Íconos. Revista de Ciencias Sociales
Núm 72.
Enero - april 2022, pp. 205-228, ISSN (on-line) 1390-8065
DOI: 10.17141/iconos.72.2022.5094
Temas
La situación del tercer sector en Ecuador: supervivencia
de las ONG en un entorno adverso
The situation of the
third sector in Ecuador: Survival of NGOs in an adverse environment
Mgtr. Bernardo
Gortaire-Morejón. Director
de Proyectos en QUID (Ecuador).
(bgortairemorejon@gmail.com)
(https://orcid.org/0000-0002-4794-3239)
Andrés Matute. Estudiante.
Universidad de los Hemisferios (Ecuador).
(aamatute@puce.edu.ec) (https://orcid.org/0000-0002-5267-5913)
Valeria Romero. Estudiante.
Universidad de los Hemisferios (Ecuador).
(vcromerop@estudiantes.uhemisferios.edu.ec)
(https://orcid.org/0000-0002-6261-2569)
Juan Pablo Tinajero. Estudiante. Pontificia Universidad
Católica del Ecuador (Ecuador)
(jptinajerom@estudiantes.uhemisferios.edu.ec) (https://orcid.org/0000-0001-3636-5576)
Recibido: 23/06/2021 – Revisado: 06/09/2021
Aceptado: 12/10/2021 – Publicado: 01/01/2022
Cómo citar este artículo: Bernardo
Gortaire-Morejón, Andrés Matute, Valeria Romero y Juan Pablo Tinajero. 2022.
“La situación del tercer sector en Ecuador: supervivencia de las ONG en un
entorno adverso”. Íconos. Revista de Ciencias Sociales 72: 205-228 https://doi.org/10.17141/iconos.72.2022.5094
Resumen
Descriptores: desarrollo; Ecuador; fundaciones;
ONG; sostenibilidad; tercer sector.
Abstract
Of the 4,939 non-governmental organizations (NGOs)
registered in 2020 in Ecuador, less than one third known to be in operation,
one third have ceased to operate and the other third provide no information
about their functioning. These figures reflect the dire reality of the third
sector in Ecuador, which is the subject of analysis in this article. On the one
hand, the situation highlights the shortcomings of the state in responding to
the needs of its population; on the other hand, it reveals so-called "NGOism",
a situation in which the role of NGOs has become overextended. Through the
description and analysis of data, this text addresses the crisis in this sphere
of citizen participation, which is limited to a few professionalized actors in
permanent competition with dozens of local organizations. It describes a
scenario of scarce opportunities to obtain funding, as well as the presence of
NGOs in digital media, which engenders the dissemination of their work and
their legitimization. It is concluded that these figures reflect the need to
implement strategies to strengthen the dynamics of the third sector, so that
the state, the private sector and the agents that constitute the world of
foundations and NGOs offer a genuine response to social problems.
Keywords: development; Ecuador;
foundations; NGOs; sustainability; third sector.
1.
Introducción
El
presente artículo constituye un análisis exploratorio y descriptivo sobre la realidad
de las 4939 organizaciones no gubernamentales (ONG) adscritas al Ministerio de
Inclusión Económica y Social (MIES). La falta de sistematización de la
información sobre las ONG en Ecuador es un problema invisibilizado debido a la
falta de voluntad política e interés general de la sociedad civil. Sin embargo,
estos no son motivos suficientes para ignorar un problema que reduce las
capacidades del tercer sector para cumplir su rol principal. Esta situación
afecta de manera directa a cientos de personas beneficiarias, que surgen de los
cientos de miles de familias que viven en situación de pobreza en el país;[i] estas
personas ven en las fundaciones y otras organizaciones de la sociedad civil la
única fuente de atención ante la incapacidad del Estado y del sector privado de
cubrir sus necesidades básicas.
La visión
de la situación de las ONG en Ecuador que se expone en este trabajo se basa en
su estado de funcionamiento, áreas principales de trabajo, ubicación y su
presencia en línea a través de páginas web, redes sociales o correos
electrónicos. En el año 2020 la organización QUID[ii] recolectó
y analizó información de todas las ONG y fundaciones ecuatorianas registradas
en el MIES. Para ello partió desde sus datos principales, los cuales se
validaron en el Directorio de Emprendimientos del Servicio de Rentas Internas
(SRI), el Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales (SUIOS) y
los propios sitios oficiales o redes sociales de las organizaciones. El MIES
proporcionó la razón social de 5017 ONG, de las cuales fueron descartadas 78
organizaciones que se encontraban duplicadas, por lo que el análisis finalmente
se llevó a cabo con un total de 4939, cifra que ofrece una aproximación cercana
y detallada del contexto ecuatoriano con respecto al tercer sector.
El
presente artículo se inicia con una contextualización de las ONG en el Ecuador.
En la siguiente sección se describe la metodología aplicada para compilar la
información de dichas organizaciones. En la tercera sección se compilan los
resultados de la investigación y se presenta una discusión sobre el tema.
Finalmente, se exponen las reflexiones que surgen al contrastar los datos con
lo expuesto en la literatura sobre el tercer sector en Ecuador.
Los
hallazgos permiten afirmar que, al enfrentar un contexto de competencia por
recursos limitados, el tercer sector se transforma de un escenario de
cooperación y acción colectiva a favor de causas comunes en un entorno de
supervivencia susceptible a fallas del mercado y del Estado. Tomando en cuenta
esto, el presente análisis deviene en una herramienta tanto para comprender la
realidad actual del escenario al que se enfrentan las ONG como para establecer
estrategias que beneficien su profesionalización y seguimiento. Las reflexiones
sobre transparencia que surjan de este texto también pueden fortalecer la
relación entre el tercer sector y la sociedad, un lazo que, como se verá más
adelante, se encuentra fragmentado por años de mal manejo de la información y
la comunicación.
2.
