Íconos. Revista de Ciencias Sociales
Núm 83. Septiembre - diciembre 2025, pp. 49-65, ISSN (on-line) 1390-8065
DOI: 10.17141/iconos.83.2025.6595
DOSSIER de investigación
¿Apoyo logístico o militarización? Las Fuerzas Armadas argentinas durante la inundación en La Plata
Logistical support or militarization? Argentine armed forces during the floods of La Plata
Dr. Mariano Del Pópolo. Becario postdoctoral. Instituto de Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile).
(mariano.delpopolo@gmail.com) (https://orcid.org/0000-0002-6439-7911) (https://ror.org/04teye511)
Recibido:16/01/2025 • Revisado: 22/04/2025
Aceptado: 24/06/2025 • Publicado: 01/09/2025
Cómo citar este artículo: Pópolo, Mariano del. 2025. “¿Apoyo logístico o militarización? Las Fuerzas Armadas argentinas durante la inundación en La Plata”. Íconos. Revista de Ciencias Sociales 83: 49-65. https://doi.org/10.17141/iconos.83.2025.6595
Resumen
En el presente artículo se analiza el papel de las Fuerzas Armadas argentinas en la respuesta a la inundación de la ciudad de La Plata en 2013, considerada un punto de inflexión en la participación militar en términos de desastres naturales en el país. A través de un enfoque cualitativo y de un estudio de caso, se examinan las implicaciones de esta participación, sus transformaciones institucionales y su relevancia en el contexto del llamado nuevo militarismo latinoamericano. En el texto se resalta cómo las Fuerzas Armadas, en un marco normativo que excluye el uso de la fuerza en estas operaciones, desempeñaron un rol fundamental en tareas logísticas y humanitarias. Además, se analizan los cambios derivados, entre ellos la creación de la Secretaría de Coordinación Militar de Asistencia en Emergencias y las Unidades Militares de Respuesta a Emergencias, que institucionalizaron su rol en los desastres. Este examen revela las tensiones entre la coordinación virtuosa lograda en este caso y las dinámicas jerárquicas inherentes a la participación castrense, enfatizando la performatividad militar en un contexto social marcado por discursos sobre la inseguridad. Se concluye que el caso de La Plata evidencia la forma en que los desastres pueden reconfigurar el papel del personal militar en democracias como la argentina y generar tendencias hacia dinámicas de militarización.
Descriptores: Argentina; desastres naturales; emergencias; Fuerzas Armadas; La Plata; militarización.
Abstract
This article analyzes the role of the Argentine armed forces in responding to the 2013 floods in the city of La Plata, regarded as a turning point in military participation in disaster management in the country. Through a qualitative approach and a case study method, the article examines the implications of this military involvement, its institutional transformations, and its significance in the context of the so-called new Latin American militarism. The study highlights how the armed forces, operating within a normative framework that excludes the use of force in such operations, played a fundamental role in logistical and humanitarian tasks. In addition, it analyzes the resulting changes, such as the creation of the Secretariat for Military Coordination in Emergency Assistance and the Military Units for Emergency Response, which institutionalized their role in disaster response. This analysis reveals tensions between the virtuous coordination achieved in this case and the hierarchical dynamics inherent to military involvement, emphasizing military performativity in a social context shaped by discourses on insecurity. It is concluded that the La Plata case demonstrates how disasters can reshape the role of the military in democracies like Argentina, fostering tendencies toward militarization dynamics.
Keywords: Argentina; disasters; emergencies; armed forces; La Plata; militarization.
1. Introducción
Distintos sucesos ocurridos en los últimos años en la región llamaron la atención de académicos especializados en asuntos militares y de defensa, pues consideran que América Latina atraviesa una nueva etapa de militarismo o militarización (Diamint 2015; Pion-Berlin 2016; Isacson 2021; Robledo 2022). La creciente participación militar en situaciones de desastres, incluso en el marco de la pandemia por la covid-19, puede ser considerada parte de este proceso (Frenkel 2019; Del Pópolo 2022). Sin embargo, a diferencia de otras situaciones de mayor involucramiento del personal militar, la cuestión de los desastres ha recibido menor atención. En este artículo analizo el proceso de creciente participación de esta fuerza en Argentina en situaciones de desastres, con el objetivo de dar cuenta sobre si se enmarca en el llamado nuevo militarismo latinoamericano. Particularmente, me enfoco en el proceso que tuvo lugar a partir de la inundación de La Plata, ocurrida en 2013, y en las consecuencias y transformaciones acaecidas a partir de ello.
Buena parte de la literatura especializada coincide con la idea de que la reemergencia de las fuerzas militares se da en un contexto de ausencia de conflicto interestatal en la región, cuestión que marca la diferencia del militarismo actual con el del siglo XX. Uno de los mayores consensos académicos respecto a esta etapa es que las Fuerzas Armadas ocupan nuevas funciones y un lugar de mayor preponderancia en el rol de aliados de los Gobiernos, a pesar de los diferentes signos políticos que estos puedan tener (Diamint 2015; Battaglino 2015; Pion-Berlin 2016; Robledo 2022). Para Diamint (2015) y Robledo (2022), América Latina se encaminaba a un proceso en el cual las Fuerzas Armadas habían regresado al centro de la esfera política, en un contexto regional de democracia y de ausencia de conflictos interestatales. En particular, los Gobiernos optaron por dar mayor poder a los actores militares en un marco de crisis de la seguridad pública ante el aumento de la criminalidad, que se vio reforzada por la pandemia.
