Íconos. Revista de Ciencias Sociales
Núm 73. Mayo - agosto 2022, pp. 77-96, ISSN (on-line) 1390-8065
DOI: 10.17141/iconos.73.2022.5211
Planificación urbana, covid-19 y diversidades
sexogenéricas en Pereira, Colombia
Urban planning, Covid-19 and sex-gender
diversities in Pereira, Colombia
Arq. Miguel Peraza. Estudiante. Maestría
en Estudios Urbanos, FLACSO Ecuador.
(arq.miguelperaza@gmail.com) (https://orcid.org/0000-0001-9378-6759)
Recibido:
30/09/2021 • Revisado: 29/11/2021
Aceptado: 23/02/2022 • Publicado: 01/05/2022
Cómo
citar este artículo: Peraza,
Miguel. 2022. “Planificación urbana, covid-19 y diversidades sexogenéricas en
Pereira, Colombia”. Íconos. Revista de Ciencias Sociales 73: 77-96.https://doi.org/10.17141/iconos.73.2022.5211
Resumen
La incorporación del enfoque de la diversidad sexogenérica en el Plan de
Ordenamiento Territorial de la ciudad de Pereira, Colombia, constituye un logro
histórico en el actual escenario de resistencias institucionales ante las
políticas públicas que contemplan a las diferencias sexuales. En este artículo
se analiza dicho logro representado por la población LGBTI, específicamente
trans, dentro de la estructura de poder de un Estado nación masculinizado,
cuyos agentes se encargan de la planificación territorial. Se fusionan teorías
feministas, geografías de la sexualidad y teorías queer, con el objetivo de explicar la conexión
entre estas políticas, los sujetos implicados y la ocupación del territorio
para el trabajo sexual. La metodología utilizada es cualitativa, se aplicó una
entrevista en profundidad y se revisaron los criterios de un manual de diseño
urbanístico para describir la relación entre los actores durante la inclusión
de la población trans y las zonas del comercio sexual en el plan de ordenamiento
(2015) y su proyecto de reforma (2017). Se extendió el análisis al escenario de
la pandemia por covid-19 para identificar cómo, a pesar del logro obtenido, las
sujetas trans fueron nuevamente excluidas de las estadísticas y medidas
planteadas tras el confinamiento. Se concluye que la experiencia de Pereira
revela la importancia de incluir la diversidad sexogenérica en los procesos de
diseño y planificación territorial.
Descriptores: covid-19; diversidad sexogenérica; políticas de inclusión; Plan de
Ordenamiento Territorial; población LGBTI; política queer.
Abstract
The incorporation of a sex-gender diversity approach in the Plan of
Territorial Organization of the city of Pereira, Colombia, constitutes a
historical achievement in the current scenario of institutional resistance to
public policies that contemplate sexual differences. This article analyzes this
achievement of the LGBTI population –specifically trans, within the power
structure of a masculinized nation state, whose agents are in charge of territorial
planning. Feminist theories, geographies of sexuality, and queer theories
merged, with the aim of explaining the connection between these policies, the
subjects involved, and the occupation of territory for sex work. The
methodology used is qualitative, as an in-depth interview was applied and the
criteria of an urban design manual were reviewed, in order to describe the
relationship between the actors during the inclusion of the trans population
and sex trade zones in the ordinance plan (2015) and its reform project (2017).
The analysis was extended to the Covid-19 pandemic scenario to identify how,
despite this achievement, trans subjects were again excluded from the
statistics and policies applied following confinement. It is concluded that the
Pereira experience reveals the importance of including sex-gender diversity in
territorial design and planning processes.
Keywords: Covid-19;
sex-gender diversity; politics of inclusion; Plan of Territorial Organization;
LGBTI population; queer politics.
1. Introducción
El
Plan de Ordenamiento Territorial (POT), ratificado según el Acuerdo 28 de 2015,
contiene una serie de modificaciones parciales, incluidas a través del proyecto
de reforma del año 2017 y que fueron reproducidas en otros veinte planes de ordenamiento
urbano en dicho país. Tales modificaciones fueron impulsadas por políticas de
inclusión para un sector históricamente marginado: la población LGBTI
(Coll-Planas y Missé 1994). El resultado se debió a la articulación del trabajo
entre coordinadores de políticas LGBTI del Municipio de Pereira y el de los
entes responsables de la creación del plan.
En
este sentido, el estudio en que se basa este artículo se justifica por la
necesidad de dar a conocer procesos que incorporan nuevas formas de diseñar políticas
públicas con el enfoque de las diversidades sexogenéricas y tomando en cuenta a
poblaciones vulnerables. Ello denota una nueva concepción de hacer política,
que permite reconocer a los sujetos políticos como hacedores de los
territorios, una perspectiva relevante dentro del actual contexto de la
pandemia por covid-19.[i]
Un
antecedente importante de este estudio lo constituye el proyecto de reforma del
2017, en el cual se plantea la incorporación de un área de ocupación para el
comercio sexual. Dicha área se establece fuera de los márgenes del centro de la
ciudad de Pereira, a partir de la localización de varios grupos que ofertan el
trabajo sexual (entre ellos, cis y trans). Se elaboró un trabajo conjunto entre
estos grupos con atención a las sujetas trans y los entes institucionales
encargados de dichas políticas públicas para la inclusión de la diversidad
sexogenérica, a través del Proyecto de Diversidad Sexual de la Alcaldía del
Municipio de Pereira en Colombia.
