Dr.
Jesús Bojórquez-Luque. Profesor investigador. Departamento de
Humanidades, Universidad Autónoma de Baja California Sur (México).
(bojorquez@uabcs.mx) (https://orcid.org/0000-0002-1745-4979)
Recibido:10/01/2023
• Revisado: 23/04/2023
Aceptado:
21/07/2023 • Publicado: 01/01/2024
El objetivo del presente artículo es
analizar la reforma educativa en México focalizando la sinergia de intereses
entre las élites económicas y la clase política. Sobre la base de una
metodología cualitativa, de índole exploratoria y descriptiva, se examina el
neoliberalismo autoritario; este concepto establece que atravesamos una etapa
del capitalismo en la cual los Estados han aumentado sus rasgos autoritarios en
la toma de decisiones sin tener en cuenta el consenso de la población, con el
fin de apuntalar los procesos de acumulación de capital. Lo anterior les ha
permitido generar andamiajes jurídicos y reforzar los aparatos represivos con
el fin de crear inmunidad ante la protesta social, renunciando a la negociación
y a la cooptación; todo ello en alianza con las élites económicas y
financieras. Los resultados demuestran que la reforma educativa fue impuesta
por las élites económicas en acuerdo con el poder político, sin mediar una
postura de negociación con el profesorado. Apoyados por los medios de comunicación
masivos, se culpó al personal docente del fracaso del sistema educativo,
creando un clima de linchamiento, sobre todo contra quienes salieron a
manifestarse en el espacio público. Se concluye que la reforma educativa y su
imposición, lejos de pretender una mejora en la calidad, buscaba controlar al
magisterio y consolidar la precarización laboral, una medida distintiva del
modelo neoliberal.
Descriptores:
élites; evaluación; neoliberalismo; problemas sociales; reforma de la
educación; trabajo.
The objective of this
essay is to analyze educational
reform in Mexico through the shared
interests of the economic elites and the political class.
Authoritarian neoliberalism
is examined using a qualitative methodology of exploratory and descriptive nature.
The concept of authoritarian neoliberalism posits that we
are living a stage of capitalism in which states have augmented
their authoritarian features in decision making, without the consensus of
the population, to reinforce processes
of capital accumulation. This has allowed them to generate
legal scaffolding and reinforce
the repressive apparatus to immunize
themselves against social protest, renouncing negotiation and co-optation. All this has been
done in alliance with the economic and financial elites. The results show that the educational reform was imposed
by the economic
elites in an agreement with the political
power, without any negotiation with the teachers.
With the help of the
mass media, teachers were blamed for
the failures of the educational
system, creating a climate of lynching,
especially against those who went
out to demonstrate
in public. We conclude that the
educational reform and its imposition –far from aiming
at educational quality– sought to control the teaching profession
and consolidate the precarious labor conditions that are characteristic of the neoliberal model.
Keywords:
elites; evaluation; neoliberalism;
social problems; education reform; labor.
De acuerdo con Bruff
(2014), tras la crisis inmobiliaria de 2008 en Estados Unidos se desató otra
crisis financiera global. Como consecuencia tuvo lugar la emergencia de Estados
cada vez más autoritarios, los cuales aplican políticas de ajuste económico sin
el consenso de la población y se inmunizan de las protestas sociales a través
de constructos legales y del fortalecimiento de la represión, renunciando a
negociar con las fuerzas disidentes que se manifiestan en el espacio público.
En el contexto mexicano, el
neoliberalismo en cuanto modelo económico inició su aplicación a partir del
mandato de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), luego de la crisis de la
deuda potencializada por la caída de los precios del petróleo y por el alza de
las tasas de interés internacionales. Ante tal situación, México firmó una
carta de intención ante organismos financieros internacionales, como el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional (Alcántara 2008), con el compromiso
de aplicar medidas de ajuste estructural, entre ellas la liberalización
comercial y económica, la venta de las empresas públicas y el establecimiento
de políticas de austeridad económica para reducir el déficit fiscal.
El modelo económico entró en proceso
de consolidación durante las presidencias de Carlos Salinas de Gortari
(1988-1994) y de Ernesto Zedillo Ponce de León (19942000). Durante el mandato
de Carlos Salinas de Gortari se realizaron una serie de reformas constitucionales
que dieron pie a la privatización del ejido a través de las modificaciones al
artículo 27 de la Constitución en 1992. Estos cambios giraban en torno a la
inversión extranjera directa (Dussel Peters 2000) y a la venta de empresas
paraestatales –entre otros temas– y contaban con el apoyo de las élites. Por su
parte, durante el gobierno de Zedillo Ponce de León se aceleraron los procesos
de privatización en sectores clave de la economía: aeropuertos, puertos,
ferrocarriles, inversión privada en electricidad, venta de los satélites, etc.
(Zepeda 2012).
Aunado a ello, frente a la crisis de
finales de 1994 en México, Ponce de León implementó un rescate del sistema
bancario a inicios de su gobierno, convirtiendo deudas privadas en públicas a
través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Así, el
neoliberalismo se ancló no solo en la política económica, sino en las reformas
constitucionales, las cuales son difícil de desmantelar pues se necesita contar
con una mayoría calificada en el Congreso.