Resulta necesario comprender qué se entiende por “militarización” o “militarismo” desde la perspectiva de los autores mencionados. De acuerdo con Rodríguez Rejas (2023), este concepto suele darse por sentado en las investigaciones sociales, entendiendo que hace referencia a la participación creciente del personal militar en la seguridad pública. Generalmente se asocia con su participación en tareas “que no son propias de la defensa y como reflejo de las relaciones de poder en un campo social de condiciones” (Rodríguez Rejas 2023, 193). Lo anterior se refiere a la falta de instituciones estatales civiles para dar respuesta a determinadas situaciones, lo que conlleva una mayor presencia militar.
Para Diamint (2015), el nuevo militarismo se caracteriza por un retorno de estas fuerzas al centro de la esfera política en calidad de aliados y de soporte de diversos Gobiernos de la región. Cada vez más ocupan funciones de carácter domésticas y policiales, dando lugar a una dinámica en la que las autoridades civiles se vuelven más dependientes para garantizar la seguridad pública. Robledo (2022) señala que la región enfrenta una nueva ola de ampliación de prerrogativas militares en el marco de una creciente crisis de seguridad pública. Desde su perspectiva, esta crisis llevó a que los Gobiernos las “convoquen” con el fin de reproducir el orden vigente, no solo para dar respuesta a la crisis de seguridad pública, sino también para obtener respaldo político.
Buena parte de la bibliografía mencionada no tiene en cuenta la incidencia regional de Estados Unidos en América Latina ni la promoción de la agenda de las nuevas amenazas que esta nación lleva a cabo en el continente. Esta cuestión fue desarrollada por otros autores que plantearon que la agenda de las nuevas amenazas derivó en casos de militarización de la seguridad pública y que tiende a la militarización de todas las problemáticas que son enmarcadas bajo esta denominación. Según López (2004), por nuevas amenazas a la seguridad no solo se hace referencia a al narcotráfico, al crimen organizado o al terrorismo, también se denomina así a los desastres, las pandemias, las epidemias, la migración y a la pobreza (López 2004; Saint-Pierre 2004). La investigación de Rodríguez Rejas (2017) evidencia que en algunos países, por ejemplo, México, esta tendencia a la militarización de la seguridad pública se remonta a la década de los 90 y cuenta con claros antecedentes, entre ellos la Iniciativa Mérida o el Plan Colombia.
Cardinale (2018) ha demostrado que dicho accionar ante las nuevas amenazas, incluyendo el involucramiento de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior, es una tendencia que Estados Unidos promueve en toda la región. Mientras que Frenkel (2019) y Frenkel y Scrimizzi (2024) han señalado la importancia de la institucionalidad militar y de defensa vinculada a la Organización de Estados Americanos (OEA) en la promoción de la agenda de las nuevas amenazas y su militarización, particularmente en lo referido a la participación en desastres.
El caso argentino recibió menor notoriedad, aunque diversos autores señalan que el país no estuvo exento de la tendencia (Sain 2018; Frederic 2020). La participación de las Fuerzas Armadas de Argentina en la lucha contra el narcotráfico en la frontera norte se profundizó notoriamente en 2013 con el lanzamiento de los operativos Fortín II y Escudo Norte, que implicaron el despliegue de 1500 efectivos en la frontera con Paraguay y Bolivia para realizar tareas de patrullaje y apoyo a la Gendarmería Nacional (Sain 2018; Frederic 2020). Si bien estas medidas recibieron críticas, fundamentalmente por parte de sectores de izquierda, por implicar una militarización de la frontera y de la seguridad interior (Frederic 2020), las tareas realizadas por las fuerzas en el marco de los mencionados operativos se encontraban dentro de las llamadas misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas de Argentina, que, de acuerdo con la Ley de Defensa Nacional (Ley 23.554/1988) y con sus decretos reglamentarios (Decreto 727/2006; Decreto 1691/2006), resultaban complementarias de la misión principal (repeler toda agresión externa estatal).
Dentro de las misiones subsidiarias se enlistan cuatro: participar en el marco de las operaciones multilaterales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), apoyar las operaciones de seguridad interior, las de la comunidad nacional o de países amigos y construir un sistema de defensa subregional (Decreto 1691/2006). Durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) se encomendaron diversos operativos a las Fuerzas Armadas, entre ellos el derribo de aviones furtivos o vinculados al narcotráfico, los cuales profundizaron la proposición de militarizar la frontera y la intervención militar en asuntos de seguridad interior (Decreto 228/2016; Sain 2018). El gobierno de Macri hizo un mayor uso de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico enfocándose en las tareas de seguridad interior, mientras que cuando el peronismo retomó el poder en 2019, en el marco de la pandemia de la covid-19, convocó a las fuerzas militares para brindar apoyo a la comunidad.