¿Cómo
la incorporación al POT de nuevas variables urbanas inclusivas sobre la
población LGBTI, específicamente trans que ejercen el trabajo sexual en los
espacios públicos de Pereira, configura el reconocimiento de nuevas
territorialidades queer-trans, bajo las actuales
condiciones de covid-19? Sobre la base de esa pregunta, el objetivo general con
este artículo es analizar las variables que determinan las condiciones de la
población LGBTI dentro del contexto de la covid-19. Dentro de los objetivos
específicos, se encuentran los siguientes: comparar el modelo de planificación
urbana tradicional con el del manual de
diseño urbanístico de Davidson y Payne (2004), desde un enfoque feminista
interseccional y de diversidad sexogenérica; identificar las variables que
caracterizan las condiciones de vida de la población LGBTI en el contexto de la
covid-19; y describir las posibles variables urbanas a ser incorporadas tras el
contraste resultante entre la caracterización de la población LGBTI en el
contexto de la covid-19.
Se trata de un estudio cualitativo, para el cual se realizó una
entrevista en profundidad con un experto en política pública que intervino en
el análisis del enfoque de la diversidad sexogenérica, aplicado al POT de
Pereira de 2015 y su reforma del año 2017. El artículo se organiza en cuatro
ejes fundamentales: 1) soporte teórico temático desde un enfoque feminista, 2)
soporte metodológico; 3) análisis de las variables urbanas adoptadas dentro de
los criterios que designan la distribución del uso del suelo y de los espacios
públicos dentro de lo permitido como áreas para la relocalización del comercio
sexual en la ciudad de Pereira, con base en el análisis del POT de 2015 y el
proyecto de reforma de 2017, pues en este último se incluye
la opinión de la población trans en la ubicación del trabajo sexual en la
ciudad; y 4)
análisis de los nuevos
retos en la planificación urbana ante la relación covid-19 y diversidades
sexogenéricas. Finalmente, se ubican los principales hallazgos y reflexiones a
partir del caso de estudio.
2. Soporte teórico temático
Aproximación al enfoque de la planificación
entendida desde
las nuevas territorialidades
Partiendo
del enfoque planteado por Vainer (2002), el territorio, y específicamente una
región, puede ser considerado una escala geográfica, pero sobre todo de poder.
Las lógicas impuestas por las ideologías hegemónicas de los actores con
capacidad financiera que construyen las ciudades, por lo general del sector
inmobiliario, entran en pugna con las lógicas de la necesidad, siguiendo a
Abramo (2008), de los sectores populares, los excluidos, los marginados, las
identidades no reconocidas, abyectas o al margen de las políticas de
planeamiento urbano en las ciudades.
Así,
las lógicas del mercado, imperantes en una sociedad de consumo y en las que lo
único de valor representativo es la acumulación y circulación del capital (González
2005), son el marco de referencia donde se insertan las actuales políticas de
construcción y gestión de la ciudad, durante el actual período del capitalismo
posfordista. Por tanto, la constitución de un aparato estructurador del diseño
de las ciudades no garantiza que se inserten, en este choque de fuerzas,
aspectos como la inclusión, la no segregación urbano-espacial y la no
discriminación de la pluralidad de manifestaciones identitarias que componen,
en la práctica, las dinámicas de construcción de las subjetividades en la
esfera de lo público, en el espacio público.
La
estandarización de la eficiencia, la eficacia y la efectividad en términos
económicos ha sido usada en igual medida para controlar a los cuerpos en el
espacio público. Esto ataca a los cuerpos diversos y establece un sistema
basado en la competitividad como forma de “explotación de estos cuerpos en la
producción de objetos mercadeables y de consumo” (Millán de Benavides 2004,
134), con el fin de insertarlos en una escala global de consumo.
La
atracción de inversores (Borja y Castells 1998) se justifica a partir de la
garantía que ofrecen las instituciones del Estado encargadas de la
planificación urbana, de “diseñar” áreas especializadas para el fomento de las
actividades socioeconómicas. Prima entonces la capacidad financiera para
definir las mejores localidades dentro de las ciudades, so pena de excluir a
aquellos identificados como lo que no puede ser visto o aceptado por ejercer
trabajos que son deleznables según la sociedad, por ejemplo, la transacción de
sus propios cuerpos dentro del mercado sexual.
De
acuerdo con Parnreiter (2017), existen focos de atracción y de renovación
urbana, que en parte son impulsados por planes como el POT. Sin embargo, esta
articulación muchas veces está cargada de prejuicios sobre aquellas actividades
aparentemente no visibles para el inversionista y tratadas desde la economía
keynesiana como una deseconomía, entre ellas se encuentra el comercio sexual.
Para
Randolph, Mafesoli introduce el término de “territorialidades sociales” como
parte de las políticas territoriales que dan cuenta de aquellos
microterritorios de emancipación olvidados o negados por los paradigmas de la
planificación tradicional heredados del positivismo y el estructuralismo de
Harvey y Lipletz sobre los modelos de economía espacial (Randolph 1993). Así
comienza un análisis sobre los procesos de consolidación de espacios en lo
público desde la alteridad de los sistemas, sobre nuevos recortes espaciales
“no jurídico-políticos”, como las actividades que realizan aquellas personas
con identidades múltiples e incluso de guardarropa, en palabras de Bauman,
quien les llama así en Modernidad líquida
(2008), sobre cafés, bares, plazas, parques y sobre las áreas de comercio,
incluso del mercado sexual.