Aunque el autoritarismo en México
estuvo presente en todo el periodo posrevolucionario y en los primeros 18 años
de neoliberalismo, cobró fuerza en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa
(2006-2012) de la mano del Partido Acción Nacional, de orientación
conservadora. En este periodo se dio un giro autoritario de grandes dimensiones
con la imposición de políticas sin el consenso de la población –un ejemplo es
la guerra contra el narcotráfico–, con el fin de legitimarse en el poder ante
el escaso bono democrático con el que llegó a la presidencia tras las denuncias
de fraude electoral contra el candidato de izquierda Andrés Manuel López
Obrador. Acciones como la extinción de la empresa eléctrica pública Luz y
Fuerza del Centro, que pretendía combatir al sindicalismo crítico, marcaron el
inicio de la apertura del sector eléctrico a la iniciativa privada en el
siguiente gobierno.
El clímax del neoliberalismo
autoritario se dio durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) con la
imposición, por parte del Estado y en coordinación con las élites, de una serie
de reformas de carácter estructural para el reforzamiento del modelo económico,
las cuales solo fueron consensuadas con la clase política agrupada en los
principales partidos. Las reformas más polémicas, la energética y la educativa,
causaron grandes inconformidades en la población, sobre todo en quienes
pertenecían al sector educativo, pues no se consultó a uno de los actores más
importantes del sistema: el personal docente, que salió a manifestarse en el
espacio público y que fue reprimido y linchado mediáticamente. En el caso de la
reforma educativa, que es la que nos ocupa, sus propósitos no solo eran
privatizadores, también aspiraban a tener el control sobre el profesorado y a
consolidar las tendencias globalizadoras neoliberales en torno a la
precarización y a la flexibilización del trabajo docente.
Utilizando una metodología
cualitativa de carácter exploratorio y descriptivo y basada en investigación
documental, se emplea como categoría de análisis el concepto de neoliberalismo
autoritario, planteado por el académico inglés Ian Bruff
(2014). El
objetivo principal es analizar la reforma educativa impuesta por las élites
económicas en cuanto política pública de afianzamiento del neoliberalismo, que
lejos de centrarse en lo educativo, era de carácter laboral.
El artículo está dividido en seis apartados. A esta
labor introductoria para ubicar a lectoras y lectores en la temática, le sigue
el segundo apartado en el cual se exponen los materiales y la metodología
empleada. En el tercero, se explica el concepto de neoliberalismo autoritario y
sus características; en el cuarto se alude a las élites económicas y a la
apropiación educativa en México; en el quinto apartado se aborda la reforma
educativa, las protestas resultantes y la represión estatal en su calidad de respuesta
a esas acciones. Por último, en el sexto se presentan las conclusiones a manera
de reflexión final.
Para la investigación en la que se
basa este texto se empleó una metodología cualitativa de tipo exploratorio, que
“se efectúan normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o problema de
investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes” (Hernández
Sampieri, Fernández y Baptista 2003, 115). Con base en la revisión de
literatura pertinente se parte de un estudio descriptivo, pues “se busca
especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis basada en un análisis
documental” (Hernández Sampieri 2006, 60), que en este caso se utilizan para
analizar la aplicación de políticas públicas y legislativas en materia
educativa.
El artículo se basa en la categoría
neoliberalismo autoritario propuesta por Bruff
(2014), así como en los usos que la han dado otros autores para diversos
tópicos y problemáticas sobre el capitalismo contemporáneo en los contextos
estadounidense, europeo, asiático, africano, australiano y latinoamericano. Una
de las bondades del concepto es que permite analizar la cualidad estructural de
diferentes problemáticas del capitalismo actual en el que los Estados, aliados
con las élites, imponen una serie de medidas tendientes a reforzar el modelo
neoliberal a partir de políticas de austeridad, de privatización de activos
sociales, de emprendedurismo urbano y de flexibilidad
laboral, apoyados por los medios de comunicación masiva y con el reforzamiento
de los cuerpos represivos para enfrentar las protestas sociales derivadas de
las políticas de ajuste. A partir de dicha categoría de análisis, se examina el
concepto de élites y la manera en la que estas influyen en la imposición de
políticas públicas, especialmente en materia educativa en México.
La consulta se hizo a través del
motor de búsqueda Google Académico. Para el constructo teórico conceptual se
ingresaron las siguientes palabras: authoritarian neoliberalism, neoliberalismo
autoritario, authoritarian neoliberalism and education,
neoliberalismo autoritario y educación, authoritarian neoliberalism and labour y neoliberalismo autoritario y
trabajo. Para el desarrollo del estudio de caso se consultaron investigaciones
que daban cuenta de las élites en México, en concreto de la organización
Mexicanos Primero, así como de sus principales integrantes y financistas. Por
último, se revisaron artículos académicos sobre la reforma educativa, acerca de
la reacción del personal docente que llevó a una protesta social en el espacio
público y sobre la respuesta represiva por parte del Estado.
