Temas
Lcda.
Sofia Silva. Investigadora. Laboratorio de
Investigaciones en Antropología Social, Universidad Nacional de La Plata
(Argentina).
(sofiasilva1986@gmail.com)
(https://orcid.org/0000-0001-9369-722X)
Lcda.
María Fernanda Alonso. Investigadora. Laboratorio de
Investigaciones en Antropología Social, Universidad Nacional de La Plata
(Argentina).
(alonsomfernanda90@gmail.com)
(https://orcid.org/0000-0002-2843-421X)
Lcda.
Stella Maris García. Investigadora. Laboratorio de
Investigaciones en Antropología Social, Universidad Nacional de La Plata
(Argentina).
(elitagarciacitybell@gmail.com)(https://orcid.org/0000-0001-5302-8080)
Recibido:
30/09/2022 • Revisado: 30/01/2023
Aceptado:
11/05/2023 • Publicado:01/09/2023
Cómo citar este artículo:
Silva, Sofía, María Fernanda Alonso y Stella María García. 2023. “Bolsones de
alimentos, plazas silenciosas. Cambios en el hacer de agentes estatales y
militantes sociales en Buenos Aires”. Íconos. Revista de Ciencias Sociales 77:
177-195. https://doi.org/10.17141/iconos.77.2023.5737
La medida sanitaria de aislamiento
social, preventivo y obligatorio, decretada por el Estado argentino a causa de
la pandemia provocada por la covid-19, trajo consigo redefiniciones en los
modos de hacer tanto de agentes estatales como de quienes militan en
organizaciones indígenas y migrantes. En el presente artículo se analizan los
cambios ante las circunstancias que impuso el nuevo contexto, los
desplazamientos y las pausas que se registraron en el Consejo Provincial de
Asuntos Indígenas de la Provincia de Buenos Aires, así como la labor de una
intermediaria abocada a la militancia social con asociaciones civiles de
migrantes en el Gran La Plata. Para dar cuenta de ello el texto se basa en una
etnografía, a partir de observaciones y entrevistas, y en el análisis de
documentos encontrados en oficinas estatales y en las plataformas digitales.
Como resultado del trabajo de campo se han distinguido interdependencias y
tensiones entre políticas públicas redistributivas y de reconocimiento
dirigidas a organizaciones de migrantes e indígenas. Observamos que las
estrategias y políticas orientadas al reconocimiento fueron atenuadas por la
necesidad de dar respuesta a la acuciante situación de salubridad y a la
imposibilidad de acceder al espacio público durante el contexto de la pandemia.
Descriptores: asistencia
alimenticia; asociación migrante; comunidad indígena; pandemia; política
pública; reconocimiento.
The sanitary measure of social isolation –preventive
and obligatory, decreed by the Argentine State due to
the pandemic caused by COVID-19, brought about changes
in the ways of operating of
state agents and those who work
in Indigenous and migrant organizations. This article analyzes the changes in the circumstances imposed by the
new context, the displacements and pauses that occurred in the Provincial
Council of Indigenous Affairs of the
Province of Buenos Aires,
and the work of an intermediary
engaged in social activism with civil associations of migrants in Greater La Plata. In order to document these
changes, the text is based
on an ethnography,
based on observations and interviews, and on
the analysis of documents found
in state offices and
digital platforms. As a result
of fieldwork, interdependencies and tensions between redistributive and recognition
public policies aimed at migrant and Indigenous organizations have been identified.
We observed that strategies and policies aimed at recognition were attenuated by the
need to respond
to the pressing health situation and the impossibility of accessing public
space during the pandemic.
Keywords: food assistence; migrant association; Indigenous community; pandemic; public policy; recognition.
En los primeros meses del aislamiento social
preventivo y obligatorio (ASPO), decretado el 20 de marzo de 2020 en Argentina,
las medidas de cuidado y prevención sanitaria pasaron a ser un tema central.
Buena parte de la población se propuso cumplirlas pues era la solución más
eficaz para evitar la propagación de la covid-19, incluso con la desconfianza
ante quienes no las cumplían o con la preocupación por quienes se hallaban “en
las trincheras”, como solían referirse al espacio de trabajo de los profesionales
de la salud.
La aceptación de las medidas de aislamiento durante
los primeros meses de pandemia se expresó en una reducción generalizada de la
movilidad, excepto en aquellas actividades –usando otra metáfora bélica– “de
primera línea”, esto es, las de agentes estatales, personal médico y de
seguridad, servicios de recolección, comercios de alimentos y medicamentos,
entre otras. El ASPO impactó sensiblemente en las movilidades cotidianas de un
sector importante de la población en relación con la educación, el ocio y el trabajo.
De hecho, tales medidas, incluido el cese del transporte público, modificaron
el mundo laboral. Muchos sectores, por ejemplo, implementaron el trabajo
remoto. Según un primer informe sobre el impacto de la covid-19 en los hogares
del Gran Buenos Aires, el 30,4 % de los jefes y las jefas de hogar con empleo
desarrollaron sus tareas laborales desde la vivienda. Mientras que, con
respecto a los ingresos, un 49,3 % de los hogares manifestó haber tenido una
caída en el monto total de sus ingresos respecto a la situación previa a la
pandemia (INDEC 2020). Por su parte, distintas organizaciones como centros de
fomento o asociaciones civiles migrantes, indígenas, feministas y otras, en
algunos casos pausaron y en otros intensificaron sus acciones cotidianas, sobre
todo en la coordinación de comedores barriales y de merenderos.
