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“Una nueva clase dirigente”. Los intendentes bonaerenses durante el Proceso de Reorganización Nacional en Argentina

 

“A New Ruling Class”. The mayors of Buenos Aires Province during the National Reorganization Process in Argentina

 

Dra. Paula Vera Canelo. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y profesora adjunta de la Universidad de Buenos Aires (UBA) (Argentina).

(pvcanelo@yahoo.com) (https://orcid.org/0000-0001-8190-8915)

Lcdo. Juan Pablo Kryskowski. Investigador del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) (Argentina).

 (jpkrysko@yahoo.com.ar) (https://orcid.org/0000-0002-9362-081X)

 

Recibido: 04/12/2020 – Revisado: 12/03/2021

Aceptado: 31/05/2021 – Publicado: 01/09/2021

 

Cómo citar este artículo: Canelo, Paula Vera y Juan Pablo Kryskowski. 2021. “‘Una nueva clase dirigente’. Los intendentes bonaerenses durante el Proceso de Reorganización Nacional en Argentina”. Íconos.  Revista de Ciencias Sociales 71: 195-212  https://doi.org/10.17141/iconos.71.2021.4765

 

Resumen:

Este texto describe el reclutamiento de intendentes municipales de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar argentina. Se analiza empíricamente el perfil de los 406 intendentes que gobernaron los 125 municipios bonaerenses entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Este análisis llevó a la construcción de una base de datos original con fuentes variadas (Boletín Oficial provincial, documentos reservados, prensa local y nacional, entrevistas). El trabajo muestra los siguientes hallazgos: i) esta elite política tuvo características distintivas, determinadas por los objetivos políticos y represivos más amplios de la dictadura; ii) en la primera etapa predominaron los intendentes militares en los municipios considerados “prioritarios” desde el punto de vista represivo (densamente poblados, industriales, sede de importantes establecimientos educativos o de dependencias militares); iii) su perfil fue similar al de otras elites políticas contemporáneas: masculino, con profesiones liberales y las típicas ocupaciones de los notables locales, y afiliación partidaria propia de la “dirigencia civil compatible”; iv) atributos como la procedencia civil, las ocupaciones agropecuarias, los cargos ejercidos en el interior provincial y la experiencia de gestión previa favorecieron la estabilidad de las carreras políticas; y v) pese a que la creación de una nueva clase dirigente fue un objetivo clave de la dictadura, solo unos pocos intendentes bonaerenses permanecieron en la democracia.

 

Descriptores: Argentina; dictadura; elites; Fuerzas Armadas; gobierno local; política gubernamental.

 

Abstract

This article describes the recruitment process of Buenos Aires province mayors during the last military dictatorship in Argentina.  The profile of the 406 mayors that ruled over 125 towns in the province between March 24 1976 and December 10 1983 is empirically analyzed. This research led to the creation of an original database, which draws from a variety of sources (“Boletin Oficial Provincial”, classified documents, local and national press, interviews). The inquiry led to the following findings: i) this political elite had distinctive features, linked to the wider political and repressive goals of the dictatorship; ii) In a first period a majority of military mayors were appointed in towns considered as a “priority” for repression( densely populated, industrial, seat of important educational institutions  or military facilities); iii) the profile of most of these officials was similar to that of other contemporary elites: male, professional, engaged in occupations typical of local public figures  and with party affiliations characteristic of “compatible civilian leadership”; iv) the stability of their political careers was favored by traits such as a civilian background, landownership, previous experience in provincial civil service and prior political experience; and v) although the creation of a new ruling class was among the primary goals of the dictatorship, only a few of the Buenos Aires province mayors were able to secure their political survival upon the return of democratic rule. 

Keywords: Argentina; armed forces; dictatorship; elites; government policy; local government.

 

 

 

1. Introducción

Durante las últimas décadas en la Argentina y en otros países de la región se asiste a cierta renovación de los temas y problemas que predominaron en la agenda de investigación sobre las dictaduras latinoamericanas de los años 60 y 70. En este nuevo ciclo regional de interés por el pasado reciente recobraron importancia, por ejemplo, los estudios sobre memoria y exilio, genocidio, violencia política y represión, militancia armada, en un contexto de cambios temáticos, metodológicos e interpretativos (Canelo 2016a; Crenzel 2014; Jelin 2017; Feld y Salvi 2019; Markarian 2006; Feierstein 2007; Vezzetti 2014; Águila, Garaño y Scatizza 2016; Carnovale 2011).

En este marco se produjo un doble giro conceptual. Por un lado, las interpretaciones postdictadura centradas en la clave represiva o terrorista de estos regímenes (Calveiro 1998; Duhalde 1999) dieron paso a estudios que se enfocaron más en las estrategias de generación de consenso y legitimación social. Por otro, la escala nacional que había sido predominante cedió sitios al análisis de los espacios locales, regionales o internacionales (Fernández 2020; Jensen y Lastra 2015; Franco 2012).

