“Puerta giratoria” o circulación de altos cargos entre
campos de poder económico y político en México
The
“revolving door” or the circulation
of leaders between the economic
and political fields of power in Mexico
Dra. Julia Chardavoine.
Investigadora asociada. Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA)
(México).
(julia.chardavoine@gmail.com) (https://orcid.org/0000-0002-3787-6503)
Recibido: 16/01/2023 • Revisado: 14/04/2023
Aceptado: 15/06/2023 • Publicado: 01/09/2023
Cómo citar este artículo: Chardavoine, Julia. 2023.
“‘Puerta giratoria’ o circulación de altos cargos entre campos de poder
económico y político en México”. Íconos. Revista de Ciencias Sociales 77:
13-28. https://doi.org/10.17141/iconos.77.2023.5876
Resumen
En el presente artículo se estudia cómo ha
evolucionado la circulación entre las élites políticas y económicas, es decir,
el fenómeno de puerta giratoria en México entre los años 2000 y 2015. El
análisis se llevó a cabo a partir del estudio prosopográfico
de las trayectorias profesionales de 276 funcionarios/as y de 486 altos
ejecutivos/as empresariales que han ocupado posiciones de poder en 15 grupos
económicos que forman parte del índice bursátil mexicano. Se demuestra que en
este país existe un fenómeno de puerta giratoria de entrada de la empresa hacia
el Estado y no viceversa, así como múltiples formas de inversión del campo de
poder político-administrativo por empresarios/as del país, tomando en cuenta la
diversidad estructural del campo de poder económico. Así, mientras en la
actualidad la participación directa del empresariado en la contienda electoral
en México tiende a ser obra de individuos con una influencia limitada en el
campo económico (patrones-propietarios de grupos con dimensión regional), los
grandes patrones-propietarios de las multinacionales del país buscan alinearse
con las prácticas de influencia de los grandes grupos del Norte Global y
privilegian estrategias de dominio más discretas sobre las políticas públicas.
Descriptores:
campos de poder; élites económicas; élites políticas; empresarios; México;
puerta giratoria.
Abstract
By studying the professional
trajectories of 276 senior
and elected officials and of 486 business leaders within fifteen economic groups listed in the index of
the Mexican Stock Exchange,
this article studies the revolving
door phenomenon in Mexico between 2000 and 2016. It shows that there
is mainly a one-way revolving door in the country, from private companies
to the State
and not vice-versa and analyzes the multiple
forms of investment in the political-administrative field of power by
the business leaders in the country, taking into account
the structural diversity of the
economic field of power. Thus,
while the direct participation of business leaders
in the electoral contest in
Mexico tends to refer to
individuals who have relatively limited influence in the economic field
(economic actors of regional reach), the large owners
or shareholders of the country’s
main multinationals seek to align
themselves with the influence practices
of the large
groups of the global North and prefer more discreet strategies of influence on
public policies.
Keywords:
fields of power; economic elites; political elites; business leaders; Mexico; revolving doors.
En el mundo y especialmente en las
Américas llama la atención la reciente elección de empresarios a cargos de
presidentes: Mauricio Macri en Argentina en 2015, Donald Trump en Estados
Unidos y Pedro Pablo Kuczynski en Perú en 2016, Sebastián Piñera en Chile en
2017. Tal tendencia cuestiona el creciente involucramiento directo de
representantes de las élites económicas en el poder político y, de manera más
general, la interpenetración de los campos de poder económico y
político-administrativo. Partiendo de ese contexto, con este artículo se
propone un análisis del fenómeno de circulación por altos cargos en el sector
público y privado, llamado “puerta giratoria”, en México entre 2000 y 2015. El
objetivo es cuestionar la porosidad de las fronteras entre los campos del poder
administrativo-político y económico.
El caso de México es particularmente
interesante ya que el acceso de empresarios/as a los más importantes cargos del
sector público es anterior al resto de la región: en el año 2000, Vicente Fox
Quesada, exdirector general de The Coca-Cola Company,
fue elegido presidente de la República y anunció, en su discurso de toma de
posesión, que “este es un gobierno de empresarios para empresarios” (Alba Vega
2020, 560). Esta afirmación resulta particularmente llamativa en un país con una
larga tradición de separación entre los campos de poder económico y político.
Después de la Revolución de 1911 y del establecimiento de un nuevo régimen
presidencial, se instauró de modo efectivo un pacto tácito llamado
“corporativista” entre el empresariado y el Estado (Luna Ledesma 1992; Puga
Espinosa 1993): el primero se compromete a no intervenir en política y no tener
representación dentro del partido oficial, el Partido Revolucionario
Institucional (PRI); a cambio, el segundo se compromete a facilitar el
desarrollo de actividades económicas y a consultarles sobre temas de política
económica a través de las cámaras de comercio e industria a las que la
afiliación se vuelve mandatoria.