En este contexto, el Ministerio de Defensa lanzó la operación General Belgrano, que implicó el despliegue de más de 97 000 militares en 14 zonas de emergencia con el fin de intensificar las tareas de apoyo a los esfuerzos del Gobierno para enfrentar la emergencia sanitaria (Anzelini 2022). En los estudios sobre defensa en Argentina ha recibido escasa atención el tema de la participación militar en situaciones de desastres o emergencias antes de la covid-19. En este sentido, es posible afirmar que existe una vacancia en la literatura académica especializada a pesar de la creciente relevancia que adquirió la cuestión de los desastres o emergencias en los asuntos militares en Argentina, tanto por los despliegues realizados como por el desarrollo doctrinario e institucional que se ha suscitado en la materia a partir de la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional en el año 2006.
Particularmente, la inundación de la ciudad de La Plata en el año 2013 marcó un parteaguas en la materia por el despliegue que se realizó para la ocasión y por las consecuencias institucionales posteriores a la participación del Ejército en respuesta a la inundación. En el presente artículo me propongo no solo demostrar que, por sus consecuencias, tal participación significó un punto de inflexión en la misión subsidiaria de las Fuerzas Armadas como parte del apoyo a la comunidad, sino también discutir si dicha participación puede incluirse dentro del proceso de creciente militarización en Argentina.
2. Metodología y estructura del artículo
La metodología propuesta es el estudio de caso, que forma parte del paradigma de investigación cualitativa (Vasilachis 2006). Por estudio de caso me refiero a una investigación empírica, fundamentalmente cualitativa, que busca estudiar un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto específico, basando la investigación en múltiples fuentes de evidencia y beneficiándose del desarrollo de postulados teóricos que guían la recolección y el análisis de los datos.
La elección del caso se fundamenta en la evidencia recolectada de forma preliminar, que, a través de la observación, permitió identificar un punto de inflexión en materia de desastres tras la inundación de La Plata que daría lugar a modificaciones institucionales entre las que se encuentran la creación de la Secretaría de Coordinación Militar en Emergencias del Ministerio de Defensa (Decreto 636/2013) o la creación de la Dirección Militar de Asistencia en Emergencias del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (Resolución 128/2014). También se fundamenta en la vacancia teórica que se registra debido a la falta de investigaciones sobre este proceso y sus antecedentes y a la existencia de algunos trabajos que analizan parcialmente la cuestión. Finalmente, cabe mencionar que el caso argentino tiene una particular especificidad por ser uno de los países que ha sostenido las últimas tres décadas, sin modificaciones, una normativa que excluye a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad interior.
Respecto a la delimitación temporal, aunque en el artículo se analiza la inundación de La Plata y sus consecuencias en los años siguientes, también se ahonda en sus antecedentes. Por un lado, tenemos la conformación del Sistema Federal de Emergencias (SIFEM) en 1999 (Decreto 1250/1999) –principal órgano del Estado y encargado de situaciones de desastres–, y por otro, la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional en 2006 (Decreto 727/2006). Además, resulta importante mencionar los decretos reglamentarios y las resoluciones que hacían referencia a las misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas, y particularmente a la de ayudar a la comunidad (Resolución 121/2006; Resolución 399/2007), dentro de la que se encuadra su participación cuando ocurren desastres.
Teniendo en cuenta lo anterior, se emplearon distintas técnicas de investigación para la recolección y el análisis de los datos. El diseño metodológico combinó el trabajo de archivo, el análisis de prensa y las entrevistas semiestructuradas en profundidad, con el objetivo de triangular la información obtenida y de reforzar la validez del estudio, lo que permitió identificar convergencias, contradicciones y matices entre las fuentes. El trabajo de archivo incluyó la revisión de decretos, resoluciones ministeriales y documentos del Estado Mayor Conjunto vinculados a la reglamentación de la misión de apoyo a la comunidad. Esta información se complementó con un análisis de contenido de medios de comunicación de alcance nacional –principalmente Clarín, y en menor medida La Nación y Página 12–, que permitió reconstruir cronologías, identificar actores y captar discursos públicos.
Durante la etapa de recolección y análisis se realizaron entrevistas semiestructuradas en profundidad a informantes clave, principalmente a funcionarios y funcionarias y a militares en activo o retirados. El criterio de selección se basó en la trayectoria de las personas entrevistadas como decisores relevantes, ya fuera durante la respuesta a la inundación de La Plata en 2013 o en los años posteriores. En total se llevaron a cabo cuatro entrevistas que aportaron información significativa al estudio. Se entrevistó a un general que fue designado comandante de la zona de emergencia de la ciudad de La Plata durante la inundación y estuvo a cargo del despliegue militar de ayuda a la comunidad; a una funcionaria de la Subsecretaría de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad y que fue posteriormente nombrada secretaria de Coordinación Militar de Asistencia en Emergencias; y a otro funcionario de la misma área del Ministerio de Defensa que estuvo en el cargo entre 2013 y 2015.
