Resumen

En este texto se presentan los resultados de una investigación cualitativa y documental, que tuvo como propósito indagar acerca de las denominadas problematizaciones sobre la pobreza en un corpus discursivo del programa gubernamental de asistencia Chile Seguridades y Oportunidades. Se trazaron los modos en que la pobreza se construye en cuanto problema de gobierno. Se recolectó y analizó un corpus natural elaborado en el marco de la creación de esta política pública, compuesto por el programa de gobierno, los mensajes presidenciales y las discusiones de senadores y diputados. Los resultados indican que la problematización de la pobreza se construye mediante un discurso en el que se articulan la retórica empresarial y la conservadora; así el problema no radica en el modelo económico, sino en la dependencia que tienen los sujetos del Estado y, en el caso específico de las mujeres, en una crisis de los valores y de la familia. ¿La consecuencia lógica?: la propuesta de un sujeto emprendedor habilitado por el Estado para habitar las “fuerzas de la libertad” empresarial, a través de una serie de técnicas individualizantes como el emprendimiento. Se concluye que la producción de una tecnología de gobierno basada en el cruce de un férreo neoliberalismo y un nuevo conservadurismo social reproduce la clásica división sexual del trabajo en un esquema empresarial.

Descriptores: discurso; género, pobreza; problematización; sistemas de protección social; transferencias monetarias condicionadas.

Abstract

This study presents the results of qualitative and documentary research that aimed to explore the so-called problematization of poverty in the discursive corpus of the Chilean government welfare program Seguridades y Oportunidades. Modes in which poverty is constituted as a problem of governance were traced. A corpus that was elaborated by the government in the frame of the creation of this public policy was collected and analyzed, including presidential messages and debates among senators and deputies. The results indicate that the problematization of poverty is constituted through a discourse in which business rhetoric and conservative rhetoric articulate; thus, the problem is not rooted in the economic model but rather in the dependence of subjects on the state and, in the specific case of women, in the crisis of values and the family. What is the logical consequence? The proposal for an entrepreneurial subject enabled by the state to inhabit the entrepreneurial “forces of liberty” through a series of individualizing techniques like entrepreneurialism. It is concluded that the production of a government technology based on the cross of a fierce neoliberalism and a new social conservatism reproduces the classic sexual division of labor within an entrepreneurial scheme.

Keywords: discourse; gender; poverty; problematization; systems of social protection; conditional monetary transfers.

1. Introducción

A pesar de que Chile ha mostrado una reducción general de la pobreza en los últimos 30 años, su feminización no ha dejado de incrementarse en magnitud e incidencia, cuestión que se ha agudizado tras la pandemia por la covid-19. Así lo demostró la última encuesta Casen, en la cual se señala que, actualmente, un 54,8 % de la población en condiciones de extrema pobreza son mujeres (Ministerio de Desarrollo Social 2020). Esta feminización progresiva de la pobreza ha coincidido con la implementación, por parte de los Gobiernos postdictatoriales, de políticas públicas de corte neoliberal y residual, basadas en estrategias de focalización de la asistencia social en individuos que no pueden proveerse de insumos básicos, y en las que las mujeres aparecen invariablemente como sujetos vulnerables y objetos privilegiados de la acción estatal.

En el año 2012, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) –mandatario de derecha elegido después de 20 años de gobiernos de centro-izquierda– se comienza a implementar el programa estatal Chile Seguridades y Oportunidades –en adelante, CSO–. El programa es una política pública que comprende una red de servicios y transferencias condicionadas e incondicionadas que buscan promover “la superación de la pobreza extrema y las vulnerabilidades sociales”, a través del acompañamiento social, de la facilitación del acceso a servicios y de las transferencias monetarias dirigidas a mujeres vulnerables y jefas de hogar (Gobierno de Chile 2021).

Si bien los últimos años han aumentado los estudios sobre políticas públicas, son aún escasos los abordajes que atienden a esta política y, desde el punto de vista analítico, a la función “productiva” de las políticas de asistencia a las personas pobres en la forma de transferencias monetarias condicionadas (TMC). Dicho de otro modo, todavía son limitadas las investigaciones sobre la capacidad no solo de dar respuesta al problema identificado, sino de producir los objetos que gobierna, sus modos de aparición y sus formas de intervención.

Situados en este caso, el objetivo de este artículo es trazar los modos en que la pobreza femenina se construye como problema de gobierno, es decir, rastrear los procesos, supuestos y efectos de formas particulares de su problematización, a partir de los cuales se fragua legal y técnicamente el CSO. En particular, y siguiendo el enfoque de la problematización de las políticas públicas de Carol Bacchi (1999, 2012; Bacchi y Goodwin 2016) indagamos en el surgimiento de esta política desde una mirada crítico-discursiva, con la que se asume que los abordajes gubernamentales no actúan frente a un “problema” dado y preexistente, sino que son formadores de los objetos a quienes se dirige la acción estatal –particularmente, de la categoría “mujer vulnerable”–. Esta propiedad performativa de la política pública no significa que la pobreza y el sujeto pobre no existan en sí mismos, pero advierte que las políticas públicas forman o “amasan” la pobreza hasta convertirla en algo objetivable (Ramos 2016) y son un código de desciframiento que, sostenido por el saber y validado por la autoridad, bautizan y jerarquizan la dispersión y heterogeneidad de las vidas de aquellos catalogados como sujetos pobres.

En esta línea, las políticas sociales como mecanismo privilegiado para superar la pobreza, no solo buscarían resolver un problema preformado y bajo un esquema exclusivamente técnico, sino que expresan y construyen, de forma simultánea, “los modos de vida y las condiciones de reproducción de la vida de una sociedad, que en las sociedades de clase son siempre diferenciales para los distintos grupos sociales” (Danani 2004 citado en Hintze 2006, 102). Se trata de indagar en las formas complejas en que la pobreza se produce en su calidad de problema del Estado y objeto epistémico (Ramos 2016).

