Dra. Virginia Noemí Alonso.
Becaria postdoctoral. Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales
(INCIHUSA) y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) (Argentina). (mailto:valonso@mendoza-conicet.gob.ar)
(https://orcid.org/0000-0002-6932-6821)
Dra. Corina Rodríguez-Enríquez.
Investigadora. Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas
(CIEPP) y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
(Argentina). (mailto:crodriguezenriquez@ciepp.org.ar)
(https://orcid.org/0000-0003-0443-8790)
Recibido:
11/11/2022 • Revisado: 10/04/2023
Aceptado:
14/07//2023 • Publicado: 01/01/2024
Cómo citar este artículo:
Alonso, Virginia Noemí, y Corina Rodríguez-Enríquez. 2024. “El excedente de
fuerza de trabajo en Argentina: un análisis desde la economía feminista”.
Íconos. Revista de Ciencias Sociales 78: 199-217. https://doi.org/10.17141/iconos.78.2024.5780
En este artículo se retoma el concepto de
excedente de la fuerza de trabajo tal como se entiende desde el pensamiento
económico latinoamericano, por su importancia al señalar las dificultades del
capitalismo para incorporar a las personas en empleos de calidad y explicar la
reproducción de las desigualdades. A fin de contribuir al estudio de la
exclusión laboral de las mujeres dentro de la región, se persiguen dos
objetivos. El primero: construir una propuesta teórico-metodológica para
estudiar el excedente de la fuerza de trabajo mediante la relectura del
abordaje estructuralista desde la economía feminista. Con el segundo se propone
analizar, a partir de este marco adaptado, la evolución del excedente de la
fuerza de trabajo, así como la política asistencial argentina que pretende
regularlo y su vínculo con la reproducción de las desigualdades de género en el
ámbito nacional entre 2003 y 2019. Para ello se realiza un análisis documental
y estadístico de distintas fuentes. Los resultados permiten constatar la
persistencia estructural de la exclusión y la desigualdad de género producto de
la articulación entre los rasgos laborales del estilo de desarrollo argentino y
el patrón de política asistencial consolidado. Dicho patrón se apoya en las
transferencias monetarias condicionadas y resulta funcional a la feminización
del excedente de la fuerza de trabajo durante las dos primeras décadas del
siglo XXI.
Descriptores: América
Latina; brechas de género; economía feminista; exclusión social; mercado
laboral; política social.
This article takes up the concept of surplus labor force as understood in Latin American economic thought, due to
its importance in pointing out the
difficulties of capitalism in incorporating people into quality
jobs and explaining the reproduction of inequalities. To contribute to
the study of women’s labor exclusion in the region, two objectives
are pursued. The first objective is to construct
a theoretical-methodological proposal
to study the surplus of the labor force by re-reading the
structuralist approach from a feminist economics perspective. The second objective
is to analyze
with this adapted framework the evolution of
the surplus of the labor force, as well as the Argentine welfare policy that aims to
regulate it and its link with the
reproduction of gender inequalities at the national level
between 2003 and 2019. For this purpose, a documentary and statistical analysis of different
sources is carried out. The
results show the structural persistence of exclusion and gender inequality as a result of the
articulation between the labor features of the Argentine development style and the consolidated welfare policy pattern. This pattern
is based on conditional cash transfers and was functional to the
feminization of the surplus of the labor force during the first
two decades of the 21st century.
Keywords:
Latin America; gender gaps; feminist economics; social exclusion;
labor market; social policy.
El capitalismo globalizado ha situado
las cuestiones relativas a la exclusión, la informalidad y las desigualdades en
el epicentro de los debates sociales en distintas latitudes. Sin embargo, en
Latinoamérica estos debates se remontan a una modalidad de exclusión previa
asociada a su condición periférica. En la segunda mitad del siglo XX, con el
enfoque estructuralista de la informalidad se abordó la problemática del
excedente de la fuerza de trabajo en la región. En el marco de la
heterogeneidad estructural, propia de estas economías periféricas (Pinto 1973,
1976), se entendió que el capitalismo imperante no generaba ni suficientes
puestos de trabajo ni calidad en el sector formal (PREALC 1978). Esta dinámica
creaba un excedente conformado tanto por personas desocupadas como por aquellas
ocupadas en el sector informal; tal excedente se caracterizaba, a su vez, por
la baja productividad y por empleos sin protección social y con condiciones
laborales precarias en el ámbito urbano.
Retomando estos aportes, en el
presente artículo se plantean dos objetivos. El primero es construir una
propuesta teórico-metodológica para el estudio del excedente de la fuerza de
trabajo mediante la relectura del abordaje estructuralista latinoamericano
desde la economía feminista (EF). Con esta propuesta conceptual se aportan
contribuciones aplicables a la región –que alimentan los debates sobre las
limitaciones de los estilos de desarrollo y los logros en materia de igualdad
de género–, mientras que el abordaje metodológico se centra en estrategias
concretas para el caso argentino. El segundo objetivo es analizar las
características de la evolución del excedente y su relación con el derrotero de
la política de asistencia nacional en Argentina entre 2003 y 2019, para
comprender la reproducción de las desigualdades entre mujeres y hombres.