Finalmente se realizó una entrevista conjunta a dos funcionarias que fueron asesoras en el SIFEM entre 2001 y 2002 y posteriormente fueron designadas autoridades de la Secretaría de Coordinación Militar en Emergencias del Ministerio de Defensa entre 2019 y 2023. Si bien estos testimonios refieren a un periodo anterior a la inundación de La Plata, se recuperó su aporte para comprender el funcionamiento institucional del SIFEM en una etapa formativa de dicho sistema.
A partir de este trabajo de recolección de información, en el artículo se busca dar cuenta del objetivo a través de cuatro secciones más. Luego de esta sección se abordan los antecedentes institucionales sobre la participación militar en desastres en Argentina, desde la creación del SIFEM hasta la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional y del primer decreto reglamentario sobre dicha participación (año 2006).
Luego, se da cuenta del rol de las fuerzas militares en la inundación de La Plata en 2013 mediante fuentes documentales, entrevistas y notas de prensa. También se analizan los cambios institucionales ocurridos tras las inundaciones: la creación de la Secretaría de Coordinación Militar de Asistencia en Emergencias del Ministerio de Defensa, la Dirección Militar de Asistencia en Emergencias del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y las Unidades Militares de Respuesta a Emergencias, a raíz de las llamadas lecciones aprendidas de la inundación de La Plata. Finalmente, en las conclusiones se pone en discusión lo inferido a través de la exposición de las fuentes y los análisis respecto a si la etapa atravesada por Argentina a partir de 2013 en materia de participación militar en desastres puede enmarcarse en un proceso de militarización de la cuestión.
3. Del Sistema Federal de Emergencias a la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional
El 28 de octubre de 1999, bajo el ámbito de la jefatura del Gabinete de Ministros para abordar los desastres “de origen natural, antrópico y tecnológico”, se creó el SIFEM (Decreto 1250/1999). El objetivo principal era generar un ámbito de coordinación dirigido a evitar o reducir la pérdida de vidas humanas, los daños materiales y las perturbaciones sociales y económicas causadas por fenómenos de origen natural o antrópico.
Sin embargo, el SIFEM no se consolidó pues no logró operativizarse y ponerse en funcionamiento. Cinco años después de su creación ocurrió una de las más importantes inundaciones que tuvo Argentina en sus últimas tres décadas, en la ciudad de Santa Fe. De acuerdo con Negri y Zagalsky (2005), el SIFEM no se encontraba activo en ese momento y no había cumplido sus objetivos: la elaboración de sistemas de alerta temprana y de mapas de riesgo. Además, una de las principales críticas al sistema fue su falta de adecuación a los enfoques internacionales, entre ellos al Marco de Acción de Hyogo 2005-2015. Una asesora del SIFEM entrevistada para esta investigación señaló que el fracaso de la institución comenzó cuando pasó de ser un organismo centrado en la mitigación (según se contemplaba en su creación) a uno enfocado en la respuesta.
Hicimos un organismo que nacía para la mitigación y lo primero que cubre es un área de respuesta, donde ponen a un coronel en la actividad, a Menéndez. Ya ahí fracasó, y estaba la jefatura del Gabinete de Ministros, nosotros estábamos en la jefatura del Gabinete de Ministros en el cual nos dimos cuenta que era tan poco operativa para la respuesta (entrevista a asesora del SIFEM, Buenos Aires, 16 de septiembre de 2022).
Según Anzelini, Poczynok y Zacarías (2017), la creación de la Secretaría de Coordinación Militar de Manejo en Emergencias en 2013 (Decreto 636/2013) se debió a la ineficacia del SIFEM, que nuevamente había quedado expuesto tras la inundación de La Plata.
En lo que refiere al sector defensa, la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional (Decreto 727/2006) habilitó que se avanzara en la reglamentación de otras misiones de las Fuerzas Armadas, particularmente en aquellas consideradas subsidiarias. La Resolución 121 de 2006, publicada por el Ministerio de Defensa, establecía que el sector poseía una “capacidad dual” que podía ser puesta al servicio de la población, con el objetivo de mantener o restituir sus condiciones normales de vida ante situaciones de emergencia social o desastres naturales (Resolución 121/2006).
La designación se realizó casi siete años después de la creación del SIFEM y establecía que el jefe del Estado Mayor Conjunto debía coordinar las operaciones y las actividades de apoyo a la comunidad ante situaciones de emergencia social o catástrofes cuando las autoridades del Ministerio de Defensa determinaran que las Fuerzas Armadas debían actuar en ese contexto. Además, ordenaba la creación por parte del Estado Mayor Conjunto de una “directiva conjunta para el accionar de las Fuerzas Armadas empeñadas en misiones de apoyo a la comunidad” que debería ser elevada a la Secretaría de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa (Resolución 121/2006, 3).
Así, la participación de las Fuerzas Armadas en situaciones de desastres naturales fue reglamentada siete años después de la creación del SIFEM. Debido a la inactividad de este sistema, los documentos doctrinarios elaborados por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, denominados “protección civil”, asignaron al Ministerio de Defensa la responsabilidad de comunicar a las Fuerzas Armadas los requerimientos durante una emergencia.