En la intersección delimitada por este doble giro conceptual se ubica un fructífero campo de estudios sobre las llamadas “actitudes y comportamientos sociales”. En dicho campo se analizan los heterogéneos consensos sociales logrados por estos regímenes autoritarios y la “participación civil”, además se aborda la colaboración concreta de civiles con las dictaduras (Demasi et al. 2009; Águila y Alonso 2013; Canelo 2015; Lvovich 2009, 2010; Rodríguez 2009; Yaffé 2012; Rollemberg y Quadrat 2010; Valdivia Ortiz de Zárate, Álvarez Vallejos y Donoso Fritz 2012). Los estudios realizados, sobre todo en este último caso, contribuyeron a la articulación del concepto “dictadura cívico-militar” que, al menos en Argentina, tuvo importantes efectos memoriales, políticos y judiciales. Estos análisis retoman vertientes analíticas de larga data, específicamente los trabajos que durante los primeros años de las transiciones a la democracia mostraron la variedad de apoyos sociales construidos por los regímenes autoritarios y los estudios sobre las apoyaturas sociales del franquismo, el fascismo y el nazismo.[1]

En la Argentina este campo de estudios priorizó los contextos locales haciendo especial énfasis en la llamada “micropolítica” dictatorial, la cual halló en el nivel municipal un lugar privilegiado, tanto por su accesibilidad como por su relevancia (Ballester 2014; Catoira 2013; González Bombal 1988, 2015; Rodríguez 2009; Lvovich 2009, 2010). Estos estudios locales evidenciaron la trama entre los actores y los gobiernos municipales, aunque solamente la vinculan de forma tangencial con los objetivos políticos y represivos más amplios de la dictadura a nivel provincial o nacional. Además, comparten lo que llamamos “mainstream de sentidos” sobre la dictadura (Canelo 2016a), donde el peso interpretativo del “par civil” predomina sobre el del “par militar”. Al enfocarse en el análisis minucioso del rol que cumplieron las asociaciones vecinales o de fomento, clubes de barrio o culturales, juntas vecinales y otras organizaciones locales durante las dictaduras, subordinan una clave interpretativa central de la política dictatorial: la forma específica de ejercicio del poder por parte de las Fuerzas Armadas.

El objetivo de este artículo es analizar la dinámica de reclutamiento de intendentes municipales durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983), a través del estudio de un caso particular que aún no ha sido abordado de forma sistemática: la provincia de Buenos Aires –que en el texto se denominará PBA–, considerada la más importante de la Argentina. En primer lugar, se estudia el vínculo entre este reclutamiento y los objetivos políticos y represivos estratégicos más amplios de la dictadura; luego reconstruimos el perfil del conjunto de esta elite política local,[2] en términos de sus propiedades sociales, profesionales/ocupacionales y político-partidarias; y en tercer lugar se analizan algunas particularidades –como estabilidad y experiencia– de las carreras políticas de los intendentes bonaerenses durante la última dictadura.

Para ello, se creó una base de datos original nombrada Intendentes bonaerenses PRN 1976-1983, que sistematiza información tomando en consideración diferentes variables[3] de los municipios e intendentes de la PBA durante el periodo estudiado. El objeto de estudio está formado por un total de 406 individuos que ocuparon por lo menos una vez el cargo de intendente en alguno de los 125 municipios bonaerenses, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.[4]

En el análisis de este objeto de estudio se combinan una gran relevancia con una considerable dificultad. Por un lado, la PBA es el territorio más importante de la Argentina en cuanto a extensión, cantidad de habitantes y relevancia política; por otro, los intendentes bonaerenses en su conjunto constituyen un objeto de estudio muy poco explorado de forma sistemática hasta el momento. Adicionalmente, el artículo aborda un periodo histórico donde no abundan las fuentes debido a la ausencia de una política gubernamental integral para la conservación de archivos, o por la destrucción deliberada de documentos.[5]   

La escasa información disponible obligó a multiplicar los esfuerzos para encontrar otras fuentes de documentación que pudieran ser útiles a la investigación. Las principales fuentes que utilizadas fueron documentos oficiales que pertenecen al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y provincial, el Boletín Oficial, artículos de medios de prensa de alcance local y nacional, documentos reservados, entrevistas, registros históricos de los escalafones de las Fuerzas Armadas y también información disponible en internet como los portales oficiales de todos los municipios bonaerenses.

El artículo se encuentra estructurado en tres apartados: en el primero se presentan los objetivos de municipalización y represión de la dictadura en la PBA y los vínculos entre estos y el reclutamiento de intendentes; en el segundo se estudian algunas propiedades sociales, profesionales/ocupacionales y político-partidarias de los intendentes; y, por último, se analiza la construcción de carreras políticas, en términos de estabilidad y experiencia, tanto en el periodo previo a la dictadura como en la etapa posterior a la misma.  