Sobre la base del enfoque
estructuralista latinoamericano se desarrolló la tesis de la heterogeneidad
estructural en cuanto rasgo del capitalismo imperante en los países de América
Latina. Este fenómeno remite a la lenta, limitada y segmentada penetración del
progreso técnico que, desde la conformación de las economías capitalistas, ha
generado marcadas brechas de productividad laboral tanto en el interior de la
estructura económica como entre estas naciones y las llamadas desarrolladas
(Pinto 1973, 1976; CEPAL 2012). Estas diferencias dan cuenta de los problemas
de empleo y las desigualdades económicas (PREALC 1978; CEPAL 2012; Bárcena y Cimoli 2020).
En el abordaje realizado por el
Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC), de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), se retomó la problemática de la
heterogeneidad estructural analizándola de una forma estilizada mediante el
estudio de los sectores formal e informal. Desde esta mirada, en el sector
formal opera con una racionalidad de acumulación capitalista, ya que predomina
la distinción entre la propiedad del capital y la mano de obra. El capital
establece y mantiene un dominio oligopólico sobre los mercados de productos, lo
cual genera rentas también oligopólicas que se reinvierten fundamentalmente en
el mismo sector, y ello configura las intensivas relaciones capital-trabajo
(PREALC 1978; Mezzera 1987).
Por su parte, el sector informal se
entiende como consecuencia de la oferta laboral insatisfecha que no puede ser
absorbida por el sector formal. En él abundan “actividades poco capitalizadas y
estructuradas con base en unidades productivas muy pequeñas, de bajo nivel
tecnológico y organización formal escasa o nula” (PREALC 1978, 28). La
racionalidad de esas unidades difiere de la capitalista, pues el objetivo no es
la acumulación sino la supervivencia de la familia. El sector informal, último
espacio en la jerarquización de la actividad económica configurada por la
heterogeneidad estructural (Souza y Tokman 1976),
cuenta con menor productividad laboral y proporciona, por lo tanto, ingresos y
condiciones laborales peores que las del sector formal.
A su vez, si bien las manifestaciones
del excedente tenían su origen en los rasgos productivos de las economías
latinoamericanas, también guardaban relación con los sistemas de seguridad
social (Tokman 1989). En los países desarrollados,
como el excedente de fuerza de trabajo resultaba pequeño, los esquemas para los
seguros por desempleo podían asistir a quienes buscaban trabajo porque eran
pocos y porque el tiempo de búsqueda era breve. Por el contrario, en los países
subdesarrollados, como 201 el
tamaño del excedente era considerable, no podía financiarse un esquema de
seguro de desempleo que cubriera esa situación. Ello implicó que las personas
con problemas de empleo se “refugiaran” en la informalidad en cuanto mecanismo
de generación de ingresos (Mezzera 1987).
Estas conceptualizaciones se vieron
desafiadas, hacia fines del siglo pasado, por la explosión de varias
modalidades asalariadas no típicas en el capitalismo globalizado. Así, ganaron
fuerza los abordajes legales de la informalidad que descartaban la definición
de la cuestión productiva. Pero, con el cambio de siglo y a partir del periodo
de bonanza que experimentó la región entre 2003 y 2008 (García Sayan 2009), en diversos estudios se planteó la vigencia de
la tesis de la heterogeneidad estructural y sus efectos en el ámbito del
trabajo productivo (CEPAL 2012; Abeles, Lavarello y Montagu 2018; Bárcena y Cimoli
2020). En el caso argentino, las investigaciones mostraron la relevancia de los
problemas señalados –entre los que se destacaba el vasto y precario sector
informal– para explicar la desigualdad económica (Arakaki
2016; Salvia, Poy y Vera 2020).
Además, los estudios más recientes
también mostraron sesgos de género en la heterogeneidad estructural, expresados
en la sobrerrepresentación de las mujeres en los espacios de menor
productividad (CEPAL 2016, 2019). Esta visión crítica también se ha certificado
en el caso de Argentina (Alonso 2020, 2022). En línea con esta perspectiva,
entendemos que el análisis del excedente de fuerza de trabajo, que dirige la
mirada hacia las limitaciones del capitalismo para incorporar a esta fuerza
laboral en empleos de calidad, sigue siendo central para comprender la
desigualdad en el presente siglo. No obstante, consideramos que debe ser
revisado a la luz de las transformaciones en la política asistencial (como
mecanismo regulador del excedente) y que puede ser potenciado desde la EF.
Por ello, en este artículo nos
preguntamos cuál es la relectura que podría efectuarse desde la EF sobre el
excedente de fuerza de trabajo en la región en el presente siglo. De hecho,
ante las transformaciones en la política asistencial y en la extensión de la
cobertura de los programas de transferencias de ingresos, diversas
investigaciones sobre la marginalidad y los excedentes laborales han
incorporado a personas perceptoras de asistencia laboral (ya sean desocupadas u
ocupadas) al análisis (Maceira 2016; Poy 2019). Una relectura de estas
innovaciones desde la EF nos permite reconceptualizar e incorporar el
componente de la “inactividad” del excedente de la fuerza de trabajo.