Desde
el sistema binario imperante en el aparato de la planificación tradicional, por
tanto, se critican estas posturas con el fin de suprimir las alteridades y las
diferencias, de acuerdo con Maffesoli (citado en Randolph 1993), y con el
propósito de proteger el statu quo del sistema
patriarcal, en el que prima la dicotomía hombre-mujer y la estructura social
básica de la familia tradicional. Esta condición imprime una clara demarcación
de las políticas públicas que rigen lo permitido, y se amparan en los marcos
normativos derivados de estas políticas en las naciones que conforman el eje de
países andinos, que engloban la conformación de los Estados nación, las
especificaciones regulacionistas y ordenadoras de lo público y lo privado en la
esfera de lo urbano con los planes de desarrollo, los planes de ordenación del
territorio y las ordenanzas de zonificación a escala local.
La
conformación de estos nichos, sin embargo, no contempla desde su estructura
organizativa, procesos de análisis multifocal sobre los actores diversos, sino
que se articula desde la generalización de las condiciones de los sujetos que
intervienen en la construcción de los territorios y de los paisajes. Al
respecto, el diseño de los planes de ordenación del territorio se apoya sobre
tres aspectos fundamentales: análisis de las características poblacionales y
sociodemográficas, diseño de la cobertura de las necesidades básicas (propuesta
física de equipamientos e infraestructuras de servicios urbanos) y
disposiciones urbanas definidas por su funcionalidad y uso (de corte económico)
de áreas que están destinadas a sujetos sanos, según un criterio biologicista (Rubin
1986). Las teorías surgidas de la antropología feminista, sin embargo,
imprimieron un matiz diferencial y una mayor especificidad a los procesos de
conformación de espacios distintos al diseño estructural patriarcal que
proviene de las instituciones públicas.
Por
otra parte, en el enfoque de la interseccionalidad (Crenshaw 1995), existen
herramientas que pueden ser usadas para cuestionar incluso las políticas
públicas y específicamente los análisis preliminares que hasta la fecha son
usados por parte de la planificación urbana “tradicional”, como se ha
mencionado con anterioridad. Asimismo, existen apuntes donde se cuestionan los
modelos académicos que se derivan de una postura tecnocrática y cientificista
objetiva de las ciencias y de la producción de conocimiento para la creación de
pautas que dictaminen procesos regulatorios del aparato del Estado (Haraway
1995; Harding 1989).
Harding
(1989) critica la noción del sujeto universal, esencializado y varonil.
Introduce más bien un acompañamiento de identidades fragmentadas desde una
visión postmoderna de sujeto dividido y múltiple, que ya no reside en el
proyecto de una 81 identidad
común, sino en el intercambio de una conciencia de oposición desde la práctica.
De igual manera y siguiendo la misma línea argumentativa, Wendy Brown, en Encontrando
al hombre en el Estado (2006), señala que existen cuatro
dimensiones que componen un Estado masculinizante: el contrato social, el
liberalismo, el capitalismo y la prerrogativa del poder compuesto por la
burocracia, el proteccionismo y el paternalismo estatal; la composición y
combinación de ellos dan como resultado la masculinización de la esfera
pública. Para aclarar un poco el asunto, la autora señala que “el problema,
entonces, no es la exclusión de las mujeres del dominio del Estado como
prerrogativa, sino en su carácter de incorporación del género” (Brown 2006,
189).
Aproximación
al enfoque de la diversidad sexogenérica en el territorio
Desde
la construcción de los conceptos diferenciados por Gayle Rubin (1986),[ii]
sobre el sistema sexo-género, el feminismo empírico y el académico han
construido un campo de inserción que ha colado incluso a nivel internacional,
imprimiendo modificaciones estructurales profundas, pero aún no resueltas en la
práctica sobre las relaciones de género en sí mismas en el espacio del
territorio. Un ejemplo, lo constituye el Manual. Territorio e igualdad. Planificación
del desarrollo con perspectiva de género, impulsado por las
Naciones Unidas y la CEPAL, que forma parte de la actual Agenda Urbana sobre
procesos de incorporación de la perspectiva de género para disminuir las
brechas de desigualdad impuestas por un sistema de dominación masculina (Butler
2013).
La construcción de una ciudadanía sexual (Petchesky 1999), por
tanto, debe ser uno de los nuevos paradigmas en donde se circunscriben las
luchas emancipadoras desde el género y la diversidad sexogenérica, sobre el
control biopolítico del cuerpo (Foucault 1999), e incluso desde la definición
de lo queer[iii] como identidad abyecta (Butler
2002) y desde un modelo de política queer (Guimaraes 2020).[iv]
Hasta el momento la construcción de una ciudadanía sexual
constituye únicamente una aproximación, que es cuestionada no solo por el
Estado patriarcal, sino también por el feminismo empírico y académico radical,
según la cual, el cuerpo queer no es más que una reproducción de modelos genéricos de consumo
cooptados por cuerpos antes masculinos (Butler 2013). Vale la pena preguntarse
con base en estos ataques, si estas identidades son capaces de constituirse
como una unidad con capacidad de agencia para operar sobre los marcos
normativos en la planificación.
Además de esto, Stoler (1997) llama al control sobre los cuerpos,
a las relaciones sexuales, el concubinato, la prostitución, no como curiosidades
de la empresa colonial, sino claramente como una política sexual explícita que
es traducida actualmente en o sobre las identidades no fijas por ejemplo la queer-trans dentro de las dinámicas
de la oferta de servicios sexuales en las ciudades. Sin embargo, dentro del
contexto actual, la construcción de las identidades queer-trans abarca explícitamente la construcción de una imagen de
género tan mercadeable como el cuerpo, entendido este en cuanto objeto de
consumo desde una hipersexualización y cosificación sobre los imaginarios
eróticos que cercan y confinan a este grupo queer-trans y sus prácticas a unas pocas esferas en lo público.