Una contextualización
de las ONG en Ecuador
En el caso
ecuatoriano las ONG aparecieron principalmente en la década de los 80 como
parte de la oleada de globalización, en un ejercicio de extensión de la agenda
del Norte Global. Gran parte de su aporte partía de la lucha contra la pobreza
y el subdesarrollo, por lo que los recursos de estas nuevas instituciones
provenían fundamentalmente de Estados Unidos y países de Europa, con una
pequeña representación de agencias locales. En su origen la mayoría de las ONG respondían
a réplicas de otras organizaciones internacionalizadas, así como a
instituciones que surgían de los sectores más pudientes de la sociedad local.
Si bien estas instituciones propagaban como misión la lucha contra la pobreza,
se basaban en modelos más discursivos que técnicos. Por este motivo, el
análisis histórico y académico sobre el tercer sector es relativamente escaso
en el Ecuador.
Cabe
aclarar que para fines de este artículo se emplea la expresión “el tercer
sector” como el término paraguas que incluye a los actores organizados fuera
del Estado y del sector privado –con fines de lucro–, que incluye a los
distintos tipos de ONG, organizaciones sin fines de lucro y trabajo de caridad
y voluntariado organizado (Northern Bridge 2021). Asimismo, por ONG, concepto
ambiguo con distintas definiciones en la literatura, se comprende a las
entidades organizadas de forma legal bajo la regulación estatal.
Para
Chiriboga (2014), hasta fines del 2007 en Ecuador muchas de las ONG gozaban de
una identidad común, la cual partía de la lucha contra el neoliberalismo. Sin
embargo, tras los procesos de dolarización varias organizaciones se
beneficiaron del gran vacío generado por el Estado en el sector pobre del país,
principalmente en el área rural y en comunidades indígenas (Bazoberry y Ruíz
2010). Por este motivo las ONG jugaron un papel fundamental sirviendo como
agentes que suplían el rol estatal en un contexto en el que el mercado fue
ganando espacio sobre el Estado, por lo que los Gobiernos permitieron que las asociaciones
voluntarias, en forma de ONG, asumieran un rol más permanente en las acciones
de labor social, fenómeno llamado “oenegismo” (Piqueras 2001).
No
obstante, a partir del siglo XXI en Ecuador parece mostrarse una crisis de
identidad de las ONG. Un sector de estas organizaciones ha pasado de ser
actores independientes a actuar como implementadores de los programas del
Gobierno. La identidad independiente que caracteriza al tercer sector en otros
países ha quedado atrás dejando a muchas organizaciones como meros consultores
(Bebbington 1997; McGann y Johnstone 2005). En la nueva Constitución de
Montecristi del 2008 se planteó una mayor presencia por parte del Estado. Ante
esto los enfrentamientos entre el propio Estado y las ONG fueron cuestión de tiempo.
Algunas organizaciones se opusieron al modelo de extractivismo que se mantuvo
en el mandato de Rafael Correa, mientras que otras se manifestaron contra las
afrentas a la libertad de expresión (Chiriboga 2014; Lima Bandeira y
López-Parra 2017).
Consecuentemente,
se podría decir que hubo un retorno del Estado y que ello implicó que este
pudiera recuperar los espacios que se habían otorgado al tercer sector, por lo
que se forzó un cambio para las ONG (Herrera, Zanafria y Santillana 2017). En
el proceso de transición varias ONG se alinearon a los procesos del Gobierno
con su plan de desarrollo; otras se adhirieron a los principios de la
Constitución, aunque se mantuvieron críticas con respecto al accionar del
Gobierno; mientras que algunas se opusieron tanto al nuevo Gobierno como a los
valores que promovía la nueva Constitución (Chiriboga 2014). Estas posturas
también influyeron en la capacidad de las ONG para obtener recursos.
Con el
cambio de regulación se impusieron reglas más claras, aunque más estrictas para
el establecimiento de las fuentes de ingresos de las ONG. En consecuencia, las
ONG entraron en el dilema de si alinearse a los procesos del Gobierno u optar
por otros canales de participación y ayuda social (Chiriboga 2014). De esta
forma, la búsqueda de recursos estatales como fuente principal de
financiamiento de su agenda se ha convertido en uno de los principales motivos
del problema de identidad que enfrentan las ONG en Ecuador, problema que se
agrava cuando el Estado entra en un periodo de crisis de liquidez y se vuelve
incapaz de financiar las actividades del tercer sector.
Además,
con la aprobación del Decreto Ejecutivo 16/2013 y el Decreto Ejecutivo 739/2015
varias ONG internacionales abandonaron el país. En su mayoría se trataba de
organizaciones que eran vitales para el tercer sector ya que constituían
fuentes de recursos no reembolsables y de cooperación técnica (Peñafiel Barba
2020). La salida de estas ONG internacionales dificultó la obtención de
recursos para las organizaciones locales, pues muchas de ellas dependían de los
presupuestos que venían del exterior para poder poner en marcha sus proyectos
de desarrollo.
Un ejemplo
de salida de una organización internacional es la Agencia de Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID), la cual abandonó el país en 2014 y
estuvo ausente por cinco años, pues regresó en 2019. La partida de la USAID de
Ecuador significó el cese de 176 proyectos. Adicionalmente, en 2012, “Rafael
Correa expulsó a 26 ONG internacionales, entre ellas destaca OXFAM” (La
República 2012). Cabe destacar que, si bien los Decretos Ejecutivos 16/2013
y 739/2015 fueron derogados en 2017, se siguen presentado una serie de
contradicciones y las causales de disolución se mantuvieron.
En
consecuencia, es válido afirmar que, tras la salida de las ONG internacionales
una gran cantidad de proyectos fueron suspendidos al quedarse sin presupuesto
de ejecución (Peñafiel Barba 2020). Por lo tanto, un sector considerable de ONG
locales sobrevive con dificultad porque los recursos resultan más escasos y las
problemáticas que atiende el tercer sector se mantienen (Peñafiel Barba 2020).
Hay que tener en cuenta que la cooperación no reembolsable representaba en
promedio el 30 % de los fondos para las ONG (SETECI 2014). Por tanto, la
salida de estas organizaciones canalizadoras de recursos agravó la situación
financiera del tercer sector.