La aplicación de esta propuesta
analítica al caso argentino se realiza entre los años 2003 y 2019. Este periodo
resulta de especial interés ya que, además de contener momentos de crecimiento,
desaceleración, recesión y estancamiento económico, se caracteriza por la
consolidación de un patrón de política asistencial que, con eje en las
transferencias condicionadas de ingresos, conforma un modo particular de
regulación del excedente laboral. Con el corte temporal en 2019, se evita
incluir la pandemia de la covid-19 dentro del análisis, pues implica efectos
sustantivos, tanto en el mercado laboral como en las políticas públicas, que no
forman parte de los propósitos del estudio en que se basa el artículo. Teniendo
en cuenta el contexto señalado, se investiga sobre la capacidad de absorción
del excedente de la fuerza de trabajo urbana y las diferencias según el género
en el modo de absorción del excedente. A estas cuestiones, también se suma otra
interrogante: cuál fue el rol que desempeñó la política asistencial nacional en
la reproducción o reducción de las desigualdades de género.
Tras esta introducción se expone la
relectura feminista del concepto excedente de fuerza de trabajo para pensar la
exclusión laboral de las mujeres y las desigualdades de género. La propuesta
metodológica se presenta en la tercera sección. La cuarta sección está dedicada
a presentar los resultados de los interrogantes para el caso argentino, los
cuales confirman que la absorción de los componentes tradicionales del
excedente (referidos al desempleo y a la informalidad de las unidades
económicas) no solo fue insuficiente sino también desigual en términos de
género. Ante esta dificultad de la dinámica económica, se configuró un patrón
de política asistencial que ha administrado ese excedente, reproduciendo
ciertos sesgos de género, y que ha tenido limitadas posibilidades para reducir
las desigualdades.
Al igual que la mayoría de los
enfoques económicos, la corriente estructuralista no incorporó, desde sus
formulaciones iniciales, la dimensión género en su análisis. Por ello, en este
texto se pretende recuperar el abordaje analítico del excedente descentrándolo
de la mirada parcial androcéntrica inherente a su formulación original. En esta
relectura se emplean conceptos tomados y desarrollados por la EF, que entiende
al género como un sistema de relaciones de poder que remite a la construcción
histórica y social de la diferencia sexual (Scott 1990; Lamas 2000). Estas
relaciones atraviesan todas las esferas de la vida social, implican la
subordinación de las mujeres y las identidades no hegemónicas y se traducen en
desigualdades de género.
La división sexual del trabajo está en la base de la
reproducción de dichas desigualdades. Según la mirada de la EF, el surgimiento
de la sociedad capitalista supuso la separación de las esferas de la producción
(en el ámbito público) y de la reproducción (en el ámbito privado). En
correspondencia, adscribió a los hombres mayormente al trabajo remunerado en la
primera esfera y a las mujeres al trabajo reproductivo o de cuidados, efectuado
en el interior de los hogares. Dicha división conllevó una 203 jerarquización, un valor
desigual que distinguió las tareas realizadas por mujeres de las realizadas por
los hombres (Hirata y Kergoat
2000; Picchio 2005).[i]
La EF critica la manera en que los enfoques dominantes
en la economía han limitado la definición de trabajo al empleo –desconociendo
otros tipos de trabajos socialmente necesarios– y circunscribió el análisis
económico a la esfera productiva. Sobre estos aportes, las economistas
feministas –desde distintas corrientes teóricas– han visibilizado el papel del
trabajo reproductivo o de cuidado no remunerado en el funcionamiento del
sistema económico y en el bienestar de la población, así como también han desarrollado
distintos enfoques para incorporar y centrar la atención de la economía en la
reproducción.[ii]
En este artículo, retomamos estas
contribuciones para pensar la relación de las mujeres con la esfera mercantil y
con la desigualdad de género en el mundo del trabajo al reformular un concepto
medular para el estudio del mercado laboral en Latinoamérica: el excedente de
la fuerza de trabajo. Un elemento central para esta complejización
es la revisión del rol de los hogares en el abordaje original del excedente.
Para el PREALC (1978), el lugar de la familia en la forma que adoptaba el
excedente estaba asociado a la capacidad que tenía para sostener materialmente
a los miembros del hogar desocupados mediante el ingreso monetario de los
miembros que sí estaban ocupados. Eran estos ingresos los que podían evitar que
tuvieran que “refugiarse” en el sector informal.
La EF permite discutir este rol
marginal o periférico de los hogares, así como lo que sucede al interior de los
mismos (Folbre y Hartmann 1988; Carrasco 2006). Picchio (2001), en su propuesta del flujo circular de la
renta ampliado, advierte que el trabajo reproductivo no remunerado realizado en
los hogares cumple una función económica sistémica al permitir la extensión y
expansión de la renta obtenida en el mercado, mediando entre la adquisición de
bienes y servicios y el bienestar efectivo de las personas. Por lo tanto, la
supervivencia depende no solo (ni fundamentalmente) del ingreso de otros
miembros de la familia, sino también del trabajo no remunerado que cumple
funciones económicas relativas a la transformación de mercancías obtenidas
mediante el ingreso, en niveles de vida ampliados y de bienestar.
Adicionalmente, la distribución del trabajo no
remunerado para la reproducción, que se efectúa en los hogares, reduce la
oferta de trabajo para el mercado a través de la relación entre las condiciones
imperantes en el mercado laboral y las necesidades de trabajo reproductivo en
los hogares (Picchio 2001). Esta distribución está
atravesada por la división sexual del trabajo que, a pesar de significativos
cambios culturales, sigue implicando para las mujeres en la región
latinoamericana un mayor tiempo destinado al trabajo reproductivo, menores
tasas de participación en el mercado laboral, sobrerrepresentación en el
desempleo y una alta presencia en las variadas formas de precariedad en los
empleos (Esquivel 2012; OIT 2019).
