DOSSIER de investigación
Comunidades indígenas y extracción
de litio en Argentina: juridificación y estrategias de acción
Indigenous communities and lithium extraction in
Argentina: Juridification and action strategies
Mgtr. Deborah Pragier. Docente de la Escuela de Política y Gobierno, Universidad
Nacional de San Martín (Argentina).
(dpragier@unsam.edu.ar)
(https://orcid.org/0000-0001-7500-3546)
Lcdo. Mariano A. Novas.
Docente de la Escuela de Política y Gobierno. Universidad Nacional de San
Martín (Argentina).
(mnovas@unsam.edu.ar) (https://orcid.org/0000-0003-0775-107X)
Dr. Lucas G. Christel. Investigador asistente Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas y Universidad Nacional de San Martín (Argentina).
(lchristel@unsam.edu.ar) (https://orcid.org/0000-0002-6989-1150)
Recibido: 03/05/2021 – Revisado: 03/08/2021
Aceptado: 07/10/2021 – Publicado: 01/01/2022
Cómo citar este artículo:
Pragier, Deborah,
Mariano A. Novas y Lucas G. Christel. 2022.
“Comunidades indígenas y extracción de litio en Argentina: juridificación y
estrategias de acción”. Íconos. Revista
de Ciencias Sociales 72: 79-96. https://doi.org/10.17141/iconos.72.2022.5030
Resumen
En Argentina las zonas de
explotación de litio coinciden mayormente con territorios ancestrales habitados
por los pueblos indígenas. La presencia de tales comunidades involucra derechos
a la autonomía y la autodeterminación que fácilmente entran en tensión con los
intereses del Estado y de las diversas empresas que operan en el territorio. En
el presente artículo analizamos las estrategias que despliegan los actores
indígenas ante el incumplimiento de derechos constitucionalmente reconocidos. A
partir de un estudio realizado en las comunidades de Salinas Grandes y Laguna
de Guayatayoc, entre 2009 y 2019, se demuestra que
frente a derechos constitucionales incumplidos las comunidades indígenas han
desplegado una estrategia acumulativa y complementaria sustentada en su derecho
a la autodeterminación. El análisis y la información presentada en este trabajo
se desprende de dos técnicas de recopilación de datos: el análisis y
sistematización de documentos primarios y secundarios y las entrevistas en
profundidad a actores del territorio. Se concluye que en un marcado contexto de
juridificación las comunidades indígenas emplearon en forma combinada la acción
judicial-legal, la acción directa y la acción de reinterpretación comunitaria
con el objetivo de exigir sus derechos a decidir el respeto a su territorio, a
sus formas de vida y producción, y a su propia subsistencia como
comunidad.
Descriptores: autonomía; comunidades indígenas;
derecho indígena; estrategia acumulativa; juridificación.
Abstract
In Argentina, lithium mining areas coincide mostly with ancestral
territories inhabited by indigenous peoples. The presence of such communities
involves rights to autonomy and self-determination that easily come into
tension with the interests of the state and the various companies operating in
the territory. In this article, we analyze the strategies deployed by
indigenous actors in the face of non-compliance with
constitutionally-recognized rights. Based on a study conducted in the
communities of Salinas Grandes and Laguna de Guayatayoc
between 2009 and 2019, we show that in the face of unfulfilled constitutional
rights, indigenous communities have deployed a cumulative and complementary
strategy based on their right to self-determination. The analysis and
information presented in this paper is derived from two data collection techniques:
the analysis and systematization of primary and secondary documents and
in-depth interviews with actors in the territory. It is concluded that in a
clear context of juridification, the indigenous
communities used a combination of judicial-legal action, direct action and
community reinterpretation in order to demand their rights to decide respect
for their territory, their ways of life and production, and their own
subsistence as a community.
Keywords: autonomy; indigenous communities; indigenous law; cumulative
strategy; juridification.
1.
Introducción
Durante las últimas dos décadas
América Latina atravesó un escenario marcado por el auge de las materias primas
que en la literatura se ha denominado boom
de los commodities
(Arsel, Hogenboom y
Pellegrini 2016). Dicho auge impulsó fuertemente actividades extractivas, tales
como la minería metalífera (Cisneros 2016), los hidrocarburos no convencionales
(Svampa y Viale 2014) o la extracción de litio (Göbel 2013). Como respuestas a estos avances se han
sucedido distintas expresiones de rechazo que reflejan las disputas entre
modelos de desarrollo (Marín 2017), la emergencia de resistencias sociales (Christel 2020a), así como la construcción y defensa de
visiones alternativas de desarrollo (Bebbington y Bebbington 2018).