4. La inundación en La Plata del año 2013
Durante el 2 y el 3 de abril una intensa lluvia afectó la ciudad de La Plata y sus alrededores, provocando una histórica inundación en la capital de la provincia en la que 89 personas perdieron la vida. Las capacidades del Gobierno municipal se vieron sobrepasadas por la magnitud del temporal, lo que llevó a que la respuesta ante la inundación fuera coordinada fundamentalmente por las autoridades provinciales y nacionales.
La funcionaria entrevistada, que en ese momento integraba la Subsecretaría de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad, señala que además de las distintas áreas del Estado que participaron en la respuesta, también hubo voluntarios, organizaciones sociales, políticas y ONG. También destaca que, a diferencia de casos anteriores, la articulación entre las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles que participaron fue “virtuosa”, lo que tuvo una incidencia directa en la posterior creación de la Secretaría de Emergencias en el Ministerio de Defensa, en junio de 2013 (entrevista a exfuncionaria del Ministerio de Seguridad, Buenos Aires, 27 de mayo de 2021).
En un mismo sentido, la exfuncionaria destacaba la articulación entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad a la hora de participar en el operativo posterior a las inundaciones. “Estaba la Gendarmería, porque tenía que dar seguridad por la noche. Cualquier camión del Ejército debía ser acompañado por fuerza federal. O sea, por Gendarmería o Policía. Porque bueno, no usaban armas. Y los militares no querían salir sin la ayuda de las fuerzas federales en general” (entrevista a exfuncionaria del Ministerio de Seguridad, Buenos Aires, 27 de mayo de 2021).
Un general actualmente retirado fue designado comandante de la zona de emergencia de La Plata por el jefe del Estado Mayor Conjunto tras el pedido del Ministerio de Defensa para el empleo de las Fuerzas Armadas ante la inundación. Él recuerda que en el marco de una situación “caótica” se le solicitó apoyo militar en las tareas de rescate y que proporcionaran camiones Unimog y otros medios que se necesitaban. El general dio una primera autorización “para todo lo que sea necesario”, siempre y cuando los medios militares fueran manejados por personal militar (entrevista a general retirado, Buenos Aires, 28 de diciembre de 2022).
De acuerdo con una nota publicada por la agencia estatal de noticias Télam, alrededor de 1200 efectivos del Ejército participaron en la respuesta a la inundación y en tareas de entrega de raciones de alimentos y de agua potable, de remoción de escombros y de evacuación de personal, entre otras. Para el operativo de respuesta se emplearon 50 camiones, 16 camiones volcadores, 15 vehículos multipropósito Unimog, dos ómnibus, cuatro ambulancias y se incorporaron palas mecánicas del Ejército y de la Fuerza Aérea. Además, el texto destaca que la Fuerza Aérea trasladó frazadas, colchones y víveres pertenecientes a la organización pastoral Cáritas San Miguel a Cáritas La Plata (Télam 2013).
Una de las funcionarias entrevistadas destacó la experiencia de cooperación entre las Fuerzas Armadas y las organizaciones de la sociedad civil, no solo del caso de Cáritas, sino también de organizaciones políticas entre las que se encontraban La Cámpora y Unidos y Organizados (entrevista a exfuncionaria del Ministerio de Seguridad, Buenos Aires, 27 de mayo de 2021). Se creó una red con la Facultad de Periodismo, Cáritas, la Cruz Roja y con espacios nucleados en Unidos y Organizados, cuyos locales se utilizaron para la carga y descarga de donaciones. El general entrevistado también resaltó la articulación con las organizaciones de la sociedad civil, que según el entrevistado “funcionó a la perfección. Los primeros días era ver la cantidad de gente que había sido afectada en forma directa, había perdido todas sus cosas, sus bienes y terminan alojándose en algunos centros de evacuados” (entrevista a general retirado, Buenos Aires, 28 de diciembre de 2022). Además, aclaró que la articulación fue fundamentalmente en “la distribución de comida, distribución de víveres y objetos donados, carga y descarga en los centros de distribución, apoyo de carpas, guarda temporaria de alimentos y materiales donados en depósitos. Ocupamos un parque completo con donaciones” (entrevista a general retirado, Buenos Aires, 28 de diciembre de 2022).
Los principales diarios de alcance nacional –fundamentalmente Clarín y La Nación, opositores al Gobierno nacional de esa época– prestaron especial atención a las situaciones conflictivas que se desarrollaron durante la inundación. Ambos calificaron de “piquetes” las manifestaciones y los cortes de calles llevados a cabo por personas que demandaban una respuesta urgente del Estado en forma de asistencia y recursos. Además, se refirieron a “saqueos” ocurridos en la ciudad de La Plata. Por ejemplo, el 3 de abril el diario Clarín publicó una nota titulada “Hubo saqueos antes de la llegada de Cristina a La Plata” (Clarín 2013a), refiriéndose al ingreso de un grupo de personas al depósito de un supermercado. Dos días después, el mismo diario informó de un “saqueo” a dos camiones con donaciones, situación en la cual un policía resultó herido debido a un balazo en el pie (Clarín 2013b). Según Clarín, la policía reprimió el ataque deteniendo a seis personas. Respecto a esta situación, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, se refirió a los hechos diciendo que se trataban de grupos minúsculos, descartando una situación generalizada y afirmó que eran hechos delictivos comunes y menores (La Nación 2013a).
