La desaparición burocrática en México: etnografía y discusión sobre una “categoría política local”
Bureacratic disappearance in Mexico: Ethnography and debate over a “local political category”
Mgtr. Andrea de la Serna-Alegre. Doctoranda. Doctorado en Antropología, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) (México).
(delasernaandrea@gmail.com) (https://orcid.org/0009-0009-5359-9401) (https://ror.org/04gsyfx35)
Recibido: 30/08/2024 • Revisado: 21/02/2025
Aceptado: 02/06/2025 • Publicado: 01/09/2025
Cómo citar este artículo: Serna-Alegre, Andrea de la. 2025. “La desaparición burocrática en México: etnografía y discusión sobre una ‘categoría política local’”. Íconos. Revista de Ciencias Sociales 83: 169-186. https://doi.org/10.17141/iconos.83.2025.6364
Resumen
En este artículo se analiza la categoría “desaparición burocrática”, utilizada en México para referirse a una modalidad de desaparición perpetrada por las instituciones del Estado y sus agentes. Esta categoría politiza la idea de “crisis forense”, que difumina las causas del problema situándolo como algo extraordinario. El objetivo es mostrar cómo la idea de “desaparición burocrática” se está convirtiendo en una “categoría política local”, acuñada por familias de personas desaparecidas, permitiéndoles enunciar y denunciar unos fenómenos supuestamente dispersos. El análisis se sustenta en los datos obtenidos a lo largo de una etnografía de dos años de duración, realizada en el marco de un acuerdo de colaboración con el colectivo Uniendo Esperanzas del estado de México. A través de las mujeres que conforman este grupo, fue posible realizar una “etnografía burocrática en acompañamiento”, la cual permitió observar los procesos que se describen y se analizan. Por último, se formulan algunas líneas de reflexión en torno a la forma en que las prácticas rutinarias de las personas burócratas constituyen graves violencias corporativas, entre ellas la desaparición burocrática. La principal conclusión del artículo consiste entonces en mostrar que las rutinas de las burocracias de la búsqueda y la desaparición responden a lógicas de fragmentación de la información forense y expresan formas de hacer Estado.
Descriptores: burocracia; desaparición; Estado; etnografía; México; violencia.
In this article, the category “bureaucratic disappearance” is analyzed. This category is used in Mexico to refer to a mode of disappearance perpetrated by state institutions and their agents. This category politicizes the idea of “forensic crisis,” which obscures the causes of the problem insofar as it characterizes it as something extraordinary. The objective of the article is to demonstrate how the idea of “bureaucratic disappearance” is being converted into a “local political category,” coined by the families of disappeared people to enunciate and denounce phenomena that are supposedly uncommon. The analysis is sustained by data obtained through two years of ethnography conducted in the framework of a collaborative agreement with the collective Uniendo Esperanzas. With the women that make up this group, it was possible to conduct a “bureaucracy ethnography in accompaniment,” which enabled observing the processes that are described and analyzed in the article. Finally, several lines of reflection are formulated in relation to the form in which routine practices of bureaucrats constitute serious corporate violence, among which bureaucratic disappearance stands out. The main conclusion is that bureaucratic routines in searching for people and in disappearances are understood in terms of forensic information fragmentation and express forms of stateness.
Keywords: bureaucracy; disappearance; state; ethnography; Mexico; violence.
1. Introducción
Al atravesar la gran puerta del garaje de la casa me sorprendió un aroma intenso a rosas, claveles y lilis. La frescura de esa mañana de junio todavía podía respirar sin agobios, antes de que los rayos del sol alcanzaran, invictos, cada extremo de mi piel. A mi lado venía Paola[i], la comprometida fundadora e integrante del Eje de Iglesias[ii] de la Brigada Nacional de Búsqueda (BNB)[iii], cuyo acompañamiento espiritual sería crucial en los siguientes momentos. A lo largo del zaguán se habían dispuesto sillas que, en su mayoría, estaban vacías. Todavía era muy temprano para que se empezaran a ocupar. Nos acercamos al fondo del espacio, donde el hermano de Helem nos recibió con un café de olla y nos explicó que su hermana había subido a descansar un rato. Después de darle un abrazo, Paola y yo nos giramos hacia el centro de la sala, donde se encontraba el motivo por el cual nos habíamos desplazado hasta este pequeño pueblo del oriente del estado de México, entidad federativa cercana a la capital del país. Rodeado por coronas de flores blancas y rojas, en el ataúd reposaba el cuerpo de Pedro. Al cabo de unos minutos, Helem, su hija, bajó a recibirnos.
Esta joven, integrante del colectivo de búsqueda Uniendo Esperanzas, buscó a su papá durante tres años hasta que fue notificada de que el cuerpo de Pedro ingresó a la morgue tres días después de su secuestro y que, durante todo el tiempo que duró la búsqueda, siempre estuvo en los servicios periciales. Ahora Helem podrá darle un entierro digno. Pedro, Gonzalo o Braulio son tan solo algunos de los nombres que dan historia a una modalidad de desaparición no tipificada jurídicamente en México. Una forma de desaparecer a la que las familias, los medios de comunicación, las organizaciones de derechos humanos y la academia ya han denominado desaparición burocrática, administrativa, institucional o doble desaparición.