En el caso específico de la
explotación de litio, la conflictividad social ha estado fuertemente asociada
al rol de las comunidades indígenas por dos razones puntuales. La primera: las
zonas de explotación litíferas mayormente coinciden
con territorios ancestrales de pueblos indígenas. Segundo, la presencia de
tales comunidades involucra derechos a la autonomía y a la autodeterminación
que fácilmente entran en tensión con intereses estatales y usualmente son
vulnerados. En la experiencia particular de Argentina, la producción del litio
no se diferencia de otros commodities mineros. Se trata de un modelo de enclave donde
las empresas transnacionales aterrizan en el territorio colocando en una
posición frágil y desigual a las poblaciones indígenas de la puna argentina (Göbel 2013).
La literatura mayormente se ha
centrado en el estudio de las respuestas implementadas por las comunidades
Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc hacia los
proyectos mineros de litio e intentó comprender los resultados e impactos de
sus acciones de oposición. Por un lado, ciertos trabajos han reparado en el
surgimiento de actores claves como figura fundamental en el fortalecimiento
organizacional y la elaboración de estrategias jurídicas (Argento y Puente
2019; Gonzalez y Snyder
2021) o el uso de conocimiento experto como factor relevante para los
resultados obtenidos por las comunidades (Hidalgo-Bastidas, Boelens
e Iscparah 2018). Por otro, algunos trabajos
abordaron la construcción identitaria en los salares, las desigualdades socioecológicas y la tensión entre ambientalismo y
desarrollo (Argento y Puente 2019), las desigualdades socioecológicas
y las modalidades de apropiación del territorio (Göbel
2013) o la construcción de las resistencias como un proyecto de transformación socioecológica más amplio (Dorn y
Huber 2020).
Menor atención se ha prestado a
las consecuencias de la falta de cumplimiento de los derechos de las
comunidades indígenas frente al avance de la extracción del litio y a las
formas en las cuales las mismas despliegan estrategias de acción para defender
su derecho a la autonomía. Con base en lo anterior, en el texto nos preguntamos qué estrategias despliegan actores
indígenas ante el incumplimiento de derechos constitucionalmente reconocidos.
El caso de las comunidades de
Cuenca Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc permite
mostrar cómo la centralidad del derecho a la libre determinación en la
estrategia de acción responde tanto al incumplimiento de la normativa como a la
necesidad de que las reglamentaciones incorporen la voz de las comunidades.
Sostenemos que las comunidades tradujeron su firme defensa del derecho a la
libre determinación en tres modalidades de acción complementarias entre sí:
acción legal-judicial, acción directa, y acción de reinterpretación
comunitaria. En un fuerte contexto de juridificación, esta estrategia
acumulativa muestra cómo los actores han traducido sus derechos normativos en
efectivos a partir de la combinación de acciones. De esta forma el presente
artículo pretende aportar nuevos elementos a los estudios que analizan los
incumplimientos en la legislación vigente –ratificaciones del Convenio 169 y
las reformas constitucionales– por la falta de aplicación efectiva de esos
marcos normativos (Martínez Espinoza 2015; Aguas y Nahuelpan
2019; Martínez, Martínez y Hernández 2018).
Lo cierto es que mucha de la
legislación existente no ha sido suficientemente apoyada con legislación
secundaria y reformas institucionales que posibiliten su aplicación a niveles
locales a la hora de hacer efectivos los derechos de las comunidades indígenas
(Soliz 2012). Los conflictos desatados suponen una disputa por la
interpretación o el alcance de la legislación. A lo que se suma, en el caso de
estas comunidades, cómo demandan el cumplimiento de los derechos y,
posteriormente, construyen un dispositivo que permita su aplicación específica.
El avance de los derechos
indígenas se enmarca en un proceso identificado por la literatura como “la
emergencia indígena” (Bengoa 2000). Este proceso, que comenzó a finales de
1980, transformó las relaciones entre el Estado y estos pueblos. Diversos
autores sostienen que mientras que las demandas campesinas hasta la década de
los 80 se enfocaron en la reforma agraria, las demandas surgidas a partir de la
emergencia indígena discutieron los modelos integracionistas con el objetivo de
reivindicar una serie de derechos fundamentales: la diversidad cultural, la
tenencia legal y comunitaria de las tierras habitadas ancestralmente, la
autodeterminación y la autonomía (Bengoa 2000; Fandos 2014). Como resultado de
estos procesos de emergencia indígena, muchas demandas ingresaron a la
legislación internacional, especialmente a partir del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los pueblos, mediante los cuales se lograron modificaciones en
los marcos normativos, las instituciones y las políticas públicas de diferentes
países.
Este progresivo y sostenido
proceso de organización indígena surgido a mediados de los años 80 implicó a la
vez la visibilización de las demandas y definió la
demanda de derechos como eje de las acciones. En un primer momento, las
reivindicaciones indígenas se convirtieron en un reclamo legal por reformas
constitucionales y propuestas legislativas (Carrasco 2000). Luego, teniendo en
cuenta que la existencia de leyes no ha tenido como resultado la efectivización
de los derechos, la juridificación se tornó central para demandar el
cumplimiento efectivo de las normativas. Lo cierto es que, aún con sus
limitaciones, los cambios constitucionales lograron convertir “los derechos de
los pueblos indígenas en derechos potencialmente justiciables” (Sieder 2011, 308).