Con estos resultados, intentamos aportar a los estudios discursivos sobre la pobreza (Vasilachis de Gialdino 2003) entregando insumos para generar reflexiones críticas acerca del papel formador de realidades de las políticas públicas y su función, tanto en la reproducción como en la transformación del orden social y de género. Lo hacemos en un contexto actual, local y global: el de la crisis social generada por la aparición de la covid-19, que develó las profundas desigualdades sociales que no pueden desligarse de las incompletas y problemáticas formas de sostén estatal para paliar las crisis y la desprotección social.

2. Las políticas públicas como problematización y producción de sujetos de gobierno

Las políticas públicas se desarrollaron en el siglo XX al amparo de la profesionalización y tecnificación de la intervención en el campo de “lo social”, de acuerdo con Castel (1986), en cuanto alternativa a la generalización del mercado como fórmula de gobierno. Desde el punto de vista de su análisis, las políticas sociales tradicionalmente se han considerado meras respuestas técnicas a los cada vez más diversos problemas que aquejaban a las sociedades industriales (Goodin, Rein y Moran 2006; Schuster y Fortunato 2015).

Frente a esta visión tradicional, y considerando los impactos del posestructuralismo tanto en las ciencias sociales como en los enfoques de gobernanza pública (Bacchi y Goodwin 2016), el punto de vista sobre las políticas estatales cambia de naturaleza. Con una marcada herencia de la arqueología del saber, planteada por de Michel Foucault (1999), la cuestión de la problematización de algún aspecto de la vida social puede ser leída a partir de lo que este denomina como regímenes de veridicción, es decir, los marcos discursivos a partir de los cuales se configuran modos de objetivación y subjetivación que pueden referirse como verdaderos. Se trataría no del descubrimiento de una verdad o de cosas verdaderas, sino de un conjunto de reglas del cual depende la delimitación de lo verdadero y lo falso (Foucault 1999).

Nuestro enfoque, por tanto, es que las políticas públicas, lejos de actuar sobre una realidad preexistente y totalmente conformada, modulan y performan las realidades de acuerdo con diversos objetivos del gobierno de las poblaciones. Esto haría que se ponga en primer plano no las pretendidas soluciones a aflicciones colectivas que se brindan desde el aparato público, sino a las mismas problematizaciones sobre las cuales aquellas se basan. Como señala la politóloga canadiense Carol Bacchi (1999), problematizar las políticas públicas conlleva prácticas gubernamentales que producen “sujetos”, “objetos” y “lugares”. En ese sentido, su análisis implica cuestiones tales como la definición del problema y sus efectos pragmáticos, sus supuestos, su genealogía y el contexto político-discusivo de su formulación, lo que queda sin problematizarse y a quiénes se beneficia con dicha problematización (Chao 2019; Bacchi 1999, 2012; Bacchi y Goodwin 2016).

3. Políticas públicas, pobreza y mujeres: el subsistema CSO y las transferencias monetarias condicionadas

En Chile, la coalición de centroizquierda que asumió el Gobierno tras la dictadura en la década de los 90 del siglo XX desplegó una serie de políticas para abordar la pobreza extrema y lo que se empezó a identificar de modo creciente como población de riesgo o “vulnerable”. Estas políticas evidencian continuidades y rupturas respecto a las formas asistenciales más tradicionales de tratamiento de la pobreza desde la emergencia del Estado social chileno en la década de los 20 (Dingemans 2011; Garretón 2014; Rovira 2016; Solimano 2018; Rojas 2019).

En términos generales, desde los años 90, en un contexto regional de “corrección” de las políticas de ajuste neoliberal más extremas aplicadas durante la década anterior, la llamada “lucha contra la pobreza”, junto con la profundización del carácter residual de la acción estatal, consolidó un giro desde las políticas de cobertura universal hacia las focalizadas a la vez que impulsó la figura del “emprendimiento” no solo como estrategia de intervención de “salida de la pobreza”, sino como nuevo modelo de sujeto social (Serrano y Fernández 2018; Rojas 2019). Estas medidas, aunque bajo el modelo de un “neoliberalismo reformado”, ya eran reconocibles en los postulados de diversas fundaciones o corporaciones de tipo think tanks libertarias, que proliferaron en la esfera pública ya a partir de los años 80 (Garate 2016). Asimismo, este marco neoliberal se dio en un contexto sociocultural conservador, sobre todo, en cuestiones de género, evidente, por ejemplo, en la continua reducción de los derechos sexuales y reproductivos femeninos, cuyo hito es la promulgación de la ley antiaborto en 1989 (Schild 2016; Rojas 2019).

A partir del primer gobierno de Michel Bachelet (2006-2010), este modelo híbrido de Estado social residual-extendido (Garretón 2012; Solimano 2018) se fue reconfigurando hacia la creación de sistemas integrales de protección social con carácter de garantía de derechos, cuyo primer hito fue la creación del Subsistema de Protección Social Chile Crece Contigo, en 2009. No obstante, la matriz neoliberal y no distributiva siguió siendo clave para su implementación, ya que, por un lado, se amplió la focalización como mecanismo central de acceso a beneficios sociales para aquellos individuos que no pueden proveerse de los servicios de protección social en el mercado, y, por otro, se incorporaron intervenciones altamente individualizadas bajo el esquema de la clásica división sexual del trabajo (Calquin y Guerra 2018, 2022); finalmente, aumentaron y se asumieron como política de Estado los programas de transferencias condicionadas (PTC), poniendo un fuerte énfasis en el cumplimiento de ciertos compromisos y acciones por parte de las receptoras de la transferencias.^{^[i]}