A partir de la teoría crítica se abordan en esta
sección, por un lado, el concepto de neoliberalismo autoritario como rasgo
característico del capitalismo actual y que fue acuñado por el académico inglés
Ian Bruff (2014). Por otro, se hace un análisis de la
manera en la que los neoliberales y el neoliberalismo visualizan el tema
educativo, muy ligados a las pruebas estandarizadas y a la productividad como
parte de la contratación y de la remuneración de los docentes a partir de una
visión empresarial.
Tras la crisis global de 2008,
producto de la quiebra del mercado inmobiliario en Estados Unidos (Tansel 2017), se gestó un cambio en la forma de actuar de
los Estados pues adquirieron rasgos autoritarios en la forma en la que gestaron
la emergencia económica y en la aplicación de políticas públicas. En este
escenario de debilidad y de crisis del sistema capitalista, Bruff
(2014) afirma que emergió un neoliberalismo autoritario en el cual los Estados
aplicaron formas autoritarias en su toma de decisiones, lo cual produjo
retrocesos democráticos. En aras de conseguir el equilibrio macroeconómico
aplicaron políticas de ajuste y diversas acciones sin el consentimiento de la
población. Para establecer su accionar han instituido una serie de andamiajes
jurídicos y constitucionales no solo con el fin de consolidar la permanencia
del modelo económico, sino también para inmunizarse ante la protesta social y
reforzar los cuerpos represivos, renunciando así a toda posibilidad de
negociación con los grupos disidentes o de cooptación política de estos.
De esa forma, se han establecido
acotamientos o prohibiciones para el uso del espacio público como arena de las
protestas contra las políticas económicas (Bojórquez y Ángeles 2021; Bojórquez,
Correa y Gil 2022), o para incentivar proyectos de gobernanza neoliberal urbana
que refuerzan la segregación socioespacial, afectando el derecho a la ciudad
(Bojórquez, Ángeles y Gámez 2019) y creando ambientes securitarios
que buscan la higienización del espacio (Bojórquez, Ángeles y Gámez 2020).
Paradójicamente, la implementación de políticas al margen de los consensos
sociales y el reforzamiento de los entretejidos legales y de aparatos
represivos no han sido obstáculos para la irrupción de movimientos sociales.
Lejos de desalentar las protestas, dichas políticas han fortalecido a los
grupos subalternos que salen al espacio público a mostrar su desacuerdo con las
élites políticas y económicas.
En estricto sentido, los regímenes
neoliberales de carácter autoritario no provienen de tiempos recientes pues el
primero fue en los años 70, desarrollado en Chile bajo la dictadura militar de
Augusto Pinochet (Gallo 2021; Bojórquez, Ángeles y Gámez 2020). También el
autoritarismo neoliberal estuvo presente en los años 90 en la Rusia
postsoviética, en Asia oriental, en África (Gallo 2021) y en el México de
Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo Ponce de León. Sin embargo, fue
tras la crisis económica global de 2008 que se presentó un giro autoritario (Bruff 2014; Tansel 2017) en la
toma de decisiones de regímenes liberales, por ejemplo, el de Reino Unido,
Estados Unidos y países integrantes de la Unión Europea. De igual forma sucedió
en países periféricos con sistemas políticos más frágiles como la India y
Turquía, o de partido de Estado como China (Gallo 2021). En todos los casos la
clase política, en alianza con el poder económico y financiero, han realizado
modificaciones en las formas de actuar del Estado y han operado cambios legales
y constitucionales con el afán de aislarse del descontento popular mediante la
implementación de las políticas neoliberales que han tendido a minimizar el
Estado benefactor (Bruff 2014). Estas tácticas de
inmunización buscan limitar (Tansel 2017), acotar o
eliminar la participación política de la ciudadanía (Bojórquez, Correa y Gil
2022).
En
términos de tipologías de neoliberalismo autoritario, Gallo (2021) afirma que
se puede hablar de tres modalidades. La primera es la tecnocracia, la cual se
ha manifestado en América Latina y Europa, y en cuyos rasgos sobresale el de
ser liderada por expertos en economía que están vinculados a consultorías de
programas de reestructuración económico-financiera. Se trata de personajes, muy
cercanos a los organismos financieros internacionales, que actúan por
pragmatismo y que utilizan su prestigio académico y profesional para aplicar
sus programas de ajuste neoliberal, atendiendo al principio de despolitización
y con los supuestos de que la economía y las buenas medidas carecen de
ideología, aun cuando imperan las políticas de austeridad, las privatizaciones
y la liberalización económica y comercial.
La segunda es la nacionalista, que se
caracteriza por un populismo que contradictoriamente está entrelazado con la
tecnocracia, pero que en su retórica establece lo que es bueno para el país.
Estas acciones son muy propias de la derecha conservadora que echa mano de un
discurso antiinmigrante, que apela a las libertades individuales y a la ley y
al orden. Esta modalidad ha estado presente en gobiernos como Gran Bretaña y
Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump. La tercera modalidad es la
tradicional, la cual es de carácter autocrático y su auge se debe a la
incapacidad de la democracia de resolver los problemas que incuba el propio
neoliberalismo. Sus ejemplos más claros son Rusia, China y algunos países de la
antigua Unión Soviética que se vieron afectados por las políticas de ajuste
tras la caída del socialismo real, lo que implicó su regreso al modelo
capitalista.
