Introduction
to dossier
Community
strategies for confronting socio-environmental conflicts: beyond resistance
Editores del dossier / Editors of dossier
Dra. Karolien van Teijlingen.
Investigadora postdoctoral de la Universidad Radboud
(Países Bajos) e investigadora asociada de la Universidad Andina Simón Bolívar
(Ecuador).
(karolien.vanteijlingen@maw.ru.nl) (https://orcid.org/0000-0001-7984-4254)
Dra. Emilie Dupuits. Colabora en el Consorcio para el Desarrollo Sostenible
de la Ecorregión Andina (CONDESAN) (Ecuador).
(dupuits.emilie@gmail.com) (https://orcid.org/0000-0002-3808-6650)
La investigación sobre la exacerbación de conflictos
socioambientales relacionados con políticas (neo)extractivistas en torno a la
tierra, el agua y los bosques en América Latina está en auge. Este auge es una
respuesta directa a la expansión feroz de la extracción de minerales,
hidrocarburos, energía renovable y productos agroindustriales que está viviendo
el continente durante las últimas décadas. A su vez, representa una denuncia a
los impactos locales generados por esta expansión. La extracción lleva a varias
formas de despojo, desposesión, contaminación y sacrificio de comunidades,
cuerpos y naturaleza no-humana que habitan las áreas donde se practica, como lo
muestran el dossier 64 de esta revista (Vallejo, Zamora y Sacher
2019) y
otros aportes (Composto y Navarro 2014; Shade
2015; Hidalgo-Bastidas, Boelens y Vos 2017; Van Teijlingen et al. 2017).
En la literatura que ha
surgido de estas investigaciones se evidencia una clara narrativa común,
particularmente en lo que concierne a las respuestas comunitarias frente a la
expansión extractivista. Esta narrativa se enfoca en los movimientos,
comunidades y organizaciones de la sociedad civil que se han movilizado a
distintas escalas para resistir el despojo de sus territorios, la privatización
y la contaminación de sus recursos, la precarización de sus vidas y la
criminalización de sus luchas. Esta narrativa nos ha brindado un mayor
entendimiento de las raíces sobre los conflictos socioambientales, las
estrategias de defensa y resistencia de las comunidades, y las propuestas que
germinan dentro de los movimientos de resistencia.
Si bien las contribuciones de
estos estudios resultan valiosas, esta narrativa también posee puntos ciegos.
Observamos, por ejemplo, que se ha enfocado menos en otras formas de agencia
que se pueden ejercer desde las comunidades dentro de los conflictos
socioambientales y territoriales. Más allá de la resistencia, actores de la
sociedad civil han entrado en otro tipo de espacios e interacciones para defender
sus intereses en torno a los territorios y bienes comunes (Fletcher 2001; Quist 2018; Van Teijlingen 2019; Dupuits 2019). Estas otras estrategias engloban procesos de
negociación o colaboración con gobiernos o corporaciones, la construcción de
alianzas multiescalares, la coproducción de conocimientos o el surgimiento de
alternativas ecoterritoriales.
El objetivo de este dossier es
romper con la narrativa de la resistencia y explorar las otras estrategias, espacios e interacciones dentro de los
conflictos socioambientales relacionados con políticas (neo)extractivistas en
América Latina. Para tal efecto, en las contribuciones aquí publicadas se
abordan los significados, alcances y limitaciones de estas estrategias,
enfocándose en las relaciones de poder y las tensiones que las atraviesan. Al presentar estas indagaciones críticas
buscamos contribuir a una imagen más diversa de las maneras en que actores de
la sociedad civil actúan dentro de los conflictos socioambientales en América
Latina.
En
esta presentación ahondaremos primero en esta narrativa sobre los conflictos socioambientales, así como en el debate teórico acerca del poder y la agencia que se
manifiesta en la literatura. Posteriormente, abordaremos los ejemplos de
estrategias comunitarias que van más allá de la resistencia, analizaremos sus
posibles alcances y limitaciones, y discutiremos algunas pautas conceptuales
que puedan ayudar a entender estas estrategias. Por último,
presentaremos los artículos que contiene el dossier.