Con un sistema de protección social implementado y luego de casi dos décadas de mandatos de centroizquierda, en 2010 asume un Gobierno de centroderecha, liderado por Sebastián Piñera, quien remite el proyecto de ley que crea el subsistema CSO. En tal subsistema se articulan programas y prestaciones acoplados al sistema general de protección social chileno. El CSO inició formalmente en 2013 y reemplazó el programa Chile Solidario impulsado por el presidente Lagos en 2002. Se propone como alternativa de política social para superar los aspectos más débiles del Chile Solidario, 185 en especial, en lo que respecta a la generación de empleos e ingresos. Se define como una política intersectorial del sistema chileno de protección social, comandado por el Ministerio de Desarrollo Social creado en 2012 –Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia en 2022–, bajo un modelo descentralizado aplicado a través de los Gobiernos locales, y que comprende cuatro programas, una serie de bonos y acceso preferente a prestaciones públicas (Gobierno de Chile 2021; Vargas, Cueva y Medellín 2017).

La novedad que trajo CSO en comparación con Chile Solidario fue la introducción de un sistema de transferencias monetarias condicionadas al cumplimiento de diversas metas, por ejemplo, el control niño sano y la graduación de cuarto año de educación media. Estas se combinan con prestaciones no condicionadas puestas como un piso mínimo de “dignidad” para personas en situación de pobreza extrema. Se implementan junto con programas que fortalecen la capacidad de generación de ingresos de las familias a través de la inserción laboral –fuertemente basada en capacitación laboral– o el microemprendimiento y en mecanismos para que la intervención se adapte a las necesidades de las diferentes familias (Gobierno de Chile 2021; Larrañaga, Contreras y Cabezas 2014).

4. Metodología

Se efectuó una investigación cualitativa de corte discursivo y documental (Potter 1998), que tuvo por objeto reconstruir la problematización de la pobreza y del sujeto femenino pobre en el contexto social y legal de la promulgación de la Ley 20.595 que dio origen a CSO. Pensamos que esta opción metodológica es compatible con la comprensión performativa de la política pública que hemos tomado, pues nos aleja de una concepción representacionista de la práctica social, pero al mismo tiempo pone de relieve el papel que tiene el poder en la configuración de una problematización.

Para reconstruir el proceso de promulgación de esta política pública desde el enfoque de problematización, se recolectó un corpus ya constituido o “natural” con base en un muestreo teórico (Ruiz-Olabuénaga 2003), buscando textos que fueron elaborados en el marco de discusión de la ley que crea el sistema estudiado. El corpus comprende dos grandes conjuntos. En primer lugar, recolectamos textos referidos al trámite parlamentario de la Ley 20.595. Estos incluyeron tanto el proyecto original de ley, emanado desde presidencia, como una muestra de algunas de las discusiones ocurridas tanto en comisiones especializadas, como en sala del congreso, que, para el caso de esta ley, consistió en un proceso de discusión en las cámaras de diputados y senadores, más uno en una instancia mixta de periodo temporal que abarcó desde agosto de 2011 hasta la publicación de la ley en el Diario Oficial el 17 de mayo de 2012. Estos textos fueron denominados subcorpus L.

En segundo lugar, recolectamos textos en los cuales el hablante fuese Sebastián Piñera, tanto como candidato cuanto como presidente electo de la república. Dentro de este subcorpus, consideramos el programa de su primer gobierno y sus discursos presidenciales ante el congreso nacional –“mensajes del 21 de mayo”– de los años 2010, 2011 y 2012. Se confeccionó este corpus pues nos brindó elementos de juicio no solo del contexto de la promulgación de la ley, sino de las fuentes ideológicas que nutrieron las discusiones en el parlamento. A este se le denominó subcorpus P.

Cabe destacar que entendemos por fuentes ideológicas, en el sentido de Žižek (2003), a una red de prácticas lingüísticas, que, más que definirse por su “falsedad” desde una visión ilustrada tradicional, lo hace por sus efectos pragmáticos, es decir, por corresponder a un conjunto de enunciados que movilizan relaciones de poder y que pueden implicar, en el ámbito empírico, afirmaciones verdaderas, falsas o inexactas. En ese sentido, la inclusión de los discursos presidenciales permitió articular a las sentencias técnico-políticas de la discusión parlamentaria abocada a la especificidad de la ley, posicionamientos políticos o morales más amplios, expresados como actos de habla apelativos dirigidos ya sea a un destinatario genérico, como “la nación” o a opositores políticos.

Todo el material del corpus fue recolectado en sitios de internet de dominio público. Los textos referidos a trámite de la ley fueron recolectados de los archivos del congreso nacional, en específico, de la Historia de la Ley 20.595; mientras que los mensajes presidenciales se encontraron disponibles en el archivo digital del Congreso Nacional de Chile y el programa de gobierno. A nivel analítico, se procedió a realizar un primer análisis de contenido de corte temático (Ruiz-Olabuénaga 2003), con el fin de sintetizar el material mediante una reducción por temas guiados por los criterios generales de las preguntas del método WPR. En seguida, tras sucesivas lecturas del material, se fueron identificando tanto los elementos discursivos que referían a la construcción del problema, sus supuestos, efectos y aquellos tópicos que quedaba invisibilizados en las preguntas 1, 2, 4 y 5, como a los elementos de contexto y de función social de los discursos (preguntas 3 y 6).

