Íconos. Revista de Ciencias Sociales
Núm 83. Septiembre - diciembre 2025, pp. 89-110, ISSN (on-line) 1390-8065
DOI: 10.17141/iconos.83.2025.6547
DOSSIER de investigación
Dilemas de la militarización en el posconflicto armado colombiano: “del enemigo interno” a “la paz total”
Dilemmas of militarization in the Colombian post-conflict: “from internal enemy” to “total peace”
Dr. Emerson David Devia-Acevedo. Investigador independiente. (Colombia).
(emerson.devia@gmail.com) (https://orcid.org/0000-0002-6015-9078)
Dr. César Niño. Profesor. Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Universidad Militar Nueva Granada (Colombia).
(cesarninogonzalez@gmail.com) (https://orcid.org/0000-0002-1417-6643) (https://ror.org/05n0gsn30)
Recibido: 03/12/2024 • Revisado: 19/05/2025
Aceptado: 11/06/2025 • Publicado: 01/09/2025
Cómo citar este artículo: Devia-Acevedo, Emerson David, y César Niño. 2025. “Dilemas de la militarización en el posconflicto armado colombiano: ‘del enemigo interno’ a ‘la paz total’”. Íconos. Revista de Ciencias Sociales 83: 89-110. https://doi.org/10.17141/iconos.83.2025.6547
Resumen
Tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC-EP, en 2016, Colombia enfrenta los desafíos estructurales de un posconflicto armado caracterizado por la persistencia de dinámicas violentas y tensiones en la seguridad. Mediante un enfoque metodológico mixto, en el artículo se analizan los dilemas en las políticas de seguridad nacional adoptadas durante los dos últimos gobiernos. Se combina la revisión documental y el análisis cualitativo del discurso con técnicas cuantitativas de ciencia de datos, que incluyen algoritmos, operaciones de clasificación supervisada y análisis relacional, con el fin de identificar patrones discursivos, recurrencias temáticas y redes semánticas alrededor de las narrativas estatales sobre la seguridad. Los hallazgos indican que el gobierno de Iván Duque Márquez (2018-2022) adoptó una postura de hipersecuritización orientada hacia la búsqueda de un “enemigo interno” en la cotidianidad ciudadana, mientras que el de Gustavo Petro Urrego (2022-2026) ha implementado una política de desecuritización militar, enmarcada en su propuesta de “paz total”. Ambos enfoques han tenido efectos críticos en el control territorial y en la lucha contra actores armados no estatales. Este texto aporta una perspectiva novedosa sobre la evolución de las narrativas y las estrategias de seguridad en Colombia, al resaltar el impacto de estas orientaciones divergentes en la gestión de la violencia, la militarización y el control del territorio.
Descriptores: Colombia; desecuritización; enemigo; hipersecuritización; paz armada; posconflicto.
Abstract
Following the signing of the 2016 Peace Agreement between the Colombian state and the FARC-EP, the country continues to confront the structural challenges of an armed post-conflict scenario marked by persistent violent dynamics and tensions in the governance of security. This study examines the enduring dilemmas in national security policies implemented by the last two administrations in Colombia through a mixed-methods approach. It integrates documentary analysis and qualitative critical discourse analysis with quantitative data science techniques, which include algorithms, operations of supervised classification, and relational analysis, to identify discursive patterns, thematic recurrences, and semantic networks embedded in state security narratives. The findings indicate that the administration of Iván Duque Márquez (2018-2022) adopted a posture of hypersecuritization oriented towards the search for an “internal enemy” in the daily life of citizens, while the government of Gustavo Petro Urrego (2022-2026) has implemented a policy of military desecuritization, framed in his Total Peace proposal. Both approaches have had critical effects on territorial control and the fight against non-state armed actors. This study provides a novel perspective on the evolution of security narratives and strategies in Colombia, highlighting the impact of these divergent approaches on the management of violence, militarization, and territorial control.
Keywords: Colombia; de-securitization; enemy; hyper-securitization; armed peace; post-conflict.
1. Introducción
La literatura reciente examina la transición de Colombia del conflicto al posconflicto, centrándose en los procesos de securitización y desecuritización. Con la firma del Acuerdo de Paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el grupo pasó de ser considerado una amenaza para la seguridad a una cuestión política (Castillo y Niño 2020). Esta transición implicó intentos de desecuritizar el narcotráfico y reorientar las misiones de las fuerzas militares hacia tareas de consolidación de la paz (Guerra-Molina y Badillo-Sarmiento 2021). Sin embargo, persisten desafíos entre los que sobresalen el aumento de la militarización de los espacios civiles y las líneas difusas entre la seguridad nacional y la ciudadana (Rodríguez 2018). La fase posterior al acuerdo requiere reordenar la agenda de seguridad nacional (Jiménez Vega 2017) y abordar las urgencias sociales, políticas y económicas, más allá del fortalecimiento militar (Ríos 2018).
A pesar de los esfuerzos por desecuritizar el conflicto, persiste la preocupación por las violaciones a los derechos humanos, el desplazamiento forzado y la persistencia de la violencia guerrillera y el paramilitarismo (Gutiérrez-Sanín 2022; Manrique Rueda 2018). El fin del conflicto entre el Estado colombiano y las FARC-EP, formalizado con la firma del Acuerdo de Paz, marcó un giro sustantivo en la lógica de la seguridad nacional. La salida de las FARC-EP como actor central de la agenda securitaria estatal abrió paso a la reconfiguración del campo de conflictividad, facilitando la emergencia de nuevas dinámicas de violencia asociadas a disputas territoriales, a economías ilícitas y a la fragmentación de actores armados.
El objetivo de este artículo es evidenciar los dilemas que persisten en los últimos dos Gobiernos en Colombia a propósito de la seguridad nacional, entendida desde el abordaje del Estado colombiano, que la concibe como un campo que incide en los temas y en las formas de la protección estatal ante las amenazas internas y externas. Se puede afirmar entonces que se trata de una medida de construcción de política pública, pero también de construcción estratégica y decisoria, incluso en las sensaciones de las formas en las que se involucran los asuntos de seguridad nacional a la agenda de seguridad.
En ese sentido, se observa que en la administración de Iván Duque Márquez (2018-2022) se registró una lectura hipersecuritizada de la cotidianidad en la búsqueda del enemigo interno (Ríos y Morales 2022), mientras que en el gobierno de Gustavo Petro Urrego (2022-2026), dentro del marco de la política de la “paz total”, se ha llevado a cabo una desecuritización con efectos críticos en el control territorial y en la lucha contra estructuras armadas no estatales (Niño, Guerrero y Wilches 2024). Con base en lo anterior, es posible afirmar que la agenda de investigación sobre los procesos securitarios y de militarización en Colombia ha estado centrada en las explicaciones de los diferentes planes doctrinales y de política pública de las administraciones. De la “paz territorial” de Juan Manuel Santos, pasando por la “paz con legalidad” de Iván Duque, hasta la “paz total” de Gustavo Petro (Ríos 2024), los diseños sobre las dimensiones de la seguridad y el rol de la noción castrense han recaído dentro de un marco de posconflicto armado.
Luego de esta introducción se aborda el marco del posconflicto armado en el que los últimos dos Gobiernos de Colombia se han debatido entre la hipersecuritización de lo cotidiano y la desecuritización del enemigo militar. Se explican los conceptos ligados al marco analítico propuesto y se muestra el proceso mediante el cual la agenda de seguridad colombiana ha sufrido algunas transformaciones interesantes mientras el contexto de inseguridad y violencia crece. En el apartado que le sigue se desarrolla la metodología empleada. Un tercer apartado se dedica a la discusión y se exponen los resultados que arrojó el análisis. Finalmente, en las conclusiones se proponen nuevas líneas de investigación para la agenda de los estudios de seguridad en Colombia.
