Íconos. Revista de Ciencias Sociales
Núm 83. Septiembre - diciembre 2025, pp. 15-31, ISSN (on-line) 1390-8065
DOI: 10.17141/iconos.83.2025.6611
DOSSIER de investigación
El rol de Estados Unidos en la remilitarización de América Latina y el Caribe
The role of the United States in the re-militarization of Latin America and the Caribbean
Dra. Loreta Tellería-Escobar. Investigadora. Observatorio de Democracia y Seguridad (Bolivia).
(loretatelleria@yahoo.es) (https://orcid.org/0000-0001-6260-4756)
Recibido: 20/01/2025 • Revisado: 12/05/2025
Aceptado: 26/06/2025 • Publicado: 01/09/2025
Cómo citar este artículo: Tellería-Escobar, Loreta. 2025. “El rol de Estados Unidos en la remilitarización de América Latina y el Caribe”. Íconos. Revista de Ciencias Sociales 83: 15-31. https://doi.org/10.17141/iconos.83.2025.6611
Resumen
En este artículo se aborda la remilitarización de América Latina y el Caribe desde una dimensión complementaria que da cuenta del regreso de la influencia militar a la escena política de la mano de Gobiernos civiles. Sin desconocer la presencia histórica del militarismo y de la militarización en la región y sus características endógenas, se visibiliza el rol que ha jugado Estados Unidos en su desarrollo durante los siglos XX y XXI. Durante los últimos años se identifica el surgimiento de una nueva estrategia de seguridad implementada en el gobierno de Joe Biden: la disuasión integrada. Se trata de una estrategia multidominio y multidimensional de carácter militar, capaz de articular una serie de actores y mecanismos con el objetivo de conservar la hegemonía norteamericana en la región frente a la creciente influencia de China y Rusia. Mediante una revisión de documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos, se constata que el Comando Sur de este país ha iniciado una cruzada bajo el mencionado enfoque en la que despliega acciones en diversos ámbitos; entre ellas están las inversiones chinas, la influencia comunicacional rusa y la securitización de la agenda política de países en crisis, como es el caso de Ecuador. Se concluye que todo esto desemboca en efectos adversos para las democracias latinoamericanas en materia de búsqueda de seguridad, soberanía e institucionalidad militar.
Descriptores: América Latina y el Caribe; China; Comando Sur; disuasión integrada; militarismo; militarización.
Abstract
This article covers the re-militarization of Latin America and the Caribbean from a complimentary space that addresses the return of military influence in the political sphere among civilian governments. Without overlooking the historical presence of militarism and militarization in the region and its endogenous characteristics, the role that the United States has played is highlighted during the 20th and 21st centuries. In recent years, the rise of a new strategy of security implemented by the government of Joe Biden is identified: Integrated Deterrence. It is a multidomain and multidimensional military strategy capable of articulating a series of actors and mechanisms with the objective of conserving North American hegemony in the region in the face of growing influence from China and Russia. Through a revision of official documents of the United States government, it is shown that the Southern Command of this country has begun a crusade within this framework in which actions unfold in diverse areas, among which include Chinese investments, Russian communications influence, and the securitization of the political agenda of countries in crisis, as is the case of Ecuador. It is concluded that all of this leads to adverse effects for Latin American democracies interested in security, sovereignty, and military institutionality.
Keywords: Latin America and the Caribbean; China; Southern Command; integrated dissuasion; militarism; militarization.
1. Introducción
El estudio de la remilitarización en América Latina y el Caribe en los últimos años requiere ser analizado desde diferentes perspectivas. Si bien, de manera consensuada, este fenómeno da cuenta del regreso de la influencia militar a la escena política en países con Gobiernos civiles de diferentes ideologías (Diamint 2021; Verdes-Montenegro 2019; Battaglino 2015; Tickner 2022; Kurtenbach y Scharpf 2018; Robledo 2023), paralelamente, existe otra dimensión del fenómeno que se refiere a la presencia de un actor externo que sistemáticamente ha promovido la militarización en la región.
Desde esta perspectiva, el objetivo del artículo es clarificar la existencia de un continuo y renovado proceso de militarismo y militarización promovido por Estados Unidos en Latinoamérica, que discurre paralelamente no solo a la formación de lo que Kruijt y Koonings llamaron “ejércitos políticos”, es decir, “instituciones militares que desempeñan un papel activo y, con frecuencia, decisivo en la política nacional” (2002, 9), sino también a la presencia de una histórica tradición militarista en la región, que conjuga la unión de civiles y militares en su construcción. Bajo un análisis historiográfico, se identifica la participación activa de Estados Unidos en la militarización de la región aproximadamente en los últimos 100 años, lograda a través del diseño de estrategias de seguridad nacional que mantienen un objetivo común: consolidar su hegemonía regional mediante el uso de diversos mecanismos. Este se alcanza mediante la asistencia económica, la identificación de múltiples amenazas, el reforzamiento de la autonomía militar y la securitización de la agenda política.