Para apoyar el análisis propiamente discursivo, se recurrió a un set variado y abierto de herramientas analíticas. Entre las principales, se incluyeron la identificación de metáforas (Lakoff y Johnson 2004), de implicaturas, es decir, de los supuestos desde donde se habla (Greimas 1987) y los recursos de factualización o de “objetivación” (Potter 1998), presentes en los textos que recogen tanto los discursos presidenciales como la discusión legislativa.

5. Resultados

A continuación, presentaremos los principales resultados de nuestro estudio, ordenándolos en tres ejes analíticos. En el primero nos referimos al contexto genealógico de la problematización contenida en la discusión de este proyecto de ley; en el segundo, a la problematización propiamente, que expresa las principales construcciones discursivas sobre el objeto pobreza; en el tercero, al efecto principal de la problematización, que es la performatividad de un sujeto pobre femenino y del Estado en relación con este.

El contexto del surgimiento de CSO: la nueva forma de gobernar

Al analizar los textos presidenciales y los de las discusiones sobre la ley del ingreso ético, se observa que las argumentaciones y objetos del discurso construidos en torno a la pobreza versan sobre el giro administrativo que supuso la llegada de la coalición gobernante de centro-derecha tras el mandato de la Concertación de Partidos por la Democracia –coalición de centroizquierda que había asumido el gobierno tras el fin de la dictadura cívico-militar de Pinochet, en marzo de 1990–. La nueva administración que se instaló en el Palacio de la Moneda a partir de 2010 sintetizó el espíritu que quería transmitir a la gestión estatal bajo el lema de “la nueva forma de gobernar”. Esta coalición buscó distanciarse tanto de la Concertación como de su pasado ligado a la dictadura cívico-militar (Schuster y Morales 2015); también procuró instalar “nuevos” significados para abordar la política pública desde un argot experto y a la vez empresarial. Repárese en el siguiente extracto sacado del programa presidencial de Piñera:

Por eso Chile necesita un cambio. Y mucho más que eso, necesitamos un verdadero renacimiento que nos libere de este estado de letargo que parece invadirnos, y que, al contrario, desate las fuerzas de la libertad, la innovación, la creatividad y el emprendimiento, ubicándonos nuevamente en la ruta del crecimiento y la prosperidad (Piñera 2009, 5).

Estructuralmente, el discurso divide greimasianamente el campo social a través de una serie de metáforas: entre el letargo –asociándolo implícitamente a la coalición anterior– frente a un renacer, asociado a “desatar” prácticas ligadas a un ethos empresarial, vistas como elementos cuasinaturales (“fuerzas”). Esta expresión de permitir que se libere lo que estaba atado u oculto –las fuerzas de la libertad, innovación y emprendimiento– será importante también para identificar el carácter del proyecto de ley de ingreso ético, propuesto en septiembre de 2011. Analicemos ahora esta cita extraída de la presentación presidencial de la ley en la cámara de diputados:

Vale la pena preguntarnos por qué un país como Chile, que goza hoy del producto per cápita más alto de América Latina, que tiene un territorio extenso, fértil y rico en recursos naturales, que ha logrado consolidar su democracia y Estado de derecho, y que no ha tenido guerras ni conflictos religiosos o étnicos como los que han asolado a otras naciones, no ha podido superar este flagelo [pobreza].

[…]

Sin duda, las respuestas posibles a esta interrogante son múltiples y variadas. Entre ellas están las bajas tasas de crecimiento económico durante la última década, la escasez de buenos puestos de trabajos especialmente para mujeres y jóvenes; la falta de acceso a educación preescolar y la mala calidad de la enseñanza que se imparte en muchas de nuestras escuelas y liceos; la ausencia de una verdadera cultura de emprendimiento e innovación; la escasa capacitación de nuestra fuerza laboral y la disolución progresiva de la familia. Cada una de ellas está siendo enfrentada con mucha decisión por parte de nuestro gobierno (Proyecto Original de Ley [Primer Trámite Legislativo] 2011, 3-4).

Aquí se observan los presupuestos de la problematización que se hace sobre la pobreza y el sujeto pobre. La “nueva forma de gobernar” se especifica en sus distancias y cercanías con la “antigua” forma de gobierno. En el primer párrafo citado, vemos que la coalición entrante se enriela dentro de un relato nacional de progreso y desarrollo, extrañando el problema de la pobreza a pesar de estos buenos indicadores (país sin conflictos –aparentes– y con un alto PIB). Las respuestas que se ensayan en el segundo párrafo aluden exclusivamente a aquellas condiciones más contextuales que estaban al arbitrio de la coalición que gobernó durante las dos décadas anteriores a la elección.

Nuevamente, este diagnóstico resuena con el estado de letargo ya aludido, pues se enuncian desde una grilla liberal, que se confunde con la acción que ahora debería tener el gobierno. Acá se expresa la amalgama entre discurso empresarial y conservador, pues ancla las causas de los problemas que aquejan a la sociedad chilena –la falta de oportunidades de trabajo, capacitación, mala calidad de la educación, entre otros–, a un discurso enrarecido, alarmista y cargado de connotaciones morales como es la disolución de la familia. En otros lugares del texto también se señala que esto se debería, entre otros factores, precisamente a la falta de trabajo. Esta doble condición de los “problemas” que aquejan a las mujeres serán, como veremos, claves para su apelación como sujeto de la nueva política pública.

De este modo, las condiciones de problematización se erigen desde una configuración discursiva de ruptura que reposiciona un ethos empresarial. Al mismo tiempo, invisibiliza cómo la propia lógica empresarial ya era parte de las causas de aquello de lo cual la nueva forma de gobernar se pretendería desprender y se reenmarca en relación con un discurso de tipo tradicional y familiarista.