Durante el ASPO y los momentos posteriores del
distanciamiento preventivo y obligatorio (DISPO) el Estado argentino implementó
una serie de medidas para garantizar el acceso a la salud, a la educación y a
otros bienes y servicios (Secretaría de Derechos Humanos 2020). Mencionamos el
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) como la principal política de
transferencias de ingresos surgida en este contexto desde el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Arcidiácono y Perelmiter 2021, 202). En vías de acercarse al “derecho a
la alimentación y protección social” existió un “refuerzo extraordinario en la
tarjeta alimentar” y en la “contratación de alimentos para asegurar el
abastecimiento en poblaciones de alta vulnerabilidad”; ambas políticas fueron
implementadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (Secretaría
de Derechos Humanos 2020, 18) y replicadas en otros niveles gubernamentales.
En este contexto inédito, nos propusimos indagar
acerca del hacer en una agencia estatal y entre actores sociales de
organizaciones del campo étnico/migrante. El trabajo de campo fue dando
indicios de la premura de salir a “dar una respuesta”, hecho que advertimos
como impostergable. Frente a ello pusimos el foco en la labor, por un lado, de
los agentes estatales del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI) de la
Provincia de Buenos Aires y paralelamente en la de una “intermediaria”[i]
entre el Estado y las asociaciones civiles migrantes en el Gran La Plata. En
este último caso identificamos lo que desde la producción académica puede
considerarse una bróker, es decir, una persona que
“actúa como puente entre diferentes culturas o sistemas de valores. Estos
brókeres pueden ser considerados como especialistas en la manipulación de redes
sociales que atraviesan barreras culturales. Están situados, por así decirlo,
en la intersección de los canales de comunicación conectando grupos heterogéneos”
(Bartolomé 1971, 80).
En esta dirección, las siguientes
interrogantes orientaron nuestra investigación: ¿cómo se reconfiguraron las
actividades y tareas del personal del Estado con la pandemia? Y en este mismo
contexto, ¿cómo se articularon las políticas de reconocimiento y las de
redistribución destinadas a migrantes e indígenas? ¿Cómo vemos empíricamente
esa interdependencia?, ¿la hay? En la siguiente sección presentamos algunos
conceptos que inspiraron el análisis, para después delimitar las estrategias
metodológicas. Seguido, describimos las características más sustanciales del
CPAI. En el análisis vemos las actividades pausadas o desarrolladas durante la
pandemia, así como los cambios de funciones y actividades. En la sección
siguiente abordamos la labor de 179 una intermediaria del campo migrante con asociaciones
civiles migrantes en el Gran La Plata. Finalmente, compartimos las principales
reflexiones a las que arribamos a partir de nuestras preguntas.
El abordaje de las migraciones de los países
latinoamericanos y de los pueblos indígenas intenta problematizar la idea
arraigada en el sentido común de pensar a nuestro país como “venido de los
barcos”, en relación con la fomentada migración transatlántica de fines del siglo
XIX. Esta diversidad étnica/migrante que se reconoce sustantivamente un siglo
después se hace evidente en las respuestas que a su vez el Estado debió
comenzar a dar en términos de reconocimiento, y a la creciente organización de
migrantes e indígenas.
Como sostiene Lenton (2010,
57), pensar las políticas destinadas a pueblos indígenas en Argentina es una
tarea dificultosa, ya que en principio la negación de su propia existencia como
objeto de referencia ha sido reiterada en el discurso político y desde el
sentido común. En la constitución del Estado nacional argentino primaron las
campañas de exterminio militar durante el siglo XIX y las estrategias asimilacionistas o tutelares desde las primeras décadas del
siglo XX. El activismo indígena comenzó a organizarse desde las décadas de los
60 y los 70, antes de la última dictadura militar (Lazzari
y Lenton 2019, 681), pero fue a partir de la
reapertura democrática en 1983 cuando avanzó el reconocimiento de la
preexistencia de los pueblos indígenas y de sus derechos específicos en la
legislación internacional y nacional (Maidana, García y Alonso 2021, 63). Mombello (2002, 6) indica que siempre han accedido a
políticas redistributivas, pero por otras vías institucionales también luchan
por políticas de reconocimiento. Ya en el siglo XXI, durante el kirchnerismo,
surgió un nuevo sujeto de interlocución política que iba a recuperar la
relación entre política y sociedad, desarticuladas de manera profunda por el
neoliberalismo de los 90 (Soria 2019, 205).
En cuanto a las migraciones contemporáneas, un hecho
de relevancia sucedió a fines de 2003 en Argentina: la sanción de la Ley de
Migraciones (Ley 25.871/2003) que derogaba la Ley 22.439 o “Ley Videla” de 1981
y su carácter selectivo. Esta ley entró en vigor a principios de 2004, fue
reglamentada en 2010, y su principal avance era considerar la migración en
cuanto derecho humano. A su vez, la construcción de espacios políticos de
integración y de vínculos de mayor imbricación entre instituciones estatales transnacionales
o diaspóricas y las organizaciones sociales de base
transformaron la posición de las organizaciones de migrantes, redefiniendo las
posibilidades de su actividad pública y política, ganando espacios de
reconocimiento y dinámicas de organización en cierta medida novedosas, como
analiza Rodrigo (2017) para el caso de las instituciones bolivianas en la
región.
En referencia al Estado partimos de una
conceptualización que, lejos de considerarlo una entidad uniforme y monolítica,
acepta que es un espacio polifónico en el que los grupos se relacionan y
expresan. Así, las prácticas y significaciones que circulan son producto de
múltiples presiones, poniéndose en juego intereses de clase, de género y
étnicos (aunque también profesionales, corporativos e internacionales), y las
políticas públicas son definidas material y simbólicamente en dichas tensiones
(Bohoslavsky y Soprano 2010, 25). Como plantean Oszlak y O’Donnell (1995),
analizar las políticas públicas es una forma de reflexionar sobre la relación
entre el Estado y la sociedad civil. En nuestro análisis recuperamos esa
interfaz, donde los Estados quedan imbricados con otras fuerzas sociales no
estatales. Entendemos las políticas públicas o políticas estatales como el
“conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de
intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención,
interés o movilización de otros en la sociedad civil” (Oszlak y O’Donnell 1995,
112). Las políticas públicas no son meras respuestas o reacciones ante una
determinada cuestión, sino que son una forma estatal de construirlas (Danani 1996, 24).