Con este fin, se aborda de manera específica, mediante un análisis documental, el desarrollo de una nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos surgida en un contexto de competencia con China y Rusia, denominada disuasión integrada, y cómo su implementación, encargada al Comando Sur, se adapta al concepto de remilitarización. Esto, en la medida de promover la militarización regional a través de la ampliación de los roles militares mediante un enfoque multidimensional y multidominio, traducido en la coordinación de una serie de actores y mecanismos no militares en la búsqueda de objetivos hegemónicos, con el riesgo de convertirse, algo que ya ocurrió en el pasado, en una verdadera amenaza para la democracia y para la seguridad regional.
El artículo se estructura en cuatro acápites más. Luego de esta introducción se abordan las características del militarismo y de la militarización en América Latina y el Caribe. A continuación, se describe y se analiza la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos, denominada disuasión integrada, un mecanismo de militarización. En el tercero, se expone la implementación de esta estrategia en el terreno enumerando ejemplos concretos. Finalmente, se delinean breves conclusiones sobre el impacto del militarismo en las democracias de la región.
2. El militarismo y la militarización en América Latina y el Caribe
El militarismo y la militarización son dos características consustanciales a la historia de América Latina y el Caribe. En mayor o menor medida, todos los países de la región han sido parte de lo que –grosso modo– define el primero, es decir, “la intervención militar en política” (Casal 2022, 246) o “el predominio de lo militar sobre lo político” (Tellería 2024, 121). De igual forma, en algún momento han transitado por la segunda, que da cuenta de “procesos sociopolíticos” mediante los cuales el militarismo se arraiga en las sociedades (Tickner 2023, 65).
El militarismo, en cuanto fenómeno político y social, implica una amplia gama de factores, entre los cuales están las costumbres, los intereses, las ideologías, las actitudes, las prácticas, etc. Es decir, la influencia que puede tener lo militar en lo político y social no siempre es algo explícito, sino que puede estar subsumido en las prácticas cotidianas de la sociedad, que a la vez, condena la guerra y puede apoyar procesos de militarización de manera inconsciente. Todo ello por la existencia de “mentes militarizadas” (Calvo 2016) que crean un consentimiento social hacia lo militar, influidas por el sistema educativo, por el lenguaje y por las formas de comunicación e información utilizadas periódicamente.
De acuerdo con Tickner, entre sus múltiples definiciones, el militarismo puede ser considerado una ideología, un conjunto de actitudes y prácticas sociales que consideran la guerra y su preparación, una actividad social normal y deseable, una extensión de lo castrense hacia esferas y subjetividades civiles y una excepción (Tickner 2023, 65). Si se considera que sus expresiones pueden darse, o no, simultáneamente en una determinada realidad, sin duda, lo que lo caracteriza en nuestra región es la permanente “influencia que tienen las instituciones militares o [la lógica militar] en el sistema político, más allá de su esfera tradicional, sobreponiéndose a las instituciones civiles” (Arana 2021, 6). Ahora bien, la militarización es la expresión de este militarismo a través de diversos procesos políticos y sociales que se dieron en América Latina y el Caribe a lo largo de su historia.
El militarismo ha sido un fenómeno central en la historia de la América Latina. Las guerras de independencia en Hispanoamérica dejaron como herencia una militarización social que fue caldo de cultivo para el militarismo anárquico del siglo XIX, impuesto por caudillos militares ambiciosos y sostenido por ejércitos preprofesionales (Casal 2022, 244).
En los albores del siglo XX, con los procesos de profesionalización y modernización de las instituciones militares, se dieron nuevas formas de militarismo, auspiciadas en determinados momentos por Gobiernos liberales y republicanos que, a su vez, eran acechados por golpes de Estado y dictaduras militares. En una compleja, pero compacta relación entre élites políticas, económicas y militares, la historia regional, salvo raras excepciones, discurrió durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX por dictaduras militares, guerras civiles y democracias militarizadas que convirtieron el militarismo y la militarización en el eje transversal de su condición de existencia política y social.
Este proceso de militarización constante estuvo motivado y alimentado por actores externos. Lo que en el siglo XIX fue la herencia colonial ibérica (Loveman y Davies 1978), a principios del siglo XX se convirtió en el proceso de profesionalización castrense venido de Europa, específicamente de las misiones de Francia y Alemania (Nunn 1983). Sin embargo, la impronta militar foránea durante gran parte del siglo XX (Centroamérica y el Caribe, incluso desde finales del siglo XIX y América del Sur desde la década de los 40) fue impulsada por Estados Unidos. De ahí que el militarismo en la región puede considerarse una “superposición de formas de intervención militar en política” (Casal 2022, 263).
Por tanto, el rol desempeñado por los gobiernos de Estados Unidos y por sus aparatos de seguridad y defensa, no puede estar al margen de la comprensión del proceso de militarización de América Latina y el Caribe durante los últimos cien años.