¿Cuál es la problematización?: la ofensiva al asistencialismo y el “objeto” desarrollo

La nueva forma de gobernar se traduce en una “nueva” problematización de la pobreza en Chile, o al menos una nueva, retóricamente hablando, frente a una política que desde el discurso se describe como “antigua”. De este modo, el ingreso ético se presenta como una política moderna e incluso “revolucionaria”. Así afirma Piñera en una de las alocuciones de presentación de la ley:

Se argumenta que el proyecto expresa una política social moderna e inédita en nuestro país y que no se trata de un bono ni de una ayuda transitoria. Que sería mucho más que eso. Sería un instrumento de promoción y ascenso social, porque establece verdaderas alianzas estratégicas entre las familias que viven en la pobreza o mayor vulnerabilidad, por una parte, y la sociedad chilena representada por el Estado, por la otra, acuerdo que, como todo pacto, contempla derechos y obligaciones para ambas partes (Proyecto Original de Ley [Primer Trámite Legislativo] 2011, 4).

El armazón político social de esta nueva problematización se teje en diversas implicaturas. Lo “moderno” e “inédito” se asocia a una forma de promover ascenso social, en que el foco está puesto en la situación del individuo y su grupo familiar. Asimismo, el abordaje “asistencialista” atribuido al gobierno anterior, habría posicionado a las personas pobres en un estado de dependencia que les impediría “salir” de la pobreza de un modo sostenible a través del trabajo y el emprendimiento, cumpliendo la promesa de la nueva administración presidencial de “desatar las fuerzas de la libertad”. Veamos esta lógica en el mensaje presidencial ante el congreso pleno de mayo del 2011.^{^[ii]}

Para alcanzar esta meta será fundamental complementar las políticas sociales de transferencias puras con políticas habilitadoras, de forma de ir preparando a los sectores más desvalidos para que por sí mismos puedan ir saliendo de la pobreza. Se requerirá, entonces, cambiar la forma como el Estado provee (Mensaje presidencial 2011, 11).

Entre estas nuevas formas, hay que apuntar que el programa de gobierno consideró un nuevo rol para el Estado: incentivar y aumentar el “acceso de personas y empresas a los servicios financieros” (Piñera 2009, 24) y que se indica como una forma de profundizar el mercado de capitales. Esto trae como corolario la creación de un Sernac financiero, incorporando una serie de derechos de consumidor en materia financiera. De ahí que el emprendimiento, como medio y objetivo de la política del futuro CSO, no se puede desligar del endeudamiento como objetivo y estrategia de gobierno de la sociedad en general, provocando un deslizamiento que va desde la conformación de un sujeto político –ciudadano– e inclusive productivo –trabajador– a un sujeto financiero, dispuesto ₁₉₀a arriesgar y aprovechar todas las oportunidades que se le presentan.^{^[iii]}

Es ahí donde se haya el corazón, por un lado, de la crítica al asistencialismo de los gobiernos anteriores y la articulación que esta política propone en su nominación entre seguridad –el piso mínimo de dignidad– y oportunidad. Como alerta Bröckling (2015), la acción emprendedora es una actividad económica, pero no toda actividad económica es a su vez emprendedora. Para este autor, la generalización de la función empresarial corresponde con la generalización del mercado como medio de integración social. Ya no se trata solo de una mano invisible, sino de un vuelco “activista” que requiere de la “iniciativa y de la incesante disposición al riesgo” (Bröckling 2015, 125) de los sujetos; un homo agens que se nutre de un impulso a la independencia y la acción. Son los empresarios, de acuerdo con este modelo antropológico, quienes llevan a cabo y lideran el “desarrollo” y el crecimiento económico.

En términos de los supuestos de la problematización, es interesante anotar cómo emerge este significante “desarrollo” en los textos analizados, bajo una implicatura que desproblematiza y torna evidente la bondad intrínseca y el sentido de aquel. A nivel discursivo esto aparece como un ejercicio de ontologización (Potter 1998), el cual consiste en posicionar el desarrollo como un objeto con cualidades cuasi tangibles, de modo que aparece como un objeto, que puede “verse”, “llevarse” o incluso “extenderse” a los pobres:

Señor presidente, estamos frente a un gran proyecto. Se dice que somos un país en vías de desarrollo, un país que crece, pero al ver las cifras nos damos cuenta de que no hemos sido capaces de que ese desarrollo llegue a todas las familias.

Estamos todos de acuerdo en que es importante ayudar a las familias que más lo necesitan. También lo es que miles de chilenos postergados se integren a ese desarrollo que a diario vemos en la televisión, con grandes carreteras, con autopistas, nuevos edificios, millonarias inversiones, etcétera. Lamentablemente, son millones los chilenos que están al margen de esa realidad que muestran las películas y la televisión (Proyecto Original de Ley [Primer Trámite Legislativo] 2011, 21).

Incluso, la facticidad del desarrollo no se ve cuestionada por la existencia misma de la pobreza y de la pobreza extrema; es llamativo que, en el párrafo anterior, se apele a la televisión –es decir, a una imagen– para graficar la realidad del desarrollo. Ello hace que la pobreza misma se conciba como un fenómeno en cierto punto exógeno al desarrollo, como si fuese una anomalía frente a este, tal como da a entender un senador de oposición durante una de las discusiones del proyecto de ley en sala: “¡Cómo es posible que, pese al actual nivel de desarrollo del país, todavía haya niños que no reciban dos mil calorías al día para alimentarse, sobrevivir o vivir dignamente!” (Senado 2012, 14).