Un ejemplo claro de que
prevalece el enfoque en la resistencia es el debate sobre la minería a gran
escala en América Latina. Esta actividad extractiva constituye una de las más
ambientalmente destructivas, por el uso de grandes extensiones de tierra, la
remoción de montañas enteras, el consumo intensivo del agua y el alto riesgo de
contaminación. Además, genera, entre otros impactos sociales, el desplazamiento
(forzoso), la desintegración de comunidades campesinas e indígenas, el aumento
de violencia y la patriarcalización de los
territorios (Brain 2017; Vallejo, Zamora y Sacher 2019). Esta actividad se ha expandido rápidamente
durante las últimas décadas debido a una coyuntura internacional de creciente
demanda por minerales, los altos precios de materias primas y un fuerte interés
desde inversionistas chinas en desarrollar proyectos mineros (Bury y Bebbington 2013). Aunque
esta coyuntura llegó a su fin, este período dejó muchos conflictos que
persisten hasta el día de hoy.
La literatura que aborda la
expansión de la minería a gran escala por la región expone las campañas
agresivas por parte de gobiernos nacionales y empresas transnacionales para
promover este sector, y las estrategias que usan para legitimar proyectos
mineros a pesar de sus impactos devastadores (Composto 2012; Shade 2015; Godfrid 2016; Sacher 2017). En cuanto a las respuestas y estrategias
comunitarias frente a esta expansión, la gran mayoría de estudios se enfocan en
la resistencia como única respuesta (véase, por ejemplo, Acuña 2015; Bustos, Folchi y Fragkou 2016; Paz 2014;
Wagner 2019). Con cimientos teóricos en la ecología política y los estudios de
los movimientos sociales, en tales estudios se documenta los actores
involucrados en las luchas, sus motivaciones, los discursos antimineros
que manejan y los repertorios de acción en defensa de sus territorios y la
vida.
Las posiciones o estrategias
que no cumplen con la noción de la resistencia abierta reciben menos atención
en estos análisis de los conflictos mineros, lo que puede dar la impresión de
situaciones tipo “avatar” (Bebbington y Humphreys Bebbington 2011, 131), en las cuales la expansión minera
encuentra una respuesta comunitaria homogénea en defensa de la vida. Cuando son
abordados aquellos actores comunitarios que no resisten o incluso apoyan la
presencia de las empresas mineras, sus respuestas frecuentemente se entienden
como productos de dominación o cooptación por parte de las empresas (Composto
2012; Gustafson y Guzmán Solano 2016; Sacher 2017).
Machado Aráoz (2014, 65-66) va más allá y describe a estos actores como
“devotos” de las empresas con sus emociones y sentimientos “cabalmente
mineralizados” y cuyos “corazones laten al ritmo de la Bolsa de Toronto”.[i]
Otro debate que demuestra un
patrón similar es el de los estudios sobre conflictos por el agua, las megaobras hidráulicas y el despojo territorial en América
Latina. Este debate abarca el despojo de agua y el desplazamiento generado por
represas hidroeléctricas, grandes plantaciones de la agroindustria y proyectos
de riego impulsados por élites capitalistas y los gobiernos que los apoyan. En
esos estudios se tiende a considerar a las comunidades y actores locales como
víctimas de estos procesos de desposesión y violencia (véase, por ejemplo, Bebbington et al. 2008; Duarte-Abadía, Boelens y Roa-Avendaño 2015), sin abordar toda la
complejidad de sus estrategias y capacidades de negociación y adaptación.
Existe, entonces, la imagen de “conflictos dicotómicos entre los económicamente
poderosos y los desposeídos, o entre ‘externos-opresores’ e
‘interno-comunidad’” (Boelens 2015, 265); en esta
imagen la resistencia emerge como la respuesta comunitaria más estudiada.
Además, Brown y Purcell (2005)
advierten sobre la “trampa local” en la que han caído muchos autores del campo
de la ecología política, incluyendo aquellos de los dos debates mencionados
aquí. Argumentan que no debe considerarse a la escala local como la más
deseable para tratar los problemas ambientales, con lo cual se evita entender a
las categorías de actores y los niveles de acción como estáticos y fijos. Al
contrario, los actores locales también están insertados en intereses, redes o
relaciones de poder a lo largo de escalas nacional, regional o global,
rompiendo con su jerarquía.