Desde la creación de guardias nacionales en los países de Centroamérica y el Caribe, pasando por la implementación de la doctrina de seguridad nacional, que incorporó el comunismo como principal amenaza –con la consecuente conformación del Plan Cóndor, la aparición de las dictaduras militares en el Cono Sur y el estallido de las guerras civiles en Centroamérica–, hasta el proceso posterior a la Guerra Fría y a la identificación de nuevas amenazas a la seguridad regional, la militarización fue un proceso constante.
Nadie puede negar, ni siquiera los análisis más conservadores, que la asistencia militar que Estados Unidos brindó a los países de la región –acuerdos, donaciones, créditos, equipos, formación, asesoramiento, etc.– propició instituciones militares más autónomas y capaces de influir en la vida política y social de sus respectivos Estados. Ni tampoco que, a diferencia del periodo oligárquico, no lo hacían en connivencia solo con las élites criollas, sino con “un poder extraterritorial, que desarrolló una especie de sumisión consentida de las Fuerzas Armadas a la doctrina y estrategia de seguridad estadounidense” (Tellería 2024, 128).
En las dos últimas décadas del siglo XX, durante los procesos de recuperación democrática en el sur del continente y de paz en los países centroamericanos, la asistencia militar estadounidense permaneció por medio del Comando Sur, de la instalación de bases militares y de un activo proceso de cooperación militar. Esta vez ligado al redireccionamiento de las capacidades militares para enfrentar nuevos roles y nuevas amenazas, en el marco de una seguridad multidimensional que mantuvo la militarización entre sus premisas fundamentales. Por ello, se explica el uso de las fuerzas militares en diferentes ámbitos: tareas de desarrollo, desastres naturales, seguridad ciudadana, crimen transnacional y lucha contra el narcotráfico. Se trata de roles que eran adaptados a las realidades de cada país, pero que en general confluyen en la estrategia de seguridad hemisférica diseñada desde Washington D.C.
La securitización de las agendas políticas de las naciones del continente respondió, en este periodo, no solo a su atávica tradición militar de controlar y garantizar la seguridad interna, sino a los réditos económicos, de privilegios y de modernización que significaron para las instituciones militares apoyar los planes de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en sus respectivos países. La Iniciativa Andina, el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida y la Iniciativa de Seguridad Regional de América Central, no fueron otra cosa que la militarización de la región promovida por la estrategia de seguridad de Estados Unidos.
A inicios del siglo XXI la región transitó por una aguda crisis multicausal. La implementación de una democracia liberal en lo político y de un modelo neoliberal en lo económico, generó crisis sociales, políticas y económicas en varios países de la región que dieron lugar al surgimiento de Gobiernos de izquierda o progresistas, los cuales cuestionaron la hegemonía estadounidense y propiciaron nuevos mecanismos de integración (ALBA, UNASUR, CELAC). Esto coincidió con la crisis de hegemonía estadounidense a nivel mundial en el ámbito económico y geopolítico, forjado en gran parte por la crisis económica mundial de 2008 y por la presencia de China y Rusia, dos potencias emergentes (la primera por su amenazante y competitivo crecimiento económico y comercial y la segunda debido a su capacidad militar y nuclear) a las que Estados Unidos consideró nuevas amenazas para su seguridad (The White House 2022), dando lugar a un nuevo ciclo de militarización regional.
Paralelamente, varios estudios académicos identifican el surgimiento en América Latina y el Caribe, durante este mismo periodo, de un fenómeno al que han denominado “nuevo militarismo”, una “remilitarización” o el “retorno de los militares” (Diamint 2021; Verdes-Montenegro 2019; Battaglino 2015; Tickner 2022; Kurtenbach y Scharpf 2018; Robledo 2023), refiriéndose al regreso de la influencia militar a la escena política en países con Gobiernos civiles de diferentes ideologías. Lo anterior, sumado a la adopción de un sinnúmero de tareas no militares por parte de las Fuerzas Armadas, supone una amenaza a la democracia y a la institucionalidad latinoamericana.
En síntesis, de todo lo anterior se puede inferir que el militarismo y la militarización en América Latina y el Caribe tienen características muy peculiares. Estas no pueden ser medidas a través de factores cuantitativos como el porcentaje en relación con el producto interno bruto (PIB) del gasto militar, el total de miembros de sus fuerzas militares o el número de armamento disponible, tal como lo hace, por ejemplo, el índice de militarización global (BICC 2022).
En el caso de América Latina y el Caribe, lo que prima son los factores cualitativos, ya que el militarismo y la militarización son fenómenos históricos y políticos consustanciales a su existencia como Estados. Se pueden visibilizar al menos dos características generales de la segunda en la región, las cuales se dan en mayor o menor proporción, dependiendo de las subregiones o de los países.