Desde 2006, fecha en que el expresidente Felipe Calderón militarizó la seguridad pública para combatir al narcotráfico, la violencia en México ha ido en aumento. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) registra más de 350 000 muertes violentas de 2007 a 2021, y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO) contabiliza 102 000 desapariciones desde ese año, aunque en realidad las familias señalan que existe un subregistro. Estas cifras, que son personas e historias, se traducen en muchas “vidas suspendidas” (Colectivo Uniendo Esperanzas 2023). Debido a esto y a la inacción estatal ante las obligaciones de búsqueda y de investigación del delito, familiares y personas solidarias[iv] formaron colectivos que impulsan búsquedas, promueven avances en las investigaciones y presionan a las autoridades –me refiero a cualquier burócrata– para generar reuniones de seguimiento. También se organizan acciones colectivas de protesta y de memoria.
En diciembre de 2021, el exsubsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, anunció que México estaba atravesando una “crisis forense” y que había un gran atraso en materia de identificación humana (Martínez y Méndez 2021). Para las familias esto era un secreto a voces, ya que el sistema público forense del país acumula más de 72 000 cuerpos inertes sin identificar que permanecen en refrigeradores de morgues, en bodegas, en fosas comunes y en universidades (Tzuc y Sánchez 2024). En esta cifra no están incluidos los cuerpos ocultados de manera ilegal, pues tan solo corresponde a aquellos que han iniciado su recorrido por las burocracias forenses.
A la luz de esta situación, los colectivos de búsqueda comenzaron a denominar el fenómeno desaparición burocrática, administrativa, institucional o doble desaparición. Con ello, no solo señalan al Estado, también muestran que lo que el discurso político llama “crisis” no es una situación de excepcionalidad, sino algo que se produce en el día a día y que se ha enquistado en las actuaciones institucionales. De este modo, el gesto de poner nombre a un hecho que no tenía forma de ser enunciado, habilita su visibilización y le da un sentido, apuntando a la sistematización de las prácticas que lo producen y permitiendo su denuncia. Así, sostengo que la desaparición burocrática se está convirtiendo en una categoría política local, o sea, en “un concepto localizado e histórico” (Pita 2022, 33) en México.
Durante la primavera del año 2023 pude acompañar el proceso de notificación y restitución del cuerpo de Pedro, papá de Helem, compañera del colectivo Uniendo Esperanzas en el estado de México, una organización fundada en 2018 por Verónica y de la que forman parte unas 20 familias. Mi colaboración con las familias de este colectivo se remonta a 2022, cuando asistí a la ocasión en el que Helem se incorporó al grupo. El momento de la localización de Pedro tuvo un fuerte impacto para el colectivo y permitió conectar con muchas historias similares que se dan en el país.
Retomando mis experiencias etnográficas en el campo y durante el acompañamiento del caso de Pedro y Helem, en este artículo argumento que el Estado mexicano se convierte en un agente desaparecedor múltiple por su participación directa en muchas desapariciones, por la omisión en la investigación y por la demora en la identificación forense. Derivado de ello, explicaré cómo la enunciación de la desaparición burocrática, acompañada de la visibilización de estas prácticas, habilita su denuncia. Para terminar, reflexionaré sobre cómo la existencia de esta modalidad de desaparición constituye una violencia burocrática.
La investigación que sostiene este artículo se encuadra en una antropología del Estado, realizada en colaboración con el colectivo Uniendo Esperanzas en el estado de México. Para ello, tomé como ejemplo varias etnografías burocráticas realizadas en América Latina (Wanderley 2009; Jaramillo Sierra y Buchely Ibarra 2019; García Jérez y Martínez Bassallo 2021; Agudo Sanchíz, De Souza Lima y Navallo 2025), en particular de estudios sobre burocracias y su rol en las desapariciones en México (Villarreal Martínez 2020; Robledo 2020; Verástegui González 2020; Montenegro 2022). Utilicé la observación participante en espacios de interacción entre familias y autoridades, la conversación informal con las familias y las entrevistas semiestructuradas con los y las burócratas. También solicité información sobre procedimientos internos a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Cabe señalar que todo el proceso etnográfico se realizó junto al colectivo y desde la propuesta de una metodología colaborativa con un enfoque activista (Hernández Castillo y Terven 2017), por lo que no realicé observación participante de las burocracias de manera independiente, sino siempre acompañando al colectivo en sus interacciones con las autoridades. Este proceso conllevó la elaboración de dos talleres donde, a modo de plática colectiva, se hicieron diagnósticos de las burocracias de la desaparición y me permitieron alcanzar una fase preliminar de teorización con mis colaboradoras.