La cuestión de la seguridad tuvo relevancia también en el discurso oficial del Gobierno. La entonces presidenta de la nación señaló que tras conversar con vecinos y vecinas que sufrieron afectaciones comprendía que el temor por la noche era el sentimiento generalizado, transmitiendo esa inquietud al ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal (La Nación 2013b). Así, en los medios de comunicación y parcialmente en el discurso gubernamental, se mostró preocupación por la seguridad y por los posibles saqueos. En un sentido similar, la exfuncionaria del Ministerio de Seguridad entrevistada señaló que el Ejército no quería salir por la noche sin el acompañamiento de las fuerzas de seguridad, pues los militares no portaban armas y tenían prohibido el uso de la fuerza (entrevista a exfuncionaria del Ministerio de Seguridad, Buenos Aires, 27 de mayo de 2021).
Al respecto, resulta importante recordar que el rol de las Fuerzas Armadas en la respuesta ante los desastres, de acuerdo con la legislación nacional, debe limitarse a tareas logísticas y de apoyo a la comunidad, que van desde entregar alimentos hasta la búsqueda de personas. La legislación nacional prohíbe que el personal militar haga uso de la fuerza en este tipo de operaciones; las Fuerzas Armadas son desplegadas sin armamento. En este sentido, podría recuperarse la categoría performatividad militar[i] desarrollada en trabajos anteriores (Del Pópolo 2024a, 2024b).
La imposibilidad de hacer uso de la fuerza podría entenderse, por parte del mismo personal militar, como una limitación a esta performatividad. Así, el pedido de salir por las noches –momento considerado peligroso o de eventuales situaciones de violencia– acompañado por integrantes de las fuerzas de seguridad para que garantizaran su integridad podría entenderse como una forma de reproducir o hacer efectiva dicha performatividad. Es decir, ante la imposibilidad de garantizar su propia seguridad, pero también de disciplinar el accionar considerado ilegal o violento y que pudiera poner en jaque la autoridad militar, la presencia de la Gendarmería o de la Policía sería un “complemento” que hiciera efectiva la performatividad militar en su rol de dinámica disciplinadora, fundamentalmente ante un relato que hacía énfasis en la problemática de la inseguridad.
El diario Clarín reforzó el pánico o el temor a la violencia y la posibilidad de ataques contra la propiedad privada mediante narrativas de “saqueos” producidos durante el desastre. Un abordaje similar presentó La Nación, medio de comunicación que publicó una nota el 5 de abril titulada “El fantasma de los saqueos, entre la realidad y los rumores” (Lalaurette 2013), en la que se describía un “ambiente pesado” y cargado de temor entre los vecinos de La Plata, quienes sentían miedo por la posibilidad de que ocurrieran hechos de ese tipo. El 6 de abril el propio medio publicó una nota titulada “Tensión latente por el temor a los saqueos y a los piquetes” (Sagasti 2013). La Nación planteó un enfoque similar a Clarín, publicando dos notas más sobre los saqueos y el policía herido en ese contexto (La Nación 2013a, 2013b).
Finalmente, La Nación publicó una nota sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en las inundaciones donde se indicaba que se destinaron 131 soldados a labores de rescate, pero también a “tareas de seguridad en el barrio Mitre”, donde “se designó una dotación de cuatro soldados del Regimiento de Infantería 1 Patricios, para colaborar con tareas de seguridad” (La Nación 2013b, párr. 3). Luego señaló la presencia de personal de la Gendarmería y de la Prefectura para el mismo fin. Esto contradice la información brindada por las autoridades militares y por el Ministerio de Defensa respecto al rol de las Fuerzas Armadas en las inundaciones. Además, en el documento acerca de las lecciones aprendidas, texto que describe lo realizado durante el despliegue, no se contemplan las tareas de seguridad. Por su parte, el general entrevistado negó la información publicada por el diario, señalando que las tareas realizadas por los militares fueron exclusivamente las detalladas en el documento donde se recogen las lecciones aprendidas (entrevista a general retirado, Buenos Aires, 28 de diciembre de 2022).
Las autoridades militares y gubernamentales entrevistadas no dieron mayor relevancia a las situaciones de violencia o a los saqueos a la hora de reponer su experiencia en la respuesta a las inundaciones. Mientras que la única referencia proporcionada por la exfuncionaria del Ministerio de Seguridad al respecto fue la mención a que el Ejército pedía salir con custodia de las fuerzas de seguridad por las noches, pero sin mencionar ningún hecho en particular, mientras el general retirado entrevistado destacó que el Ejército no tuvo que enfrentarse a ninguna situación violenta.