La primera característica se refiere a las fronteras difusas entre civiles y militares. Si nos retrotraemos a los primeros siglos de la Colonia, vemos que mientras duró la encomienda no existía diferencia entre el colono y el militar. Eran los propios encomenderos los que organizaban sus ejércitos privados para defenderse de las revueltas indígenas o de los ataques costeros de los piratas (Sotelo 1977). Fue recién en el siglo XVIII cuando se emplazó en las colonias un ejército permanente, cuyos miembros, al poder acceder a una serie de privilegios (fuero militar), hicieron atractiva la carrera para las clases altas criollas (Sotelo 1977, 70-72). Con los años, el desprestigio y la debilidad de la Corona española hizo que varios miembros del Ejército español fueran líderes de las guerras de independencia y con la victoria se hicieran cargo de las recién formadas repúblicas. Posiblemente sea este hecho fundacional lo que hizo que la historia política de varios países de la región oscilara entre Gobiernos civiles y militares.
El movimiento pendular de Gobiernos civiles y militares (a través de golpes de Estado y elegidos democráticamente) que existió en los países de América Latina durante los siglos XIX y XX, muestra lo acostumbrada que está la sociedad civil a ser parte de una dinámica política en la cual los militares entran y salen del poder, pero nunca se alejan de él (Tellería 2023, 167).
De acuerdo con Dirk Kruijt, ya en democracia, durante las décadas de los 80 y 90, una parte considerable del electorado latinoamericano y caribeño seguía cultivando aprecio y confianza a los militares, reflejando que el “fenómeno de los políticos militares no desapareció por completo, se transformó” (2012, 167). Quizás una variable de esta transformación sea la que vemos en la actualidad con el llamado “nuevo militarismo”, donde los Gobiernos civiles acuden al personal castrense para resolver distintos problemas.
Ya no es por medio de golpes de Estado que los militares entran a la escena política, sino merced a la invitación de los presidentes de turno, quienes, otorgando privilegios económicos, resignificando su relación con el pueblo, sobredimensionando su papel en la pacificación del país, los han politizado (Diamint 2021, 1).
Por lo tanto, el militarismo y la militarización en América Latina y el Caribe solo es posible a través de una relación estrecha entre las élites civiles y militares, las cuales en varias oportunidades actuaron simultáneamente o se alternaron en el poder. El militarismo y la militarización, al no ser solo características del mundo militar, sino también del civil, y apoyadas en todo un sistema educativo, comunicacional y de valores militarizados, han logrado naturalizarse en gran parte de las sociedades latinoamericanas. No hay otra explicación para que, a pesar de la historia de la región, los militares sigan obteniendo un alto nivel de aprobación ciudadana en las encuestas (Latinobarómetro 2024, 58).
La segunda característica da cuenta del rol de los actores foráneos en los procesos de militarización regional, específicamente del que ha desempeñado Estados Unidos. No se puede explicar el papel de los militares en la región sin reconocer el impacto que tuvieron sus mecanismos de asistencia. Fue la creación del Sistema Interamericano de Defensa (JIR, TIAR, OEA), junto con los acuerdos de seguridad bilaterales, los préstamos y la donación de armas y equipos, la formación y la capacitación militar, la realización de ejercicios conjuntos y el diseño de planes, lo que confluyó para que los militares latinoamericanos accedieran a márgenes de autonomía institucional que afectaron o amenazaron en varias oportunidades la estabilidad democrática y los derechos humanos de varios Gobiernos y sociedades de América Latina y el Caribe.
La búsqueda del enemigo interno, la lucha contrainsurgente de la Guerra Fría (Case 1967; Veneroni 1971) y la ampliación de roles que se le atribuye a estas fuerzas en Latinoamérica durante las últimas décadas fueron directamente diseñadas por la política de seguridad estadounidense y por su correspondiente definición de amenazas (Tokatlian 2008; Lajtman 2023). De esta forma, las tareas de apoyo al desarrollo,[i] la atención a desastres naturales y crisis humanitarias[ii] y las atenciones en salud[iii] son 21 parte de la agenda que el Comando Sur ha desarrollado y lleva a cabo en la región activamente hace varios años.
Lo anterior, junto con las tareas de lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, las migraciones ilegales, el cibercrimen y las nuevas amenazas de China y Rusia, mantuvo constante un proceso de militarización en la región cuyo único objetivo es conservar la hegemonía de Estados Unidos en el continente, en un contexto geopolítico mundial donde dicho dominio se encuentra en crisis. Consiguientemente, tal proceso, por lo menos en los últimos cien años, no se puede explicar sin tomar en cuenta el rol desempeñado por Estados Unidos en su concepción ideológica, en el diseño de las políticas, en la disposición de las estructuras logísticas, en la formación del personal y en la definición de las amenazas. Todo ello en una lógica del militarismo donde prima el imperialismo estadounidense, que conserva dentro y fuera de su territorio las formas más oprobiosas de militarización (Tellería 2023, 13).