En este
contexto también se incluye la falta de autonomía presente en organizaciones
locales más pequeñas. Estas últimas surgen a partir de necesidades comunitarias,
pero terminan ajustadas a intereses políticos como consecuencia de la falta de
acceso a recursos. Las organizaciones locales también emergen como una
manifestación del incentivo popular de participar en actividades de interés
social ante la falta de espacios en organizaciones más grandes o alternativas
generadas por el Estado (Novillo 2015). Sin embargo, muchas veces carecen de
capacidades organizativas o recursos que garanticen resultados eficientes, y
sobre todo sostenibilidad (Zenck, Ríos Rivera y Rodríguez Zapatero 2019).
Otro de
los problemas arraigados en la identidad de las ONG ecuatorianas es que
especialmente dentro de los proyectos de desarrollo rural se ignora la
importancia del mercado al no aprovechar las oportunidades de desarrollo (Arcos
Cabrera y Vallejo 1997). En lugar de ofrecer a los beneficiarios un rol activo,
en el cual sus habilidades puedan ser cultivadas, estos desempeñan un papel
estrictamente pasivo. Para Arcos Cabrera y Vallejo (1997), esto se produce por
el hecho de que tanto las problemáticas como las respuestas se han visto
ideologizadas, ya sea por el idealismo o el paternalismo presente dentro del
financiamiento.
Más allá
de la cuestión ideológica también se evidencia un problema técnico (Balbis
2001). Es importante reconocer que muchas de las organizaciones que se han
creado en Ecuador parten desde una visión humanista con la aspiración de
solventar problemas que se ven en el día a día, pero que el Estado es incapaz
de resolver (Escobar 2010). En este sentido, surgen grupos que, con buenas
intenciones, intentan generar proyectos que cambien la realidad a la que se
enfrentan, en muchos casos sin contar con la experiencia o los recursos
necesarios.
En esta
línea hay que considerar que ciertos proyectos tienen un mayor nivel de
dificultad de obtención de financiamiento, especialmente los de largo plazo
(Becerra et al. 2001; Sánchez 2008). Los modelos de financiamiento a través de grants y subsidios requieren largos
procesos de selección, que tardan varias semanas o meses, sin garantías de
obtención de recursos. Los cambios en los escenarios del financiamiento
evidencian una disminución de fondos procedentes de mecanismos tradicionales y
han afectado aquellas ONG en condición de un menor desarrollo (Chiriboga 2014).
Si bien se está trazando un camino hacia un autofinanciamiento, la realidad es
que existe una dependencia de financiamiento externo que reduce la autonomía de
las ONG.
Existe una
relación estrecha entre el financiamiento y la preparación correcta de
propuestas dentro de una lógica de bucle: una buena elaboración de propuestas
de proyectos es determinante para la obtención de financiamiento, pero una
correcta preparación de la propuesta también requiere un cierto presupuesto.
Las personas más capacitadas para obtener recursos no pueden subsistir de
voluntariado y, en consecuencia, tienden a incluirse en organizaciones por
fuera de las ONG en formación, lo que no se traduce necesariamente en mejores
proyectos ni en resultados.
La
disponibilidad de recursos suele determinar la coherencia, consistencia,
originalidad y los esfuerzos dentro de una propuesta. Es decir, los déficits en
la formulación de proyectos son al mismo tiempo producto y motivo de la crisis
de financiamiento de las ONG. En esa misma línea, la crisis económica que
atraviesa el país desde hace ya algunos años también afectó la cantidad de
recursos que obtienen las ONG, pues disminuyó de manera generalizada el
financiamiento por parte de empresas privadas y de otras organizaciones
(Mayorga 2017).
Esto
también ha afectado la capacidad de las ONG de emplear a personal calificado e
inclusive ha generado que muchas organizaciones tengan que desprenderse de
miembros de su equipo de trabajo. Además, también se presentan dificultades a
la hora de realizar nuevas contrataciones ya que la mayoría de ONG no cuenta
con un responsable de recursos humanos, no realizan evaluaciones y no se
observa que exista un entrenamiento pertinente al personal de nueva
contratación (Rubianes 2014). Estas ausencias hacen vulnerables a las ONG a
incumplir con la normativa vigente y ello se traduce en clausuras o en
sanciones económicas.
Como se ha
argumentado, existen altas restricciones para mantener un recurso humano
calificado pues las limitaciones presupuestarias limitan la contratación de un
personal técnico óptimo, un problema que ha crecido desde el inicio de la
crisis económica del país en 2012 (Herrera, Zanafria y Santillana 2017). Por
tal razón, también se encuentra una escasez de especialización dentro del
personal en áreas más específicas como lo es la burocrática.
Otro
factor es el decrecimiento de aprendizaje dentro de la ONG debido a la mala
comunicación que puede existir en el interior del equipo de trabajo. Esto se
conecta con la falta de sistematización de experiencias de trabajo, pues parte
del personal tiende a laborar de manera más informal e individual, como en el
caso de la recaudación de fondos. Finalmente, hay que resaltar que permanece
una práctica común al realizar contrataciones temporales para proyectos
específicos, lo cual limita la construcción de una estructura institucional
sólida que permita el desarrollo de su membresía (Arcos Cabrera y Vallejo
1997).
Es
importante tomar en cuenta que, debido a su dependencia de terceros, muchas de
las ONG no son sostenibles aun cuando la mayoría hayan orientado su línea de
trabajo al desarrollo sostenible. Esto se afianza en el contexto de
Latinoamérica donde ha existido una dependencia de las ONG al Norte Global
(Bebbington 1997). El crecimiento de Ecuador como una economía de renta media,
a pesar de mantener un alto índice de desigualdad, generó una falsa sensación
de cumplimiento que empujó la atención de los agentes de cooperación fuera del
país (Peñafiel Barba 2020). También se debe considerar que la tendencia de la
cooperación internacional se dirigió más a regiones como África y Medio Oriente
donde las necesidades urgentes se volvieron prioritarias.
A los
problemas externos se añade que uno de los principales desafíos de las ONG
locales radica en cambiar la mentalidad colectiva en la que se muestra altos
niveles de competencia interinstitucional, pese a no existir fines de lucro.
Esta competencia no solo ocurre entre organizaciones, sino que es
fundamentalmente con el Estado, el cual desde su “retorno” le ha quitado
espacio a las ONG, así como personal, el cual ha migrado en gran medida al
sector público (Chiriboga 2014).