A pesar de los entramados legales y
políticos impuestos por los regímenes del neoliberalismo autoritario, en los
últimos años los movimientos de resistencia han proliferado y se han maximizado
a partir de la utilización de las redes sociales y de la irrupción en el
espacio público. Uno de los rasgos característicos es la afectación del marco
laboral, con una consolidación de la explotación y de la precarización del
empleo con la llamada flexibilidad laboral (Bojórquez y Ángeles 2021), la cual
busca establecer grandes ganancias patronales con la justificación de la
competitividad y de asegurar los empleos. Lo que se ha traducido en una
reducción importante en el nivel salarial y en que en términos sindicales haya
un ataque sistemático a los organismos gremiales, por lo que se argumenta una
crisis de la clase obrera a nivel mundial (Clua-Losada
y Ribera-Almandoz 2017).
Esto incluye a países como Estados
Unidos que presenta una caída en los salarios reales, un incremento en las
tasas de desempleo y subempleo, y un aumento exagerado de la brecha entre ricos
y pobres, situación que afecta la satisfacción de las necesidades esenciales y
la seguridad alimentaria de muchas familias (Rioux
2017). En palabras de Lawreniuk (2022), el proyecto
neoliberal ha apuntalado su accionar a partir de modificaciones al entramado
jurídico en todas las ramas de la economía, donde lo laboral es de los aspectos
fundamentales con el fin de fragmentar el otrora movimiento obrero, de
despolitizarlo y de consolidar el emprendedurismo, la
flexibilización y la precarización como parte de la nueva cultura laboral.
Así, lo laboral es una pieza
fundamental en la reestructuración capitalista en la búsqueda de apuntalar los
mecanismos de acumulación, por lo que su flexibilización tiende a debilitar la
cultura laboral (Bozkurt 2018) en un ambiente social
que desprecia las formas colectivas y que refuerza la visión del individualismo
extremo con el emprendedurismo en cuanto forma
aspiracional de las nuevas generaciones. Según Clua-Losada
y Ribera-Almandoz (2017), esto debilita las formas de organización y acción
colectiva, fenómeno muy pronunciado tras 40 años de políticas neoliberales a
nivel mundial y que ocasiona una gran explotación a partir del aumento de las
jornadas de trabajo. Asimismo, las políticas laborales nacionales son
construidas de manera determinante a partir de las exigencias empresariales (Bruff 2014), sin la participación de la clase trabajadora.
De este modo, la reforma educativa implementada en
2013 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se realizó sin consultar a uno
de los más importantes actores del proceso educativo en México: el profesorado.
Como se expondrá en los siguientes apartados, esta reforma se da en un contexto
de políticas neoliberales autoritarias, donde el Estado en concordancia con
representantes de las élites económicas, impuso una agenda en los medios de
comunicación para consolidar toda una narrativa de criminalización de la figura
del magisterio y para crear un clima de linchamiento social, condiciones
ideales para imponer una reforma educativa. Sin que mediara el diálogo, 143 el Gobierno mexicano
utilizó los aparatos represivos contra los colectivos docentes que salieron a
las calles a manifestarse.
De acuerdo con Teng, Abu Bakar y
Layne (2020), las reformas educativas implementadas en diversos países del
mundo en la época neoliberal han respondido fundamentalmente no solo a los
intereses de la clase política y a los organismos financieros internacionales,
sino también a las élites económicas de las naciones. Dichas reformas son
elaboradas a partir de agendas de grupos de poder y de organismos
supranacionales neoliberales como la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (López Aguilar 2013), de la cual México forma parte.
Pertenecer a este tipo de organismos genera imposiciones políticas, económicas
y culturales que consolidan la flexibilidad laboral, la precarización y el emprendedurismo en el ámbito docente en términos salariales
y contractuales, primando una visión empresarial del aspecto laboral y de las
maneras individualizadas de competencia entre trabajadores como forma de
ascenso, dejando de lado la visión gremial.
En esa neoliberalización
de la educación se ha llegado incluso a la distribución de los recursos a
partir de los resultados en las pruebas estandarizadas que se han impuesto a
nivel internacional, lo que ha acentuado las grandes disparidades de la calidad
educativa entre los segmentos de la población. En ese tenor, hay una obsesión
de los países por tratar de igualarse a naciones que han obtenido resultados
satisfactorios en esas evaluaciones internacionales, por ejemplo, Finlandia o
Singapur (Teng, Abu Bakar y Layne 2020), sin tomar en consideración las
diferencias económicas, políticas, sociales, culturales e incluso ecológicas de
cada país.
El neoliberalismo no solo es un
modelo económico, también es un fuerte aparato ideológico cuyas narrativas son
reforzadas por los medios de comunicación, donde lo educativo es parte
primordial para su fortalecimiento. En ese sentido, tal y como nos dice Rizvi (2017), las reformas educativas se han justificado
con el discurso que busca conciliar la cuestión educativa con las tendencias de
la globalización y con sus expresiones económicas, políticas, sociales y
culturales. Sin embargo, hay que subrayar que esta visión de armonizar lo
educativo en este contexto de globalización (las reformas), pone un mayor peso
en los aspectos económicos y de competitividad para satisfacer las necesidades
de los mercados, pero no como forma de generar condiciones de mayor integridad
para el individuo.