Estas “deficiencias normativas”,
por su parte, se explican por la tensión existente en los territorios por la
propiedad de los recursos naturales (Soliz 2012). Cuando se trata de decidir
quién y cómo se explotan los recursos naturales, la autonomía de las
comunidades para decidir en sus territorios se enfrenta a la falta de
mecanismos operativos claros que permitan llevar adelante el derecho a la
consulta previa libre e informada. La autonomía, por su parte como nuevo
escalón en las demandas, responde a lo que Bengoa (2009) identifica como
segundo ciclo de emergencia indígena. Allí la autodeterminación toma un rol
central en vista de las experiencias del Gobierno de Evo Morales en Bolivia y
de los diversos municipios indígenas que fueron surgiendo en muchos países.
Para Bengoa esta nueva situación plantea el desafío de “una nueva ciudadanía de
los indígenas, en que ser ciudadano de la nación y miembro del pueblo indígena
no plantea contradicción” (Bengoa 2009, 7).
No obstante, esta centralidad del
derecho a la autodeterminación encuentra dos límites particulares, uno de tipo
teórico conceptual y otro de tipo sustantivo. Por un lado, la existencia de
comunidades indígenas y su derecho a la autodeterminación entra en tensión con
el principio de soberanía permanente del Estado nación (Moreta 2019). El
derecho soberano de los Estados sobre los recursos naturales opera como un
mecanismo que permite impulsar modelos de desarrollo particulares. La
confrontación de ambos derechos se materializa en el hecho de que,
regularmente, la implementación de proyectos extractivos en territorios
indígenas implica una lesión flagrante al derecho de autodeterminación (Soliz
2012) y a las dimensiones políticas, económicas, jurídicas y participativas de
los derechos colectivos (Martínez Espinoza 2015), así como la privación
territorial e incluso el acceso a recursos esenciales para su subsistencia
(Moreta 2019). Por otro lado, y pese a que América Latina cuenta con un sistema
regional de derecho humanos referentes para la defensa de los derechos
indígenas (Rodríguez-Piñero 2007), existe una “brecha de implementación”
(Martínez Espinoza 2015) expresada en la distancia entre el reconocimiento
formal de un marco jurídico de derechos y la ausencia sustantiva de prácticas
administrativas y políticas por parte de los Estados latinoamericanos (Assies 2007, 2009). En otras palabras “existe un
reconocimiento institucional y discursivo del marco jurídico normativo
internacional de derechos de los pueblos indígenas, pero este, por diversas
razones, simplemente no se implementa” (Martínez Espinoza 2015, 263).
Frente a esta situación, la
movilización indígena en distintos países latinoamericanos se ha incrementado
significativamente, desempeñando un papel preponderante en aras de impulsar el
efectivo reconocimiento de sus derechos constitucionales (Delamata
2013) y promover instancias caracterizadas por la “justiciabilidad
de los derechos” (González y Mesri 2015). En otras
palabras, con el fin de exigir un efectivo cumplimiento de sus derechos
reconocidos por el marco jurídico –nacional e internacional–, los actores son
obligados a apelar a instancias judiciales. Sin embargo, entendemos aquí que
estos reclamos por los derechos incumplidos no culminan con la presentación
formal en el marco del sistema judicial, sino que se enmarcan en un proceso más
amplio y multidimensional de juridificación.
A los fines de este trabajo, se
entiende que los procesos de juridificación involucran tanto la regulación
legal de nuevas áreas y temáticas, los conflictos y problemas que son
enmarcados de forma creciente como reclamaciones legales, como la penetración
de la justicia en formas de pensar y actuar en nuevos campos (Magnussen y Banasiak 2013). Esta
conceptualización amplia y general de la juridificación habilita el diálogo con
las modalidades de juridificación planteadas por Blichner
y Molander (2008) y permite identificar dos modalidades particularmente
relevantes para la comprensión de las formas de reclamo de las comunidades
indígenas. Por un lado, la juridificación como forma de resolución de los
conflictos por la ley o por referencia a la ley. Por otro lado, la
juridificación como encuadramiento legal –legal
framing– que habilita el pensarse a sí mismos y a
los demás como sujetos legales con derechos y obligaciones (Blichner
y Molander 2008). Particularmente, este encuadramiento legal se da en sentido
colectivo basado en la autodeterminación, con un claro referenciamiento
de igualdad respecto de lo comunitario y una diferenciación hacia el sujeto
individual estructurador de la ciudadanía nacional.