 

2. Municipalización y represión en la PBA

Las orientaciones generales sobre la designación y las funciones políticas que debían cumplir los gobernadores e intendentes de la dictadura fueron definidas por el PEN tras el golpe de 1976 (Canelo 2011). El 10 de mayo de ese año el general Albano Harguindeguy, quien se desempeñaba como ministro del Interior, dio a conocer una directiva de la Secretaría General de la Presidencia de la nación, que fue aprobada por el general Jorge Rafael Videla, presidente de la nación y miembro de la Junta Militar, máximo órgano soberano del Proceso.

Los individuos reclutados debían tener estrecha vinculación con las asociaciones locales y amplio reconocimiento en la comunidad (González Bombal 1988). Por su parte, los gobernadores podían “confirmar a los intendentes que se hallaban en funciones al 24 de marzo pasado” –es decir, que habían sido elegidos durante el derrocado gobierno peronista 1973-1976– siempre y cuando hubieran demostrado “a) honestidad en el desempeño del cargo o en sus antecedentes personales; b) idoneidad para la función; c) prestigio y representatividad en el medio” (La Nación 1976, citado en Vázquez 1985, 68).

En 1977, durante la III Reunión con los gobernadores, Harguindeguy y Videla les recomendaron mantener “un diálogo permanente con los sectores representativos locales que, además de evitar el aislamiento, posibilite la recepción de aportes válidos para la gestión” (La Nación 1977, portada). Mientras que, en los municipios, donde “la relación entre la autoridad y el ciudadano es más directa”, debía promoverse la “participación (vecinal) en la realización de tareas ejecutivas” (La Nación 1977, portada).

Luego de la breve intervención del general Adolfo Sigwald, en abril de 1976 fue designado como gobernador de la PBA el general de división Ibérico Saint Jean, abogado de profesión y ex secretario de Informaciones del Estado. Cuando su nombramiento de gobernador fue ratificado designó como su ministro de Gobierno a James Smart, exjuez del “Camarón” –Cámara Federal especial creada en 1971 para juzgar actividades consideradas “subversivas”– y complementó su equipo de trabajo con el dirigente agropecuario Jorge Aguado y el abogado Alberto Rodríguez Varela.

Estos dirigentes, bautizados como “Grupo La Plata” en referencia a la capital provincial, formaron uno de los más importantes think tanks de la dictadura, el primero en redactar un plan político para el gobierno, titulado “Un nuevo ciclo histórico argentino: del Proceso de Reorganización Nacional a la Tercera República. Lineamientos para una estrategia nacional”, finalizado en octubre de 1976. En el texto advertían que uno de los máximos objetivos de la dictadura era crear una nueva clase dirigente “identificada con la heredad tradicional y dispuesta a resistir hasta la victoria a la agresión marxista populista”, y que por eso debía evitarse “el aislamiento respecto de la civilidad”, al igual que “la tentación del ‘pacto’ con la dirigencia civil preexistente” (Grupo La Plata 1976, 19).

El Grupo La Plata buscó transformar a la PBA en un “modelo” de la refundación, articulando la municipalización política con una feroz represión. Por una parte, reclutaron una dirigencia local adicta, proveniente de los movimientos vecinalistas y que ayudó a fortalecer el poder de los intendentes mediante distintas medidas como la transferencia de funciones y servicios, el reconocimiento oficial de algunas instituciones en desmedro de otras, o la aprobación de proyectos de obras públicas (González Bombal 2015; Rodríguez 2009), tal como hicieron algunos gobernadores de facto en distintas provincias del país. Por otro, cultivaron estrechos vínculos con paradigmáticos represores como el general Camps, jefe de la policía bonaerense, y su mano derecha, el comisario Miguel Etchecolatz.

Ya en 1975 la PBA era considerada como zona de “alta prioridad” en la “lucha contra la subversión”, al igual que otros territorios como Tucumán, Capital Federal y La Plata, Córdoba y Rosario-Santa Fe –prioridad 1, 2, 3 y 4 respectivamente– (Comando General del Ejército 1975 citado en D’Andrea Mohr 1999, 56). La inteligencia militar identificaba en territorio bonaerense el supuesto accionar de las “Organizaciones Político-Militares PRT-ERP y Montoneros”, las cuales se dividían en dos “grandes” frentes: el “Pelotón Urbano Villa Constitución (Zárate-Campana)”, que contaba con “30-40 hombres”; y las “Compañías Urbanas en Buenos Aires”, que presentaban una supuesta dotación de “120-160 hombres” (Comando General del Ejército 1975 citado en D’Andrea Mohr 1999, 60).