Por ello se vuelve relevante ponerle
rostro al Estado (Bohoslavsky y Soprano 2010, 25) para conocer a quienes hacen
la política pública, así como sus trayectorias profesionales, sus ideas y modos
de hacer. En esta dirección, partimos del concepto del hacer que propone Tim Ingold (2000), cuestionando la noción moderna e industrial
en cuanto conversión progresiva del mundo material. Esta última implica
comprenderlo como mera superficie receptora de la acción. En consonancia con la
visión de Ingold no observamos pasividad en la
superficie. Los cambios, las transformaciones prevalecen frente a la aplicación
de un modo de hacer por lejos estático e
imperativo, al devenir diálogos posteriores con el mundo de los materiales –por
ejemplo, los bolsones de comida– y del compromiso práctico –humano y no humano–
del que son hechas las cosas. El momento crítico de la pandemia, según Caggiano
y Segura,
permitió
advertir la importancia de formas vigentes de hacer, socialmente extendidas,
aunque no dominantes. La pérdida del sentido parece producirse cuando la acción
falla y cuando la acción falta. El contexto crítico, entonces, motoriza la
acción que busca reponer sentido, y las acciones elegidas en este caso han sido
las que renuevan el compromiso práctico de las personas con su entorno
inmediato que materializa un hacer en el mundo (Caggiano y Segura 2022, 14).
Dentro de las políticas públicas, las
llamadas políticas redistributivas están abocadas directamente a las
condiciones de vida de distintos sectores de la población y operan en la
redistribución secundaria del ingreso, garantizando bienes y servicios para la 181 efectivización de
derechos básicos (Danani 1996, 22). Por su parte, las
políticas de reconocimiento buscan respeto social frente a las desigualdades.
Pero los reclamos por reconocimiento no invalidan los de redistribución. Como
remarcan Butler y Fraser (2016, 41) no existen esferas de la vida real
puramente económicas o culturales, cualquier práctica social incluye ambos
aspectos, por lo que deberían pensarse los derechos tanto en términos de
reconocimiento como de redistribución. Algunos trabajos han retomado esta
discusión. En un breve recorrido conceptual la categoría reconocimiento,
con Fichte,
desde la filosofía alemana, es introducida en el lenguaje jurídico cuando
explora cómo deben enmarcarse las leyes a fin de que las necesidades de los
extraños, los extranjeros y los inmigrantes se vean reconocidas en una
constitución. En los escritos de John Rawls, el reconocimiento significa la
necesidad de quienes son desiguales; en los de Jürgen Habermas, el
reconocimiento significa respeto a las opiniones de aquellos cuyos intereses
los llevan a discrepar (Sennett 2003, 65).
Sennett
también alude a una dimensión recíproca, social, bien amplia del respeto y que
es dado comúnmente de cara a los demás para hacer frente a las desigualdades. A
estos estudios desde la filosofía política y la sociología podemos sumar a Homi Bhabha quien, desde el campo
literario, adhiere a una noción en cuanto enunciación lanzada hacia la
autoridad por parte de un sujeto o grupo que emerge y que busca reafirmar una
identidad colectiva (Bhabha 2013, 27). En torno a
este sentido enunciativo del reconocimiento, los planteos de Sofía Soria han
diferenciado entre las políticas de reconocimiento que pueden orientarse, por
un lado, a estrategias de visibilización de la
diversidad, admitiendo la condición multicultural de las sociedades; y, por
otro, las que podrían constituirse como estrategias de legitimación de la
alteridad, aportando a instituir mecanismos y condiciones para que los pueblos
indígenas puedan disputar, desde su condición histórica y sociopolítica, un
proyecto intercultural (Soria 2010, 179). Axel Lazzari
(2018, 19) siguiendo esta discusión, refuerza que los derechos colectivos de
los pueblos indígenas combinan el reconocimiento de la diferencia étnica con la
redistribución equitativa de bienes y servicios sociales y económicos, lo que
para el pensamiento occidental moderno es todo un desafío. En este sentido,
pretendemos realizar un aporte a este debate analizando a nivel provincial y
regional en el contexto de la pandemia, desde el personal del Estado y
militantes sociales, y remarcando la existencia de complejas relaciones entre
ambas esferas (Adelantado et al. 1998, 129).
Sobre esto último, lo más factible de percibir es una
conflictiva porosidad institucional que resulta de la disposición de actores
sociales diversos a efectuar intercambios con otros actores y con otros ámbitos
(Bohoslavsky y Soprano 2010; Canelo 2008; Perelmiter
2012; Rodrigo 2017). En esta línea nos interesa focalizar en los procesos
conectivos y ejecutivos centrando la mirada en los actores antes que en los
aspectos institucionales.
Para acercarnos a los interrogantes recurrimos a una
metodología cualitativa, en el marco de un trabajo de campo etnográfico en
diálogo permanente entre la academia y los interlocutores (Tamagno
et al. 2005, 207). El espacio de tiempo que elegimos, entre marzo y diciembre
de 2020, incluyó los momentos o fases más restrictivas de movilidad cotidiana y
el comienzo de la vacunación en Argentina. En la selección de los casos
recuperamos decisiones muestrales que no buscaban la representatividad
estadística (Valles 1997, 92) sino la significatividad, “esto es, que un hecho
o caso sean pertinentes para dar cuenta de cierto haz de relaciones en un
sistema social” (Guber 2013, 124).
Para abordar las reconfiguraciones del CPAI
recopilamos, sistematizamos y analizamos documentación del organismo, así como
publicaciones oficiales en redes sociales como Facebook y en páginas web.