Esto hace
que no exista una sistematización de experiencias de trabajo por lo que los
espacios de coordinación no se encuentran en auge. Además de la competitividad,
las dificultades también vienen delineadas por las divergencias ideológicas y
metodológicas. En consecuencia, no existe una estructura institucional colectiva
de las ONG que pueda dotar de mayor representación a las organizaciones,
facilitar la coordinación de trabajos, contribuir a la generación de
estrategias colectivas para tener una buena dinámica con el Estado y mejorar la
cooperación internacional (Dávila 2010).
Ahora
bien, a pesar de la dependencia que mantienen algunas organizaciones, todavía
existe una falta de coordinación con el Estado y con el sector público,
principalmente porque la principal misión de las ONG era alcanzar un cambio
social y del statu quo (Arcos Cabrera y Vallejo 1997). Debido a que el
Estado representa dicho statu quo, la coordinación entre ambos resulta
compleja. También hay que considerar que muchas ONG no ven conveniente
coordinarse con el Estado ya que su imagen puede verse afectada por la
identificación política con el Gobierno (Arcos Cabrera y Vallejo 1997;
Bloodgood y Tremblay-Boire 2017).
También
cabe señalar que el Estado ecuatoriano cuenta con baja credibilidad, con
deficiencias técnicas y no muestra una continuidad en la instauración de las
políticas públicas. Adicionalmente, hay que contemplar los altos niveles de
corrupción que existen en varios sectores del Estado y la falta de eficiencia
del cuerpo burócrata, ya que obstaculiza la coordinación de proyectos. En este
sentido, uno de los más grandes problemas del incremento de trámites
burocráticos del Decreto Ejecutivo 16/2013 fue que obligaba a las
organizaciones a dedicar tiempo y recursos a dichos trámites en lugar de
permitirles invertirlos en sus respectivas labores (Gavilanes 2017; Herrera,
Zanafria y Santillana 2017).
La falta
de socialización de la labor de las ONG es otra problemática evidente. Debido a
la desinformación o subinformación la sociedad civil no se encuentra al tanto
del trabajo de dichas organizaciones, el principal indicador de los problemas
de comunicación es que la sociedad civil no suele comprender de manera correcta
las acciones de las ONG. Este problema se asocia con el modo en que se
afianzaron las ONG en la región: a diferencia de lo ocurrido en el Norte donde
las ONG surgieron y surgen de manera orgánica como una respuesta a la relación
Estado-mercado, la llegada del tercer sector a la región y al país emergió como
influencia directa de los procesos internacionales, por lo que la sociedad civil
no llegó y aún no llega a apropiarse completamente del proceso.
En general
en Latinoamérica la mayor cantidad de ONG desatiende el aparato comunicacional
(Paccha 2008). De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Técnica
de Ambato en 2008, el 76 % de las ONG no contaba con un plan de
comunicación y solo una de cada cuatro tenía profesionales en comunicación en
su nómina (Paccha 2008). Como resultado, a los ojos del público la labor de la
ONG es estéril por la falta de divulgación del trabajo que realiza. También hay
que considerar que mientras menos se conoce a una ONG su trabajo se complica
pues es más complejo conseguir donantes que quieran aportar económicamente.
Consecuentemente,
es válido afirmar que los problemas de comunicación pueden complicar la
consecución de objetivos de las ONG. Muchas de estas organizaciones están
conformadas por especialistas en temas de desarrollo, leyes u otros
conocimientos técnicos necesarios para formular proyectos, pero no cuentan con
tanto éxito por no especializarse en el área de comunicación (Paccha 2008). La
presencia de personal especializado en comunicación genera interés en sus
proyectos, lo que puede traducirse en aumento del financiamiento. Aquí
nuevamente encontramos un problema circular: muchas organizaciones no cuentan
con una estrategia comunicacional justamente por la falta de fondos. Inclusive,
una mala comunicación suele ser interpretada como una falta de transparencia,
lo que puede contribuir a generar una crisis de legitimidad.
La falta
de socialización del trabajo de las ONG no solo es evidente en la nula
estrategia comunicacional enfocada en la sociedad civil, sino también en la
falta de comunicación entre organizaciones. Esta falta de difusión se debe a
que no cuentan con un trabajo interinstitucional y muchas veces ni siquiera
tienen una sistematización interna de conocimiento (Flor 2007). Esta carencia
deriva en la inexistencia de una sistematización adecuada de los conocimientos
y experiencias conseguidas por cada ONG (Flor 2007) y conlleva a la falta de un
crecimiento institucional sobre el que se pueda aprender de los errores y
experiencias de otras organizaciones en temas específicos. Por tanto, se
desperdician las experiencias que podrían ser transformadas en nuevas propuestas
políticas, en nuevas iniciativas de proyectos y en su ejecución. Como causas de
lo anterior se halla la falta de recursos que no permite un funcionamiento
estable en muchas organizaciones pequeñas, en las cuales la pérdida de personal
capaz perjudica aún más a la organización por la falta de estos aprendizajes.
Al mismo
tiempo, esta falta de socialización y el desconocimiento del trabajo de las ONG
supone el riesgo de que se presenten proyectos duplicados. Este problema es
tanto de comunicación como de coordinación, lo cual puede resultar en un
derroche de recursos, pues, en lugar de invertir esfuerzos en lugares
geográficos o en áreas diferentes estos se duplican en el mismo sitio o
territorio (Peñafiel Barba 2020) o incluso en las mismas personas.
Limitar la
duplicidad de proyectos puede favorecer la complementariedad y que se pueda
trabajar de manera efectiva, coordinada y sin desatender a ciertos sectores,
puesto que la duplicidad complica la generación de impactos positivos porque no
se optimizan los limitados recursos que se tiene a disposición (Becerra et al.
2001). Esta duplicación no solo se ha visto reflejada entre las ONG, sino
también entre las ONG y el Estado: muchas veces empelan recursos para un mismo
fin en lugar de trabajar conjuntamente en áreas distintas. En este tipo de
accionar en ocasiones se revelan conflictos de intereses (Dávila 2010).