De acuerdo con Díez Gutiérrez (2018),
esta visión neoliberal de la educación se da a través de imponer un criterio
individualizante del ser humano en contra de su lógica social basada en la
competencia. Lo que prima es la búsqueda de la máxima ganancia y se promueve un
Estado mínimo que no tiene responsabilidades sociales, y que
por lo tanto va en contra de las formas colectivas de representación social.
Para quienes promueven el modelo
neoliberal la austeridad es uno de sus mantras, el cual ha provocado el quiebre
de los sistemas educativos y ha acentuado las brechas educativas en los
segmentos sociales menos favorecidos. A partir de la ineficiencia provocada por
sus mismas políticas, encuentran el pretexto ideal para implementar reformas
que refuerzan no solo el sesgo ideológico del modelo, sino también para
redefinir laboralmente las relaciones Estado-docentes, las cuales entran en la
lógica de la flexibilidad y de la precariedad al aplicarse políticas de recorte
al rubro educativo.
Así, se construye un discurso donde
la única forma de que el sistema educativo sea exitoso es que satisfaga las
necesidades del sector productivo, de las empresas (Díez Gutiérrez 2010), sin
tomar en cuenta al sector de la economía comunitaria por no entrar en la lógica
del lucro. En este escenario, los planes y programas educativos se centran en
un perfil de egreso enfocado en preparar un capital humano, no a un ser humano,
el cual deberá ser mano de obra que le genere plusvalía a las empresas.
A partir de su poder económico, las
élites conforman un poder fáctico que influye en las políticas públicas o en
iniciativas legislativas a través de grupos de presión (lobbies),
realizando aportaciones a partidos políticos (Díez Gutiérrez 2010) para que se
generen cambios legales o constitucionales para su provecho. Las élites, por
tanto, están en ventaja con respecto a cualquier sector, pues su poderío
económico es tomado en cuenta al momento de adoptar decisiones, algo que no
sucede con las clases subordinadas.
De acuerdo con Jiménez y Solimano
(2012, 7), cuando hablamos de élites económicas nos referimos a “una minoría
que concentra un alto porcentaje del ingreso nacional, muy superior a la
importancia numérica de la población, y que controla una gran proporción de la
propiedad de los recursos productivos de un país”. Esta definición resulta muy
palpable en la realidad mexicana debido a la desigual distribución del ingreso
que registra. En México el 20 % de las familias concentran el 50 % de la
riqueza del país y 35 empresarios tienen por lo menos 1000 millones de dólares
cada uno, el principal exponente es Carlos Slim que posee una fortuna valorada
en 81 240 millones de dólares (Delgado y Garduño 2022). Muchos de estos
empresarios acrecentaron sus fortunas durante la pandemia generada por la
covid-19.
La alta concentración de la riqueza
en América Latina y en concreto en México, se debió principalmente a las
políticas de privatización de las empresas públicas que se llevaron a cabo
entre los 80 y los 90 bajo los gobiernos tecnocráticos de Carlos Salinas de
Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León en sectores como la minería, la
industria, las telecomunicaciones y la banca. Muchos de estos empresarios
beneficiados se han insertado en las redes del poder financiero internacional y
han consolidado sus posiciones de negociación ante el poder político (Salas
Porras 2014). Además, se han dedicado a financiar a candidatos que les
favorezcan ya estando en el poder. Así, el otrora Estado fuerte comandado por
el Partido Revolucionario Institucional, creador o afectador de fortunas en el
país, pasó a un Estado débil ante los poderes fácticos que representan las
élites y los organismos financieros internacionales que son claves en el diseño
de la política económica neoliberal.
La gran concentración de la riqueza en México ha sido
dañina para la democracia, pues las élites han tomado un gran peso en el diseño
y en la toma de decisiones de las políticas públicas.
En
México, al igual que en los países centroamericanos, las élites económicas y
políticas han adquirido la fuerza suficiente para imponerse a las instituciones,
de manera que estas no ejercen la función de contención del poder que les
corresponde, porque las minorías de influencia ignoran las normas establecidas
y reclaman para sí un tratamiento de excepción. En estas condiciones de élites
fuertes e instituciones débiles, la democracia mexicana se hunde lentamente en
la ineficacia, y la práctica ciudadana en el descrédito (Loaeza 2017, 147).
Como afirma Tompsett-Makin
(1998), en los años 80 las élites económicas empiezan a influir de manera
decisiva en las políticas económicas del país, las instituciones del Estado y
la tecnocracia encumbrada empezaron a representar los intereses de los grandes
empresarios a través de alianzas e intereses mutuos que venían aparejados con
el modelo neoliberal que amplió el margen de acción de acumulación capitalista.