2. Posconflicto armado: entre la hipersecuritización y la desecuritización
Tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP en 2016, los cambios y transformaciones sobre la noción de paz, la configuración de la violencia (Niño y Castillo 2022) y de la seguridad, tuvieron efectos en las administraciones de Iván Duque (2018-2022) y Gustavo Petro (2022-2026). Las condiciones conflictuales del país supusieron enfoques securitarios, mientras que la complejidad de la violencia territorial puso en tensión las políticas de seguridad en sincronización con la construcción de la paz.
En este sentido, la constelación de actores armados removilizados –excombatientes de organizaciones insurgentes que, tras procesos formales de desmovilización, reinciden en la violencia mediante su integración a nuevas estructuras armadas o en la reconfiguración de redes criminales previas–, los repertorios de violencia que persisten tras la dejación de armas de las FARC-EP y las limitaciones estructurales del Estado para desarticular las lógicas del conflicto armado, refuerzan la tesis de Hegre y Nygård (2014) sobre los riesgos de recaída en la violencia en contextos de paz incompleta. Estos autores sugieren que en ausencia de una gobernanza efectiva o de condiciones institucionales óptimas para mitigar los efectos violentos del conflicto, aumenta el riesgo de proliferación de grupos armados que dominen los territorios (Ríos 2020; Collier, Hoeffler y Söderbom 2008). En otras palabras, aunque existe un escenario de fin de conflicto con el principal actor armado del país, la inercia de las dificultades institucionales junto con las motivaciones de viejos y nuevos actores armados no estatales posibilitan la aparición de un posconflicto armado.
El concepto de posconflicto armado permite explicar la naturaleza de los nuevos ciclos de violencia en Colombia debido a que ahonda en las causas de viejas, nuevas y recicladas expresiones violentas (Gutiérrez 2020). Así, la violencia en situaciones de posconflicto suele atribuirse a un auge del crimen organizado en la posguerra, facilitado por la desmovilización de los grupos armados y por la persistente debilidad del Estado (Albarracín et al. 2023). El posconflicto armado es un escenario complejo en el que, a pesar de existir disposiciones institucionales para formalizar la construcción de la paz, resurgen mecanismos de conflicto y de violencia que torpedean la gobernanza. En este escenario, se transita de la violencia conflictual entre actores rivales a un conjunto de violencias indómitas de naturalezas diversas.
Se trata de un marco paradójico en el cual, si bien se ha logrado la terminación de las hostilidades con las FARC-EP, la proliferación de grupos disidentes, la persistencia de actividades ilícitas por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la consolidación de estructuras criminales entre las que se encuentra el Clan del Golfo, por solo citar una, han puesto de manifiesto las profundas limitaciones institucionales del Estado (Niño, Guerrero y Wilches 2024). Esta situación muestra la coexistencia de un escenario de relativa paz con uno de nuevos conflictos, resultado de la fragmentación armada y del debilitamiento del monopolio estatal de la fuerza.
En efecto, el posconflicto armado colombiano pasa por dos grandes momentos. El primero de ellos durante el mandato de Iván Duque, donde la ausencia de una noción estratégica de seguridad involucró dimensiones cotidianas a la agenda securitaria, a la vez que posicionó una narrativa de paz con legalidad. La política de paz con legalidad tuvo imbricaciones entre la paz, la seguridad y la militarización. El enfoque del Gobierno adoptó una perspectiva reduccionista de la paz, cifrándola esencialmente a la ausencia de violencia (Ríos 2024, 237). Así, aquella noción materializó la insistencia por preservar la legalidad a través de una intensificación de las medidas de seguridad y de la militarización del conflicto (Ríos 2024; Niño y Castillo 2022). Dicha estrategia se tradujo en una política de confrontación directa con las organizaciones armadas, priorizando el combate contra estructuras antagónicas al Estado y con una notable óptica reactiva de la seguridad. El segundo de ellos aconteció en el gobierno de Gustavo Petro a partir de la “paz total” (Ley 2272/2022). Una narrativa coincidente con la noción de paz territorial de Juan Manuel Santos (2010-2018) y que ha supuesto un derrotero específico: la desactivación de los variopintos grupos armados a través de mecanismos de negociación.
Las condiciones conflictuales y de violencia son particulares. Mientras se reducen considerablemente los enfrentamientos entre grupos armados con las fuerzas del Estado como incentivo para sostener las conversaciones, entre los grupos armados aumenta la violencia (Llorente, Preciado y Cajiao 2024). Aunque el actual gobierno carece de una noción operativa clara sobre seguridad, ha reconocido que cualquier intento por alcanzar la paz sostenible debe atender a los reclamos diferenciales formulados desde los territorios. En consecuencia, la noción de seguridad humana ha sido incorporada explícitamente en los lineamientos de política pública, posicionándose como un marco normativo central. No obstante, esta reorientación conceptual coexiste con la persistencia –e incluso con el fortalecimiento– de fenómenos críticos, entre ellos el desplazamiento forzado, las economías ilegales, el confinamiento armado y las formas de gobernanza criminal que disputan el control territorial al Estado.
El escenario del posconflicto armado en Colombia no ha sido determinado exclusivamente por las orientaciones ideológicas ni por los ciclos administrativos de los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, sino que constituye una estructura persistente y transversal del sistema político y de seguridad. Este fenómeno es un vector que condiciona –más que ser condicionado por– las agendas de seguridad estatal, moldeando la arquitectura institucional y los repertorios de acción coercitiva. En consecuencia, ha sido el epicentro desde el cual se reconfiguran las formas y los métodos de militarización del orden interno, expresadas en lógicas de ocupación territorial, control poblacional y adaptaciones tácticas frente a actores armados en mutación (Meger y Sachseder 2020). En ese sentido, es pertinente mencionar que para la administración de Duque el enfoque de seguridad fue de hipersecuritización, mientras que el de Petro, al menos en lo transcurrido de su gobierno, es de desecuritización.
A partir de lo anterior, resulta necesario examinar la manera en que los discursos oficiales no solo describen la realidad del conflicto, sino que la construyen estratégicamente, delimitando qué actores se consideran amenazas, qué territorios son priorizados y qué respuestas son consideradas legítimas. En dicho sentido, el discurso, en su rol de dispositivo de poder, genera relatos lineales de hechos objetivos con construcciones sociales y culturales que producen subjetividades y narrativas políticas específicas (Devia-Acevedo 2023, 2025) que se consideran legítimas, por ejemplo, la construcción del “enemigo interno” o la representación de determinados territorios convertidos en “zonas sin ley”.
Hipersecuritización de lo cotidiano
La configuración del enemigo interno ha sido el definidor hegemónico de las políticas de seguridad durante los últimos 60 años (Leal 1992, 2011). La herencia de la narrativa de la doctrina de seguridad nacional (DSN) de la Guerra Fría permitió la importación de este concepto basado en una relación dicotómica de amigo y enemigo (Schmitt 2009). Colombia no ha tenido grandes tensiones militares con las naciones vecinas y no se encuentra en medio de hipótesis de guerra que alteren el equilibrio de poder regional. Eso le ha significado una particularidad en la visión estratégica, y es que sus percepciones securitarias y militaristas se concentran en la estabilidad doméstica y en el combate contra expresiones insurgentes y criminales y no tanto en la disuasión de potenciales amenazas externas.