Un nuevo sujeto pobre: entre la madre y la emprendedora

Dentro de las claves de la performatividad de las políticas públicas, está el sujeto que estas postulan allí donde dicen solo describirlo (Bacchi 1999). En esos términos, durante la discusión parlamentaria del ingreso ético/CSO, emerge un discurso que podríamos denominar de “develamiento” de un sujeto pobre hasta entonces oculto de la mirada de la política pública, ello a través de dos estrategias discursivas contrapuestas. Al respecto, reparemos en dos momentos de la discusión en ambas cámaras. En primer lugar, un extracto de la presentación presidencial del proyecto de la ley CSO ante la cámara baja en agosto de 2011. En dicho texto, después de referir que la encuesta Casen del 2009 arrojó que el 15,1 % de la población –unos 2,6 millones de personas– vivía en situación de pobreza, se acota lo siguiente:

Detrás de cada una de esas cifras, para algunos frías y distantes, se encuentran los rostros desconsolados, los sueños incumplidos y las esperanzas frustradas de millones de compatriotas, hombres y mujeres, niños y adultos, del campo y la ciudad, que por el hecho de ser pobres quedan no solo privados de acceder a muchos bienes fundamentales para su desarrollo material y espiritual sino, peor aún, terminan concentrando la mayor parte de los males sociales (Proyecto Original de Ley [Primer Trámite Legislativo] 2011, 3).

De igual forma, un senador, ahora de oposición, en su respectiva sesión de discusión en sala, refiere este punto casi en los mismos términos:

Las cifras que nos entregaron indican que 24 % de la población de entre 0 y 3 años está en situación de pobreza y que 48 % de todos los hogares donde se vive bajo la línea de la pobreza –prácticamente la mitad– tienen como jefa a una mujer. Por eso señalo que la pobreza tiene rostro de niño y rostro de mujer. Y eso explica por qué el énfasis del proyecto de ley sobre el ingreso ético familiar se ha puesto, básicamente, en esta última (Proyecto Original de Ley [Primer Trámite Legislativo] 2011, 4).

Desde un punto de vista discursivo, aquí se introduce un recurso de factualización (Potter 1998) para denominar al sujeto pobre, primero con base en un momento objetivante a través de su señalamiento en cifras, para luego referir a un elemento cualitativo o “humano”, bajo retóricas que buscan precisamente tomar distancia discursiva frente a lo señalado (Wodak y Ferreiro 2013). De ambas estrategias, podemos colegir que, por un lado, los hablantes pretenderían sustentar la propia posición y el conocimiento a través de los guarismos, es decir, crear objetivaciones, mientras que la apelación a “los rostros tras la pobreza, o el ir más allá de las cifras” –gesto que, nuevamente, replica la expresión de “desatar” las fuerzas de la libertad– marca otro corte respecto al manejo de la pobreza durante el periodo anterior, el cual habría llevado a cabo un abordaje ineficiente, como ya señalamos, no solo por basarse en el asistencialismo, sino también por mostrar una actitud distante y homogeneizadora de las personas pobres, sin reparar en sus historias y características particulares. Esta estrategia de factualización de un nuevo sujeto pobre, si bien refiere a diversos grupos de individuos, como niños y ancianos, se enfoca particularmente en las mujeres.

Quiero destacar cómo el proyecto reconoce el papel central de la mujer en la superación de la pobreza. Todos los estudios señalan el rol fundamental que desempeña la mujer cuando se trata del hogar o de los hijos. ¿Por qué? Porque somos las mujeres las que priorizamos siempre a nuestros hijos y a nuestra casa, incluso, antes que a nosotras mismas. Es primera vez que una política pública reconoce ese rol tan importante y fundamental (Cámara de Diputados 2012a, 18).

Por eso señalo que la pobreza tiene rostro de niño y rostro de mujer. Y eso explica por qué el énfasis del proyecto de ley sobre el ingreso ético familiar se ha puesto, básicamente, en esta última, especialmente en su capacidad de obtener empleo y de preservarlo a través de una capacitación continua y permanente (Senado 2012, 4).

Las citas expresan un modelo de reconocimiento de la especificidad de las mujeres y bajo el cual emergen como sujetos de derecho y de particular interés para esta política: encargadas exclusivas del desarrollo de la familia, agente de “autosacrificio”, y cuya empleabilidad se establece como un rasgo del sujeto potenciable a través de la capacitación. Esos roles asignados constituyen algo más que descripciones, se trata más bien de demandas del Estado hacia las mujeres, es decir, estamos hablando de actos de habla, siguiendo a Austin (1992), prescriptivos escasamente problematizados.

Es importante destacar que estas representaciones de género tienen el poder de constituir materialidades precisas sobre la pobreza, en tanto el proyecto consideró la entrega de tres tipos de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas –llamadas “bonos” en el habla chilena–, cuyas nominaciones son bastantes sugerentes en relación con estos ideales normativos (Caro 2009) que se imponen sobre las mujeres beneficiarias. El primero de ellos corresponde al bono de dignidad: que contempla transferencias no condicionadas a todas las personas que se encuentren en situación de extrema pobreza; el segundo es el bono por deberes, que comprende transferencias condicionadas para familias en situación de extrema pobreza cuyos hijos se encuentren con sus controles de salud al día y cumplan con la asistencia escolar; por el tercero es el bono de logros, que prevé transferencias condicionadas que “premian” el 193 rendimiento escolar y el trabajo de la mujer.

Se aprecia, por lo tanto, una subjetivación de la pobreza cuya superación se ubica de forma dramática, en los sistemas de cuidados familiares y en las mujeres. Esto muestra el fuerte maternalismo político, al decir de Nari (2005), presente en la política social chilena, el cual, según esta autora, crea una identidad entre mujer-madre que sirve a las mujeres, como condición para el acceso a los derechos y al Estado, como condición para la misma superación de la pobreza. Así se connota en el siguiente párrafo:

Cuando uno entra a un barrio humilde, lamentablemente aprecia dos tipos de familias pobres: una, afectada por el flagelo del alcohol o de la droga, que es un escenario bastante difícil y complicado de manejar, y, otra, la que conforma hogares que, siendo humildes, están calefaccionados, donde los niños están estudiando y donde la mamá y el papá se preocupan y tienen objetivos y aspiraciones para ellos. Es en esos casos donde el Estado debe hacerse parte; es ahí donde el Estado no solo debe regalarle “pescados a la gente, sino que también enseñarle a pescar” (Cámara de Diputados 2012b, 15).