Sobre la zona metropolitana de la PBA se construyó el llamado Circuito Camps, integrado por 29 Centros Clandestinos de Detención dependientes de la policía provincial, 10 de ellos en la ciudad de La Plata y por los que pasaron más de 2000 personas detenidas-desaparecidas. La provincia fue atravesada por tres de las cinco zonas de represión en que fue dividido el territorio nacional: zonas 1, 4 y 5, las cuales fueron trazadas sobre los Comandos de Cuerpo de Ejército.

 

3. Perfil de los intendentes bonaerenses

 ¿Civiles o militares?

Según el único informe oficial publicado sobre la composición de las intendencias a nivel nacional durante el gobierno de facto, realizado por la Secretaría de Inteligencia del Estado a fines de 1978, los funcionarios militares representaban solo un 10 % en todo el país –170 de 1697–, mientras que el 90 % restante –en total 1527– eran civiles. El 57 % de estos civiles pertenecían a diferentes partidos: 35 % a la Unión Cívica Radical (UCR), 19 % al Partido Justicialista (PJ), 12 % al Partido Demócrata Progresista (PDP), 11 % al Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), y el 9 % a la Fuerza Federalista Popular (FUFEPO). Por su parte, el 43 % de los intendentes de la Argentina no militaban en ninguna organización política (La Nación 1979, portada; El Litoral 1979, 2).

El reclutamiento de intendentes de la PBA estuvo más militarizado que el que se aplicó en el resto del país, incluso en otras provincias importantes. La prensa explicaba que “el porcentaje de hombres de las Fuerzas Armadas que ocupan intendencias es alto por contraste con el promedio nacional (porque) en la primera parte del proceso se resolvió que los decisivos municipios del Gran Buenos Aires no estarían bajo el control civil” (El Litoral 1979, 2).

En los días posteriores al golpe de Estado de marzo de 1976, la ocupación rápida, el control del territorio y de la población fueron objetivos centrales de la dictadura. En esta etapa la designación de intendentes militares o de las fuerzas de seguridad cobró vital importancia en la PBA. En más de la mitad de los municipios existentes se registró un rápido reemplazo –de no más de tres meses– de los intendentes constitucionales por miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad. Solo uno de estos reemplazantes era civil, el arquitecto Adolfo Estrada de Almirante Brown, y apenas permaneció nueve días en el cargo (Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires 1976).

Durante los primeros años de la dictadura no se designaron intendentes civiles en ningún partido del denominado Gran Buenos Aires (GBA), territorio donde se localizaban 13 de los 15 municipios más poblados de la provincia (INDEC 1982).[6] Las primeras designaciones de civiles para este cargo tuvieron lugar en 1979, en los municipios Esteban Echeverría, General Sarmiento, Lanús, Morón, Quilmes, Tigre, La Plata y Ensenada.

La militarización de estas zonas de la PBA estuvo vinculada no solo con su densidad poblacional, sino además con su elevada concentración industrial –allí se ubicaban desde los grandes establecimientos metalúrgicos hasta los mayores astilleros navales–, con la presencia de instituciones educativas de nivel superior y medio –La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata– y de algunas bases militares –de la Armada en Bahía Blanca y Mar del Plata, y del Ejército en San Nicolás–. En la concepción sobre la “subversión” imperante por entonces en las Fuerzas Armadas, estos factores volvían a esos territorios “de alta prioridad”, a diferencia de las zonas con menor densidad poblacional o rurales, donde predominaron los intendentes civiles.

Si se analiza el conjunto de intendentes bonaerenses que ocuparon cargos entre 1976 y 1983 se percibe que la mayoría procedían del ámbito civil: 66 % eran civiles, 31 % militares y solo el 3 % pertenecía a alguna de las fuerzas de seguridad –prefectura, gendarmería o policía.

Entre los intendentes militares los miembros del Ejército representaban el 75 %, los de la Armada el 15 % y un 10 % procedían de la Fuerza Aérea. Esta disposición reflejaba no solo el reparto entre los cuerpos del Ejército, sino la supremacía territorial y política de la fuerza de tierra frente a las otras dos y el peso relativo de cada una en cantidad de personal –63 %, 25 % y 12 % respectivamente– (CENM 1997). Esa fue también la proporción aproximada por fuerza del conjunto de gobernadores de facto (Canelo 2011).

El reclutamiento también estuvo guiado por la jerarquía de los grados militares: mientras los gobernadores pertenecían a los grados más altos, en su mayoría generales retirados (Canelo 2011), los intendentes, al menos los de la PBA, provenían de rangos medios –coroneles y tenientes coroneles, mayores, capitanes y tenientes primeros del Ejército–, así como de jerarquías equivalentes en las otras fuerzas. Así consta en el cuadro 1.

 

Cuadro 1. Grado militar de los intendentes de PBA por fuerza y equivalencias, 1976-1983

Elaboración propia con base en diversos ejemplares del Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (1976 -1983).

Nota: N=122.