Realizamos tres entrevistas en profundidad, con el consentimiento informado, a
dos dirigentes del CPAI y a una intermediaria de las asociaciones migrantes en
el Gran La Plata. En la oficina estatal entrevistamos a personal jerárquico que
durante el contexto de la pandemia fueron quienes tenían mayor responsabilidad.
Para el caso de la intermediaria la elegimos por el rol que cumple, el cual nos
permite mirar más allá del nivel estatal y, en ese más allá, pensar una
interfaz entre el Estado y un sector social. Para profundizar el contexto de
militancia de la intermediaria también se tuvieron en consideración los
registros de campo de una de las autoras en dos asociaciones civiles de
migrantes andinas en la región.
Por otro lado, centramos el análisis
de las entrevistas y de la documentación en lecturas reiteradas en equipo, al
menos tres, para aplicar una lógica combinada inductiva-deductiva, que avanzara
en rondas de codificación desde los textos etnográficos hacia encuadres
teóricos con base en la teoría fundamentada en los datos y apoyándonos en el
programa Atlas.ti para el análisis cualitativo de la
información (Borda et al. 2017, 34).
En esta sección identificamos, en un
primer momento, el desarrollo del CPAI desde su creación en 2007, sus
características principales y sus funciones. En un segundo apartado describimos
su posicionamiento y accionar durante la pandemia, acontecimiento que llevó a
novedosos cambios en el hacer de esta cartera estatal.
El CPAI es una agencia estatal del estado provincial
de Buenos Aires creada en el año 2007 mediante el Decreto Provincial 3631/2007,
aunque en realidad tardó algunos años más en ponerse en funcionamiento (Centro
de Documentación Mapuche 2008). Entre los objetivos de esta agencia se destaca
la elaboración de políticas públicas que aseguren a los pueblos indígenas el
ejercicio de los derechos consagrados en las normativas, aportando al resguardo
de “sus identidades culturales” y a la construcción de “una sociedad
intercultural” (Decreto Provincial 3631/2007). Actualmente su actividad
principal está abocada a la organización del Registro Provincial de Comunidades
Indígenas (REPROCI) creado en el año 2004 a través del Decreto Provincial 3225,
aunque desde los años 2014 y 2016 a partir de un convenio de colaboración entre
el INAI y la provincia de Buenos Aires coordinan acciones conjuntas para la
efectivización de este registro.
Actualmente el organismo está constituido como un
órgano de codecisión perteneciente a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la
Provincia de Buenos Aires. Es presidido por el propio subsecretario y cuenta
con un secretario ejecutivo y con dos áreas con sus respectivos responsables:
un área de fortalecimiento y desarrollo intercultural y otra de enlace
institucional. A su vez, como órgano de cogestión está conformado y se articula
con el Consejo Indígena de la provincia de Buenos Aires (CIBA) que le da curso
la Resolución 158/2006 de la Secretaría de Derechos Humanos. El CIBA está
integrado por dos representantes de cuatro pueblos indígenas de la provincia
que tengan al menos tres comunidades inscritas en el REPROCI. Forman parte
referentes del pueblo kolla, qom,
mapuche-tehuelche y guaraní. El CPAI funciona a través de asambleas ordinarias
en las que participan tanto personal del Estado como los representantes del
CIBA. Según el Decreto 3631/2007, en la instancia de la asamblea se deben
generar comisiones de trabajo en las que se aborden y discutan distintas
políticas indígenas. Aunque en la práctica la dinámica de esta instancia de
participación está atravesada por múltiples tensiones (Cherñavsky
2021, 59).
A partir de la entrevista a una funcionaria del CPAI
identificamos distintas actividades y estrategias que este organismo implementó
durante los momentos previos de la pandemia. Entre ellas es posible mencionar
acciones que conciernen al registro de las comunidades indígenas o asambleas
regulares entre los representantes del CIBA y del CPAI en las que se discutían
propuestas concretas, principalmente la implementación de políticas públicas en
educación o en salud y se recibían las demandas de referentes del CIBA. En este
hacer la movilidad, el encuentro y el diálogo son mecanismos claves para
garantizar tanto las asambleas en el edificio donde funciona el CPAI como las
visitas a las comunidades que tramitan sus personerías jurídicas.
Como remarcan Arcidiácono
y Perelmiter (2021, 18) la pandemia sobrevino en un
momento político particular para el Estado argentino, ya que apenas habían
pasado tres meses de la toma de posesión del nuevo Gobierno a nivel nacional,
luego de las elecciones presidenciales realizadas en diciembre de 2019. Las
autoras plantean que en varias áreas y agencias de Gobierno faltaban
nombramientos.
En el caso específico que aquí nos ocupa, fue
designado un nuevo director ejecutivo del CPAI en el mes de mayo de 2020, en
pleno ASPO, el cual contaba con estudios universitarios en comercio
internacional y con una doble militancia en organizaciones indígenas en la
localidad Quilmes (Buenos Aires) y en la política partidaria, pasando por
experiencias iniciáticas en el movimiento piquetero e inclinándose luego hacia
la militancia en Unidad Ciudadana y en el Frente de Todos. También se designó a
una licenciada en Antropología con experiencia previa en el organismo como
responsable del área fortalecimiento y desarrollo intercultural, pero no se
nombró un encargado del área de enlace institucional.
Con un equipo de trabajo parcial, temores de
contagiarse o contagiar, y el “costo político”[ii]
que ello pudiese implicar al trasladarse desde el AMBA[iii]
a otras regiones del interior de la provincia, fue reconfigurándose el hacer
del CPAI. A ello se sumó el hecho de que el ASPO dificultó muchas de las tareas
“cara a cara” justamente allí donde eran puestos en juego horizontes sociales y
políticos de reconocimiento.