De acuerdo con esta propuesta
conceptual la configuración del excedente es otro modo de expresión de la
desigualdad económica de género en el que operan tres instituciones económicas
fundamentales: la familia, el mercado y el Estado. Por otro lado, las transformaciones
del capitalismo y las modificaciones del sistema de protección social en la
región también obligan a prestar especial consideración a la política
asistencial para terminar de adaptar este concepto.
En el presente siglo los programas de
transferencias condicionadas de ingresos se han consolidado como el mecanismo
más extendido de asistencia que se brinda a la población más vulnerable, y que,
por condición de actividad y rasgos de la inserción laboral remiten a la
población excluida del sector formal. Esta respuesta plantea un escenario
distinto al teorizado por el PREALC, ya que los recursos transferidos a vastos
sectores de la población pasarían a constituir un modo de administración del
excedente (como lo fue y es el seguro de desempleo) y vendrían a modificar la
composición que adopta la fuerza de trabajo excluida. En definitiva, estos
recursos afectarían las decisiones que se toman al interior de los hogares en
relación con la búsqueda de empleo, modificando en consecuencia las posiciones
que las personas ocuparían dentro del excedente.
En conexión con ello, la ausencia o
presencia de la mirada género en el diseño de la asistencia es clave. La
lectura feminista en Latinoamérica analizó de manera crítica este paradigma de
política asistencial, señalando el sesgo maternalista y sus impactos ambiguos
en la vida y en la promoción de los derechos de las mujeres.[iii]
Como son programas dirigidos a las madres (y no a mujeres en general),
refuerzan simbólicamente su rol cuidador. Además, las condicionalidades,
generalmente asociadas a controles sanitarios y educativos, refuerzan
materialmente este rol. Adicionalmente, se ha destacado el potencial efecto de
desincentivo a la participación laboral de las mujeres. Esto nos lleva a un
punto central del planteamiento teórico ya que, ante el desincentivo, una
cantidad numerosa de las mujeres que forman parte del excedente podrían pasar a
las filas de la “inactividad”, reduciendo, en apariencia, el tamaño del
excedente pensado en su acepción tradicional.
La posibilidad de incorporar como otro componente del
excedente a personas en posición de “inactividad” fue en su momento formulada y
desestimada en los textos del PREALC, por considerarla de poco peso
estadístico.
Una tercera
alternativa, más bien infrecuente, es retirarse de la fuerza de trabajo; este
es el fenómeno del ‘trabajador desalentado’, que, en tiempos normales, rara vez
excede de 2 o 3 % de la fuerza de trabajo. Evidencia reciente sugiere que, en
algunos países, este mismo 205 puede
haber adquirido importancia en los últimos años (Mezzera
1987, 24).
Sin embargo, en este nuevo contexto
entendemos que este fenómeno de desaliento también podría adoptar otra forma y
tener peso en aquellas personas, fundamentalmente mujeres, que forman parte de
hogares con demanda de cuidados de hijos o hijas y que, al no ser absorbidas
por el sector formal del empleo, resultan beneficiarias de los programas de
transferencias de ingresos. Por ello, en nuestra propuesta analítica se
incorpora al excedente el grupo de personas “inactivas” que son titulares de
este tipo de asistencia al realizar tareas de cuidado, y que no han sido
contabilizadas en los componentes relativos a la ocupación (ya sea en el sector
informal o en programas laborales) o la desocupación. En adelante se hará
alusión a ellas como “inactivas”, aunque si bien son inactivas desde la mirada
del mercado laboral, realizan trabajo socialmente necesario en sus hogares y
reciben una transferencia monetaria asociada a ello.
Para responder a la indagación
teórica presentada anteriormente se realizó un análisis de las producciones del
PREALC y de sus recuperaciones de las tesis del estructuralismo
latinoamericano. Luego, se efectuó una lectura crítica y una propuesta analítica
desde la EF. En cuanto a los interrogantes para Argentina, es destacable
mencionar la escasez y la fragmentación de la información sobre los programas
asistenciales nacionales. Teniendo en cuenta estas constricciones, a la
estadística descriptiva e inferencial construida con base en la información de
la Encuesta Permanentes de Hogares (EPH), se sumó el rastreo y la
sistematización de información de registros, normativas y evaluaciones de los
programas junto al análisis documental de su diseño y ejecución. En la
siguiente sección se amplía la información sobre los programas y las
normativas, con base en las fuentes empleadas.
Para estudiar el excedente de la
fuerza de trabajo, se operacionalizaron los siguientes componentes: i) personas
ocupadas en el sector informal del estrato de menor productividad laboral; ii) población desocupada; iii)
personas ocupadas en programas asistenciales de empleo; y iv)
población “inactiva” beneficiaria de programas de transferencias de ingresos.
En este paso se emplearon datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), provenientes de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales y de la
EPH.
Para el primer componente se tomó la
definición operacional de Alonso (2020), ya que este recorte del sector
informal permite concentrarse en aquel espacio de la economía que brinda los
empleos de más baja calidad y los menores ingresos. Este abordaje partió de la
definición tradicional de sector informal del PREALC (1978).[iv]
Pero solo se recogió a las personas que además cumplían con la condición de
trabajar en las actividades de menor productividad. Esta línea de demarcación
siguió la propuesta de Pinto (1973, 1976) y tomó la definición de Lavopa (2007) que, tras abordar el estudio de la
productividad laboral por ramas como cociente entre el valor agregado bruto y
la cantidad de personas ocupadas,[v]
agrupó como actividades de productividad baja a aquellas ubicadas al menos un
20 % por debajo del promedio nacional.