Así, las comunidades indígenas, en
su búsqueda del disfrute sustantivo de sus derechos –consagrados tanto
constitucionalmente como por el sistema internacional– despliegan una serie de
estrategias de acción en un marcado contexto de juridificación. La
característica central de estas estrategias es el carácter acumulativo y
complementario de las distintas modalidades de acción empleadas por los actores
indígenas, sin entender a tales modalidades como antagónicas o en disputa entre
sí. Esta particularidad, en línea con la tendencia creciente a la combinación
de modalidades de acción por parte de los actores involucrados en diversos
conflictos ambientales (Christel 2020a, 2020b),
presenta tres modalidades de acción específicas: la acción judicial-legal, la
acción directa y la reinterpretación comunitaria.
La acción judicial-legal implica
la apelación concreta a los instrumentos y prácticas del poder judicial. El
despliegue de esta modalidad de acción puede vincularse con un proceso amplio y
progresivo de judicialización desde abajo (Sieder
2011, 21) donde los actores, a partir de una toma de conciencia de sus
derechos, presionan por sus reivindicaciones, por ejemplo, a través del acceso
a los tribunales. Este tipo de acción se encuentra determinado por dos
variables clave: el tipo o repertorio de derechos que pueden ser reclamados y
el tipo de actores que se encuentran legitimados para reclamarlos (Smulovitz 2013). La particular combinación entre estas dos
variables suele implicar una mayor o menor apelación a este tipo de acción
judicial-legal. Asimismo, en contextos donde la habilitación para litigar
implica matriculación o recursos específicos, suelen tomar particular
relevancia el rol de las organizaciones de apoyo (Kriesi
1996), tales como organizaciones de derechos humanos o asociaciones de
abogados.
Por su parte, la acción directa
implica la utilización de canales no institucionales por parte de actores
colectivos para influir sobre los tomadores de decisiones (Della Porta y Diani 2006, 191), se caracteriza por su de carácter
disruptivo de las formas convencionales de acción política (Tarrow 2011) y
mayormente es empleado por quienes no poseen un acceso regular a las
instituciones. Usualmente, este tipo de acción se manifiesta en protestas,
manifestaciones, plantones o concentraciones (Diani
1992).
Finalmente, la acción de
reinterpretación comunitaria implica un proceso interno donde las comunidades
indígenas traducen y reinterpretan sus derechos formales en función de sus
prácticas y valores ancestrales y persiguen su efectivo disfrute sustantivo.
Como bien señala Gregg (2017), los derechos humanos operan como una
construcción social y, por tanto, el derecho a la libre determinación para los
pueblos indígenas se construye desde el momento en que los propios afectados lo
incorporan, no existiendo per se de
forma anticipada. Este tipo de proceso suele implicar un gran esfuerzo para
desarrollar y validar al interior de las comunidades el contenido abstracto de
los derechos, así como un desafío particular por conectar aspectos de la vida
indígena –valores, tradiciones y formas de decisión– con el marco
organizacional legal e institucional propio del Estado nación (Gregg 2017).
En
términos metodológicos,
El
análisis y la información presentada en este trabajo se desprenden de dos
técnicas de
2.
Juridificación como estrategia para la efectiva
implementación de derechos
El
litio se ha transformado en los últimos años en un insumo crucial para la
fabricación de las baterías de ion-litio. Este mineral se ha posicionado como
uno de los más relevantes a nivel global dado su utilidad para fabricación de
dispositivos electrónicos como celulares, autos híbridos, computadoras
portátiles y baterías para energías renovables. La minería metalífera en
Sudamérica aparece como una alternativa para impulsar el desarrollo económico
de zonas periféricas, favorecer las dinámicas macroeconómicas provinciales y
nacionales y, la minería de litio en particular, aportar a los procesos de
transición hacia modelos de energía renovable (Fornillo
2015).
El actual escenario del litio en
Argentina muestra indicadores positivos y una previsión de crecimiento
sostenido en los niveles de exploración, explotación y exportación. Como
muestra de esto, la evolución de las exportaciones del litio se incrementó un
903 % entre los años 1998 y 2017, aumentando de 22 a 224 millones de dólares,
y la expansión máxima estimada de la capacidad instalada para la producción de
litio espera un incremento del 420 % entre el 2017 y el 2022 (Secretaría
de Política Económica 2018). Un análisis detallado muestra que actualmente el
país cuenta con dos proyectos en operación –Salar del Hombre Muerto en
Catamarca y Salar de Olaroz en Jujuy–, otros dos en
construcción –Cauchari y Rincón–, nueve en etapa de
exploración avanzada y 29 en prospección (Secretaría de Política Económica
2018). La distribución geográfica de estos proyectos muestra la importancia de
los salares de la puna argentina como espacio privilegiado para la explotación
de litio en salmuera. Específicamente, las provincias de Salta, Jujuy y
Catamarca, en ese orden, poseen la mayor potencialidad de explotación de este
mineral.