5. Reconfiguración institucional tras la inundación en La Plata
Las autoridades gubernamentales y militares evaluaron la participación de las Fuerzas Armadas en la respuesta a la inundación y la consideraron un caso “virtuoso” (entrevista a exfuncionaria del Ministerio de Seguridad, Buenos Aires, 27 de mayo de 2021), positivo y de “funcionamiento perfecto” en la articulación con la sociedad (entrevista a general retirado, Buenos Aires, 28 de diciembre de 2022). La experiencia de La Plata dio lugar a cambios institucionales en materia de participación de las Fuerzas Armadas en la respuesta a desastres que podemos sintetizar en una jerarquización de las tareas para su personal, aunque con énfasis en el control civil y en la articulación entre militares y el Ministerio de Defensa en la preparación y en la respuesta, buscando dar lugar a un paradigma donde se tuviera en cuenta la participación de la sociedad civil.
La primera decisión tras la inundación de La Plata fue la creación de la Secretaría de Coordinación Militar de Asistencia en Emergencias del Ministerio de Defensa (Decreto 636/2013). En palabras de una de las entrevistadas, el objetivo central de la Secretaría era producto de “una necesidad de coordinación de muchas tareas que ellos venían haciendo” (entrevista a exfuncionaria del Ministerio de Seguridad, Buenos Aires, 27 de mayo de 2021). Esta exfuncionaria estuvo seis meses en el cargo, hasta que fue promovida al frente del Ministerio de Seguridad y Roberto Corti ocupó su lugar. En una entrevista realizada a un exfuncionario del Ministerio de Defensa, este señaló que el objetivo de crear la Secretaría fue “mejorar la sincronización y la articulación entre civiles y militares, y a partir de ello, dotar a las unidades de las Fuerzas Armadas con equipamiento adecuado para responder ante desastres o emergencias” (entrevista a exfuncionario del Ministerio de Defensa, Buenos Aires, 25 de julio de 2022).
Un año después de la creación de la Secretaría se instauró la Dirección Militar de Asistencia en Emergencias (DIMAE) (Resolución 128/2014) a cargo del Comando Operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, una instancia encargada de coordinar los requerimientos que se hicieran a las Fuerzas Armadas por parte del Ministerio de Defensa en caso de que estas tuvieran que participar en la respuesta a un desastre. Así, la DIMAE se convirtió en una dirección “espejo” de la Secretaría del Ministerio de Defensa en el Estado Mayor Conjunto, un ámbito específico para abordar las respuestas a los desastres con el fin de articularse con el Ministerio de Defensa a través de la Secretaría. Así lo describió el general entrevistado:
De hecho, se conformaron las UMRE, el EMC tiene una Dirección, la DIMAE, que tiene una vinculación con el Ministerio de Defensa, que este conformó una Secretaría. Evidentemente creo que las inundaciones de La Plata fueron un punto de inflexión en esta cuestión. En el cambio institucional y doctrinario creo que sí (entrevista a general retirado, Buenos Aires, 28 de diciembre de 2022).
Por otra parte, las personas entrevistadas coinciden en que otra consecuencia de las inundaciones de La Plata fue la creación de las Unidades Militares de Respuesta a Emergencias (UMRE) (Resolución 297/2014). Esto es particularmente mencionado en el documento de las lecciones aprendidas de la inundación de La Plata, redactado por el general retirado en su rol de comandante de la zona de emergencia, en el que se menciona el carácter específico de la misión. Ante esto, en el documento se señala la necesidad de organizar una fuerza de emergencia conjunta de carácter permanente.
Desde la perspectiva del exfuncionario del Ministerio de Defensa, la creación de las UMRE fue una respuesta a un problema presupuestario que debían afrontar las Fuerzas Armadas para participar en la respuesta a desastres, ya que al ser una misión subsidiaria no se podía utilizar presupuesto específico para esto o realizar compras de equipamientos para otra misión que no fuera la principal (entrevista a exfuncionario del Ministerio de Defensa, Buenos Aires, 25 de julio de 2022). Además, los exfuncionarios de los ministerios de Seguridad y Defensa señalan que entre 2013 y 2015 se realizaron capacitaciones y se desarrollaron mecanismos de prevención y preparación para desastres entre los que se pueden destacar los mapas de riesgo, los sistemas de alerta temprana y los mapas de vulnerabilidades (entrevista a exfuncionaria del Ministerio de Seguridad, Buenos Aires, 27 de mayo de 2021).
Asimismo, quienes estuvieron al frente de la Secretaría planteaban la necesidad de articularla con la sociedad civil durante la respuesta a desastres, tomando de ejemplo el caso de La Plata. La intención de institucionalizar esta idea de articulación entre militares, organismos gubernamentales y sociedad civil, quedó plasmada en el Decreto 1956 de 2014, donde se hace mención a la necesidad de profundizar esta forma de trabajo.
6. Conclusiones
La literatura académica especializada en asuntos de defensa ha prestado notable atención a un proceso de militarización o nuevo militarismo en América Latina, caracterizado por la ampliación de las misiones o prerrogativas militares. Ello implica el involucramiento de esta fuerza en nuevas misiones, generalmente asociadas a asuntos de seguridad, así como un mayor acompañamiento a diversos Gobiernos de la región. Esto colocó al personal militar en el centro de la escena política en algunos países del continente.