Esta
problemática tiende a agravarse como consecuencia de perfiles de organizaciones
que se han convertido en referentes por esfuerzo propio, pero también por sus
alianzas con cooperantes específicos. Estas instituciones se convierten en
agentes que indirectamente establecen la línea de acción del tercer sector en
Ecuador, sin embargo, esto ocasiona que en algunas áreas se estanque la
oportunidad de desarrollar nuevas propuestas y visiones por falta de compromiso
o voluntad de cambio.
En esta
misma línea se puede observar que existe una gran cantidad de organizaciones
que no realizan periódicamente evaluaciones para determinar el impacto de sus
proyectos y sus esfuerzos (Chiriboga 2014). El principal problema de ello es
que sin evaluaciones no se puede observar si es que verdaderamente la
organización ha sido capaz de mejorar la situación de los beneficiarios en
cuestión (Avilés Páez y Guevara Aguas 2012). La ausencia de resultados
concretos puede causar que no se produzca un interés en la labor de la ONG,
además, dificulta el autoaprendizaje y el aprendizaje en conjunto con otras
organizaciones, obstaculiza la obtención de fondos y la optimización de recursos
destinados a los proyectos en cuestión.
Uno de los
más grandes motivos, más allá de las perspectivas políticas, por los cuales se
aprobaron en su momento los Decretos Ejecutivos 16/2013 y 739/2015 fue la
crisis de legitimidad que tenían las ONG ecuatorianas. Ahora bien, uno de los
puntos más criticados del Decreto Ejecutivo 16/2013 fue la prohibición de
participación política no partidista al especificar que la participación
política sería un derecho exclusivo de los movimientos y partidos políticos
(Gavilanes 2017). Si bien el Decreto Ejecutivo 16/2013 fue derogado y
reemplazado con el Decreto Ejecutivo 193/2017 en el que se eliminaron algunas
restricciones, las causales de disolución se mantienen, entre ellas, la
restricción de la participación política.
A pesar de
esto aún existe una gran falta de confianza con respecto al tercer sector como
consecuencia de los elementos mencionados anteriormente, así como también por
la presión existente durante los años en los que los Decretos Ejecutivos 16/2013
y 739/2015 estuvieron vigentes. Esta mala imagen viene también dada por una
falta de transparencia que genera una desconfianza que afecta a la causa y a la
institución, la cual no fue corregida por las nuevas normativas porque
persistió la falta de confianza hacia ellas (Avilés Páez y Guevara Aguas 2012).
La imagen
deslegitimada de las ONG prevaleció en el discurso del expresidente Rafael
Correa, quien argumentaba como principal crítica la falta de accountability (Appe y Barragán 2017).
Estas críticas no solo venían del Gobierno, sino también de otros sectores, los
cuales cuestionaban la falta de coordinación, su ineficiencia, los elevados
sueldos, las deficiencias técnicas, la crisis de identidad y el desconocimiento
de sus verdaderos intereses e ideología, entre otros elementos (Bebbington
1997).
Además de
esta concepción, otros de los principales motivos de la desconfianza en las ONG
son los malos resultados de muchos proyectos, actuaciones en contra de
principios humanitarios y de los propios valores de la organización, escándalos
vinculados al financiamiento y comportamientos antiéticos (Avilés Páez y
Guevara Aguas 2012). El problema de la falta de confianza en las ONG no solo
repercute en su dinámica con el Gobierno y la sociedad civil, sino en el financiamiento
de las propias organizaciones donde los más afectados terminan siendo los
beneficiarios que siguen teniendo necesidades, pero sin un soporte que dirija
la atención a sus requerimientos desde una perspectiva técnica.
3. Metodología
Para este
artículo se empleó una metodología inductiva a través de
la descripción y el análisis de los datos. Inicialmente se recolectó la
información de todas las ONG disponible hasta 2020 en la base de datos del
MIES, se procedió a eliminar los casos duplicados y se constató la vigencia de
las organizaciones. Como herramienta principal se consultó su funcionamiento en
la página web del SRI (2020) donde indicaba su estado activo o pasivo –en
funcionamiento, fuera de funcionamiento o no registra información–. Posteriormente,
se valoró su área de trabajo mediante 34 categorías compiladas por el equipo de
trabajo de QUID, lo que permitió comprender de mejor manera el universo de
beneficiarios de las ONG en Ecuador. Las categorías para clasificar las
organizaciones se elaboraron con base en los beneficiarios o sus objetivos. A
organizaciones que contaban con más de un objetivo se les asignó una categoría
secundaria. De esta manera se clasificaron según las opciones que aparecen en
la tabla 1.
Tabla 1. Clasificación de las ONG en función de sus
objetivos
Fuente: QUID (2020).
Posteriormente,
se separaron las ONG que se encuentran en funcionamiento según su ubicación de
acuerdo con las categorías provincia y ciudad. Se clasificaron datos de las ONG
de las 24 provincias del Ecuador, dentro de estas se encontró permanencia de
organizaciones en las siguientes ubicaciones:
Tabla 2.
Presencia de ONG según provincia y ciudad
Fuente:
QUID (2020).
Finalmente,
se investigó si estas ONG cuentan con algún tipo de medio digital de
comunicación, por ejemplo, páginas web oficiales, redes sociales como Facebook,
Twitter e Instagram, o correo electrónico, o sea, medios que fueran de utilidad
para conocer el alcance del trabajo de estas organizaciones. Si no existían
interacciones en estos medios durante los últimos dos años se las consideró
inactivas, tal dato complementó la información que consta en el SRI.
4. Resultados
y discusión
Tras las
principales observaciones realizadas después del diagnóstico de estos datos se
consideró la posibilidad de que ciertas ONG funcionen en realidad como negocios
privados con un fin de lucro. Esta problemática se evidencia principalmente a
través de las redes y páginas web de las organizaciones dado que ofrecen
servicios por los cuales las personas beneficiarias tienen la obligación de
pagar, o realizan actividades limitadas al ámbito comercial. También se
contempló que algunas organizaciones poseen como fuente única de financiamiento
la recepción de fondos estatales, lo cual les resta su característica de no
gubernamental; un ejemplo de esto es la Fundación Eventa creada por el
expresidente de la República, Lenín Moreno, quien no ha hecho pública la
información acerca de los ingresos de esta organización.