No obstante, más allá de las
expectativas que genera la explotación del litio –como la empleabilidad, la
transición energética y/o modelos ambientales alternativos– también es cierto
que en los últimos años el avance de estos emprendimientos ha provocado
cuestionamientos por parte de diferentes actores sociales que objetan impactos
negativos de esta explotación minera. Aún son escasos los trabajos que
exploran los impactos locales que tiene la extracción de litio, en función de
los derechos humanos y la sostenibilidad social y ambiental de los proyectos
(FARN 2019). De esta forma, la otra cara de este llamado auge del litio son los
efectos que estas políticas tienen en los territorios donde las empresas
pretenden instalarse y la tensión que se produce entre las ideas productivistas
ligadas a la explotación y los derechos de las comunidades que habitan estos
territorios.
El principal foco de rechazo a la
minería de litio en Argentina ha sido –y continúa siendo– las comunidades
originarias que habitan territorios específicos (Pragier
2019). El origen del conflicto radica en el solapamiento entre la propiedad de
la tierra comunal –sea legalmente reconocida o no– y la existencia de reservas
de litio ubicadas en el subsuelo, cuya propiedad –dominio originario–
corresponde a la provincia.
Como se dijo, las comunidades
originarias en Argentina cuentan con un entramado legal que les brinda una
serie de derechos particulares en función de su preexistencia al Estado
nacional (Göbel 2013). El artículo 75 inciso 17 de la
Constitución reformada en 1994 estableció la preexistencia étnica y cultural de
las comunidades de pueblos indígenas en consonancia con el Convenio 169 de la
OIT. Además, reconoció su personería jurídica, la posesión y propiedad
comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y su participación en la
gestión de sus recursos naturales. El convenio 169 de la OIT es particularmente
trascendental ya que garantiza la consulta previa libre e informada en los
artículos 6 y 7, en los cuales hace referencia a la potestad de los pueblos a
decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo.
En el año 2009 empresas mineras
tramitaron ante el Gobierno provincial pedimentos mineros en territorio pertenecientes
a Salinas Grandes y Laguna de Guayatoyoc. Frente a
este escenario las 33 comunidades indígenas que habitan el territorio
configuraron la “Mesa de Comunidades Originarias de la Cuenca de Salinas
Grandes y Laguna de Guayatayoc para la Defensa y
Gestión del Territorio” (en lo adelante Mesa de Comunidades) con el objetivo de
reclamar una consulta previa libre e informada sobre los proyectos mineros.
La idea principal esgrimida desde
el inicio fue la demanda de autonomía de las comunidades para decidir en sus
territorios (Pragier 2019). En 2011 la Mesa de
Comunidades llevó a cabo una serie de presentaciones judiciales que
significaron un freno a los trabajos de la empresa minera hasta tanto se
redactara y aprobara un reglamento para la consulta previa libre e informada.
En 2016, el protocolo de consulta “Kachi Yupi” fue presentado ante el
gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (perteneciente al partido Unión Cívica
Radical, electo por los periodos 2015-2019 y 2019-2022). En ese momento el
gobernador se comprometió a dictar un decreto provincial para habilitar este
protocolo de consulta ante cualquier actividad que se pretendiera desarrollar
en sus territorios –promesa que aún no se ha cumplido–.
En febrero de 2019 las comunidades
volvieron a detectar que las empresas mineras estaban instalando un campamento
de exploración de litio en el paraje Agua Dulce, donde ya habían realizado una
perforación. La Mesa de Comunidades volvió a desplegar una estrategia múltiple:
organizó una asamblea en el lugar solicitando a la empresa el cese de
actividades y demandó al Estado que firmase el decreto de aplicación del
protocolo de consulta previa “Kachi Yupi”. Las acciones desplegadas incluyeron
reuniones con funcionarios públicos y se logró el levantamiento del campamento
minero inconsulto, sin embargo, el conflicto sigue latente hasta tanto no se
reconozca oficialmente al protocolo “Kachi Yupi” como mecanismo adecuado de
implementación de la consulta previa libre e informada.
3.
Analizando
la estrategia
Las acciones que conformaron la
estrategia de las comunidades ubicadas en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna
de Guayatayoc –provincias de Jujuy y Salta– fueron
múltiples y diversas: 1) acciones legales-judiciales, 2) acciones directas y 3)
acciones de reinterpretación comunitaria. Es necesario destacar que las mismas
resultan acciones acumulativas y complementarias entre sí, capaces de mantener
el conflicto en la agenda pública y que tuvieron como propósito central impulsar
el efectivo reconocimiento e implementación de sus derechos constitucionales.
La reconstrucción de las acciones que presentamos a continuación no guarda un
orden estrictamente cronológico, lo cual permite emprender un análisis
multidimensional para visualizar cómo las comunidades indígenas se construyeron
como colectivo y generaron un fuerte entrelazamiento con actores externos en
diferentes niveles –locales, regionales y globales– que fortalecieron la
organización interna y las demandas ambientales y territoriales.