El acompañamiento a las comunidades en la inscripción
en el REPROCI se vio interrumpida. Para el director ejecutivo del CPAI esto se
debió a la imposibilidad de llevar adelante las “visitas” a las comunidades,
uno de los requisitos del procedimiento de inscripción, que, según la
responsable del área fortalecimiento y desarrollo intercultural, es
irremplazable por otro mecanismo (entrevista a encargada del área
fortalecimiento y desarrollo intercultural, marzo de 2022). Como consta en el
reglamento de funcionamiento del REPROCI “la visita” era acordada con la
comunidad que solicitaba la inscripción e involucraba, además de responsables
del CPAI, a miembros del CIBA y del Consejo de Participación Indígena (CPI) de
la provincia y del pueblo indígena involucrado, así como a representantes del
Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI). Así, durante la pandemia
solo se concretaron aquellos trámites que “estaban a mitad de camino desde lo
burocrático, administrativo y que se podían resolver solo por teléfono o
virtual, pero fueron tres, cuatro casos, todo el resto quedó parado”
(entrevista a encargada del área fortalecimiento y desarrollo intercultural,
marzo de 2022). Por otra parte, durante los momentos de mayor restricción las
asambleas regulares del CPAI también 185 se vieron paralizadas, incluso se suspendieron las
elecciones de los representantes CIBA. Aquí observamos la imposibilidad de los
encuentros presenciales debido a las medidas sanitarias de ASPO y a raíz de las
dificultades para generar encuentros virtuales, principalmente por la falta de
conectividad y de dispositivos tecnológicos por parte de los referentes del
CIBA.
A su vez, esto provocó un
cambio en el hacer completamente novedoso para esta cartera estatal. La
asistencia alimentaria a las comunidades indígenas emergió tanto como demanda
de algunas comunidades como de la propia esfera de la Subsecretaría de Derechos
Humanos, de la que el CPAI depende. Las tareas que implicaron la distribución
de alimentos se amoldaron a las condiciones del CPAI. Es decir, en colaboración
con representantes del CIBA de distintos pueblos indígenas a partir de la
información sistematizada en el REPROCI. El contacto con las comunidades
interesadas en recibir los llamados “bolsones” se organizaba de conjunto con
los representantes del CIBA: el secretario ejecutivo se comunicaba con ellos
telefónicamente o vía WhatsApp y les solicitaba una lista de las comunidades
que requerían alimentos. El acercamiento a las comunidades durante los meses de
mayo a diciembre de 2020 necesitó consolidar vínculos con organismos que ya
tenían contacto, como el INAI, así como con nuevos nexos, por ejemplo, con el
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Si
bien estos lazos resultaban probables, no eran usuales. Y fue con la pandemia
que se volvieron conectivos y productivos en función de los propósitos
logísticos de asistencia alimentaria. En el hacer de estas tareas no se
accionaba sobre realizar una tabula rasa, digamos, el hacer
era con –y no sobre– los lazos, vínculos y alianzas que se tejían entre
distintos actores sociales.
Las seis tandas de alimentos de un promedio de 7000 kg
cada una fueron aportadas por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la
Provincia de Buenos Aires, con una frecuencia de mes y medio o dos meses entre
entregas. El lugar de acopio fue propuesto por el INAI en la localidad de
Berisso, lindante a la ciudad de La Plata, a partir de lazos con una sociedad
de fomento. La distribución corrió por parte de los tres organismos. Tal es así
que, para llegar a Los Toldos, al noroeste de la Provincia de Buenos Aires,
cada oficina estatal ponía a disposición una camioneta que partía desde la
sociedad de fomento de Berisso cargando la mayor cantidad de “bolsones” de
alimentos para seis comunidades destinatarias. Vale decir que no todas las
comunidades contactadas aceptaron la entrega de alimentos. Y respecto a
aquellas comunidades no registradas, la comunicación se dio a través de
contactos que eran propios del personal estatal. El director ejecutivo del CPAI
menciona que algunas comunidades “no estaban en función”, lo que puede
relacionarse con el hecho de que las mismas estuvieran atravesando un momento
organizativo en el que ponderaban acciones menos visibles de articulación de
las bases, enmarcadas dentro de un proceso organizativo mayor, de largo plazo
(Briones y Ramos 2010, 43). En cuanto al rol del CPAI, su director ejecutivo
subrayó que “el Consejo no está específicamente dedicado a repartir alimentos”
(entrevista a director ejecutivo del CPAI, agosto de 2022) y que tanto él como
la responsable del área fortalecimiento “nunca lo habían hecho”. En la
organización del Estado argentino las políticas de asistencia alimentaria se
han enmarcado, a razón de la configuración histórica de las agencias estatales,
principalmente dentro del Ministerio de Desarrollo o del Ministerio de
Educación (a través de los comedores escolares). Por ello el interlocutor
señaló la extrañeza de repartir alimentos, aunque por tradición o mandato se
convirtiese en “la herramienta” durante la coyuntura de pandemia. No obstante,
vale decir que en esa redistribución abocada a la asistencia alimentaria vimos
que irían a entrelazarse otras demandas aisladas –pero demandas al fin–, que
denominamos con las categorías de asistencia en movilidad o asistencia
habitacional. En menor medida, desde el CPAI procuraron resolver problemáticas
sociales de este tipo, con personas varadas dentro y fuera de la provincia. O
bien, proveyéndoles casillas prefabricadas de madera que ellos mismos pusieron
en pie. Esta última línea de trabajo es una de las medidas redistributivas
proyectadas a futuro por el CPAI, que tiene como destinatarias a personas
indígenas, y en nexo con el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la
Provincia de Buenos Aires.