He denominado a este proceso una “etnografía burocrática en acompañamiento”. Considero importante remarcarlo, pues el hecho de acudir con las familias a los espacios institucionales me dio acceso a lugares a los que no podría haber asistido de otra manera –me refiero a mesas de trabajo y seguimiento de avances en las fiscalías, a búsquedas en el campo y a cateos en predios–, pero también hizo que determinados y determinadas burócratas desconfiaran de mí. De igual modo, mi compromiso hacia el colectivo me posicionó, en numerosas ocasiones, en situaciones de conflicto con las autoridades que eran mi foco de interés. He desarrollado esta doble relación –ante y frente al Estado– de la “etnografía burocrática en acompañamiento” en otro texto académico (De la Serna Alegre 2025).
Durante una videollamada que mantuvimos las personas solidarias con Verónica, nos comunicó que Marisol, la agente del Ministerio Público (AMP) encargada de la carpeta de investigación de Helem, había informado que había una probable localización de Pedro. El motivo que nos unió fue pensar una forma de acompañamiento del proceso oficial de notificación. Entre todas buscábamos la manera de explicarles a Helem y a su hermano lo que estaba sucediendo y cuáles eran sus opciones. Acordamos que era preferible que supieran lo que sucedía de voz de sus propias compañeras antes que por las autoridades. Esto se debe a que, cuando Pedro fue desaparecido y Helem y su hermano –menor de edad en ese entonces– fueron a interponer la denuncia, los policías del turno los acusaron de formar parte del secuestro de su propio padre. Este evento les provocó una gran desconfianza, motivo por el cual decidimos que era mejor darles la noticia nosotras.
Unos días después, durante un encuentro presencial del colectivo, convocamos a Helem y a su hermano. Cuando el ambiente fue propicio, les pedimos sentarnos en círculo. Se acomodaron en una de las sillas y escucharon a Verónica, que empezó a relatar la situación. Les contó que había una posible localización de su papá en la morgue de Pachuca, Hidalgo –territorio cercano al estado de México y a la Ciudad de México–, pero que no disponíamos de más información. Asimismo, les advirtió que, si en Pachuca les pedían firmar un documento para entregarles el cuerpo, ellos todavía estaban en su derecho de solicitar una prueba genética. El semblante de Helem se entristeció, nos dijo que sentía una contradicción de sentimientos, que juntaba cierta sensación de paz con una honda pena. Por su parte, su hermano estaba confuso, no entendía por qué el cuerpo de su papá estaba en Hidalgo cuando Helem y él habían ido a revisar carpetas de personas fallecidas no identificadas a esa misma fiscalía los días posteriores a la desaparición. Debido a que en ese momento no podíamos resolver más dudas, quedamos en acompañarlos a la fiscalía de Pachuca el día asignado para la notificación, que sería el lunes 6 de mayo.
Por la mañana, varias integrantes de Uniendo Esperanzas salimos temprano hacia Hidalgo y dos horas después nos encontramos con Verónica y con Helem en la fiscalía. Durante el camino, Ilich –psicólogo, miembro del Eje de Iglesias y solidario– y yo nos dedicamos a buscar en las normativas cómo debía llevarse a cabo una notificación de localización sin vida. Encontramos lo siguiente:
Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB). Apartado 6.2. Localización sin vida. Párrafo 513: La notificación de una localización sin vida debe hacerse a la familia con extrema sensibilidad, por un equipo interdisciplinario que incluya personal especializado en psicología y asesoría jurídica. En los casos en que la notificación emane de la identificación de su cuerpo o restos, el equipo debe integrar también personal pericial y forense que conozca el caso o haya intervenido en la identificación (Secretaría de Gobernación 2020, 108).
Ilich subrayó el acierto de haber avisado a Helem y a su hermano con anterioridad y de hacer el acompañamiento colectivo, porque así estarían preparados para esta etapa del proceso y podrían tomar las mejores decisiones. Sin embargo, en la sala de espera de fiscalía, antes de entrar a la reunión, las autoridades de Hidalgo le explicaron a Helem que solo podría entrar acompañada de una persona. Debido a que su hermano todavía no llegaba, ella decidió acceder con Verónica. En el interior ya estaban reunidas las autoridades del territorio y las del estado de México, incluidos los fiscales especializados y los AMP. La presencia de funcionarios y funcionarias de los dos estados era importante puesto que en ambos existían carpetas de investigaciones, ya que en el estado de México se interpuso la denuncia y en Hidalgo se encontró el cuerpo.
Las que no entramos nos sentamos en la sala de espera mientras se llevaba a cabo la reunión a puerta cerrada. Mientras esperaba, observé que el plafón del techo estaba roto en una parte y dejaba ver las humedades en una de sus esquinas. Las sillas eran incómodas, y después de unos minutos se volvían resbaladizas, así que tuve que volver a colocarme recta. Repetí ese movimiento varias veces. La escasa de luz natural era suplida con luces de neón que volvían aún más gris el de por sí tétrico ambiente en el que estábamos. Todo lo demás eran puertas cerradas. De vez en cuando una se abría y salía alguien en traje o con tacones. Pasaba de largo al lado de nosotras y proseguía su camino. La puerta se volvía a cerrar. Mientras, las recepcionistas bromeaban con uno de los abogados que salía a platicar con ellas.