 

Ahora bien, ¿qué sucedió en cada municipio en términos de procedencia civil o militar de sus intendentes?, ¿existió alternancia o bien exclusividad, como ocurrió con algunas provincias o dependencias de gobierno que fueron netamente controladas por militares o por civiles?

En la etapa estudiada solo hubo dos municipios bonaerenses donde los intendentes fueron todos militares. El primero fue La Matanza, por entonces tercer municipio argentino más poblado –949 566 habitantes– después de la entonces Capital Federal y Córdoba (INDEC 1982); gobernado por el teniente coronel Carlos Omar Herrero, el comodoro Oscar Bárcena y los coroneles José Olego, Félix Camblor y Alberto Horacio Calloni. El segundo municipio fue Vicente López, donde se encuentra la residencia presidencial y en el cual se sucedieron el teniente coronel Alberto González y los coroneles Eliseo Marini y Pedro Augusto Ursini. En ambos casos los intendentes tuvieron jerarquías militares más altas que los del resto de los municipios.

Por el contrario, sí fueron frecuentes los municipios enteramente manejados por intendentes civiles. Estos ascendieron a por lo menos 27, todos ubicados en el denominado “interior” de la PBA, zonas predominantemente rurales y con baja densidad poblacional.[7] Ello confirma la regla ya señalada sobre una menor militarización en las áreas rurales de la PBA, consideradas menos “prioritarias” desde el punto de vista de la “lucha contra la subversión”.

 

 Perfil social, profesional/ocupacional y partidario de los intendentes civiles

Al igual que el resto de las elites políticas del periodo, casi todos los intendentes bonaerenses que se desempeñaron entre 1976 y 1983 fueron hombres, con la excepción de la escribana Elba Nelly Alvarez de la UCR, intendenta de Adolfo González Chaves desde mayo de 1976 y que formó parte del reducido grupo de intendentes de facto que logró ser electo en democracia. Entre los intendentes civiles de la PBA se advierten perfiles profesionales/ocupacionales heterogéneos, tal y como se describe en el gráfico 1.

 

 

Gráfico 1. Profesión/ocupación de los intendentes de la PBA, 1976-1983

Fuente: Base de datos Intendentes bonaerenses PRN, 1976-1983.

Nota: N=110.

 

Entre los intendentes que forman parte del objeto de estudio se observa un primer gran grupo que estudiaron profesiones consideradas liberales: médicos y veterinarios, abogados, jueces o escribanos –títulos muy comunes entre las elites políticas locales– y arquitectos, ingenieros, contadores o docentes. Un segundo grupo de intendentes aparece identificado en las fuentes consultadas con términos genéricos como “comerciantes”, “propietarios” o “empresarios” locales que estuvieron vinculados a actividades económicas agropecuarias y no agropecuarias.

En cuanto al perfil partidario, un dato especialmente esquivo en el estudio de las elites políticas argentinas, se toman en consideración los 46 intendentes efectivamente confirmados por la dictadura –no a los provisorios–, como se muestra en el gráfico 2.[8]

 

 

Gráfico 2. Partido político de intendentes civiles confirmados por la dictadura

Fuente: Base de datos Intendentes bonaerenses PRN 1976-1983.

Nota: N=46.

 

Entre estos intendentes confirmados, casi la mitad pertenecía a la UCR y cerca del 20 % a partidos minoritarios –Alianza Popular Revolucionaria, Movimiento Línea Popular, Partido Conservador, Partido Demócrata Cristiano, PDP, Partido Socialista Democrático, Unión Cristiana Democrática y partidos vecinales–, los intendentes restantes pertenecían a Nueva Fuerza (NF), el PJ y el MID. Además, poseían el perfil partidario deseado por la dictadura para la futura elite dirigente argentina: ideológicamente compatible con los “valores del Proceso” y según la visión del alto mando de la dictadura, capaces de derrotar a un peronismo hasta el momento imbatible en elecciones libres (Canelo 2016a; Quiroga 2004; Yannuzzi 1996).[9]

 

4. La construcción de carreras políticas municipales

¿Posibilitó la última dictadura la construcción de carreras políticas locales? ¿Qué grado de estabilidad otorgó a los intendentes de la PBA? Además de los atributos sociales, profesionales y partidarios anteriormente analizados, ¿fue la posesión de experiencia en el cargo un atributo valorado en el reclutamiento? Se ha señalado en otros trabajos (Canelo 2008, 2016a) que los niveles más altos del gobierno del Proceso –por ejemplo, el PEN– fueron considerablemente inestables. Esto respondió, en parte, a las reglas de funcionamiento del gobierno, que buscaban evitar la “excesiva personalización del poder”: la rotación de los cargos más importantes –presidente, miembro de la Junta, etc.– y la “balcanización” derivada del reparto tripartito del poder entre las Fuerzas Armadas (Canelo 2016b).

