Temas
La
política en territorio. Género, migraciones y sostenibilidad de la vida en
Argentina
Politics in territory. Gender, migrations and the
sustainability of life in Argentina
Dra. María José Magliano. Investigadora
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y
profesora de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) (majomagliano@unc.edu.ar) (http://orcid.org/0000-0002-3028-5129)
Lic. Sofía Arrieta. Becaria
doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) (Argentina)
(sofia.arrieta@conicet.gov.ar) (https://orcid.org/0000-0002-1667-171X)
Recibido: 15/10/2020 – Revisado: 17/12/2020
Aceptado: 16/05/2021 – Publicado: 01/09/2021
Cómo
citar este artículo: Magliano, María José y Sofía
Arrieta. 2021. “La política en
territorio. Género, migraciones y sostenibilidad de la vida en Argentina”. Íconos.
Revista de Ciencias Sociales, 71: 143-160. https://doi.org/10.17141/iconos.71.2021.4712
Resumen
En
el presente artículo se recupera la centralidad de la categoría sostenibilidad
de la vida para analizar la dimensión política de las experiencias y prácticas
de mujeres peruanas en la ciudad de Córdoba, Argentina, que forman parte de
sectores sociales populares y habitan en espacios urbanos relegados y
periféricos. Para ello, se retoman los aportes teóricos de la economía
feminista y de aquellos estudios en los que se reflexiona sobre la dimensión
dinámica de la construcción social de la ciudadanía. En cuanto a la estrategia
metodológica, el texto se basa en un trabajo de campo con un enfoque
cualitativo longitudinal, que combina entrevistas en profundidad con la
observación participante. Los principales resultados muestran que las prácticas
sobre la sostenibilidad de la vida que despliegan mujeres peruanas en esos
espacios promueven no solo la reproducción familiar y barrial, sino también
formas concretas de ejercicio de la ciudadanía. Esas prácticas
condensan un “saber hacer” que se va construyendo y retroalimentando con el
tiempo, incluso desde el mismo contexto premigratorio, y se sustenta en
determinadas trayectorias migratorias, laborales y urbanas. Como conclusión del
artículo se destaca la potencialidad analítica de la categoría sostenibilidad
de la vida para indagar en las expresiones territorializadas de agenciamiento
político de las migrantes a partir de las estrategias de organización colectiva
en torno al cuidado comunitario.
Descriptores: Argentina; ciudadanía;
cuidado; economía feminista; género; migraciones.
Abstract
The present article attempts to recapture the
importance of the category of “life
sustainability “ as a helpful tool in the study of the experiences and
practices of Peruvian women living in the Argentinean city of Cordoba. These
women belong into the lower-income segment of the local population and dwell in
peripheral and relegated urban spaces. In order to achieve this goal, the text
harnesses two key theoretical contributions: feminist economic theory and the
available findings of current research on the dynamic social construction of
citizenship. The study is based on field work where a qualitative longitudinal
approach was employed. In-depth interviews were combined with participant
observation methodology. The main result of the research shows that the women´s
life-sustainability practices are able not only to secure family and
neighborhood reproduction, but also have a tangible and positive impact on the
exercise of citizenship. These practices condense a know-how that is built and
fed back in time, going back to the pre-migration context and is supported by
specific migratory, occupational and urban trajectories. In the conclusion, the
article highlights the analytical potency of the concept of
“life-sustainability” as an analytical category that can be helpful in
understanding how migrants use strategies of collective organization centered
on community care, in order to achieve political agency within a given
territory.
Keywords: Argentina; citizenship; care; feminist economics;
gender; migrations.
1.
Introducción
El objetivo de este
artículo es realizar una reflexión crítica sobre la categoría sostenibilidad de
la vida y su potencialidad explicativa y analítica para el estudio de las
migraciones, desde una perspectiva de género. A partir de la revisión de
estudios teóricos y empíricos sobre migraciones y género, esta propuesta
recupera la centralidad de esta categoría para pensar no solo las estrategias
de organización familiar y barrial de mujeres migrantes que forman parte de
sectores sociales populares, sino también la dimensión política de sus
experiencias y trayectorias. El argumento principal es considerar que las
prácticas en torno a la sostenibilidad de la vida que despliegan las mujeres
migrantes en los espacios urbanos periféricos y marginales, en un contexto de
creciente precarización de las condiciones de vida de las poblaciones migrantes
que han arribado a la Argentina en los últimos decenios, además de la
reproducción familiar y barrial, habilitan formas concretas de ejercicio de
ciudadanía.
El
presente trabajo surge ante la necesidad de explorar nuevas categorías que
permitan complejizar las investigaciones sobre migraciones, en clave de género.
Aun cuando la categoría sostenibilidad de la vida no es nueva, ya que como se
verá más adelante posee un amplio recorrido académico y político, los alcances
de la dimensión política que abarca no han sido suficientemente problematizados
en el campo de estudios sobre migraciones internacionales. Si bien nuestro
artículo está basado en metodología cualitativa y en un extenso trabajo de
campo cualitativo –desde 2012– con migrantes peruanas que residen en espacios
relegados y periféricos de la ciudad de Córdoba, su elaboración comenzó en
plena cuarentena por la emergencia sanitaria producto del coronavirus
SARS-Cov2. Las mujeres migrantes que conocimos durante el trabajo de campo se
encontraban en la primera línea de los espacios de cuidado comunitario,[1]
que en Argentina tienen una larga historia, desplegando un conjunto de
prácticas –principalmente relacionadas con la problemática alimentaria– con el
fin de atenuar los efectos del aislamiento en las poblaciones que allí residen.