El segundo componente se
operacionalizó con la definición estadística estándar de desocupación. Por su
parte, el tercer y el cuarto componente incluyeron titulares de políticas
asistenciales de transferencias de ingresos.[vi] En
el caso de titulares de programas de empleo se utilizó la variable de la EPH que
permite identificar a las personas ocupadas en dichos programas. En el caso de
los programas asistenciales no laborales se utilizó la metodología de captación
indirecta sobre la base de la variable monto del ingreso por subsidio o ayuda
social.
Por último, es importante señalar que para la
elaboración de algunos indicadores se seleccionaron los años 2003, 2005, 2011 y
2019. Estos se tomaron como momentos testigo de los fenómenos a estudiar por su
utilidad, tanto para el análisis de la dinámica económica como para la
consideración de momentos de implementación de los principales programas de
transferencias de ingresos. Así, se establecieron diversos periodos de estudio
que no persiguieron la proporcionalidad entre los años, sino más bien el seguimiento
de las distintas dinámicas del crecimiento económico y de las respectivas
respuestas de la política asistencial.
Los
resultados de la aplicación de la propuesta analítica en la Argentina se
presentarán en dos subsecciones. La primera se concentra en las relaciones
entre las tendencias del excedente de fuerza de trabajo, en los cambios en la
economía nacional y en los intentos de regulación de la política asistencial.
En la segunda sección se esclarecen las desigualdades de género ocultas en
dichas tendencias.
El excedente laboral: composición y
tendencias según el ciclo económico y la consolidación del nuevo patrón de
política asistencial
Con el propósito de dar respuesta a
las interrogantes sobre la absorción del excedente laboral y el rol de la
política asistencial, en esta subsección realizamos un análisis por periodos.
El primero se refiere a un momento de elevado crecimiento económico y de
consolidación del patrón de política asistencial (2003-2011), mientras que el
segundo remite al estancamiento y recesión registrados entre 2011 y 2019.
Durante el periodo de crecimiento, el
excedente de la fuerza de trabajo se redujo alrededor de un 9 %, pasando a
representar el 41,4 % de la población que participaba en el mercado laboral en
2011 (tabla 1). Esta disminución se produjo de manera más acelerada durante la
recuperación económica (2003-2005), ya que casi la mitad del descenso se
registró en ese subperiodo. La absorción restante del excedente se puede
comprender como consecuencia del crecimiento económico que fue acompañado por
la expansión del sector formal en los seis años posteriores. En el caso de las
actividades de menor productividad en el sector informal, entre 2003 y 2011 se
observó una persistencia de su peso en la composición del excedente e incluso
un leve incremento. La explicación de la disminución del tamaño del excedente
se encontró fundamentalmente en el comportamiento del desempleo y, en menor
medida, en la política asistencial.
Tabla 1. Incidencia de los
componentes del excedente en la fuerza de trabajo (en porcentajes)
Elaborada con base en el INDEC (2003-2019).
*Diferencias estadísticamente significativas entre
intervalos de confianza al 95 %. Nota: II y III aluden al
segundo y tercer trimestre del relevamiento de la EPH.
Esta última fue consolidando un
patrón que se sustenta en una perspectiva de maternalismo
social, por la cual van perdiendo peso los componentes asociados a la promoción
de la participación laboral de las personas. En Argentina, el proceso de
masificación y posterior transformación de los programas de transferencias
condicionadas se remonta al Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJJHD),
creado en abril de 2002 mediante el Decreto Presidencial 565 como respuesta a
la crisis del 2001, y en un contexto de desempleo en el orden del 20 %. Este
programa fue un hito en la expansión de recursos destinados a este tipo de
intervenciones. Si bien continuó con la lógica de la política asistencial
focalizada que caracterizó a la década de los 90, el programa cobró una
masividad sin precedentes pues se beneficiaron aproximadamente dos millones de
personas en el segundo trimestre de 2003.
El PJJHD exigía a sus titulares una contraprestación
laboral o la participación en actividades de formación para mejorar las
posibilidades de inserción laboral, junto a condicionalidades en materia de
salud y educación de los niños y las niñas a cargo. Por su dimensión pasó a ser
la principal forma de asistencia mediante transferencias monetarias destinada
al excedente laboral y mantuvo su participación mayoritaria dentro de los
programas nacionales de empleo hasta 2008. Hacia finales de 2004 comenzó la
transición en el paradigma de política asistencial desde la priorización de
programas de empleo hacia la expansión del maternalismo
social. El Decreto 1506/2004 resultó crucial puesto que estableció que las
bases de la migración de titulares del PJJHD hacia otros programas girarían en
torno a la evaluación de la “empleabilidad” de sus titulares.
Como resultado, el grupo de titulares
que fue clasificado como el de menor empleabilidad (o mayor déficit de
empleabilidad), compuesto fundamentalmente por mujeres con hijas o hijos según
la evaluación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS
2005), fue redireccionado al Programa Familias por la Inclusión Social (PFIS)
del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) a partir de 2005.[vii]
Sin contraprestación laboral, la transferencia a las madres estuvo condicionada
al cuidado de sus hijas e hijos. Luego, se creó el Seguro de Capacitación y
Empleo (SCE) del MTESS mediante el Decreto 336 de 2006. Este programa laboral
pretendió albergar a quienes fueron calificados como empleables (en su mayoría
hombres).