La inestabilidad de los niveles más altos también se constató en el escaño de las intendencias bonaerenses. El promedio en el ejercicio del cargo del conjunto de los intendentes fue de solo dos años y el de intendentes que tuvieron los municipios de la PBA fue de 3,58 intendentes en siete años. La inestabilidad más general determinó “picos” de reemplazo de intendentes en determinadas coyunturas: en el año 1976 se produjeron 126 reemplazos debido a que los interventores provisorios fueron reemplazados por los intendentes efectivos; en los últimos tres meses del año 1979 se registraron 25 reemplazos –especialmente entre los intendentes militares de la Zona 1–, de la sustitución del comandante de Cuerpo de Ejército 1; durante el año 1981 ocurrieron 55 reemplazos, la mayoría de ellos tras la asunción del general Roberto Viola como presidente de la nación en reemplazo de Videla, y la del general de división Oscar Gallino como gobernador de la PBA, quienes designaron numerosos civiles para profundizar la “convergencia cívico-militar”; y finalmente, en los primeros meses del año 1982 hubo 28 reemplazos tras el derrocamiento de Viola por el general Leopoldo Galtieri, quien es su función designó a Jorge Aguado como gobernador de la PBA.

Los intendentes civiles tuvieron mayor duración promedio en el cargo que sus homólogos militares: los primeros consiguieron mantenerse dos años y medio como promedio, mientras que en el caso de los segundos apenas estuvieron poco más de un año. Entre los intendentes que ocuparon sus cargos durante todo el periodo de la dictadura encontramos solo a un militar, el coronel Arturo Ibarra Negueloua de Bragado, y a varios civiles: Alberto Yaregui (Navarro), Jorge Mario Ramón Ugarte (Rauch), Miguel Angel Vera (Puán), Oscar Emilio Sierra (Pellegrini), Osvaldo Monti (General Alvear), Salvador Rocca (Pila) y Alfredo Raúl Díaz (Rivadavia). Ellos compartían algunas características que contribuyeron con la estabilidad de las carreras políticas: la procedencia civil, la posesión de un perfil ocupacional vinculado con actividades agropecuarias y el ejercicio del cargo en algún municipio del interior de la PBA.

La experiencia previa y la participación en “semilleros de facto” también favorecieron la estabilidad de las carreras políticas municipales. El 23 % de los intendentes bonaerenses de la dictadura tenía experiencia previa en el cargo, adquirida durante gobiernos constitucionales o de facto. La mitad de este grupo obtuvo sus primeras experiencias durante la Revolución Libertadora (1955-1958) y la Revolución argentina (1966-1973), “semilleros de facto” de las elites del Proceso (Canelo 2012). Entre los civiles surgidos del “semillero” de la Libertadora se encontraban Luis Francisco Coppié (Daireaux), Alberto Ferrante (General Paz) y Rafael Calace y Raúl Raigadas (Lincoln); por su parte algunos repitieron en 1962 y otros en 1966. Mientras que del “semillero” de la Revolución argentina salieron muchos de los intendentes civiles más estables del Proceso como Ovidio Albarello (Leandro N. Alem), Jorge Ugarte (Rauch) y Alfredo Raúl Díaz (Rivadavia).

La experiencia previa de los intendentes militares era menor pues solo ocho habían ocupado previamente el mismo cargo, en sentido general durante la Revolución argentina todos pertenecían al Ejército y ninguno permaneció mucho tiempo en su puesto. Pero entre ellos sobresale otra característica: la mayoría se desempeñó como “intendentes comodín” que rotaron por diferentes municipios de acuerdo con necesidades políticas puntuales que habría que determinar en cada caso. Por ejemplo, el capitán Gustavo Adolfo von Borowski, intendente de Lobos y de General Belgrano en distintos momentos de 1976 o un misterioso funcionario llamado Héctor Villalba, que gobernó el Partido de la Costa en junio de 1978, Zárate entre junio de 1980 y junio de 1982, Quilmes entre diciembre de 1982 y febrero de 1983 y Avellaneda entre junio y diciembre de 1983, pero que a pesar de su febril actividad de “comodín” no constan más datos suyos en las fuentes disponibles.