Poblaciones que se vieron particularmente afectadas por esta situación, debido
a que en su mayoría dependen del trabajo informal (albañiles, trabajadoras
domésticas remuneradas, costureras) y sufrieron una reducción considerable de
sus ya magros ingresos.[2]
Los
resultados de distintas investigaciones realizadas en Argentina muestran la
centralidad de las migrantes, en especial bolivianas, paraguayas y peruanas, en
su rol de “garantes” de la reproducción familiar y barrial en los márgenes de
las ciudades que habitan (Gil Araujo y Rosas 2019; Magliano 2019; Perissinotti
2019; Rosas 2018). En este marco, la categoría sostenibilidad de la vida aporta
herramientas para analizar y reflexionar sobre
aquellas tareas que hacen posible la continuidad de la vida –en términos
humanos, sociales y ecológicos–, y el desarrollo de condiciones de vida,
estándares de vida o calidad de vida aceptables para toda la población (Bosch,
Carrasco y Grau 2005, 322). Dentro de ese conjunto de tareas, la organización
social del cuidado ocupa un lugar protagónico. Las trayectorias de las
migrantes peruanas que conocimos en el transcurso de la investigación se
encontraban marcadas por los trabajos de cuidado: familiar no remunerado, como
responsables máximas de las actividades de cuidado en el hogar; remunerado, en
tanto la gran mayoría se dedicaba al trabajo doméstico –fijo y por horas–; y
comunitario, en su rol de referentes barriales y encargadas de la subsistencia
barrial. Así pues, la trama de relaciones que sostienen la vida involucra al
mismo tiempo el ámbito familiar y el espacio barrial en su conjunto (Magliano
2019).
En estas páginas se concibe
al cuidado como al conjunto de actividades, remuneradas y no remuneradas,
alrededor del sostén cotidiano de la vida humana (Vega y Gutiérrez-Rodríguez
2014), incluyendo todas las actividades dirigidas a conservar, continuar o
reparar el mundo, para que se pueda vivir en él lo mejor posible (Tronto 1994).
Además, se recupera el planteamiento de Molinier cuando enfatiza que el cuidado
“no es simplemente una disposición o una ética: se trata ante todo de un
trabajo” (2018, 187). Estas consideraciones complementaron los estudios sobre
el cuidado, los cuales vienen demandando “su valorización al reconocerlo como
piedra angular de la sociedad y la economía, de lo que se deriva su carácter
esencial para la vida y el bienestar” (Rosas 2020, 180).
La premisa de la que
partimos en este artículo es que los vínculos que las mujeres migrantes
establecen con los trabajos de cuidado en el marco de las actividades de
sostenibilidad de la vida, a la vez que dan cuenta de la existencia y
reproducción de formas de explotación y discriminación ancladas al género, la
etnicidad, el origen nacional y la clase social, pueden activar también
prácticas de ciudadanía. El
término “prácticas” alude al aspecto dinámico de la construcción social de la
ciudadanía, que muta históricamente como consecuencia de las luchas políticas
(Turner 1993, 2 citado en Cherubini 2013, 35). En este sentido, Cherubini
(2013, 35) señala que “los derechos y deberes, los beneficios y las
responsabilidades que en cada contexto histórico y político están asociados a
la posición de ciudadano son el resultado de la acción de varios sujetos
colectivos”. Precisamente, la tesis que proponemos es
que la sostenibilidad de la vida, como categoría multidimensional (Carrasco
2016) que imbrica la centralidad del cuidado en la vida social, la solidaridad
comunitaria y la politicidad en territorio, puede derivar en formas concretas
de reivindicación ciudadana.
El artículo se organiza
en tres apartados. En el primero se presenta el marco teórico-metodológico del
estudio. En el segundo se reconstruye una genealogía de la categoría
sostenibilidad de la vida con base en las contribuciones de la economía
feminista. El tercero se enfoca en el análisis de la sostenibilidad de la vida
como expresión de agenciamiento político de las migrantes, a partir de
reflexiones sobre los intersticios a través de los cuales estas mujeres ejercen
prácticas de ciudadanía.
2.
Soporte teórico-metodológico
Los estudios migratorios,
como indica López Sala (2020, 15), han experimentado un gran desarrollo a lo
largo de las últimas dos décadas, el cual ha llevado a este campo a contar con
una presencia distintiva en las ciencias sociales. En lo que a las investigaciones
sobre género y migraciones se refiere, la relevancia adquirida por los estudios
de género y feminismo en la academia, así como la incidencia del movimiento de
mujeres en el ámbito internacional, tuvieron un rol central en la expansión de
este campo de indagación desde el último cuarto del siglo XX (Gregorio Gil
2012). Dicho campo de estudio, apunta Mallimaci (2017), mostró a mujeres migrando, trabajando y
sosteniendo lazos familiares, redefiniendo las categorías clásicas sobre
migración y migrantes, ejerciendo ciudadanías y maternidades transnacionales,
emprendiendo empresas informales, etc., superando la etapa
de denunciar silencios y olvidos en la presencia de las mujeres en las
migraciones (Herrera 2012; Mallimaci 2017; Tapia 2011).