Sara Ahmed propone una fenomenología de las puertas cerradas y cómo estas se vinculan con la violencia institucional. “Las puertas pueden ser el modo en que las oficinas se convierten en átomos; las denuncias pueden empequeñecerse si se mantiene a las personas que denuncian apartadas unas de otras. Las puertas nos dan pistas de que está sucediendo algo que debe mantenerse en secreto” (Ahmed 2022, 312).
A pesar de que Helem fue advertida de la posible localización de su papá por un grupo de personas en las que ella confiaba, las burocracias atomizaron los flujos colectivos con puertas cerradas y con secretos, controlaron la potencia colectiva con esa administración de los espacios y de los sonidos. Una notificación adecuada, de acuerdo con el PHB, es la que sucede con un equipo amplio de profesionales. Sin embargo, ese equipo no incluye a los colectivos que acompañan antes, durante y después del anuncio oficial a las personas afectadas. Las puertas cerradas controlan la información y la gestión del desborde. Los colectivos han tenido que aprender a negociar con quienes cierran esas puertas, a pesar de que su labor principal es la contraria: abrir todas las puertas posibles.
No pasó mucho tiempo hasta que de una de esas puertas salió Marisol, la AMP encargada del caso. Al preguntarle, nos explicó que el cuerpo de Pedro había ingresado a los Servicios Médicos Forenses (SEMEFO) de Pachuca a los tres días del secuestro y que, si lo pudieron identificar tres años después, fue por un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) por el cual se contrastaron datos dactiloscópicos con el cuerpo. Esto significaba que Pedro no estuvo oculto en una fosa clandestina ni retenido contra su voluntad. Durante todo este tiempo Pedro permaneció en la morgue, es decir, en manos de las burocracias forenses del territorio.
Helem y su hermano no aceptaron la entrega de Pedro en ese momento, esperaron un mes más hasta que el estado de México tuviera un resultado positivo para la prueba genética. De acuerdo con Helem, en ninguno de los dos procesos de notificación –ni en el de Hidalgo ni en el del estado de México– estuvieron presentes los equipos periciales responsables de la identificación, contraviniendo el PHB. A pesar de ello, Helem y su hermano pudieron enterrar a su papá y continuar con la investigación para conocer la verdad y obtener justicia. Pero ese proceso ya es otra historia.
Refrenda INE disposición del padrón electoral para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. Participa la consejera Carla Humphrey en la presentación de avances de la estrategia de búsqueda, localización e identificación de personas en el estado de Hidalgo […]. En Hidalgo se han identificado 76 personas y se han localizado a 11 […]. A menos de ocho meses de firmado el convenio de colaboración con el Gobierno estatal, de 126 solicitudes recibidas de identificación de personas, se han emitido 76 dictámenes de candidaturas confirmadas por algún perito de la institución que solicitó la búsqueda […]. Carla Humphrey recordó que, desde 2016, el INE comenzó con la firma de convenios con distintas instancias del Estado mexicano para colaborar con esta gran base de datos que es el padrón electoral que hoy tiene cerca de 98 millones de datos de personas en el país (INE 2023, párrs. 8-9).
En julio salió a la luz el convenio del que nos habló Marisol. Debido a que en México no hay una cédula de identificación obligatoria, tampoco existe una base de datos centralizada que aglutine todas las huellas dactilares. La única identificación oficial, además del pasaporte, es la credencial del INE, cuyo objetivo es habilitar el voto.[v] No obstante, el INE es un organismo constitucional autónomo que goza de total independencia y autonomía respecto de los poderes tradicionales del Estado, por ello, los Gobiernos y las fiscalías tienen que establecer convenios con dicha institución con el fin de obtener los datos biométricos. La fragmentación reina en los procesos relacionados con la información forense.
A pesar de que estos convenios son exigidos por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda promulgada en 2017, el acuerdo no se firmó hasta el año 2023. Intrigada por la actuación de las comisiones de búsqueda ante este tipo de desaparición, acudí a hablar con un exfuncionario de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Pablo participó en el equipo encargado de realizar lo que el PHB denomina búsqueda generalizada.
En 2020 le pusimos el nombre “búsqueda generalizada de datos” a dos procesos que desembocan en un tercero. El primero es la creación de bases de datos, cuando hubiera una inexistencia de ellas […]. El segundo es comparar los datos de registro nacional [de personas desaparecidas], sea con estas bases de datos internas, sea con otras bases de datos preexistentes […] como actas de defunción […] o personas beneficiarias de un programa social (entrevista a Pablo, 29 de febrero de 2024).