¿Y qué ocurrió después de 1983? ¿En qué medida la última dictadura logró proyectar a sus intendentes a la política democrática, concretando su anhelado objetivo de renovación de la elite política argentina? La respuesta a la segunda pregunta es que prácticamente no lo lograron. Solo 18 de los 406 intendentes analizados (4 %) consiguieron ser electos en el mismo cargo en algún momento posterior a 1983. Los intendentes reelectos comparten algunos rasgos en común. Primero, la mayoría eran civiles, entre ellos había solo un militar, el teniente coronel Julio José Zanatelli que gobernó Tandil ininterrumpidamente por más de una década, de 1991 hasta 2002. Segundo, muchos tuvieron experiencia en los cargos en etapas previas a la dictadura, tanto en gobiernos constitucionales como de facto. Tercero, contaron con una importante estabilidad durante la dictadura, como sucedió con Yaregui y Ugarte. Cuarto, su pertenencia partidaria jugó un rol determinante en la posibilidad de resultar electos en 1983: de seis que lo consiguieron cuatro pertenecían a la UCR, fuerza política que ganó las presidenciales –Yaregui, Federico Enrique Bolla de Roque Pérez, el docente Calixto Bartolomé Dellepiane de Campana y Ramón Lorenzo de Bartolomé Mitre–; los otros 2 eran miembros del PJ y habían sido depuestos por la dictadura –Manuel Quindimil intendente del municipio Lanús y Fernando Argentino Valle de Escobar–. Resulta necesario aclarar que algunos intendentes no tenían filiación partidaria declarada, pero lograron consolidar largas carreras durante la democracia, tal el caso del contador Ricardo Ubieto, intendente de Tigre en el periodo analizado y electo durante casi 20 años, desde 1987 hasta su muerte en 2006.

Tal como señala Ferrari (2008), la implantación de regímenes autoritarios tiende, en general, a implicar “finales de carrera” para las elites políticas. En el periodo aquí analizado, solo en 10 casos muy excepcionales la última dictadura argentina no fue ni un punto de partida ni un punto de llegada, sino un momento más en una importante carrera política: los civiles Ramón Lorenzo (UCR, Bartolomé Mitre), Calixto Dellepiane (UCR, Campana), Fernando Argentino Valle (PJ, Escobar), Manuel Quindimil (PJ, Lanús), Silverio Salaberry (UCR, Luján), Julio César Gioscio (PJ, Mercedes), Alberto Yaregui (UCR, Navarro), Jorge Mario Ramón Ugarte (Rauch), Jorge Lester (PJ, Tandil) y el militar Julio José Zanatelli.

 

5. Reflexiones finales

En una entrevista realizada en el año 2005, el ex secretario general de la presidencia de la nación, el general Villarreal, recordó las grandes expectativas depositadas por el Proceso de Reorganización Nacional en el gobierno municipal y los magros resultados obtenidos:

 

Intentamos que […] se tratara de dar participación al ciudadano, porque entendíamos que esa era la célula madre de la política (y) donde el hombre puede sentir interés en participar en beneficio de la comunidad en la que vive. […] Que cada intendente dividiera y formara [...] una especie de control local, que el intendente buscara la forma de acercar a la gente […] Esta era una cuestión que en algunos lugares caminó, en otros lugares no.[10]   

 

Si algo definió a los objetivos políticos de la última dictadura argentina fue su extrema ambición. Porque no solo se propuso restablecer el orden social previo, perturbado por la violencia política, el caos económico y el desgobierno, sino además inaugurar “un nuevo ciclo histórico” –así lo tituló el Grupo La Plata su documento político–. Para ello era tan importante reformar la economía como consagrar la refundación política de la Argentina y “ganar” la “lucha contra la subversión”.

El modelo de municipalización y represión de la PBA mostró la inseparabilidad de ambos objetivos, que debían concretarse en el nivel de las intendencias. Porque tal como recordaba Villarreal (2005), fue en los municipios donde la dictadura buscó asegurar el control de la sociedad argentina y gestar a la dirigencia heredera del Proceso. El nivel local fungió como un “laboratorio político” para la construcción y evaluación progresiva de las adhesiones sociales, con miras a un futuro incierto, pero inevitable, donde en algún momento debía restaurarse la “democracia representativa, republicana y federal” (Canelo 2015, 412).

Los intendentes bonaerenses se convirtieron en parte fundamental de la red de control, vigilancia y generación de consenso sobre la que se asentó el poder dictatorial, que fue más férrea que en otras zonas debido a que se trataba de un territorio considerado como “prioritario” por el gobierno militar. La extrema importancia del rol de estos intendentes demuestra que a pesar de la masividad el reclutamiento se llevó a cabo de manera cuidadosa. Esto permitió configurar una elite local que tuvo características distintivas, vinculando el rol de “cercanía” con “los problemas cotidianos” de los ciudadanos que debían cumplir.

Entre 1973 y 1983 los intendentes bonaerenses civiles constituyeron el 66 % del total de personas que ocuparon los cargos, lo que demuestra la supremacía sobre las elites de otros niveles de gobierno. Por su parte, los máximos órganos de poder nacional –la Junta Militar, el PEN, la Comisión de Asesoramiento Legislativo, etc.– estuvieron integrados casi de forma exclusiva por militares y solamente comenzaron a ser ocupados por civiles en forma secundaria o tardía (Canelo 2016b).