Los trabajos que emergieron
desde esta área de estudio colocaron al cuidado en un lugar relevante, en
especial debido al hecho de que un importante número de mujeres migrantes a
nivel global, tanto en las migraciones Sur-Norte como en las migraciones
Sur-Sur, se han movilizado para trabajar en el sector de los cuidados (Borgeaud-Garciandía
2017; Catarino y Oso 2000; Dutra 2013; Gutiérrez-Rodríguez 2010; Goldsmith 2007; Herrera
2016; Hochschild 2000; Salazar Parreñas 2001). Especialmente, estas
investigaciones se focalizaron en los trabajos domésticos y de cuidado
remunerados y en las formas y estrategias de organización del cuidado familiar
desplegadas en los contextos migratorios. Más relegadas quedaron aquellas
cuestiones vinculadas al papel de las mujeres migrantes en las actividades de
cuidado comunitario y de gestión de lo común, así como a las prácticas de
ciudadanía y las expresiones de subjetividad política que de esas actividades
se derivan.
Los barrios donde
realizamos nuestra investigación, “construidos” y habitados principalmente por
población migrante a partir de procesos informales de tomas de tierras
(Magliano y Perissinotti 2020), se caracterizan por ser un tipo de asentamiento
informal que surgió en el transcurso de la década de 1940 en las ciudades de
Argentina. Se trata de:
ocupaciones de
tierras deshabitadas que –entre otros aspectos– producen tramas urbanas
irregulares; cuentan con una buena localización en relación con los centros de
producción y consumo (Vaccotti 2017); están sobre todo localizadas sobre terrenos
fiscales; no poseen servicios públicos básicos (electricidad, agua corriente y
red cloacal); y están, en general, altamente pobladas (Magliano y Perissinotti
2020, 6).
Las serias dificultades
económicas de los colectivos migratorios sudamericanos, sobre todo bolivianos,
paraguayos y peruanos, para acceder al mercado inmobiliario formal, en el marco
de trayectorias laborales marcadas por la informalidad y la precariedad, se
evidencian en su sobrerrepresentación en estos espacios (Vaccotti 2014; Caggiano
y Segura 2014).
La
permanencia ininterrumpida en el sitio donde se realizó la investigación
permitió reconstruir el devenir cotidiano de mujeres peruanas que llegaron a la
Argentina en general y a Córdoba en particular, en el transcurso de las últimas
dos décadas. En este contexto fue posible conocer sus trayectorias laborales,
sus relaciones intrafamiliares y vecinales, las formas de organización del
cuidado, los vínculos establecidos con diferentes actores sociales y políticos
que fueron cimentando desde la llegada misma a los barrios donde viven, con el
propósito de mejorar las condiciones de vida y acceder a determinados derechos.
Este material empírico, conformado por entrevistas en profundidad, registros de
observación participante y charlas informales mantenidas con las mujeres
migrantes a lo largo del trabajo de campo, sirvieron de insumo clave para la
elaboración de este texto. En particular, recuperamos tres testimonios de
migrantes peruanas, referentes barriales y participantes activas de los espacios
de cuidado comunitario, los cuales condensan las experiencias de muchas otras
mujeres que conocimos durante la investigación.[3]
En términos teóricos, y
para reflexionar críticamente sobre la potencia analítica de la categoría
sostenibilidad de la vida en la interrelación entre migraciones y género, se
recuperan los aportes teóricos de la economía feminista y de los estudios sobre
ciudadanía. La economía feminista, señala Rodríguez Enríquez, “es una corriente
de pensamiento heterodoxo preocupada por visibilizar las dimensiones de género
de la dinámica económica y sus implicancias para la vida de las mujeres” (2015,
30). Son tres las premisas básicas que la conforman: la necesidad de expandir
la propia concepción de economía para involucrar todos los procesos de
aprovisionamiento y reproducción social, incluso aquellos que no pasan por los
mercados; la consideración de las relaciones de género como un elemento
constitutivo central del sistema socioeconómico; y la necesidad de cuestionar y
modificar los sesgos de género a partir de construir conocimiento y proponer
acciones transformadoras de las desigualdades (Agenjo Calderón 2013; Pérez
Orozco 2014).
Como advierte Pérez Orozco, la
economía feminista permitió sacar “a la luz el trabajo no
remunerado, con lo que se amplía mucho el mundo del trabajo”, haciendo emerger
“una esfera de actividad económica (más oscura) que antes no se veía y donde
las mujeres han estado históricamente presentes” (2014,
61). Teniendo
en cuenta este escenario, se incorporaron un conjunto de conceptos analíticos
específicos, tales como la división sexual del trabajo, la organización social
del cuidado y la economía del cuidado (Rodríguez Enríquez 2015), los cuales
adquieren un rol fundamental en la discusión política y económica.
Desde nuestra
perspectiva, la categoría sostenibilidad de la vida, que forma parte de ese
marco conceptual, ofrece herramientas analíticas para politizar los cuidados,
sacándolos del ámbito “privado” del hogar y colocándolos en un lugar “público”
(Gregorio Gil 2012), y para arrojar luz sobre aquellos “actos de ciudadanía”
(Isin y Nielsen 2008) derivados de las acciones y prácticas que las mujeres
migrantes despliegan colectivamente con el fin de asegurar la subsistencia
familiar y barrial. Esas acciones y prácticas condensan un “saber hacer” que se
va construyendo y retroalimentando con el tiempo, incluso desde el contexto
premigratorio, y que se sustenta en determinadas trayectorias migratorias,
laborales y urbanas.