3. Soporte metodológico
El
área de estudio es Pereira, capital del Departamento de Risaralda, dentro de la
región andina central colombiana. Se encuentra ubicada a unos 344 km al
occidente de Bogotá, la capital de la República de Colombia; constituye la
principal y más importante ciudad desde el punto de vista económico y
geopolítico del denominado “Eje cafetero”, conformado por los Departamentos de
Caldas, Quindío y Risaralda, respectivamente (Gobierno de Risaralda 2018).
Presenta una superficie de 97 km2, e incluye a 19 comunas que
representan las áreas urbanas de la ciudad y 12 corregimientos que representan
las áreas rurales.
A
mediados de los años 80, el Municipio promovió la renovación urbana del centro
de la ciudad sobre el sector de la antigua Galería, hoy Ciudad Victoria, donde
se concentraron las mayores intervenciones estipuladas en el Plan de Ordenación
del Territorio (Gobierno de Risaralda 2018). En este sentido, la selección de
la ciudad de Pereira como lugar de estudio de las políticas de planificación
urbana radica en que es una de las pocas ciudades, si no la primera, en
incorporar modificaciones en el POT que tipifican los lugares de ocupación
permitidos y regulados para el trabajo sexual, por parte del Municipio, y que
incluye la opinión de la población LGBTI y en específico trans sobre las zonas
de relocalización del trabajo sexual de estas sujetas en el espacio
público.
La
problemática de la investigación parte de uno de los retos planteados en el POT
del año 2015: incorporar áreas dedicadas al comercio sexual como parte de las
políticas de inclusión sobre poblaciones vulneradas que se dedicaban a este
trabajo. Sin embargo, fue necesario impulsar el proyecto de reforma del 2017,
con el propósito de definir áreas para el comercio sexual fuera de los márgenes
del centro de 83 la
ciudad. Esto generaba una contradicción importante, ya que expulsaba a dichas
poblaciones de las áreas que históricamente ocupaban, y a su vez servirían para
las políticas de inclusión a la hora de definir a actores y actoras que
participaban en esta actividad en el contexto actual de la pandemia por
covid-19.
Es
importante aclarar que en los acuerdos 004 y 028 del año 2015 consta la
modificación sucesiva del POT de 2015, también en el Acuerdo 035 de 2016 se
manifiesta la incorporación de proyectos de urbanización y manejo de áreas
rurales para la expansión de la ciudad y los sucesivos proyectos de reforma de
los años 2017 y 2018 sobre definición de usos y equipamientos. Todos estos
acuerdos, sin excepción, fueron reevaluados después del inicio de la pandemia
covid-19, a través de un proceso de revisión planteado por la Alcaldía del Municipio
de Pereira desde 2020 a 2022. Las incorporaciones luego del confinamiento aún
se encuentran sujetas a estudio, por lo cual, no existe acceso público a la
información. A tales efectos, se tomó en consideración el Acuerdo 028 de 2015 y
el proyecto de reforma de 2017 para este estudio, ya que constituyen los
precedentes de cambio hacia la inclusión de la opinión de la población trans
dedicada al trabajo sexual.
Para
abordar dicha problemática, se empleó metodología cualitativa (Aguilera 2013).
Dentro del tipo de información manejada se halla la de carácter documental y
empírica. En cuanto a los instrumentos de recolección, se utilizaron la
entrevista a un especialista en la materia y la aplicación del manual de diseño
urbanístico de Davidson y Payne (2004), para comparar los procesos de diseño
del POT, que excluye a las disidencias sexuales en su diseño y expone una
óptica masculinizante. La aplicación de estos instrumentos permite medir la
relación entre los distintos actores que intervinieron en el proceso de
participación e inclusión de las opiniones de sectores de la población LGBTI,
específicamente trans, en las políticas públicas que permean la elaboración de
instrumentos de ordenamiento urbano, a los efectos de alcanzar el cumplimiento
de dichos objetivos colectivos.
4.
Población trans y áreas de ocupación del comercio sexual, según el POT de
Pereira
Si
se sigue lo señalado en el manual de diseño urbanístico (Davidson y Payne
2004), la estructuración general del POT de Pereira no sorprende, desde el
punto de vista crítico, sobre la constitución de prácticas políticas inclusivas
y diversas en la partición compartimentalizada del suelo urbano. En las cinco
etapas que describe el manual, no se estima incluir áreas urbanas antes
estigmatizadas (como zonas de burdeles y de trabajo sexual en calles y vías)
antes del POT del año 2015.
Con
el reconocimiento legal de estas áreas dentro de la trama urbana de la ciudad no
solo se regulariza el comercio sexual, sino que también se intenta darles un
espacio de derechos, en la ocupación del suelo urbano, al conjunto de las
poblaciones dedicadas a tal labor. Sin embargo, hay que matizar esto, ya que la
designación de áreas fuera de los límites de lo que se conoce como casco
central, y fuera de las áreas de interés para el desarrollo de los centros
financieros y de vivienda de la ciudad, refleja que la proximidad de este tipo
de actividades con los centros urbanos se considera incompatible a nivel de
usos, porque aún la planificación se encuentra encapsulada en un marco moral
que raya en el control biopolítico como lo define Foucault.
