atender el abastecimiento de equipamientos
e infraestructura de servicios básicos, desatendiendo aspectos referidos a la
movilidad y acceso al transporte, así como procesos de participación ciudadana
y comunitaria.
Observamos entonces como algunas herramientas actuales
están enfocadas en el reconocimiento de los aspectos integrales mencionados
anteriormente, pero dejan abierto un escenario sumamente incierto en relación
al real y efectivo avance de la integración sociourbana. Los resultados
hallados en el área de estudio referidos a un barrio popular de una ciudad
intermedia en expansión de la Patagonia argentina, dan cuenta que tal
integración lejos está aún de efectivizarse en forma plena, mostrando indicios
más consolidados desde el plano material a partir de las obras de
infraestructura que se iniciaron hace cinco años con el Promeba; y paralelamente, algunos otros elementos aún menos
consolidación desde el andamiaje simbólico.
Se considera que el abordaje de las experiencias y
sentidos de la integración sociourbana son parte constitutiva del valor del
componente subjetivo-intersubjetivo de quienes residen en sectores de la ciudad
segregados social y territorialmente. Comprender las experiencias de vivir en
la ciudad o sentirse parte de ella no solo implica considerar la producción de
materialidad del espacio habitado, sino también aspectos simbólicos en relación
al mismo. La experiencia urbana como categoría analítica en la aproximación al
conocimiento de los modos de vivir la ciudad, introduce instancias de
articulación entre lo urbano y la ciudad como términos complementarios. Como plantea Segura (2015,
156) “es precisamente en la experiencia social del espacio urbano (por
definición, en proceso) donde se produce la articulación (siempre inestable)
entre la forma espacial y las prácticas sociales”.
Tanto en el aspecto material como simbólico de la
integración resulta clave el posicionamiento y las prácticas colectivas en el
ejercicio de los derechos ciudadanos y comunitarios. A la comunidad del Barrio
Nueva Chubut la interpela la modalidad de resolución mediante la acción y el
reclamo a través de las y los referentes. En el trabajo cotidiano y sostenido
en procura de los bienes y servicios de uso común, los vecinos y las vecinas
del barrio están decidiendo sobre sus condiciones de reproducción de la vida
cotidiana, materializando la posibilidad de que los asentamientos informales
devengan en barrio, y como tales, en espacios integrados a la ciudad. Ellos y
ellas son los principales artífices de la potencial integración efectiva, desde
sus luchas, reclamos, demandas y prácticas van gestando un proceso que tiende a
revertir, con dificultades, las condiciones de segregación social y urbana de
su espacio habitado y cotidiano.
Las prácticas de los propios habitantes del sector
constituyen motores para el reconocimiento y la concreción de derechos
ciudadanos que no están garantizados, como es el derecho a un hábitat digno. Si
bien se reconoce que estas prácticas no revierten las condiciones de
desigualdad estructural que caracterizan a estos sectores, sí promueven la
concreción de derechos relacionados con el acceso a la ciudad y visibilizan a
esos espacios segregados y en vías de integración como espacios propios y
constitutivos de la ciudad como un todo, con sus diferencias y particularidades
intrínsecas.
Apoyos
Este trabajo forma parte del plan de investigación
“Procesos de transformación con Inteligencia Territorial: configuraciones urbanas
a partir de la toma de tierras en Puerto Madryn, Provincia de Chubut”
desarrollado en calidad de investigadora adjunta del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET), en el Instituto
Patagónico de Ciencias Sociales y Humanidades (IPCSH) dependiente del Centro
Nacional Patagónico (CENPAT) de Puerto Madryn.
Referencias
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Espacio social y espacio público en contextos urbanos de Latinoamérica y Europa, coordinado por Patricia Ramírez Kuri, 633-658. México D.F.: UNAM / Instituto de
Investigaciones Sociales.
Entrevistas
Entrevista a C.R., referente de la
manzana 966, Barrio Nueva Chubut, 23 de septiembre de 2019.
Entrevista a G.G., arquitecto y
representante del PROMEBA en el Instituto Provincial de la Vivienda, 10 de
marzo de 2019.
Entrevista a E.R., vecina de la
manzana 966, Barrio Nueva Chubut, 23 de septiembre de 2019.
Entrevista a V.D., vecina de la
manzana 966, Barrio Nueva Chubut, 23 de septiembre de 2019.
Entrevista a I. M., referente
sector Nueva Madryn, Barrio Nueva Chubut, 27 de noviembre de 2019.
Entrevista a L. B., vecina de Alta
Tensión, Barrio Nueva Chubut, 25 de octubre de 2019.
Entrevista a J. M., vecino del
sector Nueva Madryn, Barrio Nueva Chubut, 28 de noviembre de 2019.
Entrevista a N. M., vecina del
sector Nueva Madryn, Bario Nueva Chubut, 29 de noviembre de 2019.
Notas