En
este sentido, se retoman también las discusiones teóricas críticas relacionadas
con la ciudadanía, en especial aquellas que enfatizan su dimensión construida y
dinámica. Desde este enfoque teórico se “atribuye a los sujetos excluidos, a
los ‘otros’, la capacidad de actuar de forma autónoma y competente y de
contribuir a los procesos de construcción y transformación de la ciudadanía”
(Cherubini 2013, 42). La apuesta de este artículo, reiteramos, radica en
considerar que las actividades que sostienen la vida familiar y comunitaria en
los espacios urbanos relegados, y las experiencias de politización que se
promueven a partir de esas actividades, pueden ser entendidas como formas de
ejercicio de la ciudadanía en las que emergen nuevas subjetividades políticas.
En esta línea, la política, tal
como enuncia Fassin (2018, 16), no es algo fijo sino el producto de la acción
humana. Inspiradas en las lecturas de Balibar (2013), Cherubini (2013), Gil
Araujo (2010), Mezzadra (2005), Sassen (2003) y Vega y Gil Araujo (2003), que
proponen pensar a la ciudadanía como una práctica y como un ejercicio en
constante construcción, se apunta a visibilizar su dimensión activa a partir de
reflexionar sobre las experiencias en torno a la sostenibilidad de la vida de
mujeres migrantes de origen peruano que habitan en la periferia urbana de la
ciudad de Córdoba, en Argentina.
3. La sostenibilidad de la vida desde la economía
feminista
La economía feminista es,
según Federici, un ejemplo de la fuerza del feminismo, dado que se ha propuesto
“asaltar la economía, que es, entre todas las disciplinas, la más cercana a las
estructuras de poder que dominan nuestra sociedad” (2018, 16). Esta perspectiva
“surge ya en el siglo XIX cuando tuvieron lugar las primeras discusiones con
los economistas clásicos por no reconocer la división sexual del trabajo y no
otorgarle categoría económica a las actividades domésticas y de cuidado”
(Carrasco y Díaz Corral 2018, 13). A mediados del siglo XX cobró gran
importancia una discusión teórica sobre el trabajo doméstico y de cuidado, en
la cual se planteaba su relación con la reproducción de la fuerza de trabajo y
el beneficio capitalista, al mismo tiempo que se desarrollaba una crítica
metodológica y epistemológica a las tradiciones existentes. En el marco de esas
críticas, las investigaciones relacionadas con estos trabajos como aspectos
claves de reproducción del sistema capitalista comenzaron a obtener visibilidad
en el ámbito académico y político. En el centro de estas investigaciones
estaban las mujeres, responsables máximas y sostenedoras de todo el entramado
social y económico (Carrasco y Díaz Corral 2018), y los sentidos materiales y
simbólicos del trabajo doméstico y de cuidado.
En este contexto, la
categoría de sostenibilidad de la vida sobresale como un aporte de la economía
feminista para ampliar la discusión sobre el papel de las mujeres y del trabajo
doméstico y de cuidado que ellas realizan, tanto remunerado como no remunerado.
La sostenibilidad de la vida representa “un proceso histórico de reproducción
social, dinámico y multidimensional de satisfacción de necesidades que requiere
de recursos materiales, pero también de contextos y relaciones de cuidado y
afecto” (Carrasco 2009, 183). Sin embargo, esa profundidad histórica fue
desestimada por las corrientes de pensamiento clásicas. En palabras de
Carrasco, “las distintas escuelas de economía se han caracterizado por excluir
de sus análisis los procesos de reproducción social, centrándose exclusivamente
en el estudio de la producción de mercado” (2009, 171).
Por esto, “desde el feminismo se identifica un conflicto estructural e irresoluble de esta economía hegemónica: el conflicto entre los procesos de acumulación de capital y los procesos de sostenibilidad de la vida” (Pérez Orozco 2018, 30). Uno de los mecanismos clave del funcionamiento de este modelo es derivar la responsabilidad de sostener la vida a las esferas económicas invisibilizadas, sumergidas y feminizadas. Sin perder de vista la multiplicidad de dimensiones de la desigualdad –clase social, actividad laboral, nivel de cualificación, edad, hábitat rural o urbano, estatus migratorio–, el género ocupa un rol fundamental para entender la sostenibilidad de la vida: “son las mujeres las que, en línea con el rol de responsables últimas (o únicas) del bienestar familiar, multiplican e intensifican sus trabajos remunerados y no remunerados, para que la vida salga adelante” (Agenjo Calderón 2013, 25). En este sentido, podemos agregar que la histórica invisibilización de las tareas de cuidado responde no solo a la persistencia “de un discurso dominante sobre cierta espontaneidad de tales tareas, sino también a un profundo desconocimiento y a una escasa valoración de las competencias, saberes y habilidades que han incorporado las mujeres en diversos ámbitos” (Zibecchi 2014, 136), entre los que están también las prácticas de ciudadanía.