Los organismos del Estado argentino encargados de
abordar la cuestión indígena se habían enfocado en el diseño y en la
implementación de políticas centradas en las nociones de reconocer y
visibilizar la diferencia étnica. El propio director ejecutivo del CPAI
mencionó que “por una cuestión también de política pública, nosotros no estamos
para repartir comida, sí estamos para generar políticas públicas para los
pueblos indígenas” (entrevista a director ejecutivo del CPAI, agosto de 2022).
Esto, a su vez, se entrelazaba con su forma de conceptualizar a estos grupos
que forjó a lo largo de su trayectoria en la militancia dentro del campo
indígena y partidario, y que actualmente pone en juego en la arena estatal. En
relación directa con lo anteriormente mencionado consideró que su tarea dentro
de esta agencia estatal es “trabajar para
visibilizar la cuestión indígena en la agenda política” (entrevista a director
ejecutivo del CPAI, agosto de 2022). Para llevar adelante este cometido,
durante los momentos más estrictos de ASPO, el organismo provincial utilizó sus
redes sociales con el fin de difundir efemérides de relevancia para los pueblos
indígenas.[iv] Una
vez flexibilizadas las medidas de ASPO las estrategias implementadas se
pluralizaron hacia la producción y circulación de material de difusión (mapas,
folletería y juegos indígenas) en distintas dependencias del Estado, o la
señalización de la isla Martín García como territorio de genocidios políticos
en Argentina y que analizamos aquí como estrategias de reconocimiento
proyectadas. También planificaron continuar y profundizar la articulación con
otras dependencias estatales como la Dirección General de Cultura y Educación,
el Ministerio de Salud de la Provincia y el INAI, con el que venían tratando.
Si bien el director del CPAI mencionó que es necesario
avanzar en transformaciones estructurales, consideró que “los cambios
estructurales que se necesitan no los 187
vamos a hacer, por una cuestión de
coyuntura” (entrevista a director ejecutivo del CPAI, agosto de 2022). Entre
las concepciones que trae desde su militancia está presente una noción del
reconocimiento que apuesta por un proyecto de transformación de las matrices
políticas, económicas, ideológicas y epistemológicas que han hecho posible
ciertas formas de concebir la diferencia cultural (Soria 2010, 179), aunque
plantea la existencia de limitaciones a la hora de ponerlas en juego en su rol
de funcionario estatal. También pudimos observar cómo un militante de la causa
indígena, hoy funcionario público, “actúa en nombre del Estado” buscando
disputarlo, pero a la vez es “disputado por ciertos mecanismos de poder
sedimentados históricamente y autónomos” (Perelmiter
2012, 454), con la presunción de que hay limitaciones en “la coyuntura” o
“internas políticas a nivel superestructura” (entrevista a director ejecutivo
del CPAI, agosto de 2022).
Una de las personas entrevistadas para la
investigación es abogada de profesión. Desde sus primeros años como estudiante
universitaria se interesó por la cuestión migratoria y creó, junto con otras
compañeras, un “observatorio para las minorías”, en la década los 90 poco
después de llegar a Argentina. Trabajó en la Dirección de Colectividades
durante la intendencia de Pablo Bruera (2007-2015)
representando al Frente para la Victoria, en La Plata. En la actualidad milita
en el Frente de Todos y mantiene contactos con personal del Estado en el
Ministerio de Desarrollo de la Nación. Ella es de Trujillo (Perú), pero reside
en Argentina hace más de 30 años. Desde entonces ha notado un novedoso
“empoderamiento de las asociaciones a partir de la ley migratoria 25.871”
(entrevista a presidenta de la Red de Inmigrantes Latinoamericanos, septiembre
de 2022). Los grupos dedicados a “lo cultural”, con los cuales se vinculó todo
este tiempo, comenzaron a ganar confianza y a organizarse. Por ejemplo, en la
región del Gran La Plata con la constitución de la Red de Inmigrantes
Latinoamericanos (RIL) que es una red “apartidaria” abocada a la participación
ciudadana. Incluye a migrantes que provienen de lugares limítrofes,
especialmente de Perú, y se formó para manifestarse contra el Decreto 70/2017.
El Decreto 70/2017, sancionado durante el gobierno de
Mauricio Macri, buscaba modificar la Ley de Migraciones y en especial los
criterios de admisión y expulsión de inmigrantes a través de la creación de un
Fuero Migratorio. Mientras estuvo vigente este decreto tuvieron lugar una serie
de deportaciones arbitrarias, algunas de las cuales alcanzaron gran resonancia
pública en este nuevo marco regulatorio que se dio entre 2015 y 2019 a raíz de
este y de otros otros decretos del Estado nacional y
de la construcción del relato de que inmigrantes e indígenas representaban una
amenaza social (Caggiano y Mombello, 2020, 134). Este
decreto fue derogado en 2021 gracias a las organizaciones migrantes que
despuntaron en distintas zonas del país y al asesoramiento de instituciones de
derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, el Centro de Estudios
Sociales y Legales (CELS) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En un sentido similar, una de las
entrevistadas aludió a la politicidad de las
conmemoraciones públicas en una de las plazas centrales de la capital
provincial, a partir de las cuales las asociaciones civiles migrantes empezaron
a salir de otro modo porque “antes no iban a la Plaza Moreno” (entrevista a
presidenta de la Red de Inmigrantes Latinoamericanos, septiembre de 2022).
Desde la segunda década del siglo XXI notamos que se acrecentaron los pedidos
de espacios públicos dentro del casco urbano, especialmente con el fin de
celebrar las “tradiciones de Perú”. Con menor frecuencia observamos otros tipos
de eventos de cortes religiosos o deportivos que en su conjunto caracterizan el
actual asociativismo “andino” y “peruano” en la región platense.[v]
Uno de los requisitos para pedir el espacio público al
municipio es contar con la personería jurídica, de acuerdo con la Ordenanza
9880 promulgada en 2005. La personería es una herramienta de gestión que otorga
un nombre a las asociaciones y les permite realizar trámites de variada índole
(gestionar una cuenta bancaria, un número de CUIT, solicitar subsidios al
Estado), al tiempo que legaliza sus inicios cuando en la mayoría de los casos
son anteriores, alegando unos cuantos años “de trabajo en la informalidad”
(entrevista a presidenta de la Red de Inmigrantes Latinoamericanos, septiembre
de 2022).