Como puede apreciarse, bajo retóricas diversas, esta construcción de sujeto corresponde a la tradicional diferenciación conservadora de “tipos de pobres”, unos “pasivos” y otros “activos”; estos últimos, naturalmente, son quienes merecerían el apoyo estatal, ello traducido en términos de inyectar insumos bajo un principio tanto moral como de costo/eficacia. Acá se adelanta que el sujeto pobre femenino interpelado/ descubierto ahora debe establecer un nuevo tipo de relación con el Estado, tal como se revela en esta última cita:

Uno de los caminos es decirles a las personas que viven en extrema pobreza que el Estado les va a entregar los recursos sin ningún compromiso de su parte en cuanto a cumplir ciertas metas y objetivos que se encuentran al alcance de la mano, en la medida que se exija un mínimo de sentido de responsabilidad. Una cosa es ser una persona humilde, pobre, que vive en extrema pobreza, y otra es ser una persona sin capacidad de tener conciencia de que ella debe colaborar para salir del estado dramático en que se halla.

Me parece que estas son políticas que se han ido perfeccionando con los años, como lo fueron el Chile Solidario o el programa Puente. Aquí se hace un giro importante respecto de ellos, porque compromete a las familias para los efectos de recibir estos beneficios de parte del Estado, y genera, como dije, una alianza estratégica (Senado2012, 32).

Esta nueva relación entre sujeto pobre y Estado, o más bien, entre Estados y “familias” es referida aquí con el término de “alianza estratégica”. Este término, de connotaciones tanto empresariales como religiosas, sintetiza la conformación de una nueva forma de práctica pública –o en términos foucaultianos, una nueva tecnología de gobierno (Foucault 1991)– que pretende, nuevamente, romper la lógica de la dependencia y la pasividad. Esta alianza toma una forma altamente asimétrica que se propone como un contrato simbólico en que una parte (el Estado) da y la otra no solo recibe, sino que debe demostrar el “merecimiento” de dicha ayuda en lo que el extracto indica como colaboración para transformar sus condiciones de vida. Es importante destacar que la estructura del enunciado denota una retórica muy cercana a los discursos de la rehabilitación o la reinserción social.

Esta supuesta condición de enajenación de cierta parte de la población pobre que, retomando lo dicho anteriormente, los ubica en las categorías de pobres pasivos modela al Estado e inclusive a la clase política en cuanto agente económico que “invierte” en lo social como un recurso, y también en agente moralizador. Se trata de un verdadero mundo contractual, que, por un lado, hace coincidir al ciudadano y al Estado con el sujeto económico motivado por intereses individuales y, por otro, establece las condiciones para una estricta relación de sujeción motivada por sentimientos morales.

Economía y moral configuran, siguiendo a Fassin (2016), un gobierno humanitario en el que la representación de la familia pobre deviene una norma para establecer los mecanismos de la asistencia. A pesar de mostrarse como estrategias técnicas, las transferencias a la que se aluden, coincidiendo con este mismo autor, dan cuenta de una política de vida que pone en juego valores diferenciales de la existencia humana –pobres responsables y no responsables–, reproduce relaciones desiguales basadas en la sospecha, la desconfianza, la autorresponsabilización y en una supuesta capacidad de elegir las propias condiciones de vida, baipaseando cualquier referencia a los procesos estructurales que operan tras la pobreza femenina y la feminización de la pobreza.

6. Conclusiones

A modo de síntesis teórica de los resultados, los tres ejes de la problematización reconstruidos a partir del análisis de la gestación técnico-política de Chile Seguridades y Oportunidades –su genealogía local como impugnación política; la problematización misma de la pobreza en cuanto problema de “pasividad” de los individuos pobres, y como efecto, la construcción de un sujeto pobre bajo un nuevo tipo de lazo con el Estado– se refieren a diversas formas de la deriva chilena al neoliberalismo bajo los gobiernos postdictatoriales. A pesar de que esta ley se presentó como profundamente rupturista del statu quo político, sus fundamentos ya estaban ampliamente difundidos en la ideologías y prácticas de los gobiernos concertacionistas, en particular en su relación con la pobreza (lo cual, de manera evidente, explicaría la rápida promulgación de la Ley 20.595 en 2012).

Ya lo comentamos más arriba: tanto los supuestos como la problematización misma de la pobreza en su calidad de problema derivado en parte del asistencialismo, es decir, por la dependencia de los sujetos al Estado, y como remanente no problematizado de la condición de país en “vías de desarrollo”, recoge elementos de las ideas de la resolución de la pobreza vía emprendimientos o empleo por cuenta propia, que estaban presentes en los discursos de los economistas que profusamente tomaron control del Estado desde los años 90.