El
Plan General contempla una escala pormenorizada sobre cinco ejes fundamentales
que lo estructuran. De estos destaco el punto 4, pues se centra en la
incorporación de usos del suelo con carga moral restrictiva. Dicha carga se
define por asociación con actividades no cónsonas con el desenvolvimiento de la
vida en sociedad, o consideradas no compatibles con actividades de tipo
residencial, cultural, educativo o de salud, que se encuentran dentro de los
posibles usos prohibidos en el artículo 342 parágrafo 2; en este artículo
constan los usos vetados, tales como el comercio sexual sobre los espacios públicos
(los criterios para el manejo del espacio público se estipulan en los artículos
139 y 144).
De
acuerdo con los objetivos planteados al comienzo de este artículo, el análisis
se enfoca en el cuarto de los cinco ejes antes mencionados, específicamente en
el artículo 344, “Disposiciones y requerimientos para los usos y actividades
relacionados con consumo y servicios sexuales”, en el que se señala lo
siguiente:
1. Se prohíbe la ubicación de usos
y actividades relacionadas con la prostitución, comercio del sexo y actividades
afines, en las áreas, zonas o sectores con vocación residencial [...]. Las
edificaciones en las que realicen esta actividad, deberán cumplir con la
normatividad nacional y condiciones establecidas desde el estatuto de usos del
suelo y criterios de implantación (Concejo Municipal de Pereira 2015, 176).
De
lo especificado en el numeral 1, se puede decir que hay un confinamiento y una
segregación socioespacial de los individuos que se dedican a las actividades de
comercio sexual, lejos de las áreas residenciales y educativas. Esto da cuenta
de la marginación a la que se somete a las personas que se dedican a tales
prácticas, que quedan encapsuladas por considerarse clandestinas o prohibidas.
Lo
contemplado en el numeral 2 refleja que esta marginación incluso es
cuantificada en la conformación de límites espaciales desde el alejamiento
radial de actividades cercanas a cualquier equipamiento. Mientras tanto la
prohibición de cercanía con sitios “donde asistan grandes grupos de personas” refuerza
la idea de invisibilización y de prohibición sobre la exposición de estas
identidades que cuestionan el statu quo imperante. En el
numeral 3 se plantea la incompatibilidad con zonas de recreación, lo cual
configura la separación de las actividades del comercio sexual de las
contempladas en los usos recreativos.
Pasando
a lo señalado en el numeral 4, la prohibición de publicidad asociada a que en
la zona se ofrece comercio sexual da cuenta de la condición de clandestinidad
que se le imprime a esta labor. De lo explicitado en el numeral 5, las
edificaciones para tales propósitos se consideran fuera de la clasificación de
“prestadoras de servicios”, lo cual confina a estas prácticas a los estatutos y
los criterios de localización desde la institución pública encargada del
desarrollo urbano.
El
trabajo sexual se trata como un asunto tabú (Tirado 2011), pero necesario desde
el punto de vista de la satisfacción de los deseos carnales al servicio de
aquellas personas que los solicitan. Así pues, la clandestinidad es normalizada
para garantizar la convivencia con el resto de ciudadanos que no están
vinculados al comercio sexual (Millán de Benavides 2004). Conceptualmente existen dos posturas: la
primera lo comprende como prostitución, explotación de mujeres o ejercicio
violento y forzoso de la actividad, y la segunda como trabajo sexual, un
proceso reivindicativo laboral y voluntario (Millán de Benavides 2004,
135-136).
En
línea con el reconocimiento de derechos que se tuvo en cuenta para asegurar la
participación en el proceso de reforma del POT y tomando en cuenta la
denominación institucional que se hizo de esta población, en este artículo se
decide definirlo en adelante como trabajo sexual y a las sujetas trans que lo
desempeñan como trabajadoras sexuales. Es importante aclarar que el análisis
del trabajo sexual como actividad que ejercen las sujetas trans representa tan
solo una excusa para mostrar cómo pueden incluirse la diferencia sexual, a la
hora de tomar decisiones sobre la ocupación y apropiación de los territorios en
la ciudad, dentro de una estructura de poder institucional y netamente
masculinizada.
Actores y procesos de
participación en el POT (2015) y su proyecto de reforma (2017)
El
modelo neoinstitucional de planificación racional (Rave 2018, 5), planteado en
la elaboración del POT del 2015, termina de imprimir una postura política de
universalización de los sujetos en la concepción de lo urbano. Lo anterior se
fundamenta en la idea de dar respuesta a necesidades biológico-morfológicas,
físico-materiales, sociales y económicas y no en una noción que contemple la
construcción de las alteridades y subjetividades existentes en el territorio.
La concepción totalizadora inscribe, en consecuencia, parámetros
para designar los canales y el acceso a la participación, un modo de agenciar
un proyecto ideológico específico (desarrollista y neoliberal, tal como se
describe en los cinco ejes de la estructura del POT) de construcción y
apropiación del espacio urbano. Sin embargo, como señala Marilyn Strathern en
el Género: una perspectiva antropológica, “un objetivo de la política de la liberación es adaptar la
‘sociedad’ hasta el punto en que permita la libertad sin trabas de la
autoexpresión de los individuos, de forma que cada uno pueda interactuar sobre
una base personal” (Strathern 1979, 148).
Esta política de liberación fundamentada sobre una base personal
fue elaborada por un equipo multidisciplinario. Además, estuvo particularmente
impulsada por uno de los actores que funcionó como agente de cambio (el analista
político Juan Camilo Rave),[v] quien se encargó de coordinar e implementar el Proyecto de
Diversidad Sexual, que incluía la opinión de las trabajadoras sexuales trans en
la relocalización de las áreas destinadas al comercio sexual del POT de 2015.