3. La disuasión integrada como herramienta de militarización
Concentrándonos en la segunda característica del militarismo y de la militarización en América Latina y el Caribe, vemos que en los últimos años ha surgido en Estados Unidos, en un contexto de crisis de hegemonía del capitalismo global –“el debilitamiento de su capacidad económica, tecnológica y comercial, la emergencia de potencias competitivas y un regionalismo cada más vez acentuado, tendiente a la multipolaridad” (Quintana 2023, 32)–, una estrategia multidimensional de carácter militar que amenaza con ampliar la militarización mundial y regional a escala nunca antes vista, llamada disuasión integrada. Este nuevo concepto estratégico tiene sus raíces en la estrategia nacional de defensa (END) de 2018, publicada por el entonces secretario de Defensa, el general retirado James Mattis, donde se dejó claro que la principal amenaza para la seguridad de Estados Unidos era la competencia frente a otros Estados, por ejemplo, China, dejando en un segundo lugar el terrorismo, que había tenido el protagonismo desde el año 2001 (Mattis 2018).
No obstante, el concepto surge específicamente en 2022 con la estrategia nacional de seguridad (ENS) y con la END de ese año. En ambos documentos, la disuasión integrada es considerada una nueva estrategia de seguridad nacional (Varas 2022) y se convirtió en la herramienta conceptual utilizada para recuperar la influencia de Estados Unidos en el mundo. La ENS claramente explica a qué se refiere:
Estados Unidos tiene un interés vital en disuadir la agresión de la República Popular China, Rusia y otros Estados. Competidores más capaces y nuevas estrategias de comportamiento amenazante por debajo y por encima del umbral tradicional de conflicto, significan que no podemos permitirnos depender únicamente de las fuerzas convencionales y la disuasión nuclear. Nuestra estrategia de defensa debe sostener y fortalecer la disuasión, con la República Popular China como nuestro desafío. Nuestra estrategia de defensa nacional se basa en la disuasión integrada: la combinación perfecta de capacidades para convencer a los adversarios potenciales de que los costos de sus actividades hostiles superan sus beneficios. Implica integración entre dominios, reconociendo que las estrategias de nuestros competidores operan en dominios militares (terrestres, aéreos, marítimos, cibernéticos y espaciales) y no militares (económicos, tecnológicos y de información), y nosotros también debemos hacerlo. Integración entre regiones, entendiendo que nuestros competidores combinan ambiciones con capacidades crecientes para amenazar los intereses estadounidenses en regiones clave y en la patria. Integración en todo el espectro del conflicto para evitar que los competidores alteren el statu quo de manera que dañen nuestros intereses vitales mientras se mantienen por debajo del umbral del conflicto armado. Integración en todo el gobierno de EE. UU. para aprovechar la gama completa de ventajas, desde diplomacia, inteligencia y herramientas económicas hasta asistencia de seguridad y decisiones de postura de fuerza. Integración con aliados y socios a través de inversiones en interoperabilidad y desarrollo de capacidades conjuntas, planificación de postura cooperativa y enfoques diplomáticos y económicos coordinados (The White House 2022, 22).
La disuasión integrada es la búsqueda de la subsistencia de la hegemonía estadounidense en el mundo por todos los medios disponibles. Esto, leído con el lente de la tradicional e histórica militarización, supone el uso de todos los mecanismos posibles para contrarrestar la amenaza que significan China y Rusia bajo el dominio militar. Por ello, el concepto está explícito en la ESN, en la EDN, en el concepto estratégico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y en la postura del Comando Sur. De esta manera, la disuasión integrada abarca el uso de una amplia gama de dominios militares y no militares, de regiones (todos los países del planeta), de conflictos (de alta y baja intensidad), de actores gubernamentales (Departamento de Defensa, Departamento de Estado, Departamento del Tesoro, agencias, trabajo de interagencias, etc.), organizaciones no gubernamentales y empresas privadas.
En América Latina y el Caribe el concepto también fue presentado en 2022. Según el informe de la general Laura Richardson (comandante del Comando Sur entre 2021 y 2024) ante el Congreso en mayo de ese año, la disuasión integrada significaba 23 trabajar con otros comandos combatientes, con la fuerza conjunta, con aliados y países socios, con el Congreso, con la interagencia estadounidense, con la comunidad de inteligencia, con el Departamento de Estado, con la Policía, con las organizaciones no gubernamentales (ONG) y con el sector privado. Se utilizaron métodos innovadores para enfrentar los desafíos enunciados en el entorno de programas de cooperación alrededor de la seguridad, la salud, la migración o el cambio climático (Richardson 2022).
Por su parte, en la XV Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, celebrada en Brasilia entre el 25 y el 29 de julio de 2022, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, también habló de la disuasión integrada. De acuerdo con sus palabras, significaba “trabajar sin problemas en todos los dominios, teatros de operaciones y todo el espectro del conflicto en estrecha colaboración con nuestra red inigualable de aliados y socios” (Defesanet 2022, párr. 19). Su declaración en aquel espacio de confluencia de autoridades políticas encargadas del ámbito militar fue otra muestra del carácter militarizado de la nueva estrategia.
Si bien la ampliación de la influencia militar en ámbitos político-civiles como el cambio climático, la respuesta ante desastres naturales, el ciberespacio, la lucha contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el terrorismo, el control de flujos migratorios y la pandemia de la covid-19, se viene desarrollando desde hace varios años y con normalidad en los espacios de relacionamiento y agenda de cooperación entre las Fuerzas Armadas de América Latina y el Caribe y el Comando Sur, la respuesta a la amenaza de “poderes autocráticos” o “actores malignos”, la manera en que Estados Unidos denomina a China y Rusia, abre un nuevo acápite a la militarización regional.