Así se fue consolidando el viraje de
la activación hacia la “inactivación” de parte del excedente y el refuerzo de
la visión maternalista del nuevo patrón de política. La decisión nacional de
traspasar a ese grupo hacia el MDS y la posterior creación del PFIS supusieron
una modificación del propio estatus de esas mujeres en relación con el mercado
laboral y con base en su derecho a la inclusión social (de desocupadas a
madres). Todos estos rasgos se reforzaron entre 2008 y 2009, momento de
consolida- 209 ción
del patrón de política asistencial. Durante esos años, e incluso antes del
impacto de la crisis mundial, el patrón de crecimiento económico ya mostraba
dificultades no solo para soportar ese ritmo, sino también para sostener las
mejoras de los indicadores sociales ante el avance de la inflación y del
desajuste de las principales variables macroeconómicas (Beccaria y Maurizio 2012). Sumado a ello, se encontraba la
insuficiente creación de empleos de calidad y el elevado peso tanto de la
informalidad en la ocupación como de la pobreza en la población.
En este contexto, prosiguió la
transformación del paradigma asistencial. En 2008 se crearon dos programas
laborales. El Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo (PJMyMT)
y el Programa Ingreso Social con Trabajo (PIST), originados mediante la
Resolución 497/2008 y la Resolución MDS 3182/2009. Estos no alcanzaron
magnitudes tan significativas como las que tendrían el PJJHD o la Asignación
Universal por Hijo (AUH), creada en 2009 mediante el Decreto 1602.
La implementación de la AUH fue la
medida más significativa para la consolidación de los rasgos de la política
asistencial (tabla 2). Esta buscó expandir el alcance de las asignaciones
familiares a aquellos sectores excluidos de este componente de la seguridad
social. Si bien la titularidad del derecho al beneficio era para menores de 18
años y para personas con discapacidad, la titularidad de cobro era para sus
madres (prioritariamente) y padres desocupados (sin seguro de desempleo) u
ocupados en empleos informales. Esta asignación venía a cubrir casi la
totalidad del excedente de fuerza de trabajo (en su acepción tradicional). En
el caso de las y los asalariados del sector informal del estrato de menor
productividad, las cifras de trabajadores no registrados oscilaban entre el 70
% y el 80 % durante esos años.
Hasta
2016 fue incompatible con la percepción de transferencias monetarias originadas
en prestaciones contributivas o no contributivas de cualquier nivel
gubernamental, lo que continuó la migración de titulares de programas laborales
hacia programas sin contraprestación laboral. Al mismo tiempo, profundizó en el
maternalismo mediante las condicionalidades en
materia de cuidados. Como resultado, para diciembre de 2011 la AUH había
alcanzado 1 883 822 titulares de cobro y una proporción femenina mayor al 90 %.
Tabla
2.
Cantidad de titulares según tipo de asistencia nacional
Elaborada con base en el MTESS (2021) y en la CEPAL
(2021a, 2021b, 2021c).
Nota: Los datos del indicador 1 pertenecen a
MTESS y los del 2, a la CEPAL.
Este viraje en la asistencia tuvo
implicaciones sobre la composición del excedente y sobre sus rasgos de género
(como se verá en la próxima subsección). En primer lugar, se redujo la
participación de las personas ocupadas en programas laborales. Hacia 2011 no
solo esta caída tenía efectos en el tamaño del excedente en general, sino
también en la disminución del peso de la ocupación dentro del excedente (tabla
1). En segundo lugar, operó un cambio en la composición referida a la política
asistencial, ya que al contrario de lo registrado en 2003 y 2005, en 2011 las
personas inactivas con transferencias no laborales representaban la mayor parte
del componente asistencial del excedente (3,3 %), mientras que las personas
ocupadas en programas de empleo representaban solo el 0,8 %.
Durante el segundo periodo
(2011-2019), que se caracterizó por el estancamiento y por la recesión con un
elevado deterioro de los ingresos debido a la inflación, se observó un leve
incremento del excedente que giró en torno al 2 %. Esta variación se debió al
aumento de la desocupación, mientras que los dos componentes referidos a la
política asistencial no presentaron variaciones. En ese sentido, la política
asistencial pudo haber jugado un rol contenedor para que la ocupación en el
sector informal del estrato de productividad baja no creciera y que el
desempleo no escalara a cifras mayores.
En cuanto a la consolidación del
patrón de política asistencial, si bien ya en 2011 se observaba una supremacía
de la cantidad de titulares bajo modalidades de asistencia sin exigencia de
contraprestación laboral (tabla 2) y con una lógica maternalista, para 2019
esta diferencia se hizo más marcada. Esto se debió tanto a la ampliación de la
cobertura de la AUH como a la merma de la cantidad de titulares con programas
laborales.