En el caso de las mujeres
migrantes que habitan en las periferias urbanas en Argentina, la búsqueda de
ese bienestar involucra al espacio familiar y barrial en su conjunto,
convirtiéndose estos en lugares privilegiados desde donde se construyen
identidades colectivas asociadas a las tareas de reproducción y sostenibilidad
de la vida. El cuidado, la alimentación o la recreación comunitaria descansan
en las capacidades prácticas de estas mujeres. Tal como indica Gago (2019, 46),
ellas ponen literalmente el
cuerpo para que las crisis recurrentes se sientan lo menos posible sobre el
cotidiano de las otras personas. De este modo,
la sostenibilidad de la vida permite constatar que, en los márgenes de las
ciudades, en términos espaciales, pero también sociales y políticos, la vida se
sostiene comunitariamente.
Como advertimos en una
encuesta aplicada en el 2019 en un barrio de relegación urbana de la periferia
cordobesa, construido y habitado principalmente por migrantes del Perú –de la
población que allí vive el 48,1 % es peruana y el 45,1 % es
argentina–; el trabajo comunitario –orientado al funcionamiento de comedores,
guarderías, merenderos– resulta la segunda inserción laboral para las mujeres
de esta zona con un 14,2 %, luego del trabajo doméstico remunerado por
horas que constituye el 37,3 % (Magliano y Perissinotti 2019). A partir de
la obtención de subsidios otorgados por las autoridades provinciales y
nacionales, una manera de
gestionar la precariedad de las poblaciones, cada vez son más las mujeres
migrantes que reorientan sus trayectorias laborales al cuidado comunitario.[4] Si la precariedad es una expresión de relaciones de
desigualdad (Lorey 2016), el cuidado comunitario puede entenderse como una
respuesta que emerge desde el territorio para tratar de atenuar los efectos de
esas desigualdades.
Al igual que en el barrio
donde se realizó la encuesta, el lugar destacado que el cuidado comunitario
posee para las migrantes es una circunstancia que aparece en otros barrios
semejantes, en los cuales realizamos nuestro trabajo de campo. En todos ellos,
las prácticas de sostenibilidad de la vida resultan una expresión de formas de
solidaridad comunitaria ancladas al territorio, que se traducen en una
politicidad migrante a partir de los vínculos que las mujeres construyen con
agentes estatales y organizaciones sociales.
El
caso de Berta, una migrante peruana de 54 años que llegó a Córdoba en el 2008,
ilustra este argumento. Ella está a cargo de un merendero del barrio donde
reside junto con un grupo de mujeres peruanas y se encarga de toda la
organización del trabajo: se relaciona más estrechamente con los representantes
de las organizaciones sociales de las que recibe apoyos mensuales que son
fundamentales para el mantenimiento de este espacio, almacena los alimentos en
su casa, organiza los turnos y la distribución de las tareas y ofrece comida para niños de hasta 15 años y adultos mayores. Para
muchos de ellos, lo que reciben allí puede llegar a ser la única comida del
día, entonces el hecho de cocinar para las personas más vulnerables de la
comunidad cobra un sentido de responsabilidad mayor para quienes llevan
adelante estas acciones. En consonancia con esta responsabilidad, Berta
organiza mensualmente una colecta entre los vecinos con el fin de mejorar la
calidad de los alimentos del merendero, agregando verduras y carne a las raciones
que “bajan” desde las organizaciones sociales o del Estado. De este modo, como
encargada de que este espacio funcione, es quien se relaciona cotidianamente
con distintos actores sociales y políticos, y con el resto de los y la
vecindad. En ese proceso, que lleva a cabo diariamente y que no está exento de
tensiones, se van configurando prácticas
organizativas colectivas cuya aspiración principal no es otra que demandar
formas de vida más dignas en el contexto de destino.
A
través de esas prácticas,
“las mujeres migrantes defienden o amplían los derechos adquiridos, tienen
acceso a los recursos que hacen sustanciales tales derechos, y participan en la
vida social y política de la comunidad de referencia” (Cherubini 2013, 36). Desde
los márgenes de la ciudad se construyen expresiones territorializadas de
solidaridad comunitaria que impulsan el surgimiento de nuevas subjetividades
políticas. Se consideran “nuevas” porque involucran un agenciamiento político
que se produce cuando sujetos victimizados, como ha sucedido históricamente con
los y las migrantes regionales en Argentina, se identifican a partir de la
carencia (Varela Huerta 2015, 161) y de demandas que apuntan a mitigarla y a
mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones. En torno a ello, los vínculos
que las mujeres peruanas establecen con actores sociales y políticos a partir
de la acción colectiva barrial, como veremos a continuación, abre un campo de
posibilidades alrededor del ejercicio de la ciudadanía.
4. Sostenibilidad de la vida y subjetividades políticas
territorializadas
“He tocado puertas”,
señaló Cecilia, referente barrial peruana de 40 años. “Cuando empezaba a ir a
tocar puertas me decían: ‘¿de dónde es usted: ¿boliviana?’. ‘No’, le decía, ‘yo
soy peruana’. ‘¿Y qué quiere acá? ¡Acá ustedes no tienen nada que hacer!’, me
decían. ‘Pero yo vengo a defender el derecho de la gente’. ‘¿Qué derecho?