Por
último, se observó ciertas asimetrías en cuanto a las descripciones generales
de las ONG y las descripciones proporcionadas por la página del SRI, esta
última facilitaba información general en cuanto al trabajo de las
organizaciones, mas no destacaba sus rasgos específicos. En este aspecto se
encontraron desfases entre los objetivos que las ONG cumplían efectivamente y
las actividades que se registraban ante este organismo.
En
términos numéricos se encontró que, de 4939 ONG analizadas, solo 1554 de estas
se encuentran actualmente en funcionamiento, lo cual representa el 31,46 %
del total, 1658 se encuentran fuera de funcionamiento (33,57 %), y 1727 no
registraron información (34,97 %), es decir, se desconoce su estado, aunque
se puede inferir que un porcentaje significante de este grupo probablemente
también esté fuera de funcionamiento sin proceder a los protocolos de
disolución. La data total está disponible en la tabla 3.
Tabla 3. Distribución de ONG por provincia y estado
de funcionamiento
|
Provincia |
En funcionamiento |
Fuera de funcionamiento |
No registra información |
Total |
|
Azuay |
108 |
98 |
16 |
222 |
|
Bolívar |
41 |
33 |
1 |
75 |
|
Cañar |
15 |
13 |
18 |
46 |
|
Carchi |
2 |
1 |
0 |
3 |
|
Chimborazo |
66 |
100 |
178 |
344 |
|
Cotopaxi |
29 |
31 |
22 |
82 |
|
El Oro |
67 |
80 |
92 |
239 |
|
Esmeraldas |
60 |
164 |
94 |
318 |
|
Galápagos |
3 |
2 |
0 |
5 |
|
Guayas |
123 |
105 |
37 |
265 |
|
Imbabura |
82 |
50 |
11 |
143 |
|
Loja |
91 |
75 |
7 |
173 |
|
Los Ríos |
43 |
54 |
3 |
100 |
|
Manabí |
84 |
80 |
23 |
187 |
|
Morona Santiago |
11 |
24 |
3 |
38 |
|
Napo |
10 |
24 |
14 |
48 |
|
Orellana |
6 |
5 |
3 |
14 |
|
Pastaza |
14 |
30 |
12 |
56 |
|
Pichincha |
561 |
518 |
431 |
1510 |
|
Santa Elena |
14 |
28 |
0 |
42 |
|
Santo Domingo de los Tsáchilas |
25 |
30 |
3 |
58 |
|
Sucumbíos |
22 |
23 |
0 |
45 |
|
Tungurahua |
56 |
62 |
75 |
193 |
|
Zamora Chinchipe |
15 |
9 |
4 |
28 |
|
No registra información |
6 |
19 |
680 |
705 |
|
Total |
1554 |
1658 |
1727 |
4939 |
Fuente:
QUID (2020).
Con respecto
a la ubicación de las ONG según la provincia y la ciudad se encontró que la
provincia que agrupa el mayor número de ONG es Pichincha con un recuento de
1510 (30,57 % de todo el conjunto). La segunda provincia con mayor
concentración es Chimborazo con un recuento de 344 (6,96 % del total),
seguida de Esmeraldas con 318, El Oro con 239 y Guayas con 265.
A pesar de
que estas cinco provincias concentran la mayoría de las ONG registradas, no son
necesariamente las que tienen más ONG activas, con excepción de Pichincha y
Guayas. Los casos más evidentes se presentan en Esmeraldas donde apenas están
activas el 18,87 % de las ONG registradas y en Chimborazo con solo el
19,19 %. Las provincias con más ONG activas terminan siendo Pichincha con
un total de 561, seguida de Guayas con 123, Azuay con 108, Loja con 90 y Manabí
con 84. De esta forma, se constata que la mayoría de organizaciones activas en
Ecuador se concentran en la región Sierra, mientras que existe una ausencia en
lugares donde hay menor concentración poblacional como en las provincias del
Oriente y la región Insular, o inclusive la misma Costa, a pesar de que también
existe un nivel elevado de necesidad en esas áreas.
En lo
referente a las ciudades que alojan a los mayores números de ONG y fundaciones
en funcionamiento, la principal es Quito con 526 (94,09 % de las ONG en
funcionamiento en Pichincha), luego se encuentra Cuenca con 106 (98,15 %
de las ONG en funcionamiento de Azuay), Loja con 67 (74,44 % de las ONG en
funcionamiento en Loja), Ibarra con 56 (68,29 % de las ONG en
funcionamiento en Imbabura) y, finalmente, con empate técnico sobresalen
Guayaquil con 49 (39,83 % de las ONG en funcionamiento en Guayas) y
Riobamba también con 49 (74,24 % de las ONG en funcionamiento en Chimborazo).
Establecido
el estado de funcionamiento de las ONG, al igual que su ubicación por provincia
y ciudad, se pasa a explicitar los datos referidos a la disponibilidad en
medios digitales. Solamente 758 de las ONG activas cuentan con medios
digitales, escasamente un 15,35 % del total de enlistadas en primera
instancia. En el caso de organizaciones activas se encontró que el 48,9 %
de ONG cuenta con presencia en internet a través de redes sociales o de un
correo electrónico. Con esto se evidencia que menos de la mitad de las
organizaciones se han integrado a la revolución digital, lo cual incide de
manera directa en la forma en la que se llegan a realizar las actividades.
Al
desagregar los datos de estas 758 ONG con presencia en medios digitales se
puede extraer que 309 de estas se encuentran ubicadas en la ciudad de Quito
(40,77 %), seguida de Cuenca con 61 organizaciones (8,05 %), Ibarra
con 33 (4,35 %) y Loja con 35 (4,62 %). Cabe destacar, por último, la
mínima utilización de recursos digitales para una mejor operatividad de las
organizaciones, destacando sobre todo Guayaquil, donde únicamente constan 14
organizaciones en funcionamiento que utilizan medios digitales, representando
únicamente el 1,85 % de aquellas que cuentan con este tipo de herramientas
y que se encuentran en funcionamiento.
Gráfico 1.