La lucha contrainsurgente configuró el núcleo de la seguridad nacional en Colombia, militarizando a la Policía mediante capacidades bélicas y expandiendo el rol del Ejército a zonas urbanas. Esta hibridación funcional respondió a la complejidad del conflicto armado. Tras el Acuerdo de Paz de 2016, las FARC-EP salieron del foco securitario. Aquel proceso implicó una serie de ajustes institucionales y castrenses, desde el rediseño doctrinal que produjo nuevos manuales de operaciones militares (Rojas 2017) hasta la creación de unidades y comandos de escenarios transformados para enfrentar otros grupos armados (Ministerio de Defensa Nacional 2016).
En ese sentido, la desaparición de las FARC-EP demostró una reducción significativa en los indicadores nacionales de violencia generalizada. Sin embargo, a nivel subnacional revela una dinámica más compleja. En ciertos territorios la desmovilización de dicho grupo coincide con un incremento en los índices de criminalidad y violencia (Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz 2024), atribuible a la proliferación de nuevos actores armados y a la disputa por el control territorial (Salazar, Wolff y Camelo 2019). De ese modo, bajo el gobierno de Iván Duque se evidenció que la narrativa predominante de la violencia previa al Acuerdo de Paz se sustentaba en la presencia armada de las FARC-EP, junto con otras manifestaciones de violencia criminal. Pero, tras la desmovilización de la guerrilla y la firma del acuerdo, las explicaciones oficiales sobre la violencia dejaron de ajustarse a una realidad marcada por la desaparición del conflicto armado con las FARC-EP. En cambio, la persistencia de la violencia en el país se alineó con la proliferación de dinámicas criminales diversas (Shire 2021).
Con base en lo anterior, la apuesta en materia de seguridad del gobierno de Duque consistió en golpear a los grupos armados organizados en vez de plantear diálogos de paz con otros actores ilegales. La tesis de su gobierno consistió en degradar el nivel de amenaza (Cajiao 2022; Niño 2023). La ausencia de las FARC-EP en la agenda de seguridad produjo el enfoque de paz con legalidad. Una apuesta en la que la necesidad por definir el rumbo estratégico de la noción de seguridad sin el clásico referente, volcó la política de defensa y seguridad de 2019 en un instrumento hipersecuritizador (Gobierno de Colombia 2019). Entonces, la política de seguridad de Duque se centró en impactar a actores de alto valor, entre ellos líderes de las disidencias de las FARC-EP, miembros del ELN y del Clan del Golfo, entre otros, con el objetivo de demostrar fortaleza militar y reafirmar la presencia del Estado en los territorios (Niño 2023, 94).
Al mismo tiempo, dejó en evidencia el clásico problema estratégico e institucional de Colombia: la baja presencia y el poco control estatal sobre los territorios. En este contexto, las dimensiones ciudadanas –las dinámicas sociales, organizativas y políticas autónomas de comunidades locales, incluyendo expresiones de autogobierno, resistencia civil o cooperación con actores armados no estatales– representaron un peligro para la agenda de seguridad del Estado. Esto se debió a que, en ausencia de instituciones sólidas, dichas dimensiones podían desafiar el monopolio estatal de la fuerza, generar órdenes paralelas o ser cooptadas por grupos ilegales, erosionando la legitimidad y la eficacia de las políticas públicas de seguridad (Badrán 2023).
Al igual que en todas las administraciones anteriores, la de Duque tampoco tuvo una definición clara de seguridad. Esto se conecta con la inexistencia de una ley de seguridad y defensa que brinde cobertura jurídica y estratégica a esta agenda (Castillo y Niño 2020). En ese sentido, su política mantuvo un fuerte enfoque en la disuasión militar y en la acción directa contra grupos armados organizados. Su centro de gravedad estuvo en la intención de desarticular grupos mediante operaciones militares, donde se le dio un cierto privilegio al control militar en el territorio para consolidar la seguridad (Gobierno de Colombia 2019).
En ausencia de las FARC-EP parecía que el Gobierno intentaba llenar ese vacío elevando al mismo grado de amenaza a otros actores, incluso a expresiones ciudadanas. La hipersecuritización consiste en el exceso de involucramiento de las condiciones cotidianas a la agenda de seguridad del Estado (Tittensor, Hoffstaedter y Possamai 2020). Una suerte de diseño de política en el que se experimenta una ansiedad institucional que afecta el modo de vida de la ciudadanía (Dunn Cavelty y Egloff 2021). Por eso, una nación ansiosa es al mismo tiempo una nación peligrosa (Drezner 2022). Entonces, en ausencia de un enemigo claro, la ansiedad estatal se tradujo en un proceso hipersecuritizante donde todo podía ser sujeto de involucramiento en la agenda de seguridad y convertirse en una potencial amenaza para la seguridad nacional. La hipersecuritización no especificada –es decir, la imposición de medidas de seguridad excesivas sin justificación clara frente a amenazas delimitadas– amplía el margen para facilitar las violaciones a los derechos civiles.
Este fenómeno se evidenció durante el Paro Nacional y el estallido social de 2021 en Colombia, una serie de protestas masivas desencadenadas por una reforma tributaria percibida como regresiva, sumada a demandas históricas contra la desigualdad, la violencia policial y la falta de oportunidades. Las movilizaciones, lideradas principalmente por jóvenes y por movimientos sociales, fueron enfrentadas con una respuesta estatal militarizada: se desplegaron fuerzas de seguridad con tácticas de contrainsurgencia (escuadrones antidisturbios), se reportaron ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, violencia sexual y uso desproporcionado de armas menos letales. El Gobierno justificó la represión bajo el discurso de mantener el “orden público”, pero sin demostrar vínculos orgánicos entre las protestas y grupos armados ilegales, ejemplificando la manera en que la hipersecuritización arbitraria normaliza la vulneración de garantías fundamentales (Valenzuela 2019; Uribe 2022; Fitzgerald 2021).
La configuración de la agenda de seguridad del país bajo el mandato de Iván Duque tuvo dos elementos definitorios: la hipersecuritización y la militarización de la seguridad. La primera, centrada en un discurso en el que cualquier expresión violenta, reaccionaria y que incomodara al Estado era graduada automáticamente una amenaza, ni siquiera un problema. La hipersecuritización constituye una distorsión extrema del proceso clásico de securitización en el que un tema es elevado a la categoría de “amenaza existencial” mediante un acto discursivo (Balzacq 2005; Waever 1995; Buzan, Wæver y Wilde 1998). Sin embargo, a diferencia de la securitización convencional, que requiere cierta plausibilidad contextual, la hipersecuritización opera mediante una exageración sistemática y desproporcionada de riesgos, ampliando arbitrariamente los límites de lo que se considera una amenaza.
La segunda, se enfocó en un instrumento en el que la dimensión militar apoyaba las labores de vigilancia y control, ya no solamente en el cumplimiento de tareas estratégicas de combate contra grandes estructuras armadas o de defensa de la soberanía nacional, sino como una forma de garantizar el orden público, un ejemplo de ello es el Decreto 575 de 2021 frente a la protesta y bloqueos en el país (Uprimny 2021). Así, durante el cuatrienio de Iván Duque el gasto en defensa tuvo un promedio de 3,14 % del producto interno bruto, por encima de Argentina con un 0,70 %, Bolivia (1,33 %), Brasil (1,28 %), Chile (1,80 %), Ecuador (2,29 %), Perú (1,21 %) o Venezuela (0,90 %). Es importante resaltar que el promedio del gasto durante los ocho años del gobierno de Santos en Colombia (2010-2018) fue del 3,5 % (SIPRI 2024).