En este periodo surge el Consejo Coordinador Empresarial, entidad que agrupa a
la élite empresarial y de la cual forma parte el Consejo Mexicano de Negocios,
organismo que está conformado por los directores de las principales empresas
del país. Dicho consejo ejerció gran influencia en las reformas estructurales
neoliberales que se impulsaron desde la presidencia de Miguel de la Madrid
Hurtado hasta la de Enrique Peña Nieto, las cuales fueron diseñadas desde el
Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional.
Con el apoyo del Consejo Coordinador
Empresarial, los gobiernos tecnocráticos, tanto los emanados del Partido
Revolucionario Institucional como los del Partido Acción Nacional, abrieron la
economía al mercado internacional que se consolidó con la firma del Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (Rocha 2011). Esto se evidenció en
grandes cambios constitucionales que eran muy difíciles de revertir en caso de
que alguna fuerza opositora alcanzara el poder, pues debía contar con la
mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso.
Uno de los empresarios que ha sido un
referente en la defensa de su gremio es Claudio Xavier González Laporte,
principal accionista y presidente de la empresa Kimberly Clark y de gran
influencia en la élite económica del país. Según Santos y Castañón (2011),
forma parte de 11 de los consejos de administración de las empresa más
poderosas del país entre los que destacan el gigante de telecomunicaciones
Televisa, el grupo industrial Alfa y el Grupo México. Además, mantiene fuertes
intereses en la minería tanto en México como en América Latina, lo que
demuestra la gran influencia de este personaje en los sectores económico y
político de México. Su hijo Claudio Xavier González Gajardo, creó y presidió
Fundación Televisa, uno de los consorcios de medios más poderosos del país.
Tras su salida de Fundación Televisa,
González Guajardo fundó diversas asociaciones civiles que funcionan en calidad
de thinks tanks,
con las cuales trata de influir en las políticas públicas a partir de la visión
de las élites con el apoyo de intelectuales y académicos que están a su
servicio. Una de esas fundaciones es Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad, considerada una asociación civil sin fines de lucro que
supuestamente busca la consolidación del Estado de derecho en el país. La otra,
fundada por el propio González Guajardo, es Mexicanos Primero, la cual se
define como una asociación civil preocupada por la educación pública del país.
Algo paradójico, sobre todo si tomamos en cuenta que el mencionado empresario
estudió en escuelas privadas en México y en el extranjero.
Uno de los aliados de Claudio
González Guajardo es Alejandro Ramírez Magaña, dueño del consorcio de salas de
cine Cinépolis. Ramírez Magaña fue presidente del Consejo Mexicanos de
Negocios, estudió licenciatura en Economía y una maestría en Administración de
Empresas en Harvard. Antes de dirigir Cinépolis, el negocio familiar, estuvo en
la administración pública como secretario del Gabinete de Desarrollo Humano y
Social de la Presidencia de la República en el gobierno de Vicente Fox Quesada
(2000-2006) y en 2003 fue representante alterno de México ante la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico en París, Francia (Chedraui Obeso
2018).
Entre las labores previas al impulso de la reforma
educativa, la organización Mexicanos Primero produjo el documental “De panzazo”
que preparó el terreno para el linchamiento mediático contra el magisterio,
pues se exhibía de manera negativa a los y las docentes y a su lideresa Elba
Esther Gordillo (Valdés Vega 2020). El documental fue promocionado en las
pantallas de Televisa y exhibido en la cadena Cinépolis de Alejandro Ramírez
Magaña.
El preámbulo de la reforma educativa
del presidente Enrique Peña Nieto fue la firma del Pacto por México entre los
principales partidos políticos: el gobernante Partido Revolucionario
Institucional, el Partido Acción Nacional y el partido de izquierda Partido de
la Revolución Democrática. El documento fue suscrito el 2 de diciembre de 2012
(Valdés Vega 2020), un día después de la toma de posesión del nuevo presidente
de la República y fue firmado por 27 de los 32 gobernadores de los estados. En
dicho acuerdo se establecían una serie de compromisos en términos de derechos y
libertades, de política económica, seguridad, empleo, transparencia,
enfrentamiento a la corrupción y educación (Valdés Vega 2020).
En cuanto a lo educativo, la reforma
era tan solo de carácter laboral, administrativo y punitivo, lo cual cambiaba
la naturaleza contractual de los docentes con el Estado, allanando el camino
privatizador de la educación por los poderes fácticos encabezados por el
Consejo Coordinador Empresarial, Mexicanos Primero y Televisa (Rosales 2016).
Esto pone en evidencia que la reforma no fue diseñada a partir del consenso de
los actores involucrados: el gobierno, el personal docente, el alumnado y los
padres y las madres de familia.
Previa a la aprobación de la reforma
educativa a través del llamado Pacto por México, la organización civil de
derecha conformada por las élites (Mexicanos Primero), realizó toda una campaña
de linchamiento y de satanización en contra del magisterio a través de los
medios de comunicación que incluyó el documental “De panzazo”, donde se exhibe
el peor rostro de algunos docentes (Hernández 2013). De acuerdo con Luis
Hernández Navarro, fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación, Mexicanos Primero ocultaba “su naturaleza de grupo de presión de la
derecha empresarial presentándose como parte de la sociedad civil” (Goche 2014,
15). El patronato de Mexicanos Primero incluye a los personajes más ricos del
país, que usualmente aparecen en la revista Forbes, entre los que destacan
Emilio Azcárraga Jean (Grupo Televisa), Marcos Achar Levy (Grupo Comex),
Alejandro Bailleres Gual (Grupo Nacional Provincial),
Agustín Coppel Luken (Tiendas Coppel), Carlos
Fernández González (Grupo Modelo), José Antonio Fernández Carvajal (Fomento
Económico Mexicano) y Carlos Slim Domit (Carso) (Expansión 2007).