Por tanto, el advenimiento de la disuasión integrada en cuanto estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, significa, bajo el objetivo de detener la influencia china y rusa en la región (Luzzani 2023), la radicalización de los mecanismos de militarización y, con ellos, la profundización de la injerencia multidimensional a gran velocidad y escala a través de la intensificación de esfuerzos e inversiones de la asistencia en seguridad y de la cooperación militar. Esto no es nada más que sustituir la estrategia de la “dominación de espectro completo” que el Pentágono dio a conocer en el año 2000 (United States Government US Army 2000), con los objetivos generales de “garantizar el mantenimiento del capitalismo y dentro de él la primacía de Estados Unidos; y, garantizar la disponibilidad de todas las riquezas del mundo como base material de funcionamiento del sistema” (Ceceña 2016, 5).
Desde la postura del Comando Sur, China elude las normas internacionales, promueve su autoritarismo y amasa poder e influencia en América Latina y el Caribe a
expensas de las democracias emergentes en el hemisferio. Por su parte, Rusia continúa con sus campañas de desinformación y paralelamente refuerza los Gobiernos autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En este contexto, la disuasión integrada aplicada a la región estaba compuesta por
un programa polifacético de ejercicios de adiestramiento entre militares, intercambios de expertos en la materia, conferencias sobre seguridad, compromisos con líderes clave, ventas militares al extranjero, adiestramiento y educación militar internacional, el Equipo de Asistencia Cibernética del Comando de Combate Conjunto, ayuda humanitaria, el programa de Asociación Estatal de la Guardia Nacional, y actividades de compromiso continuo diseñadas para fomentar la confianza, la capacidad y la interoperatividad con nuestros países socios (Richardson 2023b, 10).
Por tanto, el peligro no solo es que la disuasión integrada supone la ampliación de la militarización en América Latina y el Caribe bajo una nueva estrategia de seguridad que abarca todos los ámbitos de actuación posibles, sino que esta opción de amplio espectro configure, en un futuro cercano, un nuevo escenario de Guerra Fría. Especialmente si se considera que Estados Unidos, con el fin de lograr sus objetivos de control territorial y de acceso irrestricto a los recursos naturales de la región, es capaz de apoyar el surgimiento de Gobiernos dictatoriales con una directa afectación a la democracia y al respeto a los derechos humanos, algo que ya sucedió en el pasado. Su actual rivalidad con China y Rusia por alcanzar estos objetivos puede promover la repetición de la historia, con graves consecuencias para la región en un contexto de repotenciamiento del militarismo a nivel mundial.
4. La aplicación de la disuasión integrada en el terreno
Para el imaginario estadounidense, China y Rusia, denominados “Gobiernos autocráticos”, significan una amenaza para América Latina y el Caribe en la medida que socaban sus ya debilitadas democracias a través de extender su influencia maligna en los ámbitos político, económico, militar y comunicacional. De allí que el riesgo no solo estaría en la dependencia creada por los préstamos que China otorga a varios países de la región, lo que supone muchas veces el control de la infraestructura crítica (puertos de aguas profundas, instalaciones cibernéticas y espaciales, entre otros), sino también en el apoyo militar que brinda Rusia a “regímenes autoritarios” y en la proyección que tienen sus medios de comunicación en toda la región.
Estos factores significarían un peligro para la seguridad regional, algo que es ratificado continuamente por las autoridades y por los órganos de difusión militares de Estados Unidos (Comando Sur y Revista Diálogo). Todo ello representaría una amenaza para la seguridad hemisférica que solo puede ser contrarrestada con la disuasión integrada, que representa una estrategia de seguridad multidominio y multidimensional bajo el liderazgo militar. A continuación, a manera de ejemplos, se describen tres ámbitos en los cuales se aplica en la región.
En primer lugar, debemos mencionar los proyectos de infraestructura. En el ámbito de la presencia de las múltiples inversiones chinas en la región, que son parte de la iniciativa de la franja y de la ruta que este país implementa en el mundo desde 2020, el Comando Sur ha identificado que en todos los proyectos desarrollados hay “falta de procedimientos adecuados, altos niveles de corrupción y daños al medioambiente y a los pueblos indígenas” (Pelcastre 2023, 64-65). Frente a ello, se han tomado ciertas acciones entre las que se encuentran proveer servicios militares a países o a Gobiernos locales que tengan acuerdos de inversión con China a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE). Se trata de una especie de supervisión previa y paralela para “mitigar” impactos negativos. De acuerdo con esta iniciativa, “los ministerios de obras públicas de cualquier país pueden solicitar ayuda al USACE para llevar a cabo una evaluación adecuada de la viabilidad, la vulnerabilidad y el riesgo, antes de poner en marcha grandes proyectos de infraestructuras” (Lazarus y Ellis 2023, 18-19). Estos procedimientos se han desarrollado en Ecuador, Brasil, Panamá, República Dominicana y Honduras.