Acción
legal-judicial: territorio y ambiente
Las tareas de exploración de las
empresas mineras provocaron el fortalecimiento de vínculos de cercanía entre
las comunidades, resultando en la organización de un espacio político
–horizontal y deliberativo– denominado “Mesa de Pueblos Originarios de la
Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes”. Este
colectivo indígena sustentó sus acciones en la normativa del derecho indígena
provincial, nacional e internacional –con vistas a lograr una efectiva implementación
de la consulta previa libre e informada– y simultáneamente estableció vínculos
directos con organizaciones de apoyo que fortalecieron su reclamo, como por
ejemplo los abogados especializados en derecho indígena, organizaciones sin
fines de lucro nacionales como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN) e internacionales como Fundación Heinrich Boell,
Natural Justice y Fundación Rosa Luxemburgo y
referentes eclesiásticos.
Los ejes del activismo legal
radicaron fundamentalmente en el uso del Convenio 169 de la OIT y dos
normativas constitucionales, centralmente el derecho a la autodeterminación y
el reconocimiento territorial indígena (
Cuando se enteraron de que había un gran proyecto de
extracción de litio, las comunidades se presentaron, no es que digan ‘no a la
minería’, sino que ellos presentaron una demanda ante la corte diciendo que se
ordene aplicar el artículo 6. [...] cuando se les reconoce el derecho está este
artículo que dice lo siguiente en el convenio 169: cuando el Estado va a entrar
a ese territorio y tiene algún proyecto que le puede modificar su forma de vida
previamente a su aprobación y a su gestión debe consultar debidamente, de buena
fe, respetando las prácticas del otro. Le tiene que contar lo que es el
proyecto y así –eso es lo que se llama el diálogo intercultural– que se da en
un marco reglado por la norma. Y bueno lamentablemente el Estado interpreta a
su manera (entrevista a abogada, cuenca de Salinas Grandes, 22 septiembre de
2018).
Estos párrafos dan cuenta de una
demanda de derechos y una argumentación legal que ha sido eje central de la
estrategia de estas comunidades contra la minería de litio. Como veremos, esta
estrategia se complementó, a lo largo del proceso de conflictividad, con
acciones de sensibilización dirigida a la comunidad en general. En estas
acciones, además del discurso sobre los derechos específicos, se enfatizó en el
riesgo ambiental asociado a la minería de litio, el impacto negativo sobre la
sustentabilidad de los salares y las consecuencias desfavorables sobre pequeñas
actividades económicas de subsistencia como el turismo y las artesanías de sal.
Las presentaciones formales ante la CSJN, y la Relatoría Especial sobre
Derechos Indígenas de la ONU, no detuvieron la organización colectiva en la
zona de los salares, sino que, por el contrario, hacia el interior de las
comunidades se fortalecieron los vínculos y las posiciones contra el litio tras
reiteradas asambleas y reuniones informativas.
En 2012, se realizó la audiencia
pública en la CSJN por la explotación de litio y borato en Salinas Grandes a la
cual acudieron más de 60 representantes de las comunidades para dar su
testimonio. Pese a esta participación, el alto tribunal se declaró incompetente
para abordar el caso y envió la causa a los tribunales provinciales. Ante dicho
revés, se decidió elevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) en junio de 2013 (Solá 2016). Hasta la fecha la presentación se
encuentra “en trámite”.
Acción
directa
La autorización del gobierno
provincial para que en 2009 las empresas South American Salars,
Orocobre y Bolera Minera S.A., realizaran actividades
de prospección minera en la cuenca de Salinas Grandes provocó de forma
inmediata el rechazo de los pobladores locales. A partir de entonces, la
inminente posibilidad de explorar el salar activó un conjunto de reclamos de
los pobladores kollas y atacamas en torno a la
defensa y autodeterminación indígena. El principal argumento esgrimido por las
comunidades fue la falta de conocimiento e información brindada por el Gobierno
provincial. Al respecto un integrante de la comunidad señaló:
Nos enteramos por rumores y por los medios de
prensa, que habían descubierto litio en el subsuelo de los salares de la Puna
de Salta y Jujuy. Todos los anuncios del Gobierno, daban cuenta de la
importancia de este nuevo emprendimiento para la economía nacional e
internacional. Sin embargo, nadie dijo nada de cómo esta nueva explotación nos
puede afectar a las comunidades y a nuestro territorio (Kachi Yupi 2015, 12).