Desecuritización del enemigo militar
Con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia en agosto de 2022, el enfoque de la seguridad, desde un punto de vista discursivo, tuvo un cambio significativo. Su agenda ha hecho énfasis en la propuesta de la “paz total” con la intención inicial de desmarcarse de las visiones y nociones de Gobiernos anteriores. Petro recibió un país altamente fragmentado, con un elevado malestar social, evidenciado por el levantamiento popular derivado de los estallidos y de las protestas sociales que tuvieron lugar entre 2019 y 2021. En respuesta, su política de seguridad, en conjunto con el plan nacional de desarrollo, se enfocó en la seguridad humana.
Esta dimensión sugiere la garantía del bienestar de la población civil en términos materiales y se centra en la intersección entre la seguridad física y las necesidades poblacionales. La política de seguridad establece cuatro objetivos específicos: la protección de la vida de la población, la lucha contra la deforestación y los daños ambientales, el fortalecimiento de la defensa nacional y la mejora del bienestar de los miembros de las fuerzas militares y de la Policía (Ministerio de Defensa Nacional 2023). A partir de lo anterior, la principal diferencia con respecto a la política de defensa implementada durante la administración de Duque radica en un cambio de enfoque. Mientras el gobierno de Duque priorizó la captura de objetivos de alto valor y la erradicación de cultivos de coca, la prioridad del gobierno de Petro es perseguir a los líderes narcotraficantes, al tiempo que protege la vida de las comunidades. Dicho enfoque sugiere que es posible poner el foco en los líderes de estructuras criminales mientras se protege a las víctimas y se golpea de forma directa las economías ilegales en vez de los liderazgos militares de dichas estructuras (Ministerio de Defensa Nacional 2023). Sin embargo, la política tampoco define la seguridad ni la paz, al menos como conceptos por los que el Gobierno propone la política pública en la materia.
Resulta paradójico que para el Gobierno la seguridad humana tenga un reposo estratégico en la dimensión militarista. La instauración de mesas de negociación con los actores armados ha supuesto la suspensión de operaciones militares en el territorio nacional. Dicha situación ha permitido en algunos casos, por ejemplo, en los departamentos de Cauca y Nariño y en la zona del Catataumbo, el fortalecimiento, el control territorial y la reemergencia de grupos armados organizados. Entonces, mientras el enfoque de Duque fue de hipersecuritización, la administración de Petro experimenta un proceso de desecuritización de los asuntos tradicionales de la agenda de seguridad. La desecuritización es el mecanismo de anular una cuestión (o varias de ellas) que fue securitizada o considerada una amenaza (Waever 1995; Knudsen 2001).
El desenclave de la protesta ciudadana como una cuestión securitaria, y por ende, la sustracción de las maniobras militares en medio de las movilizaciones sociales, ha supuesto un cambio, al menos en términos desecuritizadores, del rol militar en la composición de la seguridad nacional colombiana (Austin 2019). Los combates entre las fuerzas militares y las estructuras armadas se han reducido no por un proceso de pacificación, sino debido a decisiones políticas del Gobierno nacional y a estrategias 97 de las organizaciones criminales. Asimismo, la noción de enemigo ha desaparecido del discurso público en materia de seguridad. En este sentido, la perspectiva del Gobierno recoge algunos lineamientos de la política de paz territorial de Juan Manuel Santos. Los diseños militares y los planes de guerra del Ministerio de Defensa experimentaron, de forma natural, un proceso de desecuritización de la doctrina previo al Acuerdo de Paz de 2016 (Castillo y Niño 2020).
Entonces, el gobierno de Petro retoma la inercia que se había interrumpido con Duque, abordando los temas de seguridad, tradicionalmente protagonizados por la dimensión militar, desde una perspectiva política. La desecuritización del enemigo experimentada en la administración Petro coincide con que el término busca la desvinculación gradual o absoluta de los asuntos tradicionales de la agenda. Eso sugiere cambios estratégicos y operativos provenientes de la voluntad política de involucramiento y de desacoplamiento (Castillo y Niño 2020; Casado 2018; Stone 2009). En esta oportunidad, se desmonta la visión ortodoxa del enemigo interno de forma estratégica y política, pero en nombre de la seguridad humana, se desmilitariza la seguridad territorial en medio de procesos de negociación inconclusos con efectos de rearme de estructuras criminales de grueso calibre y de un posconflicto armado agudo. Para el periodo comprendido entre 2022 y 2023, el gasto en seguridad y defensa del Gobierno colombiano fue en promedio de 2,84 % del producto interno bruto (SIPRI 2024).
Con base en lo anterior, el Ministerio de Defensa elaboró el Plan Estratégico de Campaña Conjunto Ayacucho 2023-2026, un documento que redefine el rol castrense en las operaciones territoriales donde llama especialmente la atención el fin de las operaciones de tareas conjuntas. Dichas operaciones fueron la articulación entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional para trabajar de manera armónica en el combate contra estructuras armadas en el país. Ejemplo de dicha coordinación fueron los golpes a las antiguas FARC-EP que la llevaron a una mesa de negociación en 2012.
Las fuerzas de tareas conjuntas se implementaron para recuperar la capacidad del control territorial y la unificación de esfuerzos entre las distintas fuerzas militares. En 2003 se creó la Fuerza de Tarea Omega para los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, la Fuerza de Tarea Apolo en Valle del Cauca, la Fuerza de Tarea Zeus en el Tolima, la Fuerza de Tarea Vulcano en el norte de Santander, la Fuerza de Tarea Quirón en Arauca y la Titán en el Chocó. Los resultados de esas fuerzas produjeron el abatimiento de grandes cabecillas de las guerrillas y el fortalecimiento operacional en el despliegue de efectivos en el territorio (Borrero 2007).
Entonces, el Plan Ayacucho sugiere un desacoplamiento de las operaciones conjuntas produciendo escenarios de incertidumbre estratégica (Tecott Metz y Halterman 2021). En ese plan de guerra, el comandante general de las fuerzas militares, Helder Giraldo (2022-2024), priorizó el comando conjunto y sustrajo incidencia a los comandantes de cada fuerza (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) (Ejército Nacional 2023). También se llevó a cabo una reestructuración bajo la comandancia del almirante Francisco Cubides (2024) en la que los comandos se convirtieron en unidades estratégicas y no operativas, similar a lo ocurrido a inicios del siglo XXI (Rangel 2008). En dicho sentido, la reducción de capacidades de las fuerzas militares en Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro se refleja en decisiones estratégicas que priorizan un enfoque residual y de baja proactividad en la seguridad nacional. La reestructuración y el desmantelamiento de los comandos conjuntos ha limitado la interoperabilidad entre las fuerzas, debilitando su capacidad de respuesta integral y coordinada ante amenazas complejas. Este enfoque transforma a las fuerzas militares en entidades predominantemente reactivas, concentradas en atender incidentes específicos en lugar de implementar estrategias preventivas robustas. La exclusión de lo militar en la agenda gubernamental ha generado una parálisis estratégica que no solo restringe su capacidad operativa, sino que también expone al país a riesgos en un entorno donde la seguridad debe integrarse con políticas de paz, sin relegar completamente su rol fundamental en la protección del orden constitucional.