En segundo lugar, tenemos a los medios de información o de comunicación. En lo concerniente a lo que el Comando Sur considera la difusión de “propaganda, información falsa o desinformación” proveniente de las agencias informativas de Rusia (Russia Today, Sputnik Mundo, Tass y Voces de Rusia) y China (servicio de noticias en español Xinhua, Centro de Prensa China-América Latina y el Caribe), también se han adoptado medidas de carácter militar. Entre las principales se encuentran el intercambio de información con y entre sus países socios, la coordinación de capacidades relacionadas con la información y la realización de intercambios de expertos en materia de ciberataques con el fin de ayudar a los países socios a mejorar sus capacidades cibernéticas defensivas y a desarrollar su resiliencia cibernética (Richardson 2023a, 11). No es un secreto que en la actualidad los temas de ciberataque, ciberdefensa y ciberseguridad forman parte protagónica de las agendas de cooperación militar a nivel regional y bilateral.
Por último, tenemos lo relacionado con los delitos ambientales. Para el Comando Sur, los proyectos chinos en la región constituyen un peligro medioambiental. Esto se debe principalmente a que se llevan a cabo diversas acciones contra el medioambiente: pesca no reglamentada, tala de árboles y minería ilegal, las cuales son promovidas por empresas chinas. La existencia de una flota pesquera de enorme tamaño y alcance, junto con la presencia de proyectos que dañarían a los pueblos indígenas y al medioambiente en varios países de la región (Lazarus y Ellis 2023, 17), ha provocado la participación activa de la Marina estadounidense y de los comandos combatientes, que, junto al Departamento de Estado, “coordinan acciones para el seguimiento, control y vigilancia de las operaciones de pesca marítima en la región con sus países socios y aliados” (Studeman 2023, 58).
En todos estos ámbitos el dominio militar desplaza las funciones civiles, con una grave afectación a la institucionalidad democrática. El hecho de que el Comando Sur desvirtúe los roles militares a través de un proceso de militarización de ámbitos no militares, sin duda representa un muy mal precedente para las Fuerzas Armadas de América Latina y el Caribe. Quizás el ejemplo más irrefutable de la aplicación de la disuasión integrada en un país en particular, donde se pone en práctica el uso multidominio y multidimensional de esta estrategia, sea Ecuador. Un país con graves conflictos políticos, económicos, sociales y de seguridad, que bajo los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021), Guillermo Lasso (2021-2023) y Daniel Noboa (2023-2025) ha mantenido un alineamiento incondicional de su política exterior y de seguridad con la de Estados Unidos.
Ecuador mantiene una de las tasas más altas de inseguridad de la región producto de la suma de muchos tipos de violencia generados por el tráfico de drogas, el crimen organizado y la corrupción institucional. Bajo este escenario, agudizado por una grave crisis del sistema carcelario, por asesinatos a políticos y por asaltos armados, el presidente Noboa declaró, en enero de 2024, la existencia de un “conflicto armado interno” y concedió autorización al mando militar para neutralizar el crimen organizado. Con esta acción, el Comando Sur tuvo vía libre para desembarcar en este país con todo su arsenal, incluida la disuasión integrada. Esto queda manifestado explícitamente en un artículo escrito por Augusto Ramírez-Añazco, miembro de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Ecuador, sobre el tema en 2024.
Por su parte Ecuador, al igual que otros países, ha mostrado interés en el concepto de la disuasión integrada, de allí pues que existe un marco legal que lo considera como un enfoque prospectivo de seguridad nacional. Se ha reconocido la importancia de adoptar un enfoque integral que abarque tanto aspectos militares como no militares en la seguridad nacional. Esto implica la integración de diferentes instituciones y actores, tanto civiles como militares, para abordar los desafíos de manera coordinada y efectiva. Específicamente, el alcance de la disuasión integrada en Ecuador puede abarcar diversas áreas de interés, como la seguridad interna, la protección de los recursos naturales y la lucha contra la delincuencia organizada, la ciberseguridad, entre otros (Ramírez-Añazco 2024, 753-754).
Si bien las estrechas relaciones en el ámbito de seguridad datan del año 2018, cuando el Comando Sur reinstaló la Oficina de Cooperación en Seguridad en Quito, y un año después aviones del Pentágono volvieron a operar desde dos bases aéreas ecuatorianas ubicadas en las islas Galápagos (Quintana 2023), fue en 2023 y 2024 cuando estas se intensificaron a través de la implementación de varios mecanismos. Uno de ellos fue la firma del “Plan de Cooperación de Estados Unidos con Ecuador” en julio de 2023, “orientado a combatir el tráfico ilegal de narcóticos, la delincuencia organizada transnacional, los delitos en los espacios acuáticos y las acciones de los grupos irregulares armados” (Lajtman, García y Romano 2024, 65).