Asimismo, los pobladores
expresaron que durante el proceso de prospección las empresas causaron daños
ambientales irreparables como la realización de pozos con máquinas perforadoras
que afectaron acuíferos y manchas sobre el salar. Así lo declaró una integrante
de una comunidad afectada:
¿Cómo se presentó el conflicto del litio? Cuando
llegaron las empresas hicimos una reunión de las comunidades, una participación
donde nosotros discutimos, preguntamos qué es lo que vamos a hacer y acordamos
cosas como seguir la defensa del territorio. [...] Hicimos [un] taller de
formación, para que los jóvenes comiencen a preocuparse. El reclamo es con el
tema de poder visibilizar, muchos pensaban que estábamos haciendo un corte de
ruta y les dijimos que no es un corte de ruta, sino que era para que se enteren
y se vea qué es lo que estábamos reclamando. En ese momento estuvo hasta la gendarmería,
nos querían reprimir y les dijimos: “vos vivís acá con nosotros, vivís con tus
padres, que son de acá, conoces bien la problemática”. Fue una charla bastante
álgida primero, pero después se dio cuenta que él estaba equivocado y se puso a
cortar la ruta con nosotros (entrevista a referente de la Mesa de Comunidades,
22 de septiembre de 2018).
Las comunidades afectadas de
manera directa e inmediata por las actividades de prospección minera acudieron
a acciones directas y contenciosas como bloqueos temporales de la Ruta 52 –que
conecta con el paso internacional con Chile, Jama–, o protestas y asambleas
para exigirle al Gobierno provincial el cumplimiento de sus demandas. Estas
acciones se mantuvieron activas desde 2009 hasta 2019 con niveles variados de
intensidad de acuerdo con la escalada del conflicto.
Las acciones directas tuvieron
como fin visibilizar y sensibilizar a la sociedad en general, poniendo de
manifiesto que el derecho a la consulta no se estaba cumpliendo y exigir al
Gobierno provincial la aplicación de una consulta que contemple las especificidades
de las comunidades a la hora de tomar decisiones en sus territorios.
Acción de
reinterpretación comunitaria
Simultáneamente a las acciones
legales y directas, durante 2014 y 2015 la Mesa de las Comunidades elaboró el
primer protocolo biocultural comunitario de Argentina denominado Kachi Yupi que
en español significa Huellas de la Sal (FARN 2019). En dicho protocolo, las 33
comunidades indígenas proponen, desde la defensa de su autonomía y su
autodeterminación, un procedimiento formal para la consulta a las comunidades
ante la posibilidad de llevar a cabo proyectos en sus territorios. Este
instrumento comunitario, al tiempo que apela al reconocimiento de cláusulas
reconocidas por la Constitución Nacional, establece un modelo de desarrollo
sustentado en el buen vivir, el respeto y el cuidado de la Pachamama (Kachi
Yupi 2015). Este documento se torna relevante no solo por su significado de
cohesión interna sino también por establecer condiciones mínimas de diálogo y
negociación entre el Gobierno provincial y las comunidades. Un referente de la
Mesa de Salinas Grandes señala:
Después de todo este trabajo tuvimos el desafío de
armar lo que es el Kachi Yupi. Esto comenzó cuando pasaba el Dakar le dijimos:
¿por qué pasa el Dakar y no hacen la consulta? y entonces nos dicen que no
sabía el Estado cómo hacerlo. Ahí dijimos: “hacemos un protocolo de consulta”.
Ahí apareció un montón de gente que colaboró para que el consentimiento previo
libre e informado sea elaborado por las comunidades y no por el Estado. Estos
son los pasos que nosotros entendemos que hay que seguir y que el Estado no
quiere y no va a entender nunca. Son el derecho a ser consultados, la
obligación de la consulta. Nosotros estudiamos qué es el consentimiento, qué es
lo previo, qué es la buena fe, que no es sentirse presionado por el Estado o
las empresas, sino poder decirle que no estoy de acuerdo y ya está (entrevista
a referente de la Mesa de Comunidades, 22 de septiembre de 2018).
El Kachi Yupi es un instrumento de
acción que, al tiempo que retoma los derechos indígenas –reconocidos
internacionalmente– imprime un marco filosófico y espiritual propio de los
pobladores de las salinas (Kachi Yupi 2015). En el mismo, las comunidades ponen
de manifiesto la necesidad de los gobiernos de actuar de forma respetuosa con
la Pachamama y las personas que allí habitan. Así lo expresa Verónica Chaves,
integrante de la comunidad Santuario Tres Pozos:
Nosotros hicimos [el Kachi Yupi] pensando en forma
paralela a la cosecha de sal. Porque cuando lo hacemos bien, le consultamos a
la mamita pacha que le vamos a sacar esta sal, siempre le pedimos permiso. Esto
es lo mismo que nosotros hicimos en el Kachi Yupi. Entonces el gobierno cuando
quiera hacer una actividad aquí, un proyecto con una minera o algo, que nos
pida el permiso. Que nos consulte cómo nosotros le hacemos a la Mamita Salina (
De esta forma, a partir de la
relación específica con sus territorios, estas comunidades se propusieron
interpretar y traducir el derecho a la libre determinación y en particular el
derecho a la consulta, con el objetivo de conectar prácticas, valores y formas
de decisión con el marco normativo del Estado. Esta traducción, como política
activa y propositiva de las comunidades de Salinas Grandes, se propone como un
camino para saldar las brechas de implementación.