Esta situación ha sido aprovechada por los grupos armados organizados, quienes han sabido leer las confusiones militares en la toma de decisiones, especialmente en un contexto donde el 95 % del territorio nacional coexiste con estructuras armadas no estatales. Lo anterior sugiere la probable existencia de interferencias estratégicas, tácticas y operativas entre las distintas fuerzas, dificultando el compartimiento de información, generando fallas en la toma de decisiones y debilidades en las capacidades ofensivas y defensivas.
3. Metodología
Para la investigación en la que se basa este artículo se adoptó un enfoque metodológico mixto (Creswell y Creswell 2014; Hernández Sampieri y Mendoza Torres 2018), con predominio cualitativo centrado en el análisis documental y en el análisis crítico del discurso (ACD) (Fairclough 1995; Van Dijk 2008). Este enfoque permitió examinar pronunciamientos, páginas oficiales y documentos conceptuales de política pública con el propósito de identificar tendencias y correlaciones en los discursos y temas políticos. En total se analizaron 74 documentos, distribuidos en informes técnicos e institucionales (12), artículos y reportajes de prensa nacional e internacional (10), referencias complementarias empleadas en el análisis comparativo (2) y artículos académicos (50).
El diseño del estudio sigue una estrategia exploratoria secuencial. Se realizó el análisis cualitativo de los textos discursivos y el análisis cuantitativo de los datos. Para la parte cualitativa se recurrió a la revisión documental y al ACD para estudiar las estructuras narrativas y los encuadres discursivos utilizados, mientras que para la parte cuantitativa se emplearon algoritmos de clasificación y relación que permitieron identificar recurrencias y patrones en la frecuencia de palabras. Esta estrategia permitió comprender los patrones discursivos antes de corroborar su impacto mediante el análisis de grandes volúmenes de datos.
Con relación al algoritmo y a las operaciones, se usaron procesos lógicos (AND, OR, NOT) para filtrar fragmentos discursivos que contienen combinaciones específicas de palabras clave, algunas de ellas fueron “seguridad” AND “territorio”, “cultivos ilícitos” OR “narcotráfico”, “paz” NOT “negociación”, (“seguridad humana” OR “seguridad territorial”) AND (paz OR conflicto), (“paz total” OR “acuerdo de paz”) AND (“implementación” OR “retos”), (“seguridad ciudadana” OR “orden público”) AND (“militarización” OR “política de Estado”).
No obstante, la metodología detallada presentó algunas limitaciones. Una de ellas tiene que ver con la disponibilidad de datos, pues algunos documentos relevantes no estaban disponibles en su totalidad o fue difícil de acceder a ellos por temas de seguridad nacional o por tratarse de información clasificada. La segunda limitación se relaciona con la subjetividad del ACD, ya que al tratarse de un método interpretativo puede depender de la perspectiva del investigador, lo cual podría afectar la replicabilidad de los resultados. En tercer lugar, hay que mencionar el sesgo de la selección: al partir de un muestreo intencional los hallazgos no pueden ser generalizados a todos los documentos de carácter político en Colombia.
4. Discusión y resultados
La hipersecuritización implementada durante el gobierno de Iván Duque intensificó la polarización social y favoreció la construcción de un enemigo interno. Este proceso contribuyó a una profunda erosión de la legitimidad democrática al reconfigurar las percepciones de amenaza, de manera tal que la ciudadanía –en especial aquella movilizada o residente en territorios periféricos– comenzó a ser equiparada, en el discurso y en la práctica de seguridad, con actores armados ilegales como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC o el ELN (Venegas y Swenson 2021). A su vez, la superposición de la noción militar sobre las cotidianidades ciudadanas, al menos en lo ocurrido durante las protestas de 2021, produjo una militarización de lo cotidiano. Este fue el resultado del hábito securitizador y ortodoxo en la compleja y binaria concepción de la seguridad nacional en Colombia.
Con el objetivo de desecuritizar al denominado “enemigo interno”, la administración de Gustavo Petro promovió el desacoplamiento de la presencia militar en diversos territorios estratégicos. Esta decisión, aunque orientada a reducir la militarización de ciertas áreas, generó reacomodos en las dinámicas del crimen organizado, permitiendo la consolidación de nuevas retaguardias estratégicas por parte de actores armados no estatales. Debido a lo anterior, las instituciones estatales y la población civil se vieron desplazadas (Niño, Guerrero y Wilches 2024). La política de seguridad del gobierno de Petro ha implicado un repliegue del Estado en estas zonas, lo que ha provocado una creciente incertidumbre institucional en enclaves controlados por estructuras criminales, debilitando la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y la gobernanza efectiva.
Narrativa de la política de “seguridad de paz” de Iván Duque
Durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), la política de seguridad se centró en la restauración del orden público y en la consolidación de la autoridad del Estado en áreas afectadas por el conflicto armado. Enmarcada bajo el concepto de “paz con legalidad”, esta política buscó equilibrar la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, pero a través de una estrategia más restrictiva que enfatizaba la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. El enfoque de Duque fue claro: priorizar la erradicación forzosa de cultivos ilícitos y fortalecer la capacidad del Estado para combatir a los actores armados ilegales.
El uso de glifosato y la militarización de zonas rurales fueron medidas recurrentes, provocando tensiones con las comunidades campesinas y con las organizaciones sociales. El expresidente también mantuvo una postura firme frente al ELN tras la ruptura de las negociaciones luego del atentado a la Escuela General Santander en enero de 2019. A nivel internacional, su política estuvo marcada por la confrontación con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, lo cual no solo tensó las relaciones bilaterales, sino que complicó la gestión de la crisis migratoria y la seguridad en la frontera.
Narrativa de la política de “paz total” de Gustavo Petro
La política de “paz total” del presidente Gustavo Petro, iniciada en 2022, representa un cambio profundo en la manera de entender la paz y la seguridad en Colombia. Petro busca desmantelar todas las estructuras armadas ilegales no solo a través de la negociación con grupos como el ELN, sino también mediante acuerdos de sometimiento a la justicia con bandas criminales y organizaciones narcotraficantes. El enfoque de Petro es integral, abordando las causas inmediatas del conflicto armado y también sus raíces estructurales entre las que se encuentran la inequidad, la pobreza y la falta de oportunidades en las zonas rurales. La “paz total” implica una implementación del Acuerdo de Paz de 2016, especialmente en temas de reforma agraria, sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y desarrollo rural (tabla 1).
Tabla 1. Comparación entre la política de seguridad de “paz con legalidad” y la “paz total”
Elaborada por los autores.
Petro ha optado por restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, argumentando que el diálogo y la cooperación son esenciales para mejorar la seguridad fronteriza y para gestionar la crisis migratoria. Su visión de “seguridad humana” prioriza la reducción de la violencia mediante la justicia social y la inclusión, en lugar de la mera coerción. Además, de acuerdo con el Ejército Nacional (2023), solo entre enero y octubre de 2023 se registraron 11 031 homicidios, una disminución en comparación con los 11 180 casos reportados en el mismo periodo, pero de 2022. Por su parte, en relación con la extorsión se reportaron 8553 casos, un incremento con respecto a los 7563 registrados entre enero y octubre de 2022.