No es sino hasta la década de los 70,
con el gobierno de Echeverría (1970-1976) y en un contexto de efervescencia
gremial y aumento de la deuda pública, que surgió por primera vez un
desencuentro entre empresariado y Gobierno: al llegar al poder, el presidente
propuso una reforma tributaria sin consultar previamente a las organizaciones
patronales como era la costumbre. En respuesta, los 40 empresarios/as más
influyentes del país se unen en el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios
(CMHN) y después al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), un organismo
paraguas que reúne a los diversos sindicatos de empleadores, cámaras de
comercio e industria para coordinar sus acciones y defender mejor sus
intereses. Las tensiones con el Ejecutivo se agudizaron a principios de los 80,
cuando el presidente López Portillo (1976-1982) decidió, tres meses antes de
terminar su mandato y en plena “crisis de la deuda”, nacionalizar los bancos.
La reacción del empresariado en
México no fue unívoca (Luna Ledesma 1987; Garrido y Puga 1990). Por un lado,
los grandes empresarios/as rechazan un conflicto abierto con el Gobierno y
deciden confiar en el CMHN para negociar una jugosa compensación por la
expropiación bancaria, así como la restitución de las empresas y casas de bolsa
vinculadas a los grupos financieros. Por lo tanto, mantienen relaciones
estrechas con el Ejecutivo, se reúnen a intervalos regulares con el presidente,
promueven el fin del intervencionismo estatal y el establecimiento de un nuevo
modelo económico liberal, y hasta logran hacerse cargo de la negociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) (Alba Vega 1993; Puga
Espinosa 2004). Terminan siendo los principales beneficiarios de las
privatizaciones masivas de empresas estatales y de la internacionalización de
la economía para consolidar sus oligopolios económicos.
Por otro lado, quienes dirigían las empresas
de menor tamaño del norte de México, perjudicados por la crisis económica y
sintiéndose poco representados por las organizaciones patronales, deciden
ingresar a la arena política dentro del único partido de oposición: el Partido
de Acción Nacional (PAN) (Camp 1990; Mizrahi 1996; Guadarrama Olivera 2001).
Varios ganan elecciones de presidente municipal, como Ernesto Ruffo Appel en Ensenada en el estado de Baja California, o
gobernador, como Francisco Barrio Terrazas en el estado de Chihuahua en 1986.
La elección de Vicente Fox Quesada, exdirector de The
Coca-Cola Company, como presidente de la República de México es la culminación
del acceso cada vez más privilegiado de 15 empresarios/as a los más altos cargos del país.
Cabe preguntarse cómo ha evolucionado
desde entonces la circulación entre las élites políticas y económicas en México
y cómo ello ha transformado las relaciones entre los campos del poder político
y económico. Se trata de un tipo de estudio relativamente reciente. Antes de
los años 70, en México la investigación académica sobre los actores sociales se
centró en los grupos populares, obreros y campesinos principalmente. Debido a
la influencia de las perspectivas marxista y estructuralista, quienes investigaban
sobre el tema postulaban que existía una alianza entre el Estado y los
empresarios/as, de forma que no los consideraban actores autónomos y sujetos
políticos (Carreño 1950; Aguilar Monteverde 1977). Recién a principios de los
90 surgió una amplia literatura académica sobre la relación del empresariado
con el Estado desde una perspectiva corporativista, identificando a las
asociaciones empresariales en cuanto actores políticos privilegiados para
incidir en las políticas públicas (Luna Ledesma 1992; Luna Ledesma y Tirado
1992; Puga Espinosa 1993). En un contexto de democratización y creciente
complejidad de la vida política, se empezó también a estudiar la
diversificación de las estrategias de influencia del empresariado, ya sea su
ingreso a la arena política (Mizrahi 1996; Salas-Porras 2000) o el cabildeo de
las empresas (Puga Espinosa 2004). Por otra parte, se multiplicaron los
trabajos más específicos con un enfoque biográfico (Ortiz Rivera 1997;
Fernández y Paxman 2000) o regional (Cerutti 1992).
A lo anterior se une lo siguiente: en
el marco de las teorías de la gobernanza y mientras se empezaba a desarrollar
en México la historia de las empresas, enfocada en el análisis de los cambios
en su organización económica, alcanzaron más importancia los estudios sobre las
redes o interlocking directorate (Salas-Porras 2006,
2012; Cárdenas 2016) y los patrones bajo los cuales las actividades del mundo
empresarial se coordinaban (Briz Garizurieta 2006).
Si bien los estudios de redes permiten aclarar las relaciones que estructuran
el campo de poder económico, las observan en un momento específico sin
profundidad temporal.