Según el analista político Rave, las instituciones estatales
colombianas, con el fin de garantizar el ejercicio de derechos de las
poblaciones más vulnerables, plantean un estilo de administración de la
diferencia. Una de estas, la diferencia sexual y de género, es abordada desde
las políticas públicas poblacionales. Así pues, la población LGBTI, considerada
como parte de la diferencia sexual, y en el caso específico de uno de sus
segmentos, las sujetas trans, se convierten en el target de la política.
En el caso del Municipio de Pereira, fue importante identificar a
las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual en el espacio público en
Pereira, como parte del grupo poblacional LGBTI, para que estas pudieran tener
acceso y beneficiarse de dichas políticas públicas de inclusión y de los
programas que la alcaldía ha diseñado para estos nichos. Existen dos escenarios
que plantean acciones de inclusión de los sectores LGBTI, en las cuales se
incluye a las sujetas trans. Uno de ellos es mediante la transversalización del
Enfoque de Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversas en las
políticas públicas que incluya a todos los entes que forman parte del Municipio
y de acuerdo con la competencia que tienen. El otro escenario es el de la
ejecución de un programa, subprograma o proyecto, que depende de una instancia
de la alcaldía, como sucede en el Municipio de Pereira. Rave señala lo
siguiente:
Inicialmente, el problema que
planteaba el POT del año 2015 era la falta de inclusión de la opinión de las sujetas
trans que ejercían el trabajo sexual en la decisión de localización de las
áreas destinadas al comercio sexual. Esas zonas se decidieron sin preguntarle a
las trans, sin preguntarle a las mujeres trans trabajadoras sexuales, sino que
fue una decisión eminentemente política; los concejales en la discusión del POT
generaron, pues, como la zonificación (entrevista Juan Camilo Rave, coordinador
del Proyecto de Diversidad Sexual de la Alcaldía de Pereira, 5 de octubre de
2018).
En este sentido, fue clave el rol del
agente de cambio institucional del Estado:
87
Digamos que yo llego a la discusión
por la situación de las mujeres trans, porque era la población que me
interesaba a mí, la población de trans trabajadoras sexuales, porque una de las
quejas renuentes que ellas me contaban era que la policía las sacaba del lugar
(entrevista al coordinador del Proyecto de Diversidad Sexual de la Alcaldía de
Pereira, 5 de octubre de 2018).
El interés de este agente definió la
inclusión de la agenda política de este grupo, así lo expresa:
Logramos hacer una nueva
zonificación, […] desplegamos un dispositivo participativo […] para […] definir
nuevamente los espacios, […] porque adicionalmente el problema no era solamente
que estuvieran en los espacios “incorrectos”, sino que una crítica que también
les hacía la policía era la manera en cómo habitaban el espacio (entrevista al
coordinador del Proyecto de Diversidad Sexual de la Alcaldía de Pereira, 5 de
octubre de 2018).
Por
otra parte, señala que tres organizaciones altamente institucionalizadas
(Prisma, Hábitat y Plataformas), en representación del movimiento LGBTI, han
sido las veedoras y garantes para que la alcaldía “incluya dentro de sus planes
de desarrollo, actividades enfocadas en dar garantía a los derechos de la
población LGBTI, entonces eso es algo importante” (entrevista al coordinador
del Proyecto de Diversidad Sexual de la Alcaldía de Pereira, 5 de octubre de
2018).
Uno
de los aportes dentro del proceso de inclusión fue la utilización de un
dispositivo participativo para generar discusión sobre la manera en que una
trabajadora sexual habita el espacio y
de tres cartografías distintas, como metodología para generar el debate y el
encuentro entre los actores involucrados, y para tender puentes entre este
segmento de la población y la institucionalidad encargada de proteger los
derechos laborales y de ocupación en el territorio, a través de la reforma al
POT de Pereira del año 2017. El analista político Rave señala que
de las tres cartografías que te
digo, la cartografía del territorio, la cartografía del vestido y le llamamos a otra la cartografía de los
amores, para hablar un poco sobre las relaciones entre las mujeres trans como
colectivo político. Eso terminó en ese nuevo perímetro, pero fue una
oportunidad muy valiosa para generar en ellas un proceso de empoderamiento,
porque al final fueron esos insumos los que determinaron la nueva zonificación
(entrevista al coordinador del Proyecto de Diversidad Sexual de la Alcaldía de
Pereira, 5 de octubre de 2018).
Otro de los elementos a
destacar se encuentra en delimitar el problema que plantea la formulación de
políticas LGBTI en su estructura, a partir de entender que las mismas pasan por
el filtro de la regulación corporal.
5. Covid-19 y diversidades
sexogenéricas: nuevos retos en la planificación urbana
Ante
la emergencia sanitaria a nivel global debido a la covid-19,[vi]
declarada pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
Gobierno de la República de Colombia emitió el Decreto 457 del 22 de marzo de
2020, a fin de declarar el confinamiento y las medidas de restricción sobre la
movilidad dentro del territorio colombiano (OPS y OMS 2020, 1). Para la semana
35, las muertes por covid-19, ya fuera causa confirmada o sospechosa,
representaban el 7 % del total de defunciones en el país (DANE 2021).