¡Vayan a pedir a tu país!’, me decían” (entrevista a Cecilia, migrante peruana,
Córdoba, 19 de diciembre de 2018). [5]
Cecilia, quien llegó sola a Córdoba a comienzos del siglo XXI procedente de
Lima y luego se le unieron su marido y su hija –en la actualidad tiene cuatro
hijos, tres de ellos nacidos en Córdoba–, se refiere especialmente a las
demandas colectivas realizadas para mejorar la infraestructura del barrio
–relegado y periférico– que habita. El asentamiento en este espacio urbano se
originó a partir de la toma de tierras fiscales, debido a las constantes
dificultades que la familia de Cecilia tenía –al igual que sucede con otras
familias migrantes– para pagar el alquiler de una vivienda en sectores más
“formalizados” de la ciudad.
A la par de los procesos
de organización colectiva que se gestan alrededor de la urbanización de los
barrios, en especial para obtener el acceso a los servicios públicos –agua,
luz, recolección de basuras, desagües y cloacas–, se fueron constituyendo
espacios comunitarios orientados al sostenimiento de la vida barrial que
estuvieron gestionados por mujeres migrantes.[6]
Estos espacios se consolidaron al amparo de la creciente organización barrial,
y a las ayudas recibidas por parte de diferentes actores sociales y políticos,
como sucedió en los lugares donde viven Cecilia y Berta. Para que estas ayudas
“bajaran” a los barrios fue necesario desplegar un conjunto de estrategias que
les permitiera acceder a ellas. A eso se refiere Cecilia en su relato cuando
alude a las “puertas que ha tocado”. Puertas que primero se cerraban porque su
condición de mujer migrante perteneciente a sectores populares parecía
invalidarla para reclamar, pero que el paso del tiempo y un aprendizaje
compartido fueron abriendo, particularmente saber dónde ir a reclamar y con qué
actores sociales y políticos vincularse. Es en ese sentido que Cecilia enfatiza
en su relato que “aprendió a esperar”, expresando en sus palabras un
“saber-hacer” que enlaza trayectorias y experiencias vividas y aprehendidas
entre las propias migrantes. De hecho, Cecilia señala que fue una migrante
boliviana, quien peregrinaba con ella –y como ella– por distintas reparticiones
estatales en busca de respuestas para las problemáticas barriales, la que en
una oportunidad le dijo:
No te muevas,
no te muevas, tú te vas, ¿por qué te vas? Si tú te vas entonces como que a
ellos no le importas, entonces quédate hasta el último, no te muevas, si tú has
venido a reclamar algo entonces siéntate ahí, dile que no te vas a mover y vas
a ver cómo te atienden (entrevista a Cecilia, migrante peruana, Córdoba, 19 de
diciembre de 2018).
Este modo de vinculación
del Estado con los sectores populares –donde se concentra la población migrante
en Argentina– remite al “modelo paciente” propuesto por Auyero (2013, 187).
Estas poblaciones deben aprender a esperar para poder conseguir algo. Así pues,
cuando “ya no se movió”, Cecilia comenzó a construir otros lazos con las
agencias estatales y con las organizaciones sociales que mantenían presencia en
estos territorios, siempre con la mirada puesta en mejorar las condiciones de
vida del barrio, ya sea en relación con la infraestructura como con la propia
subsistencia de las familias que allí viven. Entre las principales
preocupaciones del barrio donde Cecilia vive se destacan la falta de agua
potable, la alimentación y el cuidado de la población infantil. En relación con
este último aspecto, en el 2016 el gobierno de la provincia de Córdoba
implementó el programa Red Salas Cuna, espacio destinado al cuidado de niños y
niñas desde los 45 días de su nacimiento a los tres años, en espacios urbanos
relegados (Magliano y Perissinotti 2021). Una vez que el programa fue puesto en
marcha Cecilia comenzó un insistente derrotero por diferentes agencias
estatales para lograr que abrieran una Sala Cuna en su barrio. En una
oportunidad, recuerda que luego vagar de un lado a otro demandando la apertura
del espacio en su barrio, la responsable de la secretaría de la que dependía el
programa Red Sala Cuna la reconoció:
“Ah, tú eres la
que me está hinchando con lo de la Sala Cuna”. Y yo le digo: “esto de la Sala
Cuna es una buena iniciativa como para que los vecinos sepan que el Estado está
presente en el barrio”. Y me dice “bueno, pero ¿tú tienes todos los papeles?,
¿los requisitos para la Sala Cuna?, ¿cuántos niños hay?”. Yo llevé el listado
de niños, de todo, yo ya había hecho campaña en el barrio con las vecinas, quienes
querían anotar a sus niños para Sala Cuna y se anotaron 75 niños (entrevista a
Cecilia, migrante peruana, Córdoba, 19 de diciembre de 2018).