Una de las primeras y más importantes bases de datos que crearon fue la del módulo de fosas comunes, gracias a la cual se pudo localizar a varias personas.[vi] Para Pablo,
lo que performaron esas bases de datos es la mediocridad de las instituciones […]. El primer problema es que exista documentación. El segundo es acceder a la documentación y el tercero es que la documentación sea electrónica y más todavía que lo sea en un formato tal que sea susceptible del procesamiento que se requiere (entrevista a Pablo, 29 de febrero de 2024).
La mediocridad podría evitarse si las instituciones en posesión de esas bases de datos se coordinaran para centralizar y homologar la información. Sin embargo, la fragmentación y el secretismo –trabas para acceder a la información– impiden la buena gestión de los datos. En efecto, si se hubiera impulsado con mayor agilidad la búsqueda entre la base de datos de personas fallecidas sin identificar en el SEMEFO de Pachuca y la del INE, Helem y muchas otras personas se habrían ahorrado el sufrimiento de una búsqueda prolongada durante años.
Es más, si existiera un registro centralizado de personas fallecidas no identificadas –algo que establece la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda en su artículo 111– que se pudiera contrastar con datos biométricos y genéticos, se podrían obtener muchas identificaciones. Entonces, ¿por qué esto no sucede? En los siguientes acápites sostengo que la fragmentación de la información forense es una forma de administración del Estado que se convierte en una violencia contra las familias, pues habilita la desaparición burocrática.
En México, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda abre la puerta a una interpretación amplia de lo que se entendía por desaparecer (ver Gatti 2017, 2022 y González Villarreal 2020). Esto debido a que, si bien constituye un delito, una persona desaparecida es “la persona cuyo paradero se desconoce y se presume […] que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito” (Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda 2017, art. 4). Esta definición “expresa nítidamente la tensión entre un concepto comunicativo o informacional […] y un concepto criminal” (Yankelevich Winocur et al. 2022, 36) y permite que se pueda hablar de desaparición burocrática para hacer referencia a una modalidad de desaparecer tras la cual no hay, de manera necesaria, una intención o crimen doloso, sino que se entrama a partir de un encadenamiento múltiple de actuaciones de rutina que terminan produciendo la desaparición de un cuerpo.
No obstante, estas prácticas del Estado quedan reducidas a faltas administrativas, favoreciendo la dispersión de las actuaciones burocráticas que desaparecen cuerpos y eliminando la posibilidad de comprenderlas como “formas de hacer Estado” (De Souza Lima 2012), que emanan de una agencia colectiva y corporativa. Por ello, considero que ponerle nombre a esta forma de desaparecer permite darle un sentido unificado a algo que estaba fragmentado. Sostengo que este proceso de enunciación, que se da de la mano de las familias, de las organizaciones de derechos humanos y de la academia, está elevando la noción de desaparición burocrática a una “categoría política local”.
Retomo esta noción de María Victoria Pita (2022), quien la utiliza para explicar la manera en que la idea de “violencia institucional” en Argentina se construyó, por parte de activistas y víctimas, para describir las violencias del Estado, específicamente las violencias cometidas por las fuerzas de seguridad en el contexto de la democracia. El éxito de este concepto fue tal que se llegó al “reconocimiento de una serie de prácticas que hacen a un fenómeno que hoy tiene nombre de su validación social y política, de su expansión y sus usos públicos, de su legitimación y de su institucionalización” (Pita, Corbelle y Cozzi 2022a, 6). Es decir, al identificar y nombrar cierto tipo de prácticas normalizadas y posicionar una confrontación en torno a ellas, se puede visibilizar una situación de violencia que pasaba desapercibida y así construir un discurso político que permita, eventualmente, una institucionalización de la denuncia de esas prácticas.
Algo similar se está construyendo en México a partir del concepto desaparición burocrática, administrativa o institucional, pues permite nombrar bajo un mismo término una serie de procedimientos aparentemente no relacionados que, concatenados y de manera sistemática, generan el ocultamiento de cuerpos –aunque no haya un delito o una intención dolosa detrás–. Esta enunciación permite una confrontación con las burocracias del Estado pues las considera responsables. Ahí reside su dimensión política.
La reciente legislación en materia de desaparición trajo consigo la creación de una nueva institucionalidad –comisiones, fiscalías especializadas, mecanismos, protocolos y bases de datos– que no termina de asentarse. No obstante, esta burocracia vino a desarrollarse sobre un trasfondo que ya acarreaba problemas de largo aliento. Así, la apertura de las fiscalías especializadas en desaparición sucedió en un sistema de procuración de justicia que acumulaba índices de impunidad altísimos y que se han mantenido superiores al 90 % (Impunidad Cero 2023).
En cuanto al caso específico de las burocracias forenses y a la información que poseen, reina la dispersión. Las comisiones de búsqueda no pueden acceder a esta de manera fluida debido a que en la mayoría de estados la atesoran las fiscalías, sin que se hayan firmado convenios de intercambio. Según Sol, excomisionada de búsqueda del estado de México, el problema de las personas fallecidas no identificadas
es nuestra gran deuda a nivel nacional, […] podremos recorrer el mundo completo con las familias, y estamos exactamente a un lado de la localización, pero con una barrera institucional que nos impide verla, […] ha sido un juego malsano que las instituciones de procuración de justicia necesitan abatir, el tema de la secrecía para las personas no identificadas (entrevista a Sol, 22 de agosto de 2023).