Mientras en el resto de
Latinoamérica, se multiplican los estudios de los fenómenos de puerta giratoria
o de captura del Estado (Castellani 2018; Durand
2019), influenciados por los trabajos de Bourdieu y Saint Martin (1978) en
Francia, en México los investigadores tienden a estudiar de manera separada a
las élites económicas y políticas. Aun cuando varios estudios prosopográficos sobre las trayectorias de las élites
políticas evidenciaron la evolución del perfil de los altos mandos desde la
liberalización económica y política de México (Camp 2003; Salas-Porras 2014),
ningún estudio semejante ha sido llevado a cabo recientemente con el
empresariado mexicano. A partir del análisis de las trayectorias profesionales
de altos cargos en México entre 2000 y 2015, en este artículo se analiza el
fenómeno de circulación entre los campos del poder económico y político.
Tras la introducción se presenta la metodología usada
para analizar las trayectorias profesionales. Luego, en la tercera sección,
constan los resultados del análisis de las trayectorias profesionales que
permiten afirmar que en México el fenómeno de puerta giratoria es
principalmente de entrada. En la cuarta sección, se analizan estos hallazgos
tomando en cuenta las distintas formas de inversión del campo
político-administrativo por parte del empresariado del país y la diversidad
estructural del campo económico del poder. El texto cierra con reflexiones y
propuestas para investigaciones venideras en este campo de estudio.
El análisis se basa principalmente en
el estudio de las trayectorias de tres categorías de líderes en México entre
2000 y 2015: 486 altos directivos empresariales, 63 secretarios de gobierno y
242 altos mandos electos. El primer corpus de 486 altos directivos
empresariales corresponde a individuos que han ocupado cargos de poder
–presidentes, directores y miembros del consejo de administración– en empresas
seleccionadas siguiendo el criterio de capitalización bursátil. Se trata de
todas las entidades que han sido listadas en el índice bursátil mexicano, o
sea, el índice de precios y cotizaciones (IPC), ininterrumpidamente entre 2000
y 2015.[i]
En general, para los estudios sobre
redes corporativas se determina la muestra de empresas según las
clasificaciones de medios económicos como América Economía,
por capital o ingresos de la empresa (Cárdenas 2016). Para el estudio en que se
basa este artículo, se prefirió el criterio de la capitalización bursátil (Van Veen y Kratzer 2011; Dudouet et al. 2014) por varias razones. La primera es que
el índice bursátil se fundamenta en un mecanismo complejo de objetivación de
los capitales financieros; más allá de la cantidad de ingresos, pertenecer a un
índice indica el nivel de atracción de las empresas por parte de los
inversionistas. Segunda: en México, en las oficinas de relaciones con
inversionistas de las grandes empresas rara vez se conserva la documentación
por más de 15 años y solamente las empresas listadas en la Bolsa Mexicana de
Valores están obligadas a facilitar el acceso público a sus informes anuales,
datos necesarios para llevar a cabo semejante estudio. Tercera, si bien el
criterio de la capitalización bursátil ha sido rechazado en varios estudios por
ser susceptible a fluctuaciones a corto plazo (Maclean,
Harvey y Kling 2015), este no es un argumento válido en el caso mexicano ya que
el índice es excepcionalmente estable.
El segundo corpus de 63 secretarios incluye a todos
los altos mandos que fueron designados por los gobiernos sucesivos entre 2000 y
2015 al frente de una cartera ministerial que incide en las políticas
económicas del país.[ii]
El tercer corpus de 242 altos mandos electos incluye a todas las personas que
han sido elegidas para los cargos de presidente de 17 la República, gobernador
y coordinador de grupos parlamentarios en el mismo periodo.[iii]
Para estudiar la circulación de estos
altos cargos entre los campos de poder político y económico, se utilizaron
métodos cuantitativos y cualitativos. Dentro de una base de datos creada entre
2015 y 2017, como parte de una investigación doctoral, se reconstruyeron, desde
una perspectiva prosopográfica, las trayectorias
biográficas, académicas y profesionales de estos líderes. No existe un
diccionario biográfico de la élite en México –práctica ampliamente desarrollada
en Europa desde el siglo XIX–, sin embargo, la reconstrucción de la trayectoria
de los mandos electos (senadores y parlamentarios) se ha visto facilitada por
la publicación de la información en la plataforma del Sistema de Información
Legislativa (SIL), creada en 2015: un archivo sobre cada individuo presenta con
precisión su trayectoria académica y profesional.
Para los secretarios y altos directivos empresariales,
se emplearon varias fuentes de primera mano (archivos de la Secretaría de
Educación, actas de nacimiento y defunción, informes anuales) y fuentes de
segunda mano (artículos de prensa), verificadas
con sistematicidad a fin de
corroborar la información recopilada. Todo el material se agrupó en una base de
datos: información relacionada con la biografía de cada individuo (género,
década de nacimiento, nacionalidad, pertenencia a una familia de accionistas
mayoritarios de una gran empresa del país), su trayectoria académica superior
(nivel de estudio, disciplina, país, universidad, pública o privada) y su
trayectoria profesional (cargo, empresa/administración, duración, país, sector
público o privado). Con el objetivo de procesarlos estadísticamente a través de
tablas dinámicas, los datos se codificaron según 29 variables.