En
ese contexto, el Departamento de Administración Nacional de Estadística
Colombia (DANE) definió escenarios correspondientes a los períodos semestrales
de confinamiento de la covid en Colombia, desde sus inicios en 2020 a su estado
al cierre de 2021. Estos escenarios han sido comparados con los datos del
Instituto Nacional de Salud (INS). En el Escenario C
(DANE 2021), en relación con la cifra alarmante de 112 826 defunciones según la
información ofrecida a los medios de comunicación por parte del Ministerio de
Salud y Protección Social (MSPS), el DANE reportó 5973 defunciones más que esta
institución. En el Escenario D (DANE 2021), con relación a los datos
disponibles en el dashboard de covid-19 del INS, que reportó 119 380 defunciones, contra las
cifras DANE, la diferencia es que el INS tiene 584 registros más de defunciones
por covid-19 confirmadas que el DANE y 19 529 menos si contrastamos contra la
base DANE con casos confirmados y sospechosos (DANE 2021).
En
ninguno de los dos casos, el DANE (2021) estableció el análisis de datos
específicos desagregados por diversidades sexogenérica o población LGBTI, sobre
sus condiciones de vida y mucho menos sobre la situación desde el comienzo de
la pandemia y al corte de tercer trimestre de 2021, sobre las violencias de
género perpetradas durante el período de confinamiento, en contra de las
mujeres y de los cuerpos feminizados. A nivel departamental, el Gobierno de
Risaralda reportó al cierre de septiembre de 2021, 89 226 casos históricos, de
los cuales 405 se encuentran activos, 86 196 recuperados y 2252 fallecidos en
todo el municipio (figura 1).
Figura
1. Mapa y datos del reporte de casos confirmados de covid-19 en Risaralda
Fuente:
Gobierno de Risaralda (2021).
En cuanto a las variables
sexo y grupo etario por municipio, sí se encuentran cifras: 42 874 casos
históricos de hombres y 46 352 de mujeres a nivel del departamento, lo cual
indica la vulnerabilidad de las mujeres en relación con el número elevado de
contagios. Según el rango de edad por municipio, Pereira registra 12 881 casos
históricos dentro del rango de 20 a 29 años; 13 109 casos, de 30 a 39 años,
9622 casos, de 40 a 49 años 7615 casos, de 50 a 59 años y 4977 casos en el
rango de 60 años o más (figura 2). Sin embargo, tampoco existen datos
desagregados que den cuenta de la situación de la población LGBTI y mucho menos
específicos del grupo trans, en el contexto de la pandemia desde sus inicios al
corte del 26 de septiembre de 2021.
Figura
2. Casos de covid-19 por sexo y rango de edad
Fuente:
Gobierno de Risaralda (2021).
Otro
de los aspectos relacionados con la generación de marcos normativos de inclusión
de estas poblaciones, más allá de las posturas de interseccionalidad y de
enfoque de género formuladas por el Gobierno Nacional de Colombia a través de
la Guía para la Incorporación del Enfoque de Género,[vii] y
de los lineamientos para la mitigación del riesgo de contagio para los sectores
sociales LGBTI[viii]
(MSPS 2020a), es el hecho de incorporar estos instrumentos a la escala de la
normativa local en los distintos ámbitos de la vida pública.
El
reto se plantea frente a la ocupación del espacio público durante la pandemia
una vez superadas las restricciones del confinamiento,[ix]
durante el primer trimestre del brote (Decreto 457 2020, 1),[x] pues las sujetas trans dependían del comercio
sexual (tanto formal como informal) en las calles del centro de Pereira. ¿Cómo
diseñar variables que incluyan datos desagregados de la población LGBTI
(género, lugares de ocupación laboral formal e informal, condiciones de
seguridad, grados o niveles de percepción de la seguridad por parte de estos
grupos), por solo mencionar algunas, a los efectos de reformular las actuales
normativas en materia urbana que regulan el uso y ocupación de los espacios
públicos?; esta pregunta resume el reto.
El
Ministerio de Salud, a través de la Resolución 1513 de 2020 (MSPS 2020b), exige
el cumplimiento de las medidas generales que hacen referencia a la adopción del
protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo ante el
coronavirus, en el espacio público por parte de las personas, familias y
comunidades. Por fuera quedan las medidas específicas sobre los rubros
destinados al trabajo formal e informal al aire libre, sobre el trabajo sexual
en los espacios públicos, o sea, que estas personas de por sí serían doblemente
estigmatizadas de presentar esta condición de salud.
La
única salvedad que hace referencia directa, durante el contexto de la covid-19,
al grupo trans que se dedica a la “prostitución” (trabajo sexual) es en el
Documento 1, TDS07 (MSPS 2020a, 19). En este texto se especifica el enfoque de
género diferencial 91 y
la no discriminación, basado en el riesgo por explotación y abuso sexual, de
violencia física o psicológica, desde el punto de vista de la protección de sus
derechos; mas no se mencionan medidas para para ocupar el territorio en esta
actividad (MSPS 2020a, 19).
González
et al. (2021), en el estudio sobre los efectos sociales, económicos y de la
salud ocasionados por la pandemia de la covid-19, intentan aproximarse a una
caracterización sociodemográfica de las personas de la población LGBTI de las
cuales las sujetas transforman parte. Se interesan en exponer los distintos
grados de vulneración a los cuales estas personas son sometidas: la
precarización del trabajo, el desempleo, la reducción de los espacios de
socialización y de trabajo, la violencia y el sentimiento de inseguridad en el
espacio público, entre otros. Si bien este estudio refleja un nicho poblacional
trans dentro de la población LGBTI de clase media que tiene acceso a internet,
y que se encuentra dentro de los niveles educativos medios y universitarios, da
cuenta del temor de personas que se encuentran en una situación más favorable,
con respecto a aquellas personas de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3
(bajos recursos). Un ejemplo es la posibilidad de experimentar las violencias
ejercidas por la fuerza pública, como consecuencia de las restricciones sobre
la movilidad y la ocupación de los espacios públicos en la ciudad, sobre todo
para personas trans que ejercen el trabajo sexual (ILGALAC 2020, 48).