Ante este panorama, las propias familias se organizaron para realizar búsquedas en los SEMEFO, acudiendo a las morgues de cada estado del país y revisando, uno por uno, los expedientes de las personas fallecidas no identificadas. En el colectivo Uniendo Esperanzas hay un caso de localización que se produjo de esta forma, el de Gonzalo, conocido como Goncis. Sus papás, junto con el colectivo, vieron su fotografía en una de las carpetas del SEMEFO de Pachuca. Las fiscalías y las comisiones de búsqueda nunca dieron con él. Si bien los procesos de identificación forense, que es una práctica científica y legal, están muy regularizados por normativas nacionales –el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense– e internacionales –el Protocolo de Minnesota–, los procesos de reconocimiento que llevan a cabo las familias están sujetos a la fragmentación de las disposiciones internas de cada entidad. En efecto, no hay ninguna ley que homologue la atención que se le debe dispensar a las familias que acuden a reconocer a personas fallecidas no identificadas, dibujándose toda una “esquizofrenia legal” (Aragón 2021) causada por la inmensidad de normativas interlegales de carácter administrativo.
Mediante dos solicitudes a la PNT pude comprobar que cada institución forense tiene sus propios procedimientos, en los casos en que existan. En el estado de México fueron generados por un acuerdo de gobierno entre el fiscal y el gobernador (Acuerdo 03/2019), mientras que en la Ciudad de México está regulado por el Manual de Procedimientos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), aprobado en 2019. La dispersión de estos procedimientos genera mucha confusión entre las familias, que quedan expuestas a prácticas de arbitrariedad –“acciones signadas por la informalidad, aunque no siempre ilegales” (Pita 2022, 27)– y se les dificulta el acceso a la información forense, algo que también constituye un obstáculo para identificar a las personas que yacen sin identidad.
En México, la conformación de esta “categoría política local” se encuentra en un momento incipiente. Hasta el momento no hay propuestas en el ámbito legal que busquen regular estas prácticas –aunque en noviembre del 2024 entrevisté a dos familiares que están intentando registrar una denuncia por “desaparición institucional” en la Ciudad de México, lo cual sentaría un precedente–, tampoco hay colectivos específicos que se aglutinen en torno a ello ni existe una única forma de nombrarla. Sin embargo, hay muestras en la literatura académica (Hernández Castillo de próxima aparición; Gatti 2022; Yankelevich Winocur et al. 2022; Robledo 2020), en los medios de comunicación (Turati 2023, 301; Rodríguez 2020) y en los encuentros de familias –por ejemplo, el organizado por el Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF) el 6 de agosto de 2024 en la Ciudad de México sobre exhumaciones con enfoque masivo– de que la discusión sobre el problema está en
expansión. En este artículo utilizo el término “desaparición burocrática” para incluir las dimensiones de las burocracias del Estado: la administrativa y la operativa.
En este contexto de secretos y fragmentación de la información, la “crisis forense” pasó a nombrar la otra cara de la moneda: no solo desaparecen personas por la violencia, también por los procedimientos burocráticos. Ante este escenario, la idea de “crisis” es muy suave a la hora de señalar responsables, ya que parece apuntar a una situación extraordinaria que requiere medidas excepcionales, invisibilizando las prácticas cotidianas que habilitaron que se llegara a esta coyuntura. Por ello, el término “desaparición burocrática” señala dónde reside la responsabilidad de esa crisis.
La existencia de un nexo entre burocracias y desaparición es evidente. En palabras de Carolina Robledo (2020, 137), “las estructuras burocráticas participan de la administración de cuerpos sin identificar que son buscados por alguien, manifestando un encadenamiento complejo de responsabilidades en torno a la desaparición de personas”. Por ello, resulta necesario preguntarse por la naturaleza de ese nexo.
En México la desaparición burocrática no es algo nuevo, tiene una historia. De acuerdo con González Villarreal (2020, 120), las desapariciones perpetradas durante el periodo de la contrainsurgencia se valieron de técnicas de ocultamiento y de eliminación de registros y expedientes. En esa época, las desapariciones burocráticas obedecían a una estrategia de Estado y tenían una intención de ocultamiento. Se conoce que el ejército enterró, en calidad de desconocidas, a víctimas de masacres cometidas por algunos de sus miembros (Nuño 2024). Durante las dictaduras del Cono Sur estas prácticas fueron replicadas, no obstante, las que analizo en este artículo difieren en ese aspecto.
Ximena Tordini ha demostrado que la desaparición burocrática sucede también en la actualidad fuera de México. “Las frondosas burocracias administrativas pueden no ver una trayectoria personal durante días […] esa ceguera produce desaparecidos” (Tordini 2021, 115). Sin embargo, el caso argentino y el mexicano difieren en la escala –pues los niveles de criminalidad de estos países no tienen comparación–.