En paralelo, para profundizar el análisis estadístico
y completar el estudio de trayectorias tomando en cuenta las decisiones
personales de los individuos, así como el contexto histórico y familiar, se
realizaron entre 2016 y 2019 entrevistas abiertas de dimensión biográfica a
líderes del corpus. El acceso a estas personas no fue sencillo: las solicitudes
realizadas en LinkedIn o por correo generalmente quedaron sin respuesta. La
movilización de las redes personales, así como el apoyo de la Embajada de Francia
en México permitieron obtener algunas entrevistas iniciales con líderes que
posteriormente recomendaron a sus contrapartes.
Para observar el fenómeno de la
puerta giratoria en México entre 2000 y 2015, cabe analizar las trayectorias
profesionales de los líderes políticos y empresariales con precisión. Ante
todo, notamos que gran parte de los principales secretarios mexicanos entre
2000 y 2015 ocuparon puestos significativos en el sector privado –ya sea en
grandes corporativos del corpus o en otras empresas– antes de ocupar cargos
públicos (tabla 1).
La
composición de los distintos gobiernos refleja así la trayectoria profesional
de los tres sucesivos presidentes de la República mexicana sobre el mismo
periodo. Antes de involucrarse en el campo político, Vicente Fox Quesada
(2000-2006) trabajó para la filial mexicana de The
Coca-Cola Company, donde fue sucesivamente director de operaciones, director de
mercadotecnia y director general para México y Centroamérica.
Tabla 1. Trayectoria profesional de los principales
secretarios en México, 2000-2015
Elaboración propia.
*En realidad son solo 63 individuos porque cuatro de ellos
tuvieron cargos de secretarios en distintos gobiernos.
Luego creó el Grupo Fox, un
conglomerado de empresas propiedad de su familia, principalmente en el sector agroindustrial.
En 1988, fue elegido diputado y, en 1995, gobernador del estado de Guanajuato.
El expresidente Felipe Calderón
Hinojosa (2006-2012) es abogado de formación. También inició su carrera en el
sector privado con la firma Goodrich, Riquelme y Asociados. Luego se desempeñó
como gerente del banco Multibanco Comermex.
En 1991 ingresó al campo político al ser elegido diputado. Al igual que muchos
de sus secretarios, estos dos presidentes de la República tienen una larga
experiencia en el sector privado.
Aunque Enrique Peña Nieto (2012-2018)
también es abogado de formación, comenzó a trabajar después de titularse en el
PRI, como tesorero de campaña, y luego laboró en la administración local del
estado de México. Fue elegido diputado en 2003 y después alcanzó la gobernatura
del estado de México en 2005. A diferencia de sus predecesores, él ha dedicado
toda su carrera a la política. Si otorga varios puestos de secretarios a
individuos con importantes intereses en el sector privado, son generalmente,
como él, hombres con una larga experiencia política. Podemos mencionar, por
ejemplo, a Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, heredero de un
conglomerado de empresas en la región de Cozumel fundado por su padre, pero con
una larga trayectoria dentro del PRI, o a Enrique Martínez y Martínez,
secretario de Agricultura, heredero 19 de un conglomerado empresarial de la región de
Saltillo, pero también con experiencia como alcalde de Saltillo y gobernador de
la región de Coahuila.
Del
mismo modo, la trayectoria profesional de los mandos electos en el mismo
periodo revela la importancia de la experiencia en el sector privado. No es un
fenómeno reciente en México (tabla 2). Como ya se adelantó en la introducción,
desde fines de la década de los 90, varios líderes empresariales del norte del
país se lanzaron a la arena política, principalmente bajo la bandera del PAN, y
ganaron elecciones legislativas o gubernativas en varias regiones. Su éxito en
el sector privado parece darles una legitimidad que los políticos tradicionales
han perdido. El fenómeno continúa a principios del siglo XXI y se extiende a
todo el país.
Tabla
2. Trayectoria
profesional de los principales mandos electos en México, 2000-2015
Elaboración propia.
De los 102 gobernadores elegidos
entre 2000 y 2015, 31 desarrollaron parte de su carrera en empresas privadas,
es decir, casi un tercio. Esta proporción se mantiene estable durante todo el
periodo, pero los representantes electos del sector privado están más presentes
en algunos estados que en otros. Trece de los gobernadores pasados por el
sector privado (42 %) son electos en los estados del Norte, 12 en los del
Centro (39 %) y solo seis en los del Sur (19 %). Los líderes empresariales, por
tanto, ganan con mayor frecuencia las elecciones en los estados altamente
industrializados, y en particular en la región de Monterrey, que tiene una
rivalidad económica con la Ciudad de México y es más dependiente de los Estados
Unidos. La proporción de coordinadores de grupos parlamentarios con experiencia
en el sector privado es menor. Dentro de los 137 senadores y coordinadores
parlamentarios elegidos entre 2000 y 2015, solamente 35 han pasado por el mundo
empresarial en el transcurso de su vida laboral. La proporción también se
mantiene estable durante el periodo.