ONG en funcionamiento con medios digitales de comunicación por ciudades
Fuente: QUID (2020).
Como resultado
de este contexto se puede estimar que la mayoría de ONG registradas en el MIES
(3392 que representan el 68,68 % del total) no están activas o no muestran
evidencia clara de que se encuentren en funcionamiento. Igualmente, se pudo
encontrar que la mitad de las ONG y fundaciones activas no cuenta con medios
digitales.
En cuanto
a distribución geográfica las provincias que registraron más ONG alojaron
similar número de estas en sus ciudades capitales. Y, del mismo modo, las
ciudades que mostraron mayores cantidades de ONG corresponden a las tres urbes
más importantes del país: Quito, Guayaquil y Cuenca, de estas Quito es la
ciudad con más actividad. Las ciudades pequeñas y periféricas tienen números
relativamente bajos de ONG y fundaciones, por ejemplo: Guamote (Chimborazo) con
tres ONG en funcionamiento, Catacocha (Loja) con una, o Portovelo (El Oro) con
una también. De igual forma, las provincias con las tres urbes más grandes
concentran casi la totalidad de las organizaciones dentro de la ciudad cabecera,
con lo cual se desatienden ciudades periféricas, tal es el caso de la provincia
Pichincha pues en Quito se concentra el 94,17 % de las organizaciones.
Con
respecto a las áreas de trabajo principal más comunes en ONG activas se
encontró que niños y adolescentes representan el 18,77 %, desarrollo el
12,52 %, comunidades locales el 10,77, discapacitados un 7,42 % y
desigualdad un 2,84 %. Las menos comunes fueron las siguientes: LGBT con
0,06 %, participación ciudadana con el 0,26 %, democracia con un 0,19 %,
y animales con el 0,26 %.
En lo que
se refiere a las áreas de trabajo secundario más comunes en ONG activas se
encontró a desarrollo (35,23 %), desigualdad (13,74 %), salud
(4,19 %), educación (3,87 % del total), discapacitados (3,81 %
del total). Mientras, las menos comunes fueron seguridad (0,26 % del
total), paz (0,19 %), PPL (0,13 %) y migración (0,06 %).
Gráfico 2.
Áreas de trabajo principal de ONG en funcionamiento
Fuente: QUID (2020).
Gráfico 3. Áreas de trabajo secundario de ONG en
funcionamiento
Fuente: QUID (2020).
Estos resultados permiten corroborar lo que se venía estableciendo en la literatura
sobre el tema. El primer aspecto claro es la pérdida de protagonismo de las ONG
en el Ecuador, que se produjo con el retorno del Estado, iniciado con la caída
de los regímenes de corte neoliberal y cimentado durante el periodo del
expresidente Rafael Correa. Lo anterior se evidencia claramente en los datos
encontrados: se estima que apenas un 31,38 % de las ONG registradas en el
MIES están activas. A su vez, esto se conecta con la amplia crisis de
financiamiento en la cual se han sumergido dichas organizaciones. Cabe recalcar
que se ha presentado una reducción de las fuentes de financiamiento en nuestro
país para las ONG y que existe una estrecha dependencia entre dichas
organizaciones con terceros para su supervivencia, ello podría explicar el 33,59 %
fuera de funcionamiento.
El problema técnico y la falta de profesionalización se puede sumar
también como un factor explicativo de la situación y puede ayudar a exponer las
causas de la crisis de financiamiento y, por ende, el bajo número de organizaciones
activas. Como ya se mencionó, la falta de profesionalización se traduce en una
deficiente preparación de proyectos y por ello no se obtienen los fondos
necesarios. Una forma de palpar dicho problema técnico en esta investigación
fue a través de la cifra de organizaciones que cuentan con un canal de
comunicación digital. El hecho de que de las organizaciones vigentes solo un
48,9 % cuente con alguna clase de medio de comunicación digital demuestra
una severa falta de conexión con la sociedad civil. Este detalle puede parecer
menor, pero ilustra el alto nivel de informalidad en el cual se desenvuelve el
tercer sector en Ecuador.
Lo anterior también se concatena con el hecho de que la mayoría de las
ONG en el país no cuentan con una estrategia de comunicación. Solo el
15,35 % de todas las organizaciones registradas en el MIES poseen medios
de comunicación digital (el 48,9 % de las vigentes) y ni siquiera hay
garantía de que las organizaciones dentro de ese porcentaje cuenten con una
estrategia comunicacional como tal, pues la mera existencia de una cuenta en
redes sociales no se traduce en la existencia de un plan comunicacional. De ahí
la falta de socialización de la labor de las ONG, la falta de coordinación con
otras ONG y el Estado, la crisis de legitimidad, así como la enajenación de la
sociedad civil e igualmente la dificultad para obtener recursos.
De igual forma, la ausencia de un registro de información sobre la
vigencia del 34,97 % de las ONG constituye también un indicador de este
problema técnico pues existen organizaciones que no cuentan con personal
especializado en el aparato burocrático para brindar la información pertinente
al MIES y al SRI. Muchas organizaciones funcionan de manera informal a fin de
reducir costos, o incluso porque carecen de las nociones para ingresar en los
canales apropiados.
Por último, y de vuelta a la localización, se observa la reducida
presencia en los sectores periféricos, lo cual puede apreciarse mediante la
distribución territorial de las ONG en el país. En primer lugar, se observa que
a nivel de provincias Pichincha alberga a las 36,1 % de organizaciones
vigentes. Además, se puede ver que las otras dos grandes provincias del
Ecuador, Guayas y Azuay, son coincidentemente las otras dos provincias con alta
presencia de ONG activas con un 7,92 % y un 6,95 % respectivamente.
De la misma forma, la mayor cantidad de las ONG se concentra en las grandes
ciudades: Quito, Cuenca y Loja, mientras que, en ciudades de un carácter más
periférico, donde se podría esperar una mayor necesidad, existe una presencia
reducida.
Esto muestra de cierta manera la desatención que existe en el sector
rural. No obstante, el establecimiento de ONG en ciudades como Quito no
significa directamente que estas desarrollen sus proyectos en la zona urbana de
la ciudad, ya que esta cuenta con 33 parroquias rurales, y además puede ser
simplemente una matriz de operaciones y que sus proyectos estén direccionados a
zonas periféricas sin establecimiento permanente de las organizaciones.