Es por ello que, si bien ya no se puede hablar de un dispositivo desaparecedor único, como lo fueron muchos Estados latinoamericanos autoritarios durante la segunda mitad del siglo XX, hay que matizar el análisis para el contexto mexicano, acercándolo a propuestas entre las que sobresalen las de Robledo (2020) y Hernández Castillo (de próxima aparición), que introducen la complicidad con el crimen como una matriz común de las burocracias del Estado. Prefiero no hablar de una “captura del Estado” (Vázquez Valencia 2019) o de propuestas similares, porque no es que el Estado sea débil o fallido y la delincuencia lo “corrompa” o secuestre, sino que se entrama y configura desde una gobernanza multicriminal (Speed 2019).
No obstante, y para efectos de mi argumento, me voy a enfocar en las actuaciones burocráticas que no están atravesadas por lógicas criminales. Se trata de un ejercicio de aislamiento analítico que busca retratar las prácticas de rutina que, a manera de ríos helados bajo las gruesas capas de hielo que son las burocracias multicriminales, se dan en paralelo a estas.[vii] Estas rutinas tienen que ver con violencias estructurales encalladas en sistemas de administración de la muerte que exhiben la poca importancia otorgada a los cuerpos sin identidad en nuestras clasificaciones sociales (Scheper-Hugues 2004, 280).
Estas prácticas son variadas y se dan en diferentes ámbitos y etapas del proceso forense. Van desde la omisión de las fiscalías a la hora de establecer convenios para compartir información con otras instituciones hasta el traspapeleo de expedientes de personas fallecidas no identificadas[viii] –situación que informó a Uniendo Esperanzas el exfiscal de desaparición (reunión de avances, 14 de julio de 2023)– o la falta de protocolos homologados en la atención a familias que acuden a realizar reconocimiento en el SEMEFO. De igual manera, el colectivo también ha documentado “errores de dedo” a la hora de copiar números de carpetas que generaron falsos duplicados en los expedientes forenses. En Ciudad de México el caso de Braulio fue importante para documentar y visibilizar negligencias periciales en los servicios forenses, pues realizaron una estimación de edad errónea y registraron a Braulio como un adulto cuando solo era un niño de 13 años (Ruiz 2022). Para el caso de otras entidades federativas, la prensa dio a conocer que hay estados que delegan el levantamiento de cuerpos en las funerarias –alterando la cadena de custodia– algo que sucede en Chihuahua (Vizcarra 2020).
Esta “miríada de acciones estereotipadas y rutinizadas” (De Souza Lima 2012) me parecen ejemplos de formas de administración del Estado y de formas de hacer Estado en el día a día que van mucho más allá de negligencias fortuitas y aisladas. Cuestiono el argumento de David Graeber (2015, 84) cuando asegura que las burocracias son “formas de organizar la estupidez” que no producen conocimientos. Tal vez no generen conocimiento de provecho para las personas usuarias, pero es posible que sí respondan a intereses internos de las propias burocracias o de sus sistemas de Gobierno.
Es probable que, si se pudiera hacer una documentación y clasificación exhaustiva de todas las actuaciones burocráticas que anteceden a la producción de una “desaparición burocrática”, se podría demostrar la sistematicidad y generalidad de estas prácticas del Estado. En la actualidad son los colectivos de familiares y las organizaciones de derechos humanos las que dan cuenta, desde sus propias experiencias y registros, de estas “formas de hacer” de las burocracias forenses.
En este punto, se vuelve necesario pensar sobre lo que revelan estos hechos del funcionamiento de las burocracias. En relación con el argumento de De Souza Lima, Akhil Gupta, desde un enfoque foucaultiano, afirma que “la violencia estructural es actuada a partir de las prácticas cotidianas de las burocracias” (Gupta 2012, 274). Esta argumentación es esencial, pues permite profundizar el análisis en la dimensión del poder burocrático, más allá de su existencia en su rol de “mundos sociales interactivos” (Bernstein y Mertz 2011, 7).
Resulta evidente que existe una suerte de banalidad en la forma en que se produce una desaparición burocrática, pues emerge de actuaciones imbricadas en rutinas locales, normalizadas. Esto es lo que justifica que la desaparición burocrática se entienda como una “violencia vernácula” (Tiscornia y Sarrabayrouse 2004), ya que está formada por un conjunto de acciones ligadas y atadas a un contexto cotidiano local. En este sentido, la forma en que se da la desaparición burocrática también es contextual. Este aspecto conglomerado es esencial a las burocracias: la suma de las rutinas locales no es igual al resultado global, o siguiendo a Matthew Hull (2012, 129), “la construcción de agencia colectiva es una tarea central de las actividades burocráticas. Sin embargo, los procesos burocráticos exitosos resultan en acciones que no son subsumibles en la agencia de los distintos individuos”.