En Argentina se registró su creciente involucramiento en misiones de apoyo a la lucha contra el narcotráfico a partir de 2013, lo cual se profundizó con la llegada al poder de Mauricio Macri en 2015. Mientras que este proceso recibió considerable atención por parte de quienes se especializan en asuntos de defensa, la participación militar en desastres no ha sido estudiada con la misma profundidad. La reglamentación de la Ley de Defensa Nacional en 2006 y, con ello, el decreto sobre el rol de las fuerzas militares en la misión de apoyo a la comunidad, dentro del que se enmarca su participación en los desastres, implicó un primer avance en la cuestión, signado por la falta de funcionamiento del SIFEM.
Sin embargo, el mayor operativo de participación de los militares en una situación de desastre, desde la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional, marcó un parteaguas en la cuestión: la inundación de La Plata en el año 2013 puso a las Fuerzas Armadas en disposición de formar parte de las operaciones de respuesta al desastre. Las fuentes consultadas destacan los grados de cooperación y articulación entre las autoridades gubernamentales, el personal militar y los actores de la sociedad civil; su accionar se convirtió en un ejemplo paradigmático de coordinación virtuosa en la materia. Un análisis más detallado de su participación permite comprender que, aunque realizaron tareas humanitarias y logísticas, el involucramiento de las Fuerzas Armadas en este tipo de eventos no puede escapar a las dinámicas jerárquicas del poder y a sus efectos disciplinarios, puesto que representan el poder disciplinario estatal.
En un contexto signado por discursos en torno a la inseguridad, los piquetes y los saqueos, el accionar militar, vedado del uso de la fuerza, fue acompañado por otros actores de la seguridad, lo que se puede interpretar como una forma de dar mayor efectividad a lo que denominamos performatividad militar. Es decir, los discursos mediáticos expresaban una expectativa que existía en ciertos sectores de la sociedad respecto al despliegue militar en un marco donde se buscaba imponer un discurso centrado en la inseguridad. Así, el despliegue de las Fuerzas Armadas era asumido, por ejemplo, por el diario La Nación, como una respuesta a la problemática de los saqueos.
El accionar militar implicado en la inundación constituye un ejemplo de su involucramiento en desastres o emergencias, lo que derivó en transformaciones institucionales tendientes a consolidar su rol en los desastres. Primero se manifestó en la creación de la Secretaría de Coordinación Militar de Asistencia en Emergencias del Ministerio de Defensa, luego en la Dirección Militar de Asistencia en Emergencias del Estado Mayor Conjunto y finalmente en las Unidades Militares de Respuesta a Emergencias. Así, se abría una etapa en la que las fuerzas castrenses pasaban a cumplir un rol de mayor preponderancia en la respuesta a los desastres con toda una institucionalidad novedosa dedicada a esta cuestión. A su vez, se buscaba consolidar un paradigma que el funcionariado de la época consideró que se aplicó positivamente en la inundación, basado en la coordinación entre autoridades civiles y militares y en la participación de la sociedad civil.
Al respecto, es posible señalar que esta nueva institucionalidad implicaba consolidar las prerrogativas militares en la misión de apoyo a la comunidad y su participación en desastres, pero con coordinación y supervisión de las autoridades civiles. De esta forma, el proceso que atravesó Argentina a partir del caso de La Plata puede considerarse parte de una tendencia regional de avance de las nuevas misiones, entendiendo que, además, en el ámbito hemisférico vinculado a la OEA las discusiones tendían a promover la militarización de la cuestión.
En el marco del nuevo militarismo latinoamericano, caracterizado por la ampliación de prerrogativas militares y la inserción de los ejércitos en roles de seguridad pública y apoyo a la comunidad, su participación en desastres puede ser interpretada como un fenómeno ambivalente. Por un lado, evidencia la capacidad estatal para responder a emergencias mediante una coordinación eficaz entre civiles y militares. Por otro, refleja un proceso de militarización incremental donde los límites entre las funciones de seguridad y asistencia humanitaria se difuminan.
Una reflexión crítica sobre este proceso permite identificar riesgos potenciales para las democracias de la región. La institucionalización de funciones militares en ámbitos tradicionalmente civiles podría legitimar su protagonismo en esferas públicas más amplias a través de la delegación progresiva de competencias civiles en autoridades militares. Esto resulta potencialmente problemático no solo por la ampliación de las prerrogativas militares, sino también porque puede debilitar las agencias estatales civiles especializadas e incluso conducir a su desplazamiento, lo cual dejaría sus funciones bajo el control militar. En áreas como la gestión de desastres o la defensa civil esto puede traducirse en una sustitución efectiva de capacidades civiles por estructuras y lógicas propias del ámbito militar.
En conclusión, el caso de La Plata ilustra la manera en que los desastres pueden convertirse en escenarios clave para la reconfiguración del papel de las Fuerzas Armadas en las democracias latinoamericanas. Este análisis no solo contribuye a entender las dinámicas de militarización en el contexto argentino, también ofrece una perspectiva crítica y necesaria sobre los desafíos y riesgos que estos procesos representan para la región.
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Notas