En tiempos pandémicos, periodo al que se refiere
nuestro trabajo, este panorama público había quedado “en pausa”. Hubo un
repliegue de las asociaciones a espacios tales como las plataformas digitales,
la organización barrial o el hogar, y que lo resumió la propaganda sanitaria
estatal a través del eslogan “quédate en casa”. Con ello, los lazos e
intercambios que pudiesen instituirse en una conmemoración quedaron pausados:
fotografías con celebridades, intercambio de favores, oportunidades laborales.
No obstante, la presidenta de la Red de Inmigrantes Latinoamericanos iba a
partir de estos lazos prepandémicos para delinear un hacer con las
organizaciones en la gestión de personerías jurídicas y el asesoramiento
constante que requiere sostenerlas, y que como observamos, ofrece un estatus
habilitando un campo de interlocución más estrecho con los diferentes niveles
del Estado.
Además de tales prácticas relacionadas al
reconocimiento, en cuanto intermediaria entre las organizaciones de migrantes y
el Estado nacional, accedió a través de su capital social a recursos
–materiales para la construcción, dinero y tablets–
coordinando además la inscripción de integrantes de las asociaciones en
distintas políticas sociales. “Yo los anoto y son beneficiarios de prestaciones
sociales, por ejemplo, de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES)” (entrevista a presidenta de la Red de Inmigrantes Latinoamericanos,
septiembre de 2022). En reciprocidad solicitaba luego a integrantes de las
asociaciones que habilitaran espacios de empadronamiento para inmigrantes en
sus propios barrios o fiscalizaran mesas en actos electorales. Al ponerse en
pausa el espacio público urbano dijo que se veía más en el rol de abogada que
de militante, sin embargo, pudimos observar que ambas condiciones personales
inciden en el capital social desde el cual se posiciona para gestionar
servicios o “respeto”, en sus términos.
Curiosamente entre los recursos a los que aludió, no
mencionó la provisión de alimentos salvo en momentos precisos como las fiestas
de fin de año. Esto lo relacionamos con una de las representaciones sobre la
gente de Perú que apareció en el análisis: su reticencia a repartir alimentos,
pues supone considerar a las personas migrantes desde una imagen de necesidad o
“desde la cuestión del refugio”. Por el contrario, en ella prima la idea de que
“el peruano para recursearse es rápido”, “es capaz de
resolver dificultades por sus propios medios” (entrevista a presidenta de la
Red de Inmigrantes Latinoamericanos, septiembre de 2022). Medios como la
elaboración de viandas u otro tipo de “recurseo” como
la participación en las cooperativas de trabajo de movimientos sociales.
En una reunión virtual de la asociación andina
migrante con la que trabaja una de las autoras de este texto surgieron dos
escenas disparadoras que motivaron nuestra reflexión. A pocos días de
celebrarse el Día de la Madre en Perú, en mayo de 2022, el grupo preparaba un “canastón” de regalo para un sorteo entre el público que
asistía a un evento organizado por el Consulado de Perú en La Plata, en uno de
los pasajes culturales del centro de la ciudad y con la participación de
decenas de instituciones culturales, deportivas y religiosas. Ese canastón iría a manos de unas de las madres participantes.
La discusión en esa reunión rondaba acerca de qué llevaría la canasta en su
interior. Alguien mencionó la clásica opción “alimentos no perecederos”; otro,
una sesión de masajes, una pava eléctrica, una ruana o chalina y así varias
opciones. Debatían qué regalos usaría la celebrada o si en verdad serían
regalos aprovechables por el resto de la familia. Con bastante acuerdo, la
opción de que el canastón llevara alimentos fue
confinada al final de la lista con el argumento de que “en los barrios las
alacenas están llenas de ‘mercadería’. Con la pandemia tienen de más, los
movimientos [sociales] les han dado” (reunión grupal por Zoom con miembros de
la asociación civil migrante, 5 de mayo de 2022).
Otra de las escenas fue a finales de 2020 en la casa
de una de las integrantes de la asociación que, a su vez, militaba en un
movimiento social. Durante la entrevista ofreció que nos lleváramos
“mercadería”. Nos encontrábamos en una cocina-casilla que ella comparte con su
marido, una hija y tres hijos. Mientras charlábamos apilaba, uno sobre otro,
paquetes de harina que podían vencerse. En el último tiempo le habían entregado
bastante “mercadería”. De hecho, con la pandemia su trabajo en el comedor de
una organización piquetera había aumentado en relación con el habitual.
A partir del discurso de la
intermediaria y de las escenas descritas consideramos que integrantes de las
asociaciones migrantes no accedieron a la asistencia alimentaria a través de su
participación en las organizaciones aludidas en estas páginas, sino que en
algunos casos participaron de otros espacios como movimientos sociales y
comedores barriales. Entre sus propósitos organizativos más que generar
estrategias colectivas para afrontar necesidades alimenticias durante la
pandemia, las asociaciones civiles migrantes vieron sofrenadas sus actividades
alrededor de un calendario cultural-político que ha crecido fuertemente en las
dos últimas décadas.
A lo largo del artículo hemos señalado pausas y
contramarchas a raíz de los acontecimientos de la pandemia. Del trabajo con las
categorías y rondas de codificación se desprende que hubo un viraje en el hacer
de agentes estatales, desde los objetivos de reconocimiento hacia estrategias
redistributivas. Dentro de estas últimas predomina especialmente la asistencia
alimentaria. En Argentina la consolidación de este tipo de políticas estuvo
relacionada con momentos de crisis como la hiperinflación de 19881989 y la
crisis del 2001 (Ierullo 2011, 48).