En Colombia, la evolución de los grupos armados, el nivel de presencia estatal y las dinámicas relacionadas con los cultivos ilícitos han sido elementos centrales para evaluar el impacto de las políticas de seguridad. Durante los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro estas variables han mostrado comportamientos divergentes, influenciados por enfoques políticos diametralmente opuestos: la “paz con legalidad” de Duque y la “paz total” de Petro (tablas 2 y 3).
Tabla 2. Ejemplificaciones de la complementación
Elaborada por los autores.
Tabla 3. Análisis de actores clave
Elaborada por los autores.
Nota: A pesar de los esfuerzos institucionales por proteger a las comunidades y a líderes y lideresas sociales en territorios afectados por el conflicto armado, la tendencia de riesgo y de violencia no ha cambiado significativamente en los últimos años. Lejos de experimentar una
reducción en las amenazas, muchas de estas personas y colectivos siguen siendo objeto de agresiones, desplazamientos forzados y asesinatos selectivos.
El análisis de las políticas de seguridad de Iván Duque y de Gustavo Petro no puede desvincularse de las dimensiones territoriales, ya que las características geográficas, sociales y económicas de las regiones en conflicto afectan directamente la interacción entre los actores clave y el impacto de las políticas de seguridad. Durante el gobierno de Iván Duque se intensificó la militarización en Catatumbo, Arauca, Cauca y Nariño –consideradas regiones estratégicas–, bajo una lógica de control territorial frente a las economías ilícitas. Sin embargo, esto acentuó las tensiones sociales al consolidar una imagen del Estado como actor coercitivo, sin lograr desarticular los grupos armados ni sustituir las rentas ilegales. En contraste, la política de “paz total” de Gustavo Petro propone una reconfiguración territorial basada en el diálogo, en la sustitución voluntaria de los cultivos, en la formalización de tierras y en el desarrollo rural, orientando la seguridad hacia la inclusión y la transformación estructural del conflicto, pero tampoco con resultados tangibles en la eliminación de los grupos armados.
En el análisis de las políticas de seguridad implementadas durante los mandatos de Iván Duque y Gustavo Petro se identifica un cambio en la concepción del “enemigo” y del abordaje de la seguridad nacional colombiana. Durante la administración de Duque la política de seguridad adoptó un enfoque de hipersecuritización, caracterizado por una postura confrontativa hacia los actores armados ilegales, fundamentada en una intensificación del uso de la fuerza militar y en una erradicación forzosa de los cultivos ilícitos. Esta estrategia no solo profundizó la militarización en las zonas rurales afectadas por el conflicto armado, sino que también generó tensiones con las comunidades locales, cuya percepción sobre la seguridad se limitaba a una visión de control violento, sin considerar las raíces estructurales del conflicto.
El marco discursivo de Duque en torno a la seguridad intensificó la idea de la confrontación y la militarización, especialmente en áreas rurales, lo que se tradujo en un énfasis en la coerción y en la represión, priorizando una narrativa de seguridad que polarizaba la sociedad colombiana. Esta política no solo se dirigió a la contención de actores armados ilegales, también afectó las dinámicas fronterizas con Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú, amplificando la percepción de una amenaza transnacional y legitimando una respuesta militar fuerte en dichas regiones. Sin embargo, con el paso del tiempo esta narrativa mostró limitaciones significativas, pues no se lograron reducir las cifras de violencia ni de cultivos ilícitos de manera sustantiva y se agravó el distanciamiento entre el Estado y las comunidades locales.
Con la llegada de Gustavo Petro al poder el enfoque de seguridad experimentó una reorientación hacia la desecuritización. Petro ha promovido la política de “paz total” con el objetivo de involucrar en diálogos de paz a todos los actores armados, incluyendo a las organizaciones criminales (Ríos y Cairo 2024). Este cambio de estrategia implica un replanteamiento de la seguridad desde una perspectiva integral de paz donde se minimiza el uso de la fuerza militar como primera respuesta, y se apuesta, en cambio, por el diálogo y por la negociación para resolver los conflictos. En este contexto, la política de Petro pretende no solo desmilitarizar la seguridad, también busca abordar las causas subyacentes de la violencia, avanzando en la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016. La política de “paz total” enfrenta, no obstante, desafíos significativos. Uno de los principales obstáculos radica en la fragmentación de los grupos armados ilegales, lo cual dificulta establecer diálogos inclusivos con todos los actores (Cairo et al. 2024).
Un indicio de lo anterior puede observarse durante el gobierno de Iván Duque, donde la reiteración de expresiones como “amenaza narcoterrorista” o “territorios infiltrados” no solo legitimó la intensificación de la presencia militar, sino que también contribuyó a la dilución de las fronteras entre la defensa nacional y la seguridad ciudadana. En contraste, el enfoque discursivo de la “paz total” introduce una resignificación de los marcos de seguridad, desplazando el énfasis desde la confrontación armada hacia mecanismos de negociación. Esta reorientación ha derivado en nuevas estrategias institucionales centradas en el diálogo, en el sometimiento voluntario y en la intervención social como instrumentos prioritarios de acción estatal.
Sin embargo, existe una resistencia importante por parte de sectores conservadores y de ciertos segmentos de las Fuerzas Armadas que consideran que esta política debilita la autoridad estatal frente a las amenazas de seguridad. Estos factores han generado escepticismo en torno a la viabilidad de la desecuritización en un contexto donde algunos grupos armados mantienen su postura de confrontación y se resisten a la desmovilización, ejerciendo un fuerte control espacial del territorio (Niño, Guerrero y Wilches 2024). El desplazamiento del Estado en su propio territorio constituye un desafío transversal en ambas administraciones. Mientras que la hipersecuritización de Duque reflejó un control estatal basado en la militarización, la política de paz de Petro propone una recuperación del territorio mediante la negociación y la participación comunitaria. La evolución y los resultados de esta transición de la hipersecuritización a la desecuritización han demostrado las inconclusiones estatales y la crisis de la identidad securitaria del Estado colombiano.
5. Conclusiones
En el presente artículo se han examinado las políticas de seguridad implementadas durante los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro en Colombia, abordando el contexto del posconflicto desde enfoques contrastantes: la hipersecuritización y la desecuritización. Las estrategias de seguridad adoptadas en cada administración reflejan una transición en la noción de seguridad nacional y sus implicaciones sobre la gobernanza territorial, la violencia armada y la legitimidad del Estado en la esfera pública. A continuación, se exponen tres conclusiones clave derivadas de este análisis comparativo.
Se evidencia que existe una transición en la concepción de la seguridad nacional dado que la administración de Duque implementó un enfoque de hipersecuritización, priorizando la confrontación directa con actores armados ilegales y militarizando los espacios civiles en un intento de establecer el control estatal. En contraste, el gobierno de Petro promueve un enfoque de desecuritización centrado en la política de “paz total”, que busca soluciones negociadas y enfatiza en el enfoque de la seguridad humana. Sin embargo, la reducción de la presencia militar promovió el crecimiento de los actores armados no estatales en lo que respecta al control territorial. Esta transición refleja un cambio significativo en la interpretación de la seguridad, pasando de una concepción reactiva y militarista a una de pacificación a través del diálogo y de la inclusión social.