En síntesis, entre 2003 y 2019 la capacidad de
absorción del excedente de fuerza de trabajo fue insuficiente, ya que a pesar
del marcado crecimiento de la primera década el excedente se mantuvo en cifras
cercanas al 40 % de la población económicamente activa (PEA). Ante los
persistentes rasgos estructurales de Argentina que modelan las lógicas de
exclusión económica y, por lo tanto, la dificultad de la dinámica económica de
proveer bienestar de manera sostenida a la población, se consolidó un patrón
asistencial que cobró una creciente masividad y que giró sus esfuerzos de la
inserción o reinserción laboral a la transferencia de ingresos a madres en
hogares de bajos ingresos, una parte estructural de la población excluida.
Desigualdades de género en la evolución
del excedente
Durante los años de crecimiento
económico la insuficiente absorción del excedente no se realizó de forma
homogénea en términos de género, por el contrario, se explicó fundamentalmente
por el descenso del excedente masculino. Mientras en 2003 el excedente
masculino representaba el 44,3 % y el femenino era del 59,1 %, para 2011 las
cifras fueron 33 % y 53,4 % respectivamente (tabla 3). En efecto, la proporción
de mujeres en relación con el total de personas dentro del excedente o de la
participación femenina (PF) aumentó de manera sostenida en todo el periodo,
pasando del 50,6 % en 2003 al 53,9 % en 2019. Esta variación significativa
devela la feminización del excedente durante esos años.
Para analizar los rasgos de género de
la evolución de los componentes del excedente laboral, es importante considerar
que entre 2003 y 2007 el crecimiento económico fue acompañado de un aumento del
empleo genuino[viii]
que explicó las contracciones del desempleo (Damill y
Frenkel 2006; Beccaria y Maurizio 2012). Estos
comportamientos, junto al aumento del empleo en el sector formal, abrieron
posibilidades para la absorción del excedente. La evidencia muestra que fueron
los hombres quienes resultaron beneficiados por esta dinámica entre 2003 y
2005, pues el desempleo masculino cayó a mayor ritmo que el femenino. Además,
esta diferencia fue mucho más marcada para quienes tenían un programa laboral
como ocupación principal. En este subperiodo el porcentaje de hombres con
programas de empleo cayó casi a la mitad, mientras que en el caso de las
mujeres la reducción fue de apenas 1,6 %.
Elaborada con base en el INDEC (2003-2019).
*Diferencias estadísticamente significativas entre
intervalos de confianza al 95 %. Nota: II y III aluden al
segundo y tercer trimestre del relevamiento de la EPH.
Para las mujeres, a diferencia de los
hombres, la reducción del desempleo se dio de la mano del incremento de la
ocupación en el sector informal de las actividades de menor productividad, por
un lado, y de la tendencia al aumento del componente de “inactivas” con PJJHD,
por otro. Esto último se profundiza porque en materia de política asistencial
la decisión no giró en torno al diseño de programas de inserción laboral con
igualdad de género junto a mecanismos que resolvieran los problemas de
conciliación entre la vida familiar y laboral, sino que se centró en el
traspaso de las mujeres desde un programa laboral (como lo fue el PJJHD) a
programas de asistencia familiar sin contraprestación laboral con sesgo
maternalista.
Posteriormente, la brecha de género
en el excedente se incrementó debido a la continuación de las tendencias según
el género en el desempleo y en la ocupación del sector informal de las
actividades menos productivas, y a la profundización del patrón asistencial con
la AUH. La reducción del peso de los programas laborales y los rasgos
maternalistas llevó la brecha a la máxima expresión en 2011. De esta manera, no
solo el crecimiento económico se olvidó de estas mujeres, sino que también la
política asistencial resignó en gran medida la vía de su autonomía económica a
través del trabajo remunerado y lo que se entiende como el otro lado de la
misma moneda, la corresponsabilidad del trabajo de cuidado.
Esta configuración no sufrió grandes
variaciones con el estancamiento y con la recesión correspondientes al lapso
2011-2019. Este periodo nos remite a la figura mencionada anteriormente de
“trabajador desalentado”, pues a inicios del presente siglo estas mujeres eran
sujetas de políticas laborales, y hacia finales del periodo pasaron a ser
titulares de cobro de beneficios para sus hijas e hijos. En algún sentido se
“desalentó” su vinculación con el mundo del trabajo remunerado. Una vez
consolidado el patrón asistencial, esta nueva figura pasó a representar entre
el 7 % y 8 % de la fuerza de trabajo femenina y el 14 % del excedente femenino.
La reconfiguración del excedente,
detallada hasta aquí, nos lleva a la pregunta sobre sus implicaciones para los
ingresos de las mujeres y las brechas de género. Teniendo en cuenta la
significativa brecha de género en los ingresos laborales en el componente
informal –que supera la brecha en el resto del empleo–, la política asistencial
podría haber jugado un papel favorable en torno a la reducción de la brecha de
género en la población excedentaria y en el logro de mayor autonomía económica
de esas mujeres.
Las transferencias monetarias sin
dudas mejoraron los ingresos de las personas beneficiarias y de sus hogares,
aunque no fueron suficientes para que un hogar compuesto por una persona adulta
y dos menores no cayera en la pobreza (tabla 4). Así, la dotación económica
dejaba a las mujeres titulares lejos de contar con la 213 capacidad de adquirir
bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades y las de sus
grupos familiares, además, no les permitía desligarse de la necesidad de otras
fuentes de ingresos. A su vez, estas transferencias dotaron de menores recursos
a sus titulares que los ingresos que en promedio brindaba el mercado laboral.
Elaborada con base el INDEC (2003-2019).