Esta sección sirve como indicador de que, a pesar de la gran cantidad de
organizaciones registradas en el MIES, en términos de distribución,
comunicación y sobre todo supervivencia, el sector de las ONG enfrenta severos
desafíos materiales. Los datos ofrecen visibilidad a lo teorizado y
problematizado en la literatura sobre el tercer sector en Ecuador. A pesar de
las vulnerabilidades que generan el espacio para la asociación voluntaria no
existe un modelo que garantice la ejecución eficiente y efectiva de proyectos
que den respuesta a las necesidades.
5.
Conclusiones
Las reflexiones que se derivan de este artículo sirven como espacio de apertura
para tratar una problemática que crece progresivamente en el Ecuador: el tercer
sector, que se presenta como espacio de trabajo y solución de inconvenientes de
las comunidades, no alcanza a cumplir su rol estratégico. Las problemáticas que
se mencionan en los primeros apartados de este texto se evidencian en los
resultados efectivos del análisis de vigencia de las ONG registradas por el
Gobierno central.
La falta de claridad al momento de entender el ambiente de las ONG tiene
costos elevados como un entorno de emprendimiento e innovación, dualidad de
actividades, pérdida de recursos, falta de cooperación o inacción en escenarios
no cubiertos, por mencionar algunas de las consecuencias de no tener un
panorama claro de cuál es la situación del tercer sector en el país. La
situación actual de la economía y la política del Ecuador vaticinan un contexto
de alta demanda de servicios sociales, el avance de desafíos regionales como la
migración forzada, así como la falta de coordinación a problemáticas globales
como el cambio climático y el perfil pospandemia tras la covid-19. Si bien, el
sector privado debe sumarse en esta cruzada a favor de la comunidad, no es sino
el tercer sector el que tiene mayor preponderancia en los años venideros. Sin
embargo, todo esfuerzo resultará infructuoso sin la consolidación de mejores
canales de información y contacto entre el Estado, las empresas, la sociedad
civil y las ONG.
Las alarmantes cifras de colapso de las ONG descritas en el presente
documento deben ser un llamado de atención para un proceso de reforma interno y
colectivo, y fundamentalmente para que estas mejoren sus canales de
comunicación. Además, existe una obligación para que las ONG transmitan al
resto de la sociedad civil la importancia de su rol ya que para muchos sectores
de la sociedad apenas significan una caja chica de caridad y dependencia.
Incluso desde una perspectiva crítica, en la que se contemple al retorno del
Estado como el proveedor más eficiente de recursos para la población, el tercer
sector cumple un rol de trascendencia pues garantiza un mayor vínculo entre la
ciudadanía fortaleciendo al tejido social desde las bases.
La concentración geográfica de las ONG también termina siendo causa y
consecuencia de las limitaciones del sector. No existen incentivos que permitan
a las organizaciones llegar a sectores más allá de las capitales de las
ciudades, aunque en la práctica algunas de las organizaciones radicadas en las
urbes terminan por realizar actividades en la ruralidad. Así, parte de la
agenda social del tercer sector debe ser encontrar las formas a través de las
cuales el trabajo pueda trasladarse a las áreas desatendidas fuera de la
ciudad.
Existen oportunidades en el uso de nuevas tecnologías para reducir las
brechas evidentes en el sistema, pero parte de alcanzar estos nuevos escenarios
es aumentar los flujos de financiamiento. Tanto el Estado como el sector
privado deben generar los canales para que las organizaciones sin fines de
lucro puedan alcanzar sus objetivos. Para ello también es necesario que se
fortalezcan las capacidades de seguimiento de resultados y transparencia
pública de los mismos. De lo contrario, el modelo de respuesta del tercer
sector puede quedarse estancado en el aparato discursivo y su rendición de
cuentas puede interesar únicamente a sus financistas.
Por un lado, el Estado debe comprender que un tercer sector fuerte puede
contribuir al alcance de metas de una manera más eficiente, a que se reduzcan
costos de inversión y deuda pública, así como la carga del aparato Estatal en
términos de personal, salarios y burocracia. Por otro, el sector privado debe
comprender que la reducción de vulnerabilidades, inequidad y desigualdades abre
espacios a nuevos mercados y consumidores, lo que también se traduce en el
aumento de escenarios para la obtención de recursos e incluso mano de obra.
El Gobierno de Ecuador tiene una obligación de reformar la legislación
referente a la existencia de ONG para que el paradigma no sea el colapso y
fracaso de iniciativas sociales, sino la apertura de oportunidades e incluso de
fuentes de empleo. Es importante entender que trabajar en organizaciones sin
fines de lucro no equivale a pasar necesidades, al contrario, se debe
garantizar un buen nivel de vida a estas personas que les permita mejorar los servicios
que le entregan a la sociedad.
Las nuevas oportunidades para garantizar financiamiento deben estar
acompañadas de un compromiso del tercer sector para fortalecer sus procesos de
profesionalización con garantías de sostenibilidad en los proyectos y, sobre
todo, la evaluación de impacto de las actividades. El tercer sector tiene la
obligación de llevar niveles de accountability
elevados para garantizar que los recursos que se perciban sean efectivamente
invertidos en los fines propuestos. Sin embargo, es importante que los procesos
de seguimiento y monitoreo sean organizados de una forma en la que el control
no atente contra las capacidades, metas y objetivos de las ONG.
Resulta fundamental que se sigan abriendo espacios para la investigación
de resultados del trabajo del tercer sector. Lo presentado en este artículo es
apenas la punta del iceberg de la realidad del tercer sector en el Ecuador,
análisis más detallados permitirán comprender nuevas vías y estrategias que
mejoren el trabajo de estos actores, lo cual se traducirá en mejores resultados
para los beneficiarios finales, motivo por el cual existen las ONG en primer
lugar. A través de la compilación de evidencia y buenas experiencias será
posible reformar el tercer sector del Ecuador hacia el potencial que una visión
limitada de caridad jamás será capaz de alcanzar.
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Notas