Así, apuntalada por los medios
masivos –las televisoras y los demás sistemas de radiodifusión–, se impuso solo
una visión sobre el supuesto estado de la educación en México, sin la
posibilidad de abrir un debate con los demás actores del proceso educativo,
como parte de lo que Da Costa (2023) llama acumulación por legitimación,
creando un imaginario colectivo de que el fracaso del sistema educativo era
responsabilidad exclusiva del personal docente. La mayoría de los conductores,
periodistas y “opinólogos” se alinearon a los
intereses empresariales y del poder político, incorporándose al clima de
defenestración en contra del magisterio (Valdés Vega 2020) y creando
condiciones para la aprobación sin discusión de la reforma educativa.
Los profesores fueron acusados y
exhibidos y se convirtieron en objetos a reformar, pues ante la opinión pública
y publicada de este cambio dependía la calidad educativa, sin tomar en
consideración las graves deficiencias en infraestructura educativa y tecnológica
que presentaban la mayoría de los planteles del país. En este panorama, al personal
docente se le privó de su voz para opinar sobre la reforma (Gil Antón 2018),
una de las estrategias que prima en el autoritarismo neoliberal imperante.
En palabras de Gil Antón, se reducía a los y las
docentes en la etapa de infancia y, por lo tanto, carentes de capacidad para
dar su punto de vista sobre el problema educativo.
Al ser el
obstáculo mayor, no fueron considerados como un recurso crucial en el proceso
de cambio. Por el contrario, quedaron en entredicho, es decir, interdictos.
Este término se aplica, en el ámbito jurídico, para designar a aquellas
personas que tienen prohibido o restringido el ejercicio de ciertos derechos
por haber sufrido alguna interdicción (prohibición) en sede judicial a causa de
padecer demencia o ser delincuentes. Por ellos, dado que eran infantes, estaban
locos y eran bandidos, tendría que hablar el poder –el Ogro Pedagógico– (Gil
Antón 2018, 7).
Fuera de todo orden pedagógico, la
reforma educativa formaba parte del engranaje de la reforma laboral realizada
por el gobierno saliente de Felipe Calderón Hinojosa y por el gobierno entrante
de Enrique Peña Nieto, que estaba direccionada a precarizar el empleo docente,
a quitar la estabilidad laboral, las prestaciones sociales y a que
profesionales del magisterio fueran susceptibles de sufrir despidos (Gil Antón
2018, 11), todo esto dentro de un contexto de flexibilidad laboral muy propio
del modelo neoliberal. Por tanto, la reforma en nada aludía a las esferas
pedagógicas, sino que se centraba en la medición de resultados, instrumento que
sería el argumento principal con el cual se coaccionaría al magisterio para su
permanencia o despido.
En estricto sentido, la Ley del Servicio Profesional
Docente, derivada de la reforma educativa, establecía los mecanismos de
evaluación, así como las consecuencias de aprobar o no las evaluaciones que se
realizaran al personal docente.
La Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD),
reglamentaria de los cambios constitucionales en materia laboral para las y los
profesores del país, adscritos al sistema público obligatorio (del prescolar a
la educación media), indica que cada cuatro años todos los integrantes del
magisterio, sin excepción, habrán de ser evaluados –y aprobar las diversas
secciones y actividades de la inspección– y si no lo hacen, o no lo aprueban,
luego de otra oportunidad “serán separados de su función sin responsabilidad alguna
para la SEP” (Gil Antón 2018, 11).
De acuerdo con el especialista en
temas educativos Hugo Aboites, se dio una clara
intervención de Mexicanos Primero en el diseño de la reforma educativa y de
organismos financieros internacionales. La gravedad radicaba en que “sus
mandatos logran alcanzar un texto constitucional” incorporando conceptos
neoliberales, tales como “calidad” y “evaluación” que nunca han formado parte
de los propósitos de las políticas del Estado mexicano en materia educativa
(Goche 2014), pues estas se han basado en la formación integral del individuo.
Ante la afectación a sus derechos
laborales, activistas del magisterio argumentaron que las disposiciones de la
reforma en nada tenían que ver con la calidad educativa, y que en realidad eran
para regular el mercado laboral del magisterio del sector público (Böcking 2015). Por lo que desde abril de 2013 los docentes
agrupados en la disidencia sindical de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación, tomaron la plaza central del Zócalo en la Ciudad de México y
establecieron un campamento que se extendió por calles aledañas, pues se
integraron profesores y profesoras de los estados de Oaxaca, Michoacán y
Chiapas, situación que intensificó las protestas en la capital ante la
inminente aprobación de las leyes secundarias de la reforma por el Congreso.