La narrativa de la resistencia
que señalamos en los debates sobre minería y conflictos de agua en América
Latina se relaciona con un debate teórico más amplio que tiene una larga
trayectoria en las ciencias sociales y que gira en torno a la pregunta ¿qué es
la agencia? (Emirbayer y Mische
1998). Sin entrar con profundidad en este debate,[ii]
quisiéramos recalcar que la dicotomía que describe Boelens
(2015) es muy común, así como la idea de que la única manera de escapar de la
subordinación es la resistencia (Fletcher 2007). Sin embargo, al enfocarse en
la resistencia local como única respuesta desde las comunidades afectadas por
la expansión extractivista, se limita –quizá inconscientemente– la
conceptualización de su agencia a actos de resistencia. Considerar, por otro
lado, las otras respuestas comunitarias como mera “cooptación” producto de una
“conciencia falsa” las vacía de agencia, según Fletcher (2007). Los debates
exponen, entonces, una conceptualización bastante estrecha de lo que es la
agencia humana que no hace justicia a la diversidad y complejidad que
representan las respuestas comunitarias en conflictos socioambientales y a la
agencia que tienen los actores involucrados.
Más
allá de la resistencia, actores de la sociedad civil han entrado en otro tipo
de espacios e interacciones para defender sus intereses en torno a los recursos
naturales, territorios y bienes comunes. Por un lado, se han sumado a procesos
de negociación o colaboración con gobiernos o corporaciones, por ejemplo,
usando mecanismos de participación o consulta previa, instrumentos de
compensación ambiental o pago por servicios ambientales. Varios autores
analizan la complejidad de esos instrumentos institucionales o técnicos, que
esconden procesos de despolitización y de reproducción de desigualdades entre
actores (véase, por
ejemplo, Schilling-Vacaflor 2017). Por otro lado, se han apropiado de espacios
nacionales, regionales y globales para difundir sus demandas y construir nuevas
alianzas, integrándose, entre otros, a las negociaciones internacionales sobre
el cambio climático o aliándose con agencias de cooperación internacional y
bancos de desarrollo (Claeys y Delgado 2016). Varios
estudios analizan además la conformación de redes multiescalas
entre actores comunitarios que buscan fortalecer su visibilidad y capacidad de
negociación e integración con el Estado (véase, por ejemplo, Hoogesteger 2012; Dupuits y
Bernal 2015). Adicionalmente, ciertos actores de base buscan implementar
alternativas ecoterritoriales y producir medios de
vida sustentables para las comunidades en zonas afectadas por actividades
extractivistas.
Además,
los actores de base están cada vez más involucrados en procesos de coproducción
de conocimientos –con gobiernos, expertos o académicos–, lo cual los ha
llevado, por ejemplo, a legitimar conocimientos locales, indígenas o
comunitarios como expertos, científicos y técnicos (Horowitz 2015). Goodwin subraya que
los ciudadanos desfavorecidos no solamente usan la coproducción como
mecanismo de acceso a servicios públicos sino también como manera de renegociar
su relación con el Estado y fortalecer sus derechos políticos y sociales. La
coproducción tiene entonces el potencial de desafiar y reconfigurar relaciones
de poder (2019, 504).
Por una parte, los procesos de
coproducción de conocimientos revelan a los movimientos de base la posibilidad
de actuar dentro de las estructuras estatales y de poder, más allá de los
enfoques tradicionales de la resistencia (Laurie, Andolina y Radcliffe 2005; Dupuits et al. 2020). Este concepto permite además romper
con la dicotomía entre saberes expertos y saberes locales para acentuar sus
cruces y procesos de adaptación mutua (Jasanoff
2004).