El estudio de las trayectorias nos
permite notar que numerosos altos directivos del sector privado acceden a
puestos relevantes en el sector público en México. Este fenómeno es llamado
puerta giratoria de entrada (Castellani 2018). El
fenómeno opuesto llamado “puerta giratoria de salida” parece muchos menos común
en México. Según la base de datos, los altos mandos mexicanos rara vez dejan
sus cargos públicos para trabajar en el mundo empresarial. De los 486 altos
directivos empresariales de nuestro corpus, 83 individuos tuvieron una
experiencia laboral en el sector público durante su carrera, es decir, el 17 %
del corpus. Entre ellos, 72 han ocupado altos cargos en el gobierno, en
empresas públicas u organismos internacionales y 11 han combinado mandos electivos
y funciones administrativas. Sin embargo, es importante precisar que el 60 % de
estos líderes corporativos ocuparon un cargo en la administración pública en la
primera parte de su carrera antes de las privatizaciones masivas de la década
de los 90, en un momento en que el sector público aún estaba muy desarrollado
en México.
Muchos jóvenes graduados de universidades
estadounidenses comenzaron a trabajar en la década de los 80 para el gobierno
y, una vez que se implementaron las principales reformas liberales, se
trasladaron al sector privado sin regresar nunca al sector público. Por
ejemplo, Octavio Ornelas Esquinca, director de finanzas del Grupo México, nos
cuenta:
Estudié en
el ITAM [Instituto Tecnológico Autónomo de México], aquí en México y me fui a
Chicago a hacer el […] mi PhD. Y entonces, regresé en 1982, tres semanas antes
de la nacionalización [de los bancos]. Llegué al sector público. […] Me hacen
oferta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la subsecretaría de
la Banca. Yo no sabía de bancos, eh, y mira lo que me toca hacer. Tenía que
indemnizar a todos los banqueros, que hacer la valuación de todos los bancos
por la expropiación. […] Después, fíjate que yo sin saber nada, ya estaba en el
Consejo de Administración de ocho bancos. […] En 1988 me volví director
financiero del Banco Internacional. [...] Fue el último banco que se privatizó
en 1992. [...] Después me fui a trabajar en un banco privado, Banpaís. […] Dediqué diez años de mi vida a nacionalizar,
luego empecé a privatizar y me quedé en el sector privado. Qué locura, ¿verdad?
(entrevista al director de finanzas del Grupo México, 5 de abril de 2019).
Además de cuestionar la importancia
de las credenciales académicas extranjeras para acceder a altos mandos en
México, la trayectoria de Octavio Ornelas Esquinca refleja la pérdida de
atractividad del sector público después de las privatizaciones de la década de
los 90 para los administradores.
Así, de 486 altos directivos
empresariales, 83 trabajaron en el sector público, de los cuales solo 34
personas (6 % de todo el corpus) tuvieron una verdadera carrera en el sector
público antes de ocupar puestos en el mundo empresarial. No es mucho. A modo de
comparación, los líderes empresariales que derivan su legitimidad
principalmente de su experiencia en el sector público y de sus relaciones
dentro del gobierno representaron en Francia cerca del 20 % de los líderes del
CAC40 en 2009 (Dudouet et al. 2014). Parece que el
fenómeno de “puerta giratoria de salida” es mucho menos frecuente en el campo
del poder económico de países en desarrollo donde el servicio 21 público sigue estando
poco institucionalizado, ya sea en India (Naudet, Allorant y Ferry 2018) o en México.
Si observamos la composición de los
consejos de administración de las empresas que conforman la muestra en 2015,
notamos que solo unas pocas cuentan con la presencia de un exfuncionario
público. Alfa, Bimbo, Cemex, Elektra, Femsa,
Industrias Peñoles, Televisa y Wal-Mart de México no tienen. Las empresas de
Carlos Slim Helú –América Móvil, Grupo Carso, Grupo Financiero Inbursa– cuentan
con la presencia de David Ibarra Muñoz, exsecretario de Hacienda y Crédito
Público hace más de cuarenta años (1977-1982); Kimberly-Clark de México y Grupo
México con la de Emilio Carrillo Gamboa, quien dirigió Telmex durante más de
veinte años cuando la empresa aún era pública, ya que se privatizó en los años
90. Estos dos hombres nacieron en los años 30 y, aunque seguramente todavía
tienen una red importante, se puede dudar de su influencia actual en el
gobierno. Solo Grupo Financiero Banorte cuenta en su directorio con tres
personas que recientemente han ocupado altos cargos en el sector público.[iv]
Durante todo el periodo considerado, 2000-2015, 17 de los 34 altos directivos
empresariales que hicieron toda su carrera en el sector público, es decir, el
50 %, fueron miembros del consejo de administración del Grupo Financiero
Banorte, el banco comprado y presidido por Roberto González Barrera. Volveremos
a ello.