Un viejo y un nuevo hacer en el acontecimiento que se
presentó como un desafío y deber al mismo tiempo, y que combinó la dimensión
experiencial de la creatividad con herramientas de política pública que el
organismo ya contaba. Esto es, el registro y el mapeo del REPROCI y los
contactos con referentes CIBA. Durante la tarea de repartir alimentos
adicionalmente el nuevo equipo de trabajo tejía e inauguraba lazos con
comunidades indígenas cuando el contexto instaba a suspenderlos por completo. A
su vez, habilitó nuevos vínculos con otras dependencias del Estado. La entrega
de “pallets” o “bolsones” no requirió ningún tipo de contraprestación por parte
de “los beneficiarios”, tampoco existió un seguimiento posterior por parte de
la agencia estatal sobre esa materialidad.
Sin embargo, según el director ejecutivo las
limitaciones de este modo de hacer son que “el CPAI no está para repartir
comida”, o que lo está, pero “en una situación excepcional”. Así, la asistencia
alimentaria es un hacer cuestionado por dos de las personas entrevistadas al
presentarse como prescripción y durante sostenidos periodos de tiempo. Esta
autocrítica se ve reforzada incluso porque, pasada la pandemia, pusieron
atención sobre prácticas más diversas, que llamamos de reconocimiento
proyectadas o de redistribución no restringidas a lo alimentario, y que
organizaron en torno a ideas y concepciones de sus propias trayectorias
militantes y profesionales.
La mediadora de las asociaciones migrantes peruanas,
por el contrario, no estuvo 191 ceñida
a los condicionamientos del Estado para desempeñarse como intermediaria. En su
rol de bróker mantuvo modos de hacer sin cambios pronunciados. A excepción del
campo de posibilidades que le proveen los eventos públicos para constituir un
rico entramado de relaciones culturales y políticas y que en el nuevo contexto
encontró en “pausa”. Ella articuló el acceso a bienes y servicios para las
asociaciones migrantes a través de su experticia en el Estado, desplegando,
aunque en menor magnitud, opciones de redistribución no encorsetadas a la
asistencia alimentaria.
En el contexto de la pandemia observamos que las
estrategias y políticas principalmente orientadas al reconocimiento en los
términos de Bhabha (2013, 27) fueron inaudibles por
la necesidad de dar respuesta a la acuciante situación de salubridad y a la
imposibilidad de acceder al espacio público, además de la urgencia por
garantizar el acceso a la alimentación a un amplio sector de la población.
En suma, las estrategias y políticas de reconocimiento
quedaron subsumidas o atenuadas en detrimento de las políticas redistributivas,
razón por la cual consideramos que la situación de la pandemia habilita y
revisita la discusión del campo académico y político (Butler y Fraser 2016,
23). Consideramos necesario comenzar a pensar articuladamente las nociones de
redistribución y reconocimiento en las políticas públicas en el marco de un
capitalismo racial y patriarcalmente estructurado (Williams 1990 citado en
Cochrane y Clarke 1993). Como sostiene Verena Stolcke
(2000, 49) las desigualdades de raza/etnia (que podría funcionar también para
la categoría género) constituyen recíprocamente desigualdades de clase, o al
menos para Latinoamérica donde comúnmente las encontramos entrelazadas. El
desafío es ver cómo se da ese entrelazamiento desde los casos porque no siempre
es una sumatoria de padecimientos, no se adosan dramas o posiciones de
opresión, sino que hasta pueden ser contradictorios (Davis 2008, 76).
Por último, quisiéramos resaltar que
en el trabajo surgieron otros nudos temáticos de las agendas de investigación
sobre el Estado como la porosidad de las fronteras entre las esferas estatales
y las organizacionales, los liderazgos y la circulación de diferentes capitales
a la hora de implementar políticas públicas. Estos han emergido como argumentos
de fondo, no menos sustanciales, pero que sobrepasan el foco específico de
nuestra investigación.
Este trabajo contó con la financiación de la
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de La Plata en el
marco del Proyecto de Investigación 11/N.º 918, acreditado en el Programa
Nacional de Incentivos a la Investigación y dirigido por la profesora Stella
Maris García del Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social (LIAS-FCNyM). Agradecemos la disposición y el tiempo que se
tomaron las tres personas entrevistadas para conversar y aportar información
importante a la investigación.
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Entrevista a encargada del área de
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Inmigrantes Latinoamericanos, La Plata, septiembre de 2022. Reunión grupal por
Zoom con miembros de la asociación civil migrante, 5 de mayo de 2022.
Notas
[i]
Esta categoría aparece entrecomillada dado que una de las entrevistadas se
define como tal.
[ii] Nos interesa resaltar esta categoría analítica,
cuya particularidad es que surge, a la vez, como categoría de campo.
[iii]
El AMBA es la abreviatura del Área Metropolitana de Buenos Aires que comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios
de la Provincia de Buenos Aires. En este conglomerado urbano se concentraron la
mayor cantidad de contagios durante la pandemia.
[iv]
Entre mayo de 2020 y octubre de 2021 aparecieron en Facebook varias
publicaciones sobre el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el Kapac Raymi, Auti Willka Chika, el Día
Internacional de los Pueblos Indígenas, el Día de la Pachamama, por mencionar
algunos. Puede consultar esta información en la página de Facebook Derechos
Humanos PBA, https://www.facebook.com/DerHumanosPBA/
[v] Estos datos se relevaron durante la revisión de los pedidos de espacios públicos a la Dirección de Colectividades del municipio platense entre 2016 y 2022.