Luego de seis meses de ocupación en el Zócalo, los maestros fueron desalojados
tras prolongadas negociaciones del gobierno con la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación y de un ultimátum del gobierno que anunció el uso
de la fuerza por parte de la policía (Chouza 2013).
El clímax de la represión en contra
del magisterio movilizado se dio el 19 de junio de 2016, cuando docentes de la
Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con el
apoyo de pobladores de la comunidad de Nochixtlán, Oaxaca, tomaron la autopista
Cuacnopalan-Oaxaca como medida de presión con el
objetivo de derogar la reforma educativa. Esta acción fue reprimida de manera
brutal por los cuerpos de la ley conformados por las policías Federal, Estatal,
la Gendarmería Nacional y la Agencia Estatal de Investigaciones (Nahón 2019). El saldo de este acto represivo fue de “8
muertos, siete desaparecidos, más de 20 detenidos y torturados, y 137 personas,
de los cuales 33 eran menores, con lesiones productos de armas de fuego, balas
de goma, quemaduras, golpes, fracturas e intoxicaciones” (Bojórquez y Ángeles
2021, 62). Estos hechos marcan un hito, pues se expresa el enfrentamiento de
las fuerzas del orden contra ese sector docente marginado, conformado por
quienes tienen un arraigo muy pronunciado en comunidades que de manera
histórica han estado fuera de las políticas públicas del Estado mexicano.
Si bien Andrés Manuel López Obrador, actual presidente
de México (20182024), prometió derogar la reforma educativa durante una reunión
con docentes en Guelatao, Oaxaca (Castillo 2019), en los hechos solo quitó la
parte punitiva. Las condiciones de contratación y de precarización laboral
siguen presentes para el nuevo personal docente que ingresa al sistema
educativo. En cuanto a Mexicanos Primero, continúan su activismo para neoliberalizar la educación en espera de la llegada de un
gobierno afín, donde puedan imponer su visión “educativa”. Es por ello que en
la actualidad el artífice de Mexicanos Primero y de la reforma educativa,
Claudio X. González Guajardo, intenta consolidar una coalición electoral entre
el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el
Partido de la Revolución Democrática para enfrentar al partido en el gobierno,
el Movimiento de Regeneración Nacional, en las elecciones de 2024 con el firme
propósito de volver a influir en la agenda educativa.
Los dogmas del modelo neoliberal
giran en torno a eliminar las obligaciones sociales del Estado y que solo
emerja un gran leviatán que aplique la ley para quienes la trasgredan, mientras
a las empresas y entidades financieras se les asegure la obtención de la máxima
ganancia. Las políticas implementadas desde inicios de los años 80 en México
tuvieron el objetivo desmantelar de manera gradual el incipiente Estado
benefactor, privatizando áreas tan sensibles como la salud y la educación.
Aun cuando las formas autoritarias
han estado arraigadas en el sistema político mexicano desde inicios de la vida
independiente, durante los mandatos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto
Zedillo Ponce de León y con el cambio de partido en el poder que produjo la
llegada de Vicente Fox Quesada (año 2000), se habían mantenido los canales de
negociación de los grupos disidentes. Sin embargo, fue el gobierno de Felipe
Calderón Hinojosa el que profundizó el neoliberalismo autoritario; una de las
expresiones más fehacientes se halla en las políticas contra el crimen
organizado en cuanto forma de legitimación política, pues su mandato
presidencial estuvo cuestionado desde las propias urnas.
Esta política de violencia
institucional permeó otras esferas como la laboral debido a la extinción de la
empresa pública Luz y Fuerza del Centro, que abastecía la zona centro del país,
incluida la capital, hecho que dejó sin trabajo a más de 42 000 empleados. Para
Regalado (2021) significó parte de las reformas estructurales neoliberales que
se materializaron en el siguiente sexenio, el de Enrique Peña Nieto, para
asegurar la participación de la iniciativa privada en la generación, en la
distribución y en la venta de energía.
En el caso del gobierno de Enrique
Peña Nieto, las políticas de ajuste estructural materializadas en sendas
modificaciones constitucionales se dieron sin el consenso de la población, solo
con la venia de las élites económicas y de los principales partidos políticos
en el llamado Pacto por México. Entre estos cambios estuvo la reforma
educativa, la cual fue diseñada e impuesta desde las élites para reafirmar las
tendencias de precarización y flexibilidad laboral impulsadas por las políticas
neoliberales.
Dicha reforma, como señalé anteriormente, fue impuesta
de manera autoritaria, sin mediar mecanismos de negociación y cooptación con
uno de los actores principales del proceso educativo: el profesorado. Esto
generó protestas masivas en diversos estados del país, pues la reforma en lugar
de ser pedagógica era de carácter laboral y cambió las relaciones laborales
entre el personal docente y el Estado, dejando en la indefensión al magisterio
ante posibles despidos. La respuesta a estos reclamos fue la represión violenta
por parte del Estado, que, en un marco de neoliberalismo autoritario a partir
de la imposición como táctica que buscó fortalecer los mecanismos de
acumulación desigual, vulneró los derechos laborales de los trabajadores de la educación.
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