En cuanto a los casos de circulación
entre el Estado y las grandes empresas, fenómeno llamado “puerta giratoria
recurrente”, también son muy poco comunes. De los 486 altos directivos
empresariales registrados en la base de datos, solo hay un caso. Con un
doctorado en economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Luis
Manuel Téllez Kuenzler comenzó a trabajar en el gabinete antes de ser nombrado
jefe de gabinete del presidente de la República (1994-1997) y finalmente
secretario de Energía (1994-1997). Luego pasó al sector privado a principios
del siglo XXI y se convirtió en subdirector del importante Grupo Desc (2001-2003), administrador independiente de Femsa y Grupo México (2001-2005) antes de regresar al
sector público como secretario de Comunicaciones y Transporte (2006-2009), para
luego convertirse en presidente y director general del grupo privado BMV, la
Bolsa de valores de México.
Como cierre de este primer análisis,
podemos afirmar que en México desde los años 2000, la circulación entre el
campo de poder político y el económico es elevada, pero se hace principalmente
en un sentido: desde la empresa hacia el Estado. Para precisar, es importante
preguntarse qué tipos de cargos ocuparon los secretarios y mandos electos
ocuparon en el sector privado antes de incursionar en el campo
político-administrativo y cuestionar tanto sus perfiles como sus posiciones
dentro del campo económico.
El 65 % de los 34 secretarios con
experiencia en el sector privado han ocupado cargos de gerentes o de alta
dirección en grandes empresas mexicanas del sector financiero, energético o
industrial y el 30 % son patrones-propietarios de conglomerados de empresas
regionales o medianas, que no están listadas en la bolsa. Solo el 5 %, es
decir, dos individuos, pertenecen a familias de accionistas mayoritarios de
grandes multinacionales mexicanas. Se trata de los dos secretarios de Energía
de Vicente Fox Quesada: Fernando Elizondo Barragán y Fernando Canales Clariond. El primero es accionista del Grupo Alfa, del cual
fue director jurídico, pero también del Grupo Salinas, del que su esposa es
heredera y del que fue director general entre 1995 y 1997. El segundo pertenece
a la familia de accionistas mayoritarios del grupo IMSA, vendido en 2007 al
grupo ítalo-argentino Ternium. Fuera de estas excepciones, los empresarios/as
que buscan o aceptan cargos ministeriales son principalmente gerentes de
multinacionales o los patrones-propietarios de conglomerados de dimensión
regional.
De la misma manera, si analizamos con
más precisión las trayectorias de empresarios/as que se lanzaron en la
contienda política entre 2000 y 2015, observamos que el 33 % han ocupado cargos
de gerentes o de alta dirección en el sector privado y el 67 % son
patrones-propietarios o accionistas significativos de una o más empresas, en su
gran mayoría de grandes grupos económicos de dimensión regional y poco insertos
en los circuitos internacionales. Es el caso, por ejemplo, de Antonio
Echevarría Domínguez, gobernador de Nayarit entre 1999 y 2005, y también
alcalde interino del Grupo Empresarial Alica, el
mayor conglomerado empresarial de la región.
Aun cuando los exgerentes de grandes
empresas multinacionales logran obtener importantes cargos gubernamentales
haciendo valer sus habilidades gerenciales, quienes se involucran en la
contienda electoral, son más bien patrones-propietarios de empresas que no
están listadas en la bolsa y que son dominadas en el campo del poder económico
nacional. Su estatus no solo les garantiza medios económicos y redes locales de
apoyo para hacer campaña, también les permite presentarse como figuras de éxito
en un contexto de mayor competencia política.
Por otro lado, los
patrones-propietarios de las grandes multinacionales que están listadas en
bolsa y que constituyen nuestra muestra afirman mantenerse alejados del campo
político. Juan Sánchez-Navarro y Peón, fundador de la multinacional Grupo
Modelo, explicó tras dejar las filas del PAN, el partido de oposición que sin
embargo había ayudado a crear: “Los empresarios no deben participar en
política, entre otras cosas porque no lograrían el voto del pueblo y porque no
debe sumarse el poder 23 político
al poder económico. Esta mixtura de funciones tan distintas (de político y
empresario) es fuente de corrupción” (Ortiz Rivera 1997, 212).
La mayoría de los grandes líderes
corporativos expresan puntos de vista similares. “Aquí los empresarios se
involucran poco en política, porque su trabajo es hacer negocios, no hacer
política” (entrevista al administrador independiente del consejo del Grupo
Financiero Banorte, 23 de julio de 2018).