Por otra parte, los discursos de “emprenderización de la pobreza” se troncan con imaginarios tradicionales de la nación y con las condiciones del contrato de género propio de la división globalizada del trabajo, a saber: la imagen ambivalentemente reconocida de la mujer sacrificada en la esfera privada y competitiva en el trabajo (Federici 2013; Gago 2014 Serrano y Fernández 2018; Cooper 2017). Esta construcción de la mujer pobre se expresa en otras medidas comprometidas en el programa presidencial que se condicen con la “conciliación” entre “trabajo y familia”, tales como la creación del Programa 4 a 7 –integrado posteriormente a los programas gestionados por el Ministerio de la Mujer, creado por Bachelet en 2016–, o la extensión del permiso posnatal a 6 meses, entre otras. La particularidad de la problematización reconstruida no opera simplemente reproduciendo una norma tradicional de género en la fórmula de mujer=madre, sino poniendo en vigor su parcial reformulación neoliberal. De acuerdo con Adkins (2016), esto significa que no solo opera por substracción de derechos sociales, sino por la interpelación a un nuevo rol que se suma y complementa al de madre-cuidadora: el de la mujer emprendedora y motivada por valores como la responsabilidad individual, la libre elección y una nueva forma de concebir la conciencia de sus condiciones de vida, no como conciencia de clases, podríamos decir, sino de una conciencia individual que justamente interfiere cualquier posición subjetiva de tipo colectiva.

Maffei (2012) indica el fuerte énfasis que se fue consolidando en la política social chilena del empleo por cuenta propia (bajo la categoría de habilitación sociolaboral y empleabilidad) por encima de formas de empleo asalariados o más sostenibles, así como el bajo impacto en el aumento del ingreso de este empleo por cuenta propia de parte de las mujeres. Esto muestra que las retóricas del emprendimiento funcionan más como mecanismo de subjetivación de la pobreza que de transformación.

Esta capacidad de empleabilidad toma tintes esencialistas al señalar que basta con potenciar las habilidades a través de la capacitación, evadiendo las mismas condiciones de género, ampliamente documentadas a la fecha de la discusión por el mismo Estado, que actúan como obstáculos permanentes del ingreso de las mujeres al trabajo asalariado. Es interesante que esta condición “natural” de empleabilidad, se elabore por medio de un repertorio discursivo similar a la condición “natural” de la maternidad.

Esta estrategia no resulta novedosa, ya que ha sido un discurso pregnante en la interpelación neoliberal a las mujeres en Chile desde los años 90. Las insertan en un grupo de políticas diversas que tienden a esencializar a los sujetos, de acuerdo con distinciones de género, clase o raza (Rojas 2019; Schild 2016), a privatizar la pobreza y a situar en las prácticas de cuidados maternos, el logro de objetivos estratégicos (salud y educación) para el desarrollo de la nación. En este sentido, afirmamos que la particularidad de este discurso de la coalición de derecha, frente a los esgrimidos durante los gobiernos de centro-izquierda de la Concertación, consiste no tanto en sus contenidos (empoderamiento y contrato de género tradicional), sino en la operación de suturar bajo una sola figura estos dos elementos y construir una política pública, que podríamos considerar un maternalismo emprendedor. Creemos que, en conjunto, en esta problematización de la pobreza no se concibe una nueva forma, más bien se trata de una actualización y reafirmación de la racionalidad neoliberal que la sustenta, recordando que, para Foucault (1991), las racionalidades corresponden a ese sistema de reglas que estructuran de forma inmanente las propias prácticas que integran (Castro-Gómez 2010).

Asimismo, se presenta un modo de producción del sujeto asistido que transita entre una política social fuertemente neoliberalizada, es decir, focalizada, dependiente de la deriva económica –la llamada regla del balance estructural–, con un fuerte giro hacia la contratación y subvención de servicios al sector privado –por la vía de concesiones hospitalarias o la subvención escolar–; lo que Cooper (2017) llama un nuevo conservadurismo social, esto es, un retorno a los ideales tradicionales de la familia, su responsabilización en la producción y reproducción de la pobreza y su relación problemática con el trabajo remunerado.

Con esta mezcla entre neoliberalismo y conservadurismo como estrategia de gobierno, se usa una combinación de instrumentos que apuntan menos a las causas estructurales que a la desigualdad de género, y más a la privatización e intervención sobre los sujetos, incluyendo el incentivo estatal al endeudamiento.^{^[iv]} Desde este punto de vista, una interrogante novedosa, y que proyecta nuevas investigaciones, es la articulación entre el análisis de la deuda como dispositivo (Lazzarato 2013, 2017) junto con el análisis del sujeto de la asistencia social.

Aquí aparece la utilidad heurística de los preceptos de Bacchi (1999, 2012) sobre la gestación de problematizaciones para estudiar los modos concretos en que las racionalidades se asientan en prácticas de gobiernos bajo el neoliberalismo en Chile. No obstante, esta visión de la racionalidad neoliberal contenida en la gestación de esta política es necesariamente incompleta, si no se atiende, como señala Gago (2014), a que la racionalidad neoliberal no solo es reproducida por sus supuestas “víctimas”, sino también es apropiada, arruinada, relanzada y alterada por parte de aquellas.

En este sentido, queda pendiente examinar el modo en que esta problematización, como actualización de la ya presente en los gobiernos posdictatoriales de centro-izquierda, se sigue o se trastoca en las prácticas cotidianas de los sujetos pobres femeninos. En particular, toca explorar cómo ese uso ha tomado cuerpo durante la pandemia, lo cual puede ser una clave interesante de comprensión para el incierto 197 periodo poscovid que se abre en el país y la puesta en marcha de un (también incierto) nuevo pacto social.

Apoyos

Este trabajo fue elaborado gracias al proyecto DICYT “¿Cómo hacer un pobre?: análisis de los discursos sobre la pobreza y el sujeto pobre en políticas sociales focalizadas en Chile”, código 032193CD_AYUDANTE. Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de Santiago de Chile (Usach).

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Notas

Íconos. Revista de Ciencias Sociales

Núm 75. Enero- abril 2023, pp. 181-200, ISSN (on-line) 1390-8065

DOI: 10.17141/iconos.75.2023.5528