Por otra parte, Goodwin (2019)
subraya la necesidad de estudiar las raíces históricas de los procesos de coproducción,
que muchas veces se vinculan con estructuras capitalistas e implican una
pérdida de autonomía para las organizaciones de la sociedad civil. La
coproducción suele implicar procesos de conmensuración y profesionalización
para las organizaciones de base con el fin de que puedan adaptarse a las
estructuras estatales y modernas, lo que implica riesgos en términos de
desconexión con sus bases y de abandono de sus demandas iniciales (Dupuits et al. 2020). La conmensuración y la
profesionalización que se producen dentro de los procesos de coproducción
tienden a ignorar los intereses particulares mientras los traduce y
universaliza como parte de las estrategias de ampliación (Boelens
y Zwarteveen 2015). Ciertos autores hablan de
“batallas de conocimientos” refiriéndose a los conflictos que surgen entre
diferentes epistemologías, valoraciones y creencias alrededor de los recursos
naturales (Boelens, Shah y Bruins 2019). Al mismo tiempo, los movimientos de base e
indígenas pueden utilizar estratégicamente el conocimiento experto para ganar
credibilidad y reconocimiento, revelando la complejidad de esas estrategias
(Hidalgo-Bastidas, Boelens e Isch
2018).
En fin, para entender a estas
estrategias que van más allá de la resistencia y las relaciones de poder que
las atraviesan, requerimos de un repertorio conceptual más amplio que ayuda a
reconocer las diversas formas de agencia dentro de los conflictos
socioambientales. Esto implica dejar atrás la idea de que tan solo la
resistencia representa agencia, y considerar actores que eligen otros caminos
para defender sus intereses como sujetos activos, quienes son conscientes de
las relaciones en la cual se encuentran (Fletcher 2001;
Quist 2018). Requiere además
resaltar la diversidad, ambigüedad y fluidez de las posiciones y estrategias
dentro de los conflictos socioambientales. Por ejemplo, los actores
comunitarios pueden perseguir estrategias distintas e incluso contradictorias,
que cambian en el transcurso del tiempo (Horowitz 2011). A la vez, no se debe perder de vista la “danza
dialéctica” de la agencia con la estructura (Chouinard
1997, 363). Es decir, se debería ubicar las estrategias de los actores
comunitarios dentro de una telaraña de relaciones de poder y “fuerzas
políticas, históricas, económicas y sociales más amplias” (Horowitz
2012, 26) y, así, llegar a
una conceptualización de una agencia situada (Horowitz
2011; Van Teijlingen 2019).
Los cinco artículos
presentados en este dossier reflejan tanto la diversidad como la complejidad de
las estrategias comunitarias más allá de la resistencia en contextos de
conflictos socioambientales. Se enmarcan en corrientes teóricas y metodológicas
diversas incluyendo la geografía crítica, la sociología, la antropología, la
ecología política, la ciencia política y la historia.
El artículo de Angus Lyall,
“Resistencia en retrospectiva: la multitemporalidad del extractivismo
en la Amazonía”, abre este dossier con un análisis provocativo de la
Ciudad del Milenio Playas de Cuyabeno, ubicada en la zona petrolera, al norte
de la Amazonía ecuatoriana. Esta comunidad fue construida como obra
compensatoria de reubicación por la extracción petrolera de la empresa estatal
Petroamazonas, y fue celebrada como un ejemplo emblemático de la nueva política
de redistribución del gobierno “posneoliberal” del
expresidente Rafael Correa. Mientras muchos autores han criticado a las
Ciudades del Milenio por ser proyectos impuestos que despojan a la población
indígena de sus estilos de vida e identidades y por ser un intento a
subordinarles a la lógica extractiva, el autor observa que estos análisis
omiten las aspiraciones y motivaciones de los propios habitantes. Durante
varios meses de trabajo de campo con quienes habitan en Playas de Cuyabeno,
encuentra que allí las personas tienen posiciones muy distintas acerca de su vida
en la Comunidad del Milenio, que no se ven reflejadas en la literatura
establecida sobre el caso. Concluye que para entender las estrategias de
negociación y apropiación en este espacio supuestamente “impuesto”, se debe
tomar en cuenta el contexto histórico de relaciones étnicas y capitalistas que
dan forma a las aspiraciones y la agencia de sus habitantes.