4.
Conclusiones
En los apartados anteriores se ha
mostrado que, frente a derechos constitucionales incumplidos, las 33
comunidades indígenas han desplegado una estrategia acumulativa y
complementaria sustentada en su derecho a la autodeterminación. En un marcado
contexto de juridificación, tales comunidades emplearon en forma combinada la
acción judicial-legal, la acción directa y la acción de reinterpretación
comunitaria como estrategia para exigir el efectivo cumplimiento de sus
derechos a decidir sobre su territorio, sus formas de vida y producción y su
propia subsistencia como comunidad. Sobre la base de estos hallazgos
reflexionamos en torno a tres ideas puntuales.
En primer lugar, subrayamos la
existencia y persistencia de amplias brechas de implementación en cuanto a los
derechos colectivos –particularmente de comunidades indígenas– garantizados
constitucionalmente. Esto evidencia la existencia concreta de compromisos
estatales formales que en la práctica operan como promesas vacías (Epp 2008) o derechos dormidos (Gargarella
2010) y que, de no mediar contienda social o reclamo comunitario, pareciera no
existir marcada voluntad estatal para cerrar tales brechas. Así, se destaca el
papel central y necesario de las comunidades en los procesos que transformen el
derecho formal en derecho sustantivo. Dicho en otras palabras, sin reclamo ni
disputa pareciera no haber traducción instantánea del marco normativo en el
efectivo disfrute de los derechos consagrados.
En segundo lugar, enfatizamos el
impacto positivo de las estrategias desplegadas por las comunidades en función
de sus propios objetivos. Si bien no ha sido foco de este trabajo y el
escenario en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc
dista de ser un conflicto acabado, se aprecia que la estrategia de combinación
y agregación de modos de acción ha logrado impactos positivos para las
comunidades. Al momento de escribir estas líneas las empresas interesadas no se
han radicado en territorio indígena y tampoco pareciera que puedan hacerlo sin
un aval colectivo entregado por las comunidades. La estrategia desplegada ha
permitido a las comunidades basarse en sus legítimos derechos constitucionales,
no agotar su repertorio en el reclamo y la exigencia sino avanzar
colectivamente en la faceta propositiva a partir de la elaboración mancomunada
del Kachi Yupi. Sin lugar a dudas, esta particularidad representa un elemento
de interés para el estudio de las dinámicas de la acción colectiva y de las
formas de construcción comunitaria propia de los actores indígenas.
En tercer lugar, reflexionamos
sobre las formas de relación entre los actores indígenas y el Estado. En este
sentido, entendemos que resulta fundamental comprender cómo los procesos
internos de autodeterminación indígena no deben ser pensados como un desafío
frontal a las soberanías estatales. Así, las luchas colectivas vinculadas a la
autodeterminación, que han obligado a los Estados a respetar derechos antes velados
e incluir la cuestión indígena en las agendas políticas –o buscan hacerlo–, no
implican secesión alguna de territorios estatales ni desafían frontalmente la
integridad soberana, sino que buscan desarrollar el derecho humano a la
autodeterminación a partir de sentires propios, valores específicos y formas
ancestrales de habitar sus territorios. Enfatizar esta arista de las luchas por
la autodeterminación puede resultar un instrumento clave para impulsar el
cumplimiento efectivo y sustantivo de las comunidades indígenas, o, en otras
palabras, para despertar derechos adormecidos.
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Entrevistas
Entrevista a abogada, cuenca de
Salinas Grandes, 22 de septiembre de 2018.
Entrevista a referente de la Mesa
de Comunidades, 22 de septiembre de 2018.
Notas
[i] Las comunidades que se encuentran dentro de la cuenca de
Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc son: Abralaite, Agua de Castilla, Río
Grande, Santa Ana de Abralaite, Quera, Quebraleña, El Angosto, El Moreno,
Lipan, San Miguel de Colorados, Aguas Blancas, Santuario de Tres Pozos, Cianzo,
Barrancas, Rinconadillas, Alfarcito, Santa Ana de la Puna, Casabindo, Cochagaste,
Tambillos, Cerro Negro, Rangel, Cobres, Esquina de Guardia, Esquinas Blancas,
Matancillas, Tipán, Sayate Oeste, Agua Chica Ronque, Aguilar Chica, Agua
Caliente y Pabellón (Kachi Yupi 2015, 9).
[ii] La defensa del agua, bien escaso y
esencial para la subsistencia de las comunidades, es un eje central del reclamo
ambiental indígena (Bertone 2013). En este sentido, la Ley General del Ambiente
(Ley 25.675
[iii] Este material audiovisual fue consultado en la página de Facebook del Observatorio Plurinacional de los Salares Andinos en septiembre de 2021.