Otro mecanismo fue la ratificación del Acuerdo Relativo al Estatuto de Fuerzas (SOFA) en febrero de 2024, que autoriza privilegios, exenciones e inmunidades al personal civil y militar y a contratistas privados estadounidenses que trabajen en Ecuador. También se puede mencionar el Acuerdo Relativo a Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas y el Acuerdo de Asistencia en Intercepción Aérea. Estos dos últimos, ratificados en febrero y agosto de 2023, respectivamente. A esto se suma la opción abierta que se viene trabajando en el Gobierno para volver a permitir la instalación de bases militares estadounidenses en territorio ecuatoriano.
Durante la administración de Joe Biden Ecuador era el principal receptor de asistencia militar de la región. Solo en 2022 el país recibió siete veces más asistencia en seguridad y militar (172 millones de dólares) que durante todo el mandato de Lenín Moreno (Lajtman, García y Romano 2024, 67). Este apoyo de Estados Unidos incluyó no solo recursos económicos, sino también equipamiento, capacitación y asesoramiento mediante el desembarco de personal de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL), en un trabajo multidominio e interagencial al propio estilo de la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos. Este país sudamericano atraviesa un proceso de militarización sin precedentes de la mano del Comando Sur. La transformación de militares en Policías y de Policías en soldados y la securitización de la agenda política, algo que sucedió con los planes de militarización llevados a cabo en Colombia (Plan Colombia) y México (Iniciativa Mérida), no parece augurar la solución de los conflictos que enfrenta.
5. Conclusiones
Entendido el militarismo, groso modo, como la influencia que tienen las instituciones militares o las lógicas militares sobre el sistema político, más allá de sus atribuciones tradicionales, y que la militarización constituye la expresión de este militarismo en procesos políticos y sociales específicos, podemos aseverar que el militarismo y la militarización son dos fenómenos consustanciales a la historia de América Latina y el Caribe. La influencia ibérica en la fase colonial e independentista y la europea en los procesos de profesionalización militar de inicios del siglo XX, marcaron fuertemente la impronta militarista en los países de la región. No obstante, fue la avasallante influencia de la política de seguridad de Estados Unidos durante gran parte del siglo XX y lo que va del XXI lo que determinó un camino de militarización sin retorno.
Además, no se puede explicar del todo el militarismo y el proceso de militarización de América Latina y el Caribe sin identificar la existencia de una indisoluble alianza entre actores civiles y militares, que, a través de la historia, se han alternado en el poder y en muchas ocasiones lo han compartido. Quizás ello pueda ayudar a explicar mejor lo que se denomina “nuevo militarismo” o “retorno de los militares” en la región, concepto que da cuenta del regreso de la influencia militar a la escena política bajo Gobiernos civiles.
Sin embargo, desde la perspectiva de la militarización como un proceso promovido en gran medida por Estados Unidos, vemos que en los últimos años –específicamente durante la administración de Joe Biden–, ha surgido una nueva ESN denominada disuasión integrada, que busca, en el marco de la multidimensionalidad, hacer frente a los “actores malignos” encarnados en las potencias emergentes China y Rusia. Esta nueva estrategia abarca el uso de una amplia gama de dominios, actores y mecanismos militares y no militares para hacer frente en todas las regiones del planeta a todo tipo de conflictos (de alta y baja intensidad) bajo la tutela militar. Se expone en documentos que recogen la ESN, la EDN, la postura de la OTAN y del Comando Sur y es difundida por autoridades política y militares entre las que se encuentran el secretario de Defensa y la comandante del Comando Sur.
La aplicación de esta estrategia en América Latina y el Caribe no solo amplía la militarización regional plagada de “amenazas” (narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, desastres naturales, cibercrimen, pandemias, etc.), sino que la fortalece, con una lógica de rivalidad entre potencias que tiene el riesgo de retrotraer a la región a las páginas más oscuras de militarismo vivido durante la Guerra Fría. El abordaje, desde la perspectiva militar, de diversos ámbitos: los proyectos de infraestructura financiados por empresas chinas, el control de los medios de comunicación e información chinos y rusos y el seguimiento y la vigilancia de los delitos ambientales promovidos por empresas chinas, hace que el Comando Sur potencie la militarización de una región históricamente militarizada.
Una muestra de su impacto es el desembarco del Comando Sur y la estrategia de disuasión integrada en Ecuador. Un país en crisis que busca, mediante una alianza con Estados Unidos, solucionar sus problemas de seguridad a través de la militarización de su agenda política, lo que, de acuerdo con la historia regional (México y Colombia), solo amplificará los conflictos internos y agudizará su dependencia externa. De todo lo anterior se puede inferir que el “nuevo militarismo” en la región no solo es un proceso endógeno, sino que viene de la mano de la histórica intervención de Estados Unidos en la militarización de América Latina y el Caribe. Un fenómeno que en la actualidad amenaza con potenciarse a través de la disuasión integrada, una estrategia de seguridad nacional que multiplica el efecto devastador que tiene para las democracias la influencia militar en el sistema político.
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