Sin embargo, un análisis más preciso
permite darse cuenta de que su participación en el campo político es
ciertamente indirecta, pero real. Cabe recordar que la mayoría de las grandes
multinacionales mexicanas, fundadas en familia a finales del siglo XIX o
principios del XX, se han transmitido a lo largo de dos, tres o cuatro
generaciones y siguen respondiendo a las lógicas propias del capitalismo
familiar. A pesar de la apertura del capital corporativo a los mercados
financieros, las familias locales de accionistas mayoritarios aún conservan el
control de las empresas fundadas por sus antepasados (Hoshino
2010; Chardavoine 2019). Mientras que los empresarios
y empresarias que lideran o son miembros de los consejos de grandes grupos
económicos familiares nunca se involucran directamente en la política, sus
hermanos/as, cuñados/as, primos/as, yernos/nueras o sobrinos/as pueden, en
cambio, postularse para cargos electivos o administrativos.
Tomemos el ejemplo de la familia
Garza, accionistas mayoritarios de Femsa, Alfa y
Vitro, tres grandes multinacionales mexicanas. Durante el periodo 2000-2015,
Álvaro Fernández Garza, Dionisio Garza Medina, Armando Garza Sada, Bernardo
Garza de la Fuerte, José Antonio Fernández Carbajal y Alfonso Garza Garza estuvieron al frente de la gestión de las empresas
familiares, mientras que varios de sus familiares ocuparon funciones políticas
en la región. Citemos solo dos: Mauricio Fernández Garza fue alcalde de San
Pedro Garza García –un pueblo al lado de Monterrey, donde reside la población
más rica de la zona metropolitana– y luego senador del estado de Nuevo León;
Alejandra Fernández Garza fue coordinadora de las campañas presidenciales de
dos candidatos, pero también presidenta del PAN en el estado de Nuevo León.
Otro ejemplo en nuestra muestra de
empresas es el de la familia Servitje, accionista mayoritaria de Bimbo, el
mayor grupo panificador en el mundo. Mientras Daniel Servitje Montull asumía al frente de la empresa familiar, una de sus
hermanas, María Elena Servitje Montull, se casaba con
un político, Fernando Francisco Lerdo de Tejada, exdiputado, miembro del
gabinete presidencial, pero también director de la Procuraduría Federal del
Consumidor. Su hijo, Guillermo Lerdo de Tejada, también es diputado y trabaja
en el gabinete del secretario de Gobernación. Si bien pocas mujeres en México
acceden a los puestos más altos en las empresas y el gobierno o participan en
la contienda política, sus alianzas matrimoniales juegan un papel importante en
el refuerzo de la multiposicionalidad 24 de las élites en el país.
Únicamente dos familias de accionistas mayoritarios de
grupos incluidos en la muestra reconocen en público su cercanía con el mundo
político: los González Hank y los Salinas. Carlos Hank González (Jr.), director
de Grupo Financiero Banorte, desciende por su padre de una línea de políticos;
por parte de su madre, es nieto de Roberto González Barrera, fundador del
imperio de la tortilla en México, Grupo Gruma, y
comprador del banco Banorte; es uno de los pocos empresarios que no participa
en el CMHN y es conocido por su cercanía con los políticos del país. Juan
Manuel Quiroga, exgerente general de Banorte, cuenta en una entrevista:
Era un genio de las relaciones públicas. Tenía
contactos en todas partes. Y las puertas se le abrían tanto en el sector
público como en el privado. Fue muy amigo del director del Banco de México y
del secretario de Hacienda y Crédito Público. Conocía a todos los secretarios.
Todos. El CMHN no le servía de nada. Él era el tipo de personas que desayunaba,
almorzaba y cenaba con gente diario (entrevista al exgerente general del Grupo
Financiero Banorte, 20 de agosto de 2019).
Las importantes redes desarrolladas
por el presidente de Banorte dentro del mundo político pueden explicar la
presencia numerosa de exmiembros del gobierno en el consejo administrativo del
banco, como el mencionado anteriormente.
En cuanto a Ricardo Salinas Pliego,
director general de Grupo Salinas, él tiene también una gran cercanía con el
poder político. Su única hija, Ninfa, es exdiputada y senadora del Partido
Verde Ecologista. Él afirma que
la
partitocracia que ha caído sobre México es un mal muy grande. Se ha enquistado
y elimina cualquier posibilidad de participación ciudadana. Por eso no tengo
ninguna simpatía por ningún partido político en particular, pero la política es
demasiado importante para dejarla en manos de los políticos (Petrich Moreno 2016, 128).
La cercanía de las familias Salinas y González Hank con
el gremio político se evidenció de modo particular cuando, en julio de 2018, el
candidato de la izquierda Andrés Manuel López Obrador, odiado por todas las
familias de accionistas de las principales multinacionales del país, fue
elegido presidente de la República. En noviembre de 2018, este último anunció
la creación del Consejo Asesor Empresarial, en el que participaron Ricardo
Salinas Pliego y Carlos Hank González. La cercanía que muestran estas dos
familias con el mundo político las aleja de las redes de grandes empresarios/as
del país que prefieren desarrollar estrategias discretas en el campo político
como el cabildeo de empresa.