María
Stephanie Valenciano-Hernández
en “¿Agua para quién?: movilización comunitaria y
negociación en el conflicto socioambiental del Parque Los Chorros, Costa Rica” aborda un proceso de negociación institucional entre
el Estado costarricense y las comunidades de Atenas y Tacares afectadas por el
crecimiento urbano descontrolado y el desabastecimiento de agua. En su análisis
concluye que detrás de estos procesos de negociación y diálogo, que promueven
principios de participación comunitaria, democracia e inclusión, se esconde la
reproducción de asimetrías de poder entre los distintos actores. Por otro lado,
muestra también cómo las comunidades tratan de usar las propias herramientas
técnicas del Estado, una estrategia para apropiarse del proceso de negociación.
En su artículo, revela la evolución del proceso de negociación desde un enfoque
meramente técnico hacia el reconocimiento de una participación ciudadana más
efectiva. Este estudio se enmarca en la literatura que aborda los conflictos
socioambientales desde los procesos de negociación y movilizaciones multiescalas para subrayar sus ambigüedades, tensiones o
usos estratégicos más allá de la dicotomía conflicto-cooperación.
En su artículo “Conocimiento como causa y medio de resistencia a la
minería de gran escala: casos heurísticos del Ecuador”, Cristina Espinosa muestra el modo en que
organizaciones y comunidades en Ecuador usan la producción de conocimiento como
estrategia de negociación y contestación en el marco de la expansión de la
minería a gran escala en este país latinoamericano. Examinando los casos de
minería a gran escala en Intag, Azuay y en la Cordillera del Cóndor, describe
cómo actores comunitarios combinan distintas epistemologías de manera
estratégica, y así ensamblan un conocimiento híbrido que desmantela discursos
hegemónicos que dominan los procesos oficiales del estudio de impacto
ambiental. Concluye que estas iniciativas comunitarias de producción de
conocimiento constituyen una forma de agencia que tiene un gran potencial para
transformar los actuales regímenes de poder y conocimiento, e introducir otras
epistemologías al debate público sobre la minería a gran escala en el país.
En el artículo titulado “Monitoreos hídricos
comunitarios: conocimientos locales como defensa territorial y ambiental en
Argentina, Perú y Colombia”,
Astrid Ulloa, Julieta Godfrid, Gerardo Damonte,
Catalina Quiroga y Ana Paula López analizan la emergencia de los monitoreos hídricos comunitarios (MHC) en
tres países latinoamericanos como herramienta político-territorial alternativa
a los monitores empresariales e institucionales implementados para evaluar los
impactos socioambientales de la minería a gran escala. Argumentan que los MHC
permiten contrarrestar la despolitización de los procesos de gobernanza
ambiental y la falta de legitimidad e independencia de las mediciones, y
revalorizar los conocimientos locales. Por otro lado, muestran también cómo los
actores comunitarios aceptan adaptarse a las herramientas expertas y
técnico-científicas del Estado y de la empresa minera para obtener el
reconocimiento de sus territorios, y así reducir las asimetrías de
conocimientos sobre el agua. También destacan el rol clave de las redes
establecidas con varias ONG, activistas ambientales y la academia en esos
procesos.
Finalmente, en el artículo
“Educación popular: una alternativa en la resolución de conflictos
socioambientales”, Carol Peña-Palma, José Terán-Serna, Ángel Gil-Torres y Marly
Tafur-Osorio presentan un caso de investigación acción participativa como
manera de fomentar la participación y el empoderamiento de las comunidades en
la resolución de conflictos socioambientales. El estudio se desarrolla en la vereda
rural de El Neme, departamento de Tolima, Colombia, que experimenta una pérdida
de poder y autonomía vinculada con la producción de maíz transgénico, el
conflicto armado y la desarticulación del tejido social. En este contexto, el
proyecto de investigación se construyó como una cocreación
de saberes con la academia, llevando a la conformación de una escuela popular
ambiental, cuyo objetivo es crear procesos sociales desde una perspectiva
crítica, territorializada y transformadora. Además, los autores movilizan la
noción de capacidades basadas en la salud holística, un enfoque novedoso para
entender la importancia de la educación popular como herramienta más allá de la
resistencia frente a conflictos socioambientales.
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Notas