La transición también evidencia efectos sobre la gobernanza territorial, toda vez que la política de hipersecuritización en el gobierno de Duque produjo una mayor presencia militar en zonas de conflicto, generando tensiones con comunidades locales y afectando la legitimidad del Estado. Bajo el gobierno de Petro, el repliegue de las Fuerzas Armadas y el enfoque negociador han permitido que las estructuras armadas no estatales aumenten su control territorial en ausencia de operaciones militares, evidenciando la complejidad del posconflicto y las limitaciones del Estado en la consolidación de la gobernanza territorial. Resulta posible afirmar que aún persisten limitaciones en la capacidad de desmovilización, dado que, a pesar de los esfuerzos por lograr la paz y la desmovilización de los grupos armados ilegales, las políticas de seguridad de Duque y la “paz total” de Petro enfrentan un obstáculo común: la fragmentación y la proliferación de actores armados en el territorio colombiano.
Este fenómeno ha dificultado la negociación inclusiva y la implementación de un proceso de paz sostenible, lo cual revela la necesidad de estrategias más adaptativas y flexibles ante la heterogeneidad de los actores involucrados. Debido a lo anterior, Colombia atraviesa una crisis de legitimidad y polarización social que exacerba la percepción de un “enemigo interno”, lo cual debilita la cohesión social y acentúa las tensiones entre el Estado y las comunidades afectadas por la militarización. La política de Petro, aunque menos polarizante, enfrenta críticas y escepticismo de parte de sectores conservadores y de las Fuerzas Armadas, lo cual muestra que la desecuritización en Colombia aún se percibe con cautela y requiere de una mayor legitimidad institucional para su éxito.
Finalmente, se puede afirmar que la transición de una política de hipersecuritización a un enfoque de desecuritización bajo el marco de la “paz total” refleja una crisis de identidad en la agenda de seguridad del Estado colombiano. Lo anterior produce una suerte de incertidumbre estratégica, sobre todo en lo relacionado con los asuntos de interés y de seguridad nacional.
Referencias
Albarracín, Juan, Juan Corredor-García, Juan Pablo Milanese, Inge Valencia y Jonas Wolff. 2023. “Pathways of post-conflict violence in Colombia”. Small Wars & Insurgencies 34 (1): 138-164. https://doi.org/10.1080/09592318.2022.2114244
Austin, Jonathan Luke. 2019. “Security compositions”. European Journal of International Security 4 (3): 249-273. https://doi.org/10.1017/eis.2019.19
Badrán, Farid. 2023. “The signing of the peace agreement in Colombia. Old wine in new skins: Implications for national security and organized crime”. Trends in Organized Crime 27:173-196. https://doi.org/10.1007/s12117-023-09497-y
Balzacq, Thierry. 2005. “The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context”. European Journal of International Relations 11 (2): 171-201. https://doi.org/10.1177/1354066105052960
Borrero, Armando. 2007. “Los comandos conjuntos. Problemas de organización, doctrina, educación y operación”. Estudios en Seguridad y Defensa 4: 48-51. https://esdegrevistas.edu.co/index.php/resd/article/view/145/209
Buzan, Barry, Ole Wæver y Jaap Wilde. 1998. Security: a new framework for analysis. Londres: Lynne Rienner Pub.
Cairo, Heriberto, Carlo Emilio Piazzini Suárez, Jerónimo Ríos, Luis Daniel Santana, Jhon Williams Montoya Garay, Luis Gabriel Salas Salazar, Liliana Zambrano Quintero, Miguel Antonio Espinosa Rico, Vladimir Montoya Arango, Sara Koopman, Rosa Emilia Salamanca, Carlos Agudelo, Ulrich Oslender y Flavio Bladimir Rodríguez. 2024. “From ‘Territorial Peace’ to ‘Total Peace’ in Colombia: A Geopolitical Balance”. Geopolitics 29 (5): 1996-2032. https://doi.org/10.1080/14650045.2023.2297941
Cajiao, Andrés. 2022. “Ni paz ni guerra. Escenarios híbridos de inseguridad y violencia en el gobierno de Iván Duque”. Fundación Ideas para la Paz, 14 de mayo. https://lc.cx/uw42H-
Casado, María Francisca. 2018. “Desecuritización, un concepto en construcción. El regreso al tratamiento de la energía nuclear por los cauces políticos ordinarios en Japón a la luz de Fukushima”. Relaciones Internacionales 38: 59-79. https://revistas.uam.es/index.php/relacionesinternacionales/article/view/8838/9926
Castillo, Alberto, y César Niño. 2020. “El proceso de desecuritización de la doctrina militar en Colombia”. América Latina Hoy 84: 31-47. https://doi.org/10.14201/alh.21021
Collier, Paul, Anke Hoeffler y Måns Söderbom. 2008. “Post-Conflict Risks”. Journal of Peace Research 5 (4): 461-478. https://doi.org/10.1177/0022343308091356
Creswell, John, y David Creswell. 2014. Research Design. Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. Londres: Sage.
Devia-Acevedo, Emerson David. 2025. “Narrativas y subjetividades políticas globales en medios de comunicación digital: análisis de la campaña #SinMiedo”. Palabra Clave 28 (1): 1-30. https://doi.org/10.5294/pacla.2025.28.1.9
Devia-Acevedo, Emerson David. 2023. “Comunicación y participación política de personas en condición juvenil entre 2015 y 2022, en Brasil, México y Colombia”. Tesis doctoral, Universidad de La Salle. https://ciencia.lasalle.edu.co/items/a343e4a0-aee4-481b-a769-b3b216748265/full
Drezner, Daniel. 2022. “The Perils of Pessimism: Why Anxious Nations Are Dangerous Nations”. Foreign Affairs, 21 de junio. https://lc.cx/iCgD_z
Dunn Cavelty, Myriam, y Florian Egloff. 2021. “Hyper-Securitization, Everyday Security Practice and Technification: Cyber-Security Logics in Switzerland”. Swiss Political Science Review 27 (1): 139-149. https://doi.org/10.1111/spsr.12433 Ejército Nacional. 2023. “Plan Ayacucho”, 9 de agosto. https://www.ejercito.mil.co/plan-ayacucho-efectividad-operacional/
Fairclough, Norman. 1995. Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language. Londres: Longman. https://lc.cx/Cw23z5
Fitzgerald, María. 2021. “Aún faltan: los desaparecidos del paro nacional”. Cerosetenta, 2 de noviembre. https://cerosetenta.uniandes.edu.co/aun-faltan-los-desaparecidos-del-paro-nacional/
Gobierno de Colombia. 2019. “Política de defensa y seguridad (PDS) para la legalidad, el emprendimiento y la equidad”. Acceso el 15 de noviembre de 2024. https://www.dni.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/PDS-2019.pdf
Guerra-Molina, René, y Reynell Badillo-Sarmiento. 2021. “Desecuritización y securitización del narcotráfico en el marco del Acuerdo de Paz en Colombia”. URVIO. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad 29: 8-27. https://doi.org/10.17141/urvio.29.2021.4415
Gutiérrez, Francisco. 2020. ¿Un nuevo ciclo de la guerra en Colombia? Bogotá: Penguin Random House.
Gutiérrez-Sanín, Francisco. 2022. “Paramilitary territorial control and patterns of violence against civilians in Colombia: Disappearances in a stable paramilitary fiefdom”. Partecipazione e Conflitto 15 (1): 37-54. https://doi.org/10.1285/i20356609v15i1p37
Hegre, Håvard, y Håvard Mokleiv Nygård. 2014. “Governance and Conflict Relapse”. Journal of Conflict Resolution 59 (6): 984-1016. https://doi.org/10.1177/0022002713520591
Hernández Sampieri, Roberto, y Christian Mendoza Torres. 2018. Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Ciudad de México: McGraw-Hill.