Entre aprender a esperar
y a moverse –como dos aprendizajes inextricablemente unidos– se van
configurando las experiencias de agenciamiento político de las mujeres
peruanas. Ellas peregrinan por distintas dependencias estatales, siguen de
cerca a funcionarios políticos para presentarles las demandas colectivas
barriales, destinan gran parte de su tiempo esperando ser atendidas e
intervienen en las actividades convocadas por las organizaciones sociales en
las que participan, las cuales en general se realizan en zonas céntricas de la
ciudad, muy lejos de los barrios donde viven. Tal como sugirió Mariela, oriunda
de Perú e integrante del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE),[7]
garantizar la presencia en esas actividades es parte ineludible del recorrido
político que estas mujeres realizan. Como parte de su participación en la
organización, Mariela –quien tiene 25 años y cuatro hijos de 9, 7, 5 y 2 años–
interviene activamente en las distintas movilizaciones que el MTE convoca para
reclamar la ampliación de las políticas sociales. Ella destaca la importancia
de asistir a las movilizaciones porque “con toda la ayuda que nos dan, yo creo
que está bien ir” (entrevista a Mariela, migrante peruana, Córdoba, 8 de
noviembre de 2019).[8] La
asistencia de “las que más puedan”, según deja entrever Mariela, las posiciona
en una mejor condición al momento de recibir ayudas y solicitar mejoras en el
edificio del merendero, más cantidad de útiles escolares para el año siguiente,
entre otras necesidades que se deben resolver. Y es a partir de la presencia en
el espacio público, acompañando las demandas de las organizaciones sociales que
colaboran con el sostenimiento de las actividades comunitarias, que las mujeres
migrantes van ampliando los horizontes de acción política y gestión
comunitaria. Pese a la escasa agencia temporal que poseen, “ponen el cuerpo”,
como remarcó Cecilia en varias oportunidades, con la mirada puesta en el
sostenimiento de la
vida familiar y barrial.
La acción colectiva barrial-territorial, subraya Gago (2014, 98), “necesita de los saberes domésticos y de los cuidados y, al mismo tiempo, los proyecta en un espacio público político”. En esa proyección, las mujeres peruanas activan formas de agenciamiento político y de reivindicación ciudadana. Al igual que sucedía en las barriadas de Lima en la segunda mitad del siglo XX, estas mujeres desarrollaron en Córdoba un campo de relaciones barriales y territoriales propias (Jelin 2010). La construcción de ese campo de relaciones es procesual y se va gestando desde el mismo momento en que llegan a los barrios y “toman” las tierras. A partir de ahí comienzan a negociar con diferentes actores sociales y políticos involucrados en el proceso de asentamiento: vecinos, agentes estatales y organizaciones sociales. En ese proceso, los varones migrantes solo acompañan. Las mujeres son las referentes, quienes se relacionan con actores externos al barrio e irrumpen en el espacio público marchando con las organizaciones sociales en las que participan.
Ese campo de relaciones
dota “de reconocimiento y legitimidad a sujetos tradicionalmente
desconsiderados en la esfera pública” (Vega y Gil Araujo 2003, 29). Así pues, “sujetos por definición ‘no
políticos’, como las mujeres migrantes, pueden en realidad tener una actuación
política considerable y de hecho pueden constituirse como sujetos políticos
emergentes” (Sassen 2003, 109). De algún modo, lo que la sostenibilidad de la
vida –y las actividades que ella involucra– permite apreciar es que los
contextos de precariedad y exclusión social pueden “provocar una nueva escalada
de transformaciones en la propia ‘institucionalidad de la ciudadanía’” en tanto
esta “se crea en parte a través de las prácticas de los excluidos” (Sassen
2003, 118).
Al
reparar en esta categoría como herramienta analítica para descifrar el
protagonismo de las mujeres migrantes en la reconfiguración de la acción
colectiva y comunitaria, es posible reconocer los “aspectos cotidianos de la
ciudadanía” (Cherubini 2013, 36; Isin 2009). Con base en esta premisa, desde los márgenes de las ciudades y de lo que comúnmente se
entiende como político (Magliano y Perissinotti 2021), estas mujeres
reivindican formas de participación política y ciudadana a la vez que expresan
“las potencialidades de la resistencia y al mismo tiempo de la invención de lo
nuevo” (Lorey 2016, 113). En este marco, y más
allá de advertir la persistencia de desigualdades de género en torno a las
actividades que mantienen la sostenibilidad de la vida como prerrogativa
femenina, en este artículo se remarca la politicidad que esas actividades
habilitan, no para negar los alcances de esas desigualdades, sino para
complejizar analíticamente el ejercicio de la ciudadanía desde los márgenes. Y
se enfatiza en la cuestión de los márgenes porque no debe invisibilizarse el
“abandono” de parte del Estado al que se vieron sometidas históricamente las
poblaciones migrantes regionales –y no solo ellas– en Argentina.
A
través de las prácticas que sostienen la vida en las periferias urbanas, las
mujeres migrantes expresan de modo concreto el propio vínculo con la comunidad
política y social. En la construcción de ese vínculo, que condensa
desigualdades, asimetrías y también resistencias y luchas, las mujeres
migrantes reclaman formas de reconocimiento como “miembros” de una comunidad
(Benhabib 2004, 51). Así, desde lugares precarios (Lorey 2016) –en términos
espaciales, de clase, de origen nacional y de género– nuestras interlocutoras
migrantes activan, construyen y ejercitan prácticas de ciudadanía
territorializadas.
5.
Conclusiones
Una
serie de diálogos, lecturas y discusiones llevados a cabo en los últimos meses
dieron origen a una pregunta y una necesidad: ¿es posible pensar en nuevas
categorías para complejizar las investigaciones sobre el cruce entre género y
migraciones? Así, la premisa que organizó este artículo radicó en considerar
que la sostenibilidad de la vida permite dar cuenta de los
resquicios a través de los cuales las mujeres migrantes pueden ejercer
prácticas de ciudadanía. En esta línea, se intentó dotar de complejidad y
ampliar los sentidos de dicha categoría, reflexionando sobre la profundidad
política de las estrategias y acciones de subsistencia familiar y barrial
desplegadas por mujeres migrantes peruanas en la ciudad de Córdoba en
Argentina. Si bien constan una serie de trabajos que focalizan el accionar
político de las mujeres, esta dimensión del ejercicio de la ciudadanía en las
mismas estrategias de sostenibilidad de la vida representa una propuesta
todavía poco explorada.