Al observar minuciosamente las trayectorias
profesionales de las élites corporativas y políticas en México entre 2000 y
2015, con el estudio en que se basa este artículo se demostró la existencia de
un fenómeno de puerta giratoria en sentido único: de la empresa hacia el
gobierno del país. A su vez, se manifestó que el tema de la circulación entre
los campos de poderes tiene que ser estudiado tomando en cuenta la estructura
misma del campo económico en torno a polos más o menos influyentes. Las
estrategias de influencia del empresariado en el campo político-administrativo,
en efecto, no son las mismas cuando son gerentes, patrones-propietarios de
empresas regionales o de multinacionales globales.
El análisis del caso mexicano muestra
que, en un contexto de democratización de la vida política, pero también de
globalización y financiarización de la economía
mexicana, los patrones-propietarios de las multinacionales hoy en día buscan
alinearse con las prácticas de influencia de los grandes grupos del Norte
Global para evitar el estigma de la “corrupción” y de los “conflictos de
intereses”. De hecho, para defender sus intereses e influir en la formulación
de políticas públicas, desarrollan estrategias discretas en lugar de
involucrarse públicamente en la contienda política o en los asuntos públicos.
Despliegan departamentos de cabildeo institucional en sus empresas, rara vez
buscan mandatos electorales y prefieren establecer relaciones familiares con la
élite política a través de alianzas matrimoniales.
Para
entender mejor las estrategias discretas de influencia del gran empresariado
mexicano, sería interesante analizar precisamente las acciones de cabildeo o de
financiamiento llevadas a cabo para impactar políticas públicas claves en el
sector agroalimenticio o de telecomunicaciones, por ejemplo. Su participación
directa en la arena electoral tiende a ser ahora en México únicamente obra de
empresarios/as con una influencia limitada en el campo económico, es decir,
patrones-propietarios de grupos con dimensión regional. Valdría la pena
estudiar los discursos de estos últimos para entender cómo aprovechan su éxito
en el sector empresarial en sus narrativas para acceder al poder político.
Adicionalmente, los
patrones-propietarios de las multinacionales forman en sus empresas gerentes
alineados con su visión de desarrollo económico y capaces de liderar tanto
empresas como departamentos de la administración pública. Los principales
cargos involucrados en la formulación de políticas económicas en el gobierno de
México son, en efecto, ocupados con mucha frecuencia por exgerentes que han
hecho carrera en el sector privado, en una lógica de puerta giratoria
unidireccional. Sobre este aspecto, cabe investigar en el futuro cómo los
grandes empresarios/as mexicanos han transformado el campo educativo de
estudios superiores en el país. Por ahora, se puede afirmar que la falta de
profesionalización de los altos mandos y la creciente legitimación del conocimiento
empresarial en el sector público originan un desdibujamiento de los límites
entre los campos sociales y un creciente entrelazamiento entre los campos del
poder administrativo-político y económico, lo que cuestiona a su vez la pérdida
de autonomía del Estado.
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Entrevista
al administrador independiente del consejo de Grupo Financiero Banorte, 23 de
julio de 2018.
Entrevista
al director de finanzas del Grupo México, 5 de abril de 2019.
Entrevista
al exgerente general del Grupo Financiero Banorte, 20 de agosto de 2019.
Notas
[i]
En términos de sectores, este censo de 15 empresas es diversificado y
representativo. Incluye a tres holdings
familiares (Alfa, Grupo Carso, Femsa), dos bancos
(Grupo Financiero Banorte y Grupo Financiero Inbursa), cuatro empresas mineras
y de construcción (Cemex, Grupo México, Empresas ICA, Industrias Peñoles), dos
empresas de gran distribución (Grupo Elektra, Wal-Mart de México o Walmex), una empresa de telecomunicaciones (América Móvil),
otra de medios (Televisa), una empresa agroalimentaria (Bimbo) y otra de
petroquímica (Kimberly-Clark de México o KCM). Por costumbre se suele incluir
en estudios similares alrededor del 20 % de empresas financieras (Hartman
2011). En este caso, las instituciones estrictamente bancarias representan el
13 % de la muestra, pero si incluimos los holdings familiares, un tercio
de la muestra corresponde a empresas con dimensión financiera.
[ii]
Son los siguientes: Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones
Exteriores; Secretaría de Economía; Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Energía;
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano/ Secretaría de la Reforma Agraria; Secretaría de Turismo y
Secretaría del Trabajo.
[iii]
Se trata exactamente de tres presidentes de la República –Vicente Fox Quesada,
Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto–, 102 gobernadores y 137
coordinadores parlamentarios electos entre 2000 y 2015 en el país.
[iv] Everardo Elizondo Almaguer, subgobernador del Banco Central hasta 2008; Héctor Reyes-Retana y Dahl, director general del Banco Bancomext hasta 2007; Olga Sánchez Cordero Dávila, secretaria de la Corte Suprema de Justicia.