La mayor presencia de civiles en el conjunto se combinó con una militarización selectiva y estratégica. En una primera etapa el control del territorio y de la población eran objetivos de primer orden en esta zona considerada “prioritaria” en la “lucha contra la subversión”. Además, las designaciones de militares en las intendencias constituyeron una de las características fundamentales del periodo y el poder local en la provincia estuvo más militarizado que en otras, incluso más que en el conjunto de intendencias del país.

La militarización fue más profunda en los municipios que compartían factores que aumentaban su “peligrosidad” según el diagnóstico que realizaban las Fuerzas Armadas y sus objetivos represivos. Entre los factores tomados en consideración estaban la alta densidad poblacional, gran concentración industrial, presencia de instituciones educativas de nivel superior y la cantidad de bases, guarniciones o destacamentos militares dispuestas en el territorio. Por su parte, en los municipios ubicados en el interior de la PBA, con predominio de actividades rurales y menor densidad poblacional, la militarización fue menor.

El reclutamiento de intendentes militares respondió a las jerarquías marciales: el grado militar de los funcionarios decreció a medida que descendía el nivel de gobierno. Por eso entre los intendentes militares de la PBA predominaron los coroneles –y sus equivalentes en las otras fuerzas–, tanto en servicio activo como retirados, en contraposición con los generales, quienes tuvieron mayor presencia en las altas esferas del PEN o del poder provincial. La militarización de las intendencias de la PBA disminuyó con el tiempo a medida que la dictadura clausuraba los escenarios de la “lucha contra la subversión” y encaraba, dificultosamente, el acercamiento con la dirigencia política, así como también lo ensayaba en otros niveles de gobierno (Canelo 2011).

La segunda característica de la elite política municipal de la PBA está vinculada con el perfil social y político de los civiles, que mostró rasgos similares a los de las demás elites políticas del periodo. Casi el total de los intendentes bonaerenses fueron hombres, vinculados con profesiones liberales –médicos y veterinarios, abogados, jueces y escribanos–, o bien comerciantes, propietarios o empresarios locales, ocupaciones típicas de los notables locales reconocidos como “fuerzas vivas de la comunidad”.

En cuanto al perfil partidario de estos intendentes civiles fue consistente con el perfil deseado por la dictadura para la futura elite política argentina, la llamada “cría del Proceso”: ideológicamente compatible y electoralmente capaz de derrotar al peronismo (Canelo 2016a). Del conjunto de los intendentes civiles confirmados por la dictadura, casi la mitad perteneció a la UCR con 46 %, seguida por NF con un 15 %, el PJ con un 11 %, el MID con un 9 % y un 19 % muy heterogéneo que militaban en diferentes partidos minoritarios.

Las carreras municipales que habilitó la última dictadura argentina en la PBA fueron considerablemente inestables, al igual que en otros niveles de gobierno. Entre los factores que favorecieron la estabilidad se encontraban la procedencia civil –el conjunto de los civiles tuvo una duración promedio de dos años y medio, por poco más de un año de los militares–, la posesión de una ocupación vinculada con las actividades agropecuarias y el ejercicio del cargo en alguno de los municipios del interior de la PBA.

La experiencia previa en el ejercicio del cargo también contribuyó a la estabilidad de las carreras municipales. El 23 % del total de intendentes se desempeñó en el mismo cargo durante gobiernos constitucionales o de facto previos a la dictadura. La gran mayoría eran civiles que adquirieron experiencia durante el derrocado gobierno peronista o en las dictaduras que precedieron al Proceso, la Revolución Libertadora y la Revolución argentina, ambos “semilleros de facto” de los intendentes bonaerenses afines al régimen. La experiencia previa también constituyó un recurso valorado para cumplir el rol de “intendente comodín” en la PBA.

Como sucedió durante regímenes autoritarios anteriores, el fin de la dictadura argentina no necesariamente significó un “final de carrera” para las elites políticas. Sin embargo, y a diferencia por ejemplo de la exitosa experiencia de alcaldización de la política en Chile, promovida por la dictadura de Pinochet (Valdivia Ortiz de Zárate, Álvarez Vallejos y Donoso Fritz 2012), los intendentes bonaerenses que se proyectaron hacia la política democrática en el nivel local fueron muy pocos, solo 4 %. En general fueron civiles, con experiencia política anterior al Proceso y pertenecientes a la reducida elite de intendentes procesistas que tuvieron estabilidad en su cargo. Incluso hubo quienes, desde esta primera función municipal luego ocuparon cargos en los gobiernos provinciales, y en menor medida en el nacional, logrando reconvertir el fracaso político del Proceso en la generación de una dirigencia propia en neto éxito individual.

 

Apoyos

Este trabajo fue realizado con el financiamiento del proyecto “¿Renovación de las elites? Perfiles sociológicos, modos de interacción y posicionamientos públicos de las elites políticas, económicas y tecnocráticas”, otorgado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de la República Argentina.

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