Por
tanto, aún queda un camino abierto para explorar nuevas posibilidades de
inclusión de las poblaciones trans y LGBTI en general dentro de los
instrumentos de planificación. Estos, a su vez, necesitan ajustarse a sus
realidades específicas, garantizando con esto su seguridad.
6. El POT de Pereira incorpora el enfoque de la
diversidad sexogenérica: un logro histórico
La
finalidad con este artículo no ha sido evaluar la manera en que la institución
actuó durante la producción de la norma, sino destacar la incorporación al
proyecto de reforma de una participación radical, planteada por el analista
político Rave, coordinador del Proyecto de Diversidad Sexual del Municipio de
Pereira. Tal incorporación no hubiese sido posible, si no hubiese existido este
coordinador que actuó como agente de cambio y puente entre la institucionalidad
estatal (como garante de derechos), el activismo representado por las tres
principales plataformas LGBTI (avaladas por la institución y el grupo de
sujetas trans y que gestionan las agendas de la población trans sobre el
territorio) y, finalmente, el grupo de sujetas trans que 92 ejerce el trabajo sexual.
Es
innegable el aporte de los trabajos conjuntos entre las instituciones estatales
y los grupos sociales, en este caso las sujetas trans. Los logros se evidencian
en las otras formas de recolección de las necesidades y la comprensión de
reevaluar las metodologías para construir nuevas epistemologías sobre la
diversidad sexogenérica. Además, se ahonda en el siguiente paso de reconocimiento
de lo queer-trans, incluso desde la arena de la
clandestinidad asociada a las prácticas del comercio sexual; se les reconoce
como sujetos políticos capaces no solo de exigir derechos, sino de traspasar
las barreras que los confinan a espacios fuera de las áreas de interés
económico de la ciudad.
Asimismo,
entender el territorio desde los actores involucrados, desde nuevas
aproximaciones metodológicas como las cartografías ‘otras’, permitió registrar
e implementar una forma de apropiación y una manera de situarse en el mundo por
parte de estas sujetas trans. Lo anterior contribuyó a generar estrategias para
transversalizar el enfoque de las diversidades sexuales y de género en los
instrumentos de planificación urbana.
Por
tanto, para dar respuesta a la pregunta que se ha planteado en el artículo se
puede decir que la aplicación de políticas públicas con enfoque de inclusión de
la diversidad sexogenérica, en el caso del POT de Pereira, sí configuró el
reconocimiento de nuevas territorialidades desde la identidad queer-trans,
desde la corrección de las posturas adoptadas por la institución encargada de
garantizar la justicia social y la equidad territorial, y desde el POT. Hay que
destacar la aprobación del proyecto por parte de estos grupos, una manera de
validar su búsqueda de pertenencia y reforzar su identidad.
Sin
importar el origen de la inclusión de las opiniones y del “sentir” de estos
grupos, esta experiencia ha sido un modelo o ejemplo para incluir estas
identidades y el enfoque de la diversidad sexogenérica en planes urbanos;
incluso es un precedente no solo en Colombia, sino en la región andina. No
obstante, queda pendiente un ejercicio importante sobre el posible terreno
híbrido, tal como planteaba Petchesky (1999), de lucha de intereses, pero también,
de negociación sobre un lugar de identidad diversa en el territorio ganado con
la resistencia de los cuerpos sexualizados, con vistas hacia una ciudadanía
sexual y una territorialización de la diferencia.
Si
bien la incorporación del enfoque de la diversidad sexogenérica en el POT de
Pereira constituye un logro histórico, la pandemia por la covid-19 ha planteado
retos significativos. Por un lado, a mayor desagregación de datos sobre estas
poblaciones para generar variables de ordenación territorial –basados en el
saneamiento y control epidemiológico en los espacios públicos– mayor control
biopolítico, pero mayor visibilización de los problemas que las aquejan y más
apertura ante las posibilidades de reclamar sus derechos, en este caso
relacionados con el trabajo sexual en la ciudad.
Por
otro lado, a menor desagregación o generalización de los datos sobre esta
población, menor control biopolítico y mayor capacidad de autonomía y
agenciamiento fuera de los límites de control de un Estado masculinizado que las
oprime 93 y las segrega para que
ocupen espacios específicos aislados del resto de la ciudadanía. Se refuerza la
estigmatización sobre el trabajo sexual en las calles a partir de la
criminalización de la salud de estas personas, al etiquetarlas como generadoras
de focos de infección y propagación de enfermedades (VIH/sida y covid-19), de
delincuencia común, de tráfico de drogas, de trata de personas –tanto como
traficante, mediador o víctima–, entre otros rubros relacionados históricamente
con el comercio sexual específicamente trans. Esto trae consigo el costo de la
invisibilización a los ojos del propio Estado y, por ende, del acceso y el
reclamo de sus derechos fundamentales.
Apoyos
Este artículo es el resultado de la actualización del trabajo final de la cátedra de Planificación Urbana Regional, de la maestría de Estudios Urbanos de FLACSO Ecuador, cuyo financiamiento se efectuó con la beca suministrada por esta institución. Agradezco al profesor Ramiro Rojas por su guía en la realización de este estudio.
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Notas