Es por ello que, a pesar de la fragmentación, la dispersión y el secreto que reinan en el proceso burocrático, las prácticas cotidianas que lo conforman permiten afirmar que hay una agencia colectiva y corporativa de las burocracias que se torna violenta en un contexto local. El hecho de nombrar la “desaparición burocrática” no es más que un primer paso hacia el develamiento de esta particular forma de violencia ejercida por el Estado.
La premisa del artículo parte de la idea de que hay un nexo entre burocracias y desaparición. De esta forma, el Estado se constituye en un agente desaparecedor múltiple que posibilita la desaparición de personas, no solo mediante la acción directa o la omisión de su deber de garantizar la seguridad, también a través de los procedimientos burocráticos.
A partir de ello, con mi argumento central defiendo que la desaparición burocrática adopta una forma específica en México y que, si se ha podido nombrar, se debe a una labor de visibilización de estas prácticas. Lejos de quedarse en una categoría descriptiva del fenómeno, la noción es utilizada para denominar un tipo de violencia estructural del Estado, perpetrada contra las personas desaparecidas y sus familias, es decir, es una “categoría política local” que permite unificar, bajo un mismo nombre, a un conjunto de rutinas en apariencia inconexas. Así se configura su carácter político, pues se introduce una confrontación con las instancias responsables.
Hay dos líneas de reflexión y análisis que se desprenden de este argumento, y ambas tienen que ver con la noción de fragmentación. La primera alude a la manera en que las rutinas que favorecen la dispersión de la información forense se constituyen, según mi diagnóstico, en uno de los rasgos principales detrás de la producción de las desapariciones burocráticas –obviando la colusión y la corrupción de las burocracias con el crimen–.
La segunda tiene que ver con la manera en que este rasgo de fragmentariedad expresa una lógica de administración, una forma de hacer Estado en el día a día. En efecto, lo que la noción de “desaparición burocrática” vuelve visible es un conjunto de flujos, rutinas y prácticas que, en apariencia, no son interdependientes, pero que al relacionarse producen una violencia vernácula con carácter corporativo –la desaparición burocrática–. Así, se dota de sentido a una lógica de funcionamiento: las acciones locales ensamblan una agencia que las sobrepasa y que expone su responsabilidad interconectada.
En futuras investigaciones será interesante ver cómo esos ensamblajes varían y difieren en función de los contextos locales. Debido a esta situación, y con el fin de nutrir la categoría “desaparición burocrática”, será necesario documentar la variedad de prácticas que la componen e indagar, con mayor profundidad, en una clasificación de estas actuaciones. Lo anterior podría dar cuenta de una dimensión sistemática y general en estas formas de proceder. Para ello, habría que trazar las rutas de procedimientos internos, desglosarlos, ver dónde se interrumpen los flujos o dónde se desvían, indagar en la heterogeneidad de agencias implicadas en las tramitaciones, registrar la distancia entre la normativa y la práctica real y preguntarse por la existencia de patrones que lleven a la producción de una desaparición burocrática. Por último, otro asunto que queda pendiente es investigar las formas de desaparición burocrática que se producen “en vida”, cuando son las burocracias penales, psiquiátricas, asistenciales las que impiden dar con la localización de una persona que se encuentra con vida, pero en calidad de desaparecida.
Esta investigación se llevó a cabo en el marco de la beca para realizar estudios de doctorado en antropología, otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de México. Adicionalmente se recibió apoyo complementario del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), de Ciudad de México. Agradezco al colectivo Uniendo Esperanzas cuya colaboración fue imprescindible en la elaboración de la investigación en la que se basa el artículo. ¡Hasta encontrarles!
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Entrevista a Pablo, 29 de febrero de 2024.
Entrevista a Sol, 22 de agosto de 2023.
Notas
[i] Los nombres citados son seudónimos con el objetivo de mantener el anonimato de las y los informantes.
[ii] El Eje de Iglesias fomenta el ecumenismo y realiza acompañamiento espiritual a las familias durante sus búsquedas.
[iii] La BNB es una intervención de búsqueda generalizada autogestionada por familiares y por personas solidarias.
[iv] Personas acompañantes que no tienen a nadie desaparecido.
[v] A raíz del hallazgo el 5 de marzo de 2025 de un campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso una serie de medidas. Una de ellas es la reforma a la Ley de Población, con la que pretende habilitar la Clave Única de Registro de Población (CURP) como mecanismo único de identificación oficial.
[vi] Mediante una solicitud de transparencia obtuve el dato de que cuatro personas fallecidas no identificadas fueron localizadas en la fosa común del Panteón Dolores de la Ciudad de México durante el año 2023.
[vii] De este análisis excluyo casos de desapariciones burocráticas como las cometidas en las fosas de Tetelcingo y Jojutla, donde la lógica multicriminal y clandestina bajo la que operaron las autoridades de Morelos ya ha sido documentada.
[viii] Algunos expedientes de personas fallecidas no identificadas se “atascan” en la fiscalía de homicidios y nunca llegan al SEMEFO.