Para emprender esta
búsqueda se recuperaron los aportes de la economía feminista con miras a
realizar una genealogía de la categoría y analizar cómo el entramado de las
estrategias que buscan sostener la vida, en primer lugar, exceden el espacio
doméstico y se corporizan en espacios gestionados e impulsados por mujeres
migrantes, en los cuales toda la comunidad de una u otra forma se ve
involucrada y participa colectivamente. Y, en segundo lugar, se puso de
manifiesto que estas estrategias no se agotan en la mera subsistencia, sino que
involucran la construcción de prácticas de ciudadanía desde los propios
espacios relegados: desde el merendero, el comedor, la sala cuna, el barrio. Desde esos espacios –solidarios y comunitarios–
anclados al territorio, es posible pensar, retomando la
pregunta y el desafío que propone Fassin (2018, 14), en una repolitización del
mundo que permita (re)construir otros sentidos de la política.
Este desafío cobra otro
sentido en medio de la pandemia que contextualiza la escritura de estas
páginas. En el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus SARS-Cov2 y
el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno
nacional argentino a partir del 20 de marzo de 2020 mediante el Decreto n.º
297, se establecieron un conjunto de actividades esenciales exceptuadas de
“aislarse”. Entre ellas, los trabajos de cuidado, tanto aquellos destinados a
la asistencia de personas como los comunitarios orientados al sostenimiento
diario de las poblaciones más vulnerables, en especial los comedores y
merenderos. Y es allí, en ambos trabajos, donde las migrantes peruanas se
encuentran sobrerrepresentadas. De algún modo, la pandemia expuso con fuerza –y
a la fuerza– la indispensabilidad de los cuidados remunerados, no remunerados y
comunitarios, y a las mujeres encargadas de llevarlos adelante.
A partir de los cuidados
que sostienen la vida es posible entonces imaginar, reconocer y trabajar por
una repolitización del mundo desde otros lugares y contemplando el protagonismo
de otros sujetos. Una repolitización que reconozca la interdependencia como
forma principal de vinculación y que involucre a aquellos sujetos
invisibilizados, sumergidos, desvalorizados, como sucede con las mujeres
migrantes, que, desde los márgenes, en términos materiales y simbólicos, luchan
políticamente para garantizar y sostener la vida cotidiana de maneras más
dignas y solidarias.
Apoyos
Este
artículo es resultado del proyecto “Migraciones y
organización social del cuidado en Argentina: un campo de estudio emergente”, financiado
por el Fondo para la Investigación Científica y
Tecnológica (FONCYT) de la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica de Argentina.
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Entrevistas
Entrevista a Berta, migrante
peruana, Córdoba, 10 de septiembre y 2 de octubre de 2019.
Entrevista a Cecilia, migrante
peruana, Córdoba,
19 de diciembre de 2018.
Entrevista a Mariela, migrante
peruana, Córdoba, 8 de noviembre de 2019.
Notas
[1] Es importante destacar que durante los meses que
duró la cuarentena mantuvimos contacto telefónico con las mujeres migrantes que
habíamos conocido en los años previos.
[2] De acuerdo con una
encuesta realizada por la Agenda Migrante (2020) –espacio conformado por
organizaciones de migrantes, de derechos humanos e instituciones académicas–,
el 58 % de los migrantes que respondieron la encuesta vio interrumpida su
relación laboral y dejaron de cobrar un salario.
[3] Los espacios de cuidado
comunitario nuclean un número aleatorio de 6 a 15 mujeres, dependiendo del
volumen de personas a las que atienden. La totalidad de estas mujeres, al igual
que sus familias, tenían regularizada su situación migratoria. En Argentina,
desde la sanción de la Ley de Migraciones (n.º 25.871) en el 2003, se facilitó
el acceso a la regularidad migratoria para aquellas personas que proceden de
los países del Mercosur ampliado. De este modo, en el caso que analizamos no
son los papeles el problema y disparador de las expresiones de organización
colectiva sino las necesidades de subsistencia familiar y barrial.
[4] Según datos del
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de Argentina, para junio de
2020 el 40,9 % de las personas en el país se encontraban por debajo de la
línea de pobreza (INDEC 2020).
[5] Esta entrevista fue
realizada por María José Magliano y María Victoria Perissinotti.
[6] Algunas
características generales de las organizaciones comunitarias son las
siguientes: presentan un núcleo reducido de miembros organizadores, una
estructura interna simple, un ámbito de acción eminentemente local y una
orientación a problemas concretos de la comunidad (Zibecchi 2014, 133).
[7] Esta es una organización
social con presencia territorial en una gran cantidad de barrios populares en
todo el país. A partir de la organización popular, fundan cooperativas y
unidades económicas populares cuyo propósito es mejorar la vida de todos los
trabajadores y las trabajadoras de Argentina (MTE 2020).
[8] La participación de las
mujeres migrantes en las organizaciones sociales en Córdoba, en especial dentro
de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), ha sido
estudiada en profundidad por Perissinotti (2020).