Jiménez Vega, Rafael. 2017. “La Policía Nacional en el posconflicto”. OPERA 20: 85-105. https://doi.org/10.18601/16578651.n20.05
Knudsen, Olav. 2001. “Post-Copenhagen Security Studies: Desecuritizing Securitization”. Security Dialogue 32 (3): 355-368. https://doi.org/10.1177/0967010601032003007
Leal, Francisco. 2011. “Una visión de la seguridad en Colombia”. Análisis Político 73: 3-36. https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/43704/44974
Leal, Francisco. 1992. “Surgimiento, auge y crisis de la doctrina de seguridad nacional en América Latina y Colombia”. Análisis Político 15: 6-34. https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/74379
Ley 2272. 2022. Por medio de la cual se modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014 y 1941 de 2018, se define la política de paz de Estado, se crea el servicio social para la paz, y se dictan otras disposiciones. Bogotá, 4 de noviembre. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=197883
Llorente, María, Andrés Preciado y Andrés Cajiao. 2024. “Paz total: los grupos armados ganan con cara y con sello”. Fundación Ideas para la Paz, 13 de febrero. https://lc.cx/W51de3
Manrique Rueda, Gabriela. 2018. “Working in violence: Moral narratives of paramilitaries in Colombia”. Theoretical Criminology 24 (2): 370-386. https://doi.org/10.1177/1362480618792747
Meger, Sara, y Julia Sachseder. 2020. “Militarized peace: understanding post-conflict violence in the wake of the peace deal in Colombia”. Globalizations 17 (6): 953-973. https://doi.org/10.1080/14747731.2020.1712765
Ministerio de Defensa Nacional. 2023. “Política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana”. Acceso el 8 de noviembre de 2024. https://lc.cx/vYsgxC
Ministerio de Defensa Nacional. 2016. Directiva 015-2016. Caracterización y enfrentamiento a los Grupos Armados Organizados. Bogotá, 2 de abril. https://enlegislacion.com/files/susc/cdj/conc/dirper_mdn_15_16.pdf
Niño, César. 2023. “Seguridad de golpe y golpes de seguridad: análisis crítico sobre la política de seguridad del gobierno Duque en Colombia”. Journal of International Relations 28: 86-104. https://doi.org/10.14422/cir.i28.y2023.006
Niño, César, y Alberto Castillo. 2022. “La transformación de la seguridad en Colombia tras el Acuerdo de Paz con las FARC-EP”. OPERA 30: 79-98. https://doi.org/10.18601/16578651.n30.06
Niño, César, Hugo Guerrero y Jaime Wilches. 2024. “Shared Sovereignties and Criminal Governances in the Context of the Pandemic in Colombia”. Trends in Organized Crime, 5 de junio. https://doi.org/10.1007/s12117-024-09535-3
Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz. 2024. “Masacres en Colombia durante 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024”. Indepaz, 12 de agosto. https://lc.cx/750Z8e
Rangel, Alfredo. 2008. “Colombia: perspectivas de paz y seguridad”. Revista Criminalidad 50 (1): 417-432. http://www.scielo.org.co/pdf/crim/v50n1/v50n1a15.pdf
Ríos, Jerónimo. 2024. “Las polisemias de la paz en Colombia: paz territorial, paz con legalidad y paz total”. Revista de Estudios Políticos 203: 223-250. https://doi.org/10.18042/cepc/rep.203.08
Ríos, Jerónimo. 2020. “¿Una paz fallida? Dificultades de la construcción de paz en Colombia tras el acuerdo con las FARC-EP”. Revista de Estudios Políticos 190: 129-163. https://doi.org/10.18042/cepc/rep.190.05
Ríos, Jerónimo. 2018. “Transformations in the narrative of the Colombian Public Forces within the framework of the armed posconflict: from military victory to territorial peace”. Revista UNISCI 46: 219-234. https://doi.org/10.5209/RUNI.58379
Ríos, Jerónimo, y Heriberto Cairo. 2024. “Elites y discurso político sobre la ‘paz total’ en Colombia”. Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies 49 (3): 344-364. https://doi.org/10.1080/08263663.2024.2360885
Ríos, Jerónimo, y Jennifer Morales. 2022. “El discurso de Iván Duque sobre el acuerdo con las FARC-EP en el escenario internacional”. OPERA 30: 23-42. https://doi.org/10.18601/16578651.n30.07
Rodríguez, Saúl. 2018. “Colombia, internal war, and militarization in a mid-term perspective”. Security Dialogue 49 (1-2): 109-122. https://www.jstor.org/stable/26395260
Rojas, Pedro. 2017. “Doctrina Damasco: eje articulador de la segunda gran reforma del Ejército Nacional de Colombia”. Revista Científica General José María Córdova 15 (19): 95-119. https://doi.org/10.21830/19006586.78
Salazar, Luis Gabriel, Jonas Wolff y Fabián Eduardo Camelo. 2019. “Towards violent peace? Territorial dynamics of violence in Tumaco (Colombia) before and after the demobilisation of the FARC-EP”. Conflict, Security and Development 19 (5): 497-520. https://doi.org/10.1080/14678802.2019.1661594
Schmitt, Carl. 2009. El concepto de lo político. Madrid: Alianza Editorial.
Shire, Mohammed. 2021. “Protection or predation? Understanding the behavior of community-created self-defense militias during civil wars”. Small Wars & Insurgencies 33 (3): 467-498. https://doi.org/10.1080/09592318.2021.1937806
SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute). 2024. “Military expenditure by country as percentage of gross domestic product, 1949-2023”. Acceso el 2 de diciembre de 2024.
Stone, Marianne. 2009. “Security According to Buzan: A Comprehensive Security Analysis”. Security Discussion Papers 1, Columbia University. https://docs.neu.edu.tr/staff/nur.koprulu/Security_for_Buzan.mp3_10.pdf
Tecott Metz, Rachel, y Andrew Halterman. 2021. “The Case for Campaign Analysis: A Method for Studying Military Operations”. International Security 45 (4): 44-83. https://doi.org/10.1162/isec_a_00408
Tittensor, David, Gerhard Hoffstaedter y Adam Possamai. 2020. “Hyper-Securitisation and Belonging: Understanding the Plight of Young Muslims in Melbourne, Australia”. Journal of Muslim Minority Affairs 40 (3): 480-496. https://doi.org/10.1080/13602004.2020.1819127
Uprimny, Rodrigo. 2021. “Protesta, proporcionalidad y bloqueos. A propósito del decreto 575”. Dejusticia, 31 de mayo. https://lc.cx/_hYcUX
Uribe, María. 2022. “Duque celebró captura de ciudadanos rusos por injerencia en disturbios durante el paro nacional”. W Radio, 30 de marzo. https://lc.cx/wERSn0
Valenzuela, Santiago. 2019. “Estas son las motivaciones del paro con las que Iván Duque se ha enredado”. Pacifista, 19 de noviembre. https://pacifista.tv/notas/paro-21-noviembre-razones-porque-protestan/
Van-Dijk, Teun. 2008. Discourse and Context: A Sociocognitive Approach. Cambridge: Cambridge University Press.
Venegas, Álvaro José, y Russell Swenson. 2021. “Evaluando la legitimidad democrática de la inteligencia nacional colombiana”. Ciencia Política 15 (30): 249-297. https://doi.org/10.15446/cp.v15n30.92572
Waever, Ole. 1995. “Securitization and Desecurization”. En On Security, editado por Ronnie Lipschutz, 46-86. Nueva York: Columbia University Press.