*Porcentaje del monto de dos
asignaciones sobre el valor de la canasta básica total al trimestre de
referencia para un hogar compuesto por una persona adulta y dos menores
(excepto del PJJHD, del cual se tomó el monto único y del PFIS que se tomó el
monto mínimo y el máximo).
Nota: II y III aluden al
segundo y tercer trimestre del relevamiento de la EPH.
Por
último, si bien la brecha de ingresos no laborales fue favorable para las mujeres,
ello no tuvo impacto en la reversión de la brecha de género del ingreso total
(tanto el percibido por ingresos laborales como por ayuda social) para el
excedente en su conjunto. Al cierre del periodo, los hombres continuaban
teniendo ingresos mensuales promedio superiores a las mujeres pertenecientes al
excedente.[ix]
En el presente artículo se ha documentado
la incapacidad del capitalismo que se ha desarrollado en Latinoamérica para
incluir la totalidad de la fuerza de trabajo en empleos de calidad. Para ello,
se efectuó una relectura desde la EF del concepto del excedente de fuerza de
trabajo desarrollado por el enfoque estructuralista de la informalidad.
En el caso argentino, el análisis
empírico confirma varios elementos. En primer lugar, la persistencia de un
excedente de fuerza de trabajo significativo en su magnitud, aún en contextos
de crecimiento económico. En segundo lugar, la pérdida paulatina de los
componentes del excedente vinculados a la desocupación (desocupación abierta o
contraprestaciones de programas laborales) y el incremento de aquellos
vinculados al desaliento y a la “inactividad” (cuya evolución es independiente
del ciclo económico). En tercer lugar, la desigual absorción por género de la
fuerza de trabajo y la consecuente feminización del excedente. Esto último se
explica dentro de un contexto que, además de la injusta organización social del
cuidado (Esquivel 2011; Rodríguez Enríquez, Marzonetto
y Alonso 2019), aúna la debilidad del estilo de desarrollo para generar empleos
de calidad para las mujeres y la consolidación de un patrón de política
asistencial, cuyos esfuerzos han girado desde la inserción o reinserción
laboral hacia la transferencia monetaria a madres en hogares vulnerables.
Con estas conclusiones también se
dialoga con los estudios sobre la desaceleración de la participación laboral
femenina en Latinoamérica (Gasparini y Marchionni
2015) y la feminización de la pobreza en Argentina durante estos años (Paz
2021). Así, se advierte sobre la persistencia de problemas de pobreza
vinculados al modo de regulación del excedente –a través de transferencias que
resultan insuficientes para superar los umbrales de pobreza monetaria– mientras
se produce una escasa y desigual absorción de la fuerza de trabajo. Además, se
evidencia que la prioridad dada a las madres para el cobro de las
transferencias tampoco alcanza para reducir las brechas de género en los
ingresos totales –laborales y no laborales– dentro de la población que conforma
el excedente.
El
diálogo propuesto evidencia la cuestión de género dentro de los problemas
estructurales de mercados laborales latinoamericanos y las formas que estos
adoptan frente a la consolidación de un determinado patrón de política
asistencial. La continuidad de estilos de desarrollo, como los imperantes en la
región, consolida mecanismos de reproducción de las brechas de desigualdades
socioeconómicas y de género. Visibilizar esta dinámica puede tener un potencial
transformador si alimenta un debate genuino sobre la manera en que se pretende
abordar la exclusión en el contexto de recuperación económica a la salida de la
crisis generada por la covid-19.
Este trabajo es producto de la labor de investigación
que las autoras desempeñan en el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. Agradecemos los comentarios y
sugerencias de quienes ejercieron como revisores y revisoras de este artículo.
Sus evaluaciones resultaron importantes para dar claridad y profundidad al
análisis aquí propuesto.
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Notas
[i] Cabe
enfatizar que esta división no es absoluta en el mundo real. En particular, las
mujeres de estratos socioeconómicos bajos debieron desde siempre participar en
actividades remuneradas para la subsistencia de sus hogares (asumiendo a la vez
el trabajo no remunerado en sus hogares).
[ii]
Para ahondar más en este aporte fundamental de la EF, se recomienda revisar
Carrasco (2006) y Esquivel (2012).
[iii] Para
profundizar acerca de este tema se sugieren los trabajos de Molyneux (2006),
Rodríguez Enríquez (2011) y Cookson (2018).
[iv]
Esta definición incluye a patronas y patrones, y asalariadas y asalariados en
establecimientos privados con cinco o menos personas, a trabajadoras y
trabajadores por cuenta propia no profesionales, a quienes se ocupan del
servicio doméstico y a trabajadoras y trabajadores familiares sin salario.
[v]
Entendemos que esta definición de productividad laboral, tomada de estudios
enmarcados dentro del estructuralismo, sesga las actividades de trabajo,
intensivas en general y las de cuidado en particular. Esto remite a otra línea
de investigación cuyo abordaje pretendemos detallar en un próximo artículo.
[vi] Se excluyen los programas nacionales
alimentarios por no ser considerados un mecanismo regulador del excedente
laboral.
[vii]
El PFIS fue creado mediante la Resolución 825/2005.
[viii]
Entendido como los puestos de empleo creados netos a partir de programas
asistenciales de empleo.
[ix] La diferencia de medias en el ingreso total es estadísticamente significativa